Carolina Viggiano Austria, Gloria Romero León y Paula Hernández Olmos, las únicas tres diputadas federales por el estado de Hidalgo, llegan a la Cámara baja en un momento histórico para las mexicanas en la lucha por sus derechos sexuales y reproductivos.
En este sentido, cabe recordar que en 14 estados de la república se hicieron reformas constitucionales para otorgar el derecho a la vida desde la concepción (sic) y prohibir la práctica del aborto. La ley criminaliza y persigue a las mujeres y va en contra de los fundamentos científicos que estipulan que la vida humana comienza a las 12 semanas de gestación, momento en que se inicia la actividad neuronal.
Son ya 14 estados cuyos congresos locales aprobaron leyes que atentan contra las mujeres y su derecho a decidir en materia sexual y reproductiva; si se llega a 18, el tema deberá discutirse formalmente en San Lázaro y, entonces, cabría la posibilidad de que se aprobara como ley general, con lo cual se afectaría a las mujeres en edad reproductiva de toda la federación.
Contra los avances que para las mujeres han significado la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la Interrupción legal del Embarazo (ILE) en el Distrito Federal –entidad a la que pueden acudir todas las mexicanas a practicar la ILE gratuitamente, sean o no capitalinas–, los sectores que hace mil años discutían si las mujeres eran o no seres humanos hoy, con la aprobación de la «ley antiaborto», defienden legalmente el hecho de que no son capaces de decidir sobre el número de hijos que desean tener, y con que espaciamiento.
Los grupos de mujeres que en todo el país luchan contra este retroceso legal, argumentan que la sanción penal contra el aborto aumenta la desigualdad jurídica y económica pues, pese a que el castigo es para todas las mujeres, en la realidad sólo las más pobres se verán afectadas, en tanto las mujeres con recursos económicos suficientes pueden acceder a abortos seguros en instituciones privadas.
Al igual que las drogas, el aborto no se resuelve con la prohibición. Lo que estas leyes consiguen no es detener la práctica de la ILE, sino criminalizar y perseguir a las mujeres que la llevan a cabo.
LOS MÉDICOS, LOS DENUNCIANTES
En Guanajuato, por ejemplo, donde a pesar de que el aborto por violación es un derecho legal, han sido encarceladas más de cien mujeres del año 2000 a la fecha por el «delito de aborto», y todas fueron denunciadas por médicos del sector salud.
En días pasados, en Puebla, una mujer de 20 años fue la primera víctima de estas nuevas leyes, ya que llegó a la Cruz Roja con un sangrado por una interrupción del embarazo mal realizada, y los médicos dieron parte a la policía, sin conocer las causas ni la condición socioeconómica de la paciente.
En Tijuana, el 15 de mayo pasado, una mujer de 22 años recibió atención médica en el Hospital General donde, ante la sospecha de un aborto inducido y sin investigar las causas, los médicos la denunciaron ante el Ministerio Público, por lo que fue aprehendida.
En Chihuahua, en julio pasado, una mujer de 20 años fue puesta a disposición del Ministerio Público por practicarse un aborto, luego de ser denunciada por el personal del Hospital Central, donde pidió asistencia por una hemorragia. En Altamira, Tamaulipas, una mujer de 20 años fue detenida el 14 de mayo por el delito de aborto y enfrenta un proceso penal.
En sus respectivas campañas, Carolina Viggiano y Gloria Romero tomaron la bandera de las mujeres que intentan revertir las reformas a las constituciones estatales, así que su estancia en San Lázaro servirá para demostrar que trabajarán en beneficio de las hidalguenses y de todas las mexicanas.
09/TME/ LG
