Apenas en agosto pasado, en Argentina fue derogado el Código de Justicia Militar y se adoptó un nuevo sistema bajo el cual los delitos cometidos por militares serían juzgados por la justicia ordinaria.
De acuerdo con información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la reforma fue aprobada por la Cámara de diputados del gobierno federal argentino en noviembre de 2007 por 154 votos contra 2, y el 6 de agosto de 2008 fue aprobada por la Cámara de Senadores por unanimidad de 60 votos.
La nueva ley, que entraría en vigencia seis meses después de su promulgación, elimina el fuero militar y erradica la pena de muerte. Por otra parte, establece un nuevo régimen disciplinario en el cual se suprimen las sanciones discriminatorias relacionadas con la homosexualidad y se sanciona como falta grave o gravísima el acoso sexual dentro de las Fuerzas Armadas.
El 24 de febrero de 2004, la Comisión Interamericana aprobó su Informe No 2/04, de admisibilidad, en el caso del capitán del Ejército Rodolfo Correa Belisle, quien había sido sancionado por declarar en contra de sus superiores. Tras la aprobación de dicho informe, el Estado argentino y los peticionarios iniciaron un proceso de solución amistosa, en cuyo marco el Estado asumió el compromiso de reformar el sistema de administración de justicia militar.
La Comisión Interamericana valoró positivamente este avance normativo, fundado en la obligación de respetar los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señaló en su momento.
EL LARGO CAMINO
El camino recorrido en pos de justicia, en contra del fuero militar, inició con la decisión de catorce mujeres, quienes el 30 de abril de 1977, en plena dictadura militar y a instancias de Azucena Villaflor de De Vincenti, hicieron pública la «desaparición forzada» de sus hijos a través del accionar genocida del terrorismo de Estado.
Esto ocurrió, señalan las Madres de la Plaza de Mayo línea fundadora en su página Web, sobre la base de los principios de la Doctrina de la Seguridad Nacional, a partir del golpe militar perpetuado en el año 1976, lo cual significó que la violencia del Estado avanzó contra la vida y la integridad de las personas.
Poco antes, en años 1974 y 1975 estaba en operación la acción terrorista de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) durante el gobierno constitucional de Isabel Perón y ya se tenía conocimiento de alrededor de 2000 detenidos y desaparecidos.
Así, el dolor se transformó en lucha, dicen las Madres.
Comenzamos a construir nuestra identidad identificándonos por un «pañuelo blanco», que luego llevó los nombres de nuestros hijos a fin de rescatarlos del anonimato, mediante la toma de un lugar público, «la Plaza de Mayo». Comenzamos a girar alrededor de la Pirámide y este accionar se continuó todos los jueves de 15:30 a 16:00 horas, gestándose así la histórica ronda de las Madres. Este espacio en el que actualmente se encuentran pintados los pañuelos blancos, ha sido declarado «Sitio histórico» por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Allí surgieron las primeras consignas que se gritaban al finalizar cada ronda, «Con vida los llevaron, con vida los queremos», «Aparición con vida».
También fueron víctimas de este accionar terrorista tres de las primeras madres: Azucena Villaflor, María Eugenia Bianco y Esther Careaga, quienes en diciembre de 1977, mediante un operativo de las fuerzas armadas fueron secuestradas de la Parroquia de la Santa Cruz. Fueron llevadas a la ESMA, torturadas y arrojadas vivas al mar.
El 20 de diciembre del mismo año aparecieron sus cuerpos en las costas de Santa Teresita que fueron guardados en el cementerio de Villegas. En 2005 fueron identificados los restos por el Equipo de Antropología Forense, tres de los cuales correspondían a ellas.
Diferencias de criterio se ahondaron y se produjo una división de la Asociación Madres, conformándose la Asociación Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, aunque la batalla por la justicia continuó. Resultado del trabajo continuado surgió un informe a la CIDH de la Organización de Estados Americanos, OEA, que fue elaborado en plena dictadura.
Desde 1979 llegó al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante dos semanas investigó las violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país. En su informe afirma «La Comisión ha llegado a la conclusión de que por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes en la República Argentina se cometieron durante el período 1975–1979 numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos».
A partir de sus conclusiones, la Comisión recomendó «enjuiciar y sancionar, con todo el rigor de la ley a los responsables de estas muertes», y con respecto a los detenidos-desaparecidos, informar circunstancialmente sobre la situación de estas personas, relatan las Madres en su página Web.
Ya en democracia, durante 1983 y 1984, los miles de testimonios reunidos por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas constituyeron la primera aproximación al conocimiento del horror. Se pudo probar que la política represiva siguió un plan sistemático y así lo afirma el libro «Nunca Más» redactado por esta Comisión.
La democracia rompió el silencio y cada uno explica lo sucedido a su manera: «guerra», «teoría de los dos demonios», «excesos», palabras que adquirieron mayor fuerza con el juzgamiento de las cúpulas de las fuerzas armadas durante el gobierno del Presidente Raúl Alfonsín.
El Juicio a las Juntas Militares fue la primera experiencia válida que concretó nuestro reclamo de Justicia, señalan las Madres. Pero desgraciadamente, estos caminos de Verdad se cerraron con las leyes de impunidad: «Obediencia Debida y Punto Final» y con los indultos que beneficiaron en los años 1989 y 1990 a los militares implicados en el terrorismo de Estado y que decretara el entonces Presidente Carlos Menem.
Durante estos 30 años y como fruto de la lucha del pueblo junto a los Organismos de Derechos Humanos y la voluntad política de algunos gobernantes se han podido obtener importantes logros a nivel nacional e internacional, destacan las Madres. Uno de ellos es la anulación de las leyes antes mencionadas en el año 2003 por el Congreso de la Nación, además la Suprema Corte de Justicia de las Nación las declaró inconstitucionales.
En el año 1981 surgió la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de detenidos-desaparecidos, (FEDEFAM), de la que forman parte las Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadoras.
En FEDEFAM comprendimos la necesidad de una Convención, y nos pusimos en la lucha ante las Naciones Unidas, en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, desde el año 1983, recuerdan.
Muchos años nos demandó este anhelo y con gran tenacidad participamos en todas las reuniones que podían aceptar y aprobar nuestro pedido. Después de 23 años fuimos escuchadas junto a los familiares de otros continentes y compañeros de distintas ONG internacionales que estuvieron a nuestro lado, finalmente después de tres años de trabajo intenso fue reconocida y aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en diciembre el informe definitivo aprobado por el Grupo de Trabajo Internacional, en septiembre del 2005 en Naciones Unidas de Ginebra y luego en junio del 2006, fue aprobado y consensuado por el Consejo de Naciones Unidas por unanimidad, destacando el trabajo de las Madres en dicha Comisión y a lo largo del tiempo transcurrido desde que se presentó el primer Proyecto de Convención.
Hoy, señalan las Madres, debemos preocuparnos porque los países la firmen (reconozcan o acepten) y los Cuerpos Legislativos de cada uno la ratifiquen. Así podremos las familias estar más tranquilas porque la desaparición forzada pueda ser prevenida bajo la vigilancia de un Organismo Internacional como la ONU y podamos llegar algún día a cumplir nuestro sueño. «No más Desapariciones Forzadas en el Mundo». No más delitos de Lesa Humanidad.
09/GG
