La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena la libertad de 20 personas relacionadas con el caso Acteal es un acto insólito en la historia de la llamada «justicia mexicana». Nunca antes esta institución había ordenado la libertad inmediata de personas bajo el argumento de violaciones «graves» a garantías procesales por la fabricación de pruebas y testimonios.
No es posible cuestionar a una autoridad, en este caso a la Corte, por dejar en libertad a acusados cuando existen irregularidades trascendentes en su acusación, como dicen ahora los ministros de la Primera Sala de SCJN, donde se resolvió este caso.
La libertad es un acto imperioso cuando se da validez sin fundamento a pruebas falsas que se aportan en contra de un acusado.
Sin embargo, llama la atención que al justificar la libertad de estas 20 personas los ministros de la Corte expongan argumentos mentirosos y contradictorios. Niegan, por ejemplo, que la orden de liberarlos sea, en absoluto, un pronunciamiento de su inocencia o culpabilidad en los hechos en que fueron asesinados, el 22 de diciembre de 1997, 47 indígenas tzoziles, la mayoría mujeres y menores de edad, incluso nonatos, entre ellos.
Los ministros saben que este argumento es falso toda vez que, después de esta sentencia, ninguna de estas personas podrá ser nuevamente acusada por estos condenables homicidios. «Nadie puede ser acusado dos veces por el mismo delito», reza uno de los principios de la legislación penal.
Es indudable que la orden de liberarlos es una resolución inatacable que impedirá que nuevamente se les someta a un proceso por la acusación de este homicidio.
¿Qué intención existió por parte de los ministros de la Corte para borrar criterios que antes había argumentado en miles de casos para negar la libertad de los afectados cuando se demostraba fehacientemente la fabricación de pruebas en contra de ellos?
Casos similares generalmente eran resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito –una instancia inferior– que ordenaban, en su caso, que fuera el juez que conocía del expediente quien repusiera el procedimiento y diera a la partes intervención en el caso. De no aportarse nuevas pruebas se podía ordenar la libertad de los acusados o que se les mantuviera presos.
En este caso, extrañamente se actúo sustituyendo al juez de primera instancia y a los propios magistrados para ordenar la libertad de los acusados y evitar que esta sentencia fuera inatacable jurídicamente.
Es una sentencia bochornosa porque busca borrar uno de los acontecimientos más graves en la historia de nuestro país, en la que fue evidente la colusión del gobierno federal en armar indígenas y propiciar enfrentamientos entre ellos.
Es una sentencia que pretende ocultar lo que siempre fue evidente: un crimen de Estado en donde las más altas autoridades, desde el jefe del Ejecutivo federal, Gobernador de Chiapas, policías y hasta el Ejército estuvieron involucrados en estos hechos.
El papel de la SCJN ha sido de claroscuros, más oscuros que de claros. En hechos trascendentes, donde están involucrados los intereses del Estado, busca la manera de cubrirlo. Recuérdese el pésimo papel en la discusión de la ley del ISSSTE al justificar la afectación retroactiva a los derechos de los burócratas para imponer un sistema de seguridad social para beneficiar la participación de intereses privados.
No menos grave es la reciente sentencia de la SCJN que protege a los militares al evitar que éstos sean juzgados en tribunales civiles cuando cometen delitos previstos en los códigos penales en perjuicio de cualquier ciudadano, como lo establece el Artículo 13 constitucional.
Desgraciadamente el argumento para no entrar al análisis de este punto fue que los familiares de las personas asesinadas por el ejército carecen de interés jurídico, de «legitimidad», como los ministros le llaman.
Lo anterior constituye, en síntesis, una manera grotesca de desechar el amparo promovido por el Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro» para, en adelante, evitar peticiones de personas afectadas contra actos cometidos por los militares.
Los ministros de la SCJN actuaron con impunidad y cinismo. Es una vergüenza tengamos un Corte que sirve a los intereses de los grupos enquistados en el gobierno en contra de la población.
* Abogado, especialista en temas de justicia, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana. Integrante del Consejo Directivo de Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC), y miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.
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