«Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el numero y el espaciamiento de sus hijos», dice el Artículo Cuarto constitucional, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1974.
Los derechos y obligaciones de las y los ciudadanos están consagrados en los sistemas legales de alto nivel jurídico; en el caso de México estos derechos se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Carta Magna otorga, a través de estos derechos, el reconocimiento a los seres humanos como ciudadanos, lo que en teoría significa que se es titular a plenitud de estos derechos concedidos por el Estado, tanto en materia civil, como política y social.
Así, el concepto de ciudadanía abarca el conjunto de principios, valores y actitudes de las personas que pertenecen a un grupo humano ubicado en un espacio geográfico para ejercer sus derechos sociales, económicos y civiles.
En este sentido, de acuerdo al Artículo Cuarto constitucional, el Estado estaría obligado para que mujeres y hombres pudieran ejercer a plenitud su soberanía a proveer de información y a garantizar el acceso a los servicios de salud, así como de ofrecer una amplia gama de métodos anticonceptivos para que puedan ejercer libremente su derecho a llevar a cabo una sexualidad placentera y decidir cómo prevenir un embarazo no deseado.
Sin embargo, no es así; con las reformas constitucionales impulsadas en 14 estados para proteger la vida desde el momento de la concepción (sic), el Estado no garantiza la libertad de decidir de las mujeres sobre el número de hijas e hijos ni su espaciamiento.
Mientras en el Distrito Federal las mujeres pueden ejercer sus derechos y ciudadanía en este sentido, al permitirles interrumpir legalmente un embarazo hasta las 12 semanas de gestación, las de 14 entidades federativas no son consideradas ciudadanas, ya que con estas reformas se les niega su derecho a ejercer su maternidad libre y voluntaria.
Varias feministas han coincidido en reiteradas ocasiones en que mientras se continúe penalizando el aborto, esta garantía constitucional «no puede existir» para las mujeres.
Para que las mujeres ejerzan su ciudadanía deben conocer sus derechos, apropiárselos y exigirlos, ya que actualmente las estadísticas son contundentes: 69.9 por ciento de las quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) fue por parte de mujeres, pero sólo en el 31 por ciento de ellas fueron éstas las agraviadas.
Por ello, Mariclaire Acosta Urquidi, una de las candidatas a presidir la CDHDF ha sido muy enfática en la construcción de ciudadanía para las mujeres, ya que, afirma: «si bien los derechos humanos son integrales, son las mujeres quienes menos los ejercen».
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