Arturo Chávez Chávez no debe llegar a la Procuraduría General de la República (PGR), porque cuando fue procurador de Justicia del Estado de Chihuahua no puso el más mínimo interés en resolver los feminicidios que desde entonces se registraban en esta entidad.
Mujeres de varias organizaciones civiles advirtieron lo anterior durante la manifestación que realizaron el pasado sábado en el centro de la ciudad capital, junto a la Cruz del Feminicidio, para puntualizar su sentir sobre la propuesta de Felipe Calderón para que Chávez Chávez presida la PGR.
Integrantes de Justicia para Nuestras Hijas, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Mujeres de Negro, Mujeres por México y muchas otras organizaciones dieron a conocer el negro historial que dejó Chávez Chávez cuando presidió la Procuraduría de Justicia del Estado, durante el sexenio del gobernador panista Francisco Barrio Terrazas.
En ese periodo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 44/98 al gobierno del estado por las irregularidades que encontró en el trabajo llevado a cabo por la Procuraduría local, y en la que instaba al Ejecutivo de la entidad a realizar «los convenios de colaboración que se estimen necesarios con las diversas Procuradurías del país y otros cuerpos policiales, para que se integre un equipo de trabajo interdisciplinario e interinstitucional que se aboque a la investigación exhaustiva de los casos de homicidios y violaciones ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua, con objeto de resolver a la brevedad posible tales delitos».
Además, la Recomendación pedía a Barrio Terrazas girar sus instrucciones para que, con base en lo dispuesto en la Constitución particular del estado de Chihuahua, y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la misma entidad, se realicen los trámites correspondientes a fin de investigar todo lo concerniente respecto del desempeño de funciones del licenciado Arturo Chávez Chávez, Procurador General de Justicia del mismo Estado, por las omisiones detectadas en el caso de los feminicidios en Ciudad Juárez.
Esta Recomendación se dio a raíz de la queja que el 1 de diciembre de 1997 presentara la entonces diputada federal Alma Angélica Vucovich Seele, quien narró 36 crímenes cometidos de manera brutal en Ciudad Juárez en contra de diferentes mujeres, en el periodo comprendido de junio a diciembre de 1996 y durante 1997, abriéndose el expediente de queja CNDH/122/97/CHIH/8063.
El amplio documento de la CNDH, emitido el 15 de mayo de 1998, señala que, en las investigaciones llevadas a cabo por visitadores adjuntos en Ciudad Juárez y en información proporcionada por los servidores públicos del propio estado, se acreditaron actos violatorios a los derechos humanos de las mujeres victimadas y de sus familiares. Además, encontraron que infringieron las normas legales e instrumentos internacionales en perjuicio de las agraviadas.
IMPUNIDAD
La institución observó una deficiencia en materia de seguridad pública y procuración de justicia. En cuanto a la primera, indica, es preciso señalar que los hechos, en sí mismos, denotan una falta de seguridad pública, en tanto «los índices de mujeres víctimas de homicidio, en su mayoría con violencia, son extremosos; aunado a que un alto porcentaje de los mismos contiene agresiones sexuales», señala.
Resulta de fundamental importancia destacar que en la mayoría de las indagatorias analizadas existe una deficiente integración, y las circunstancias imperantes indudablemente generan impunidad, observando que en algunas investigaciones falta el resultado de los dictámenes periciales, puntualiza el documento.
Y detalla: «hay ausencia de diligencias necesarias para la integración adecuada de las indagatorias y de oficios dirigidos al Registro Civil; falta de informes rendidos por elementos de la Policía Judicial y de certificados médicos forenses, así como respuestas de dictámenes sin que obre en la documentación una solicitud; errores en las fechas, fojas sin firmas y sin haber sido cotejadas, series fotográficas que se repiten en los expedientes; ausencia de actuaciones tendentes a la identificación, localización y búsqueda de mujeres desaparecidas y de diligencias de levantamientos de cadáver y citatorios sin fundamentación.»
Lo anterior indica que «se está en presencia de una omisión culposa por parte de los servidores públicos encargados de procurar justicia, en razón de las indagatorias y consignaciones aludidas, aunque también existe dolo, por lo menos en cuanto a la actitud asumida para con esta Comisión, al proporcionar de manera errónea e incompleta las copias certificadas de las averiguaciones previas solicitadas», señala la CNDH.
Con base en lo anterior, la CNDH consideró pertinente que se abriera una investigación para determinar las responsabilidades administrativas y/o penales en que pudieron haber incurrido Arturo Chávez Chávez –entonces procurador General de Justicia del estado–, y los servidores públicos de la Subprocuraduría General de Justicia de la Zona Norte, en Ciudad Juárez, que habiendo tenido conocimiento de los hechos, en sus diversos ámbitos de responsabilidad, por omisión o negligencia dejaron de cumplir con las obligaciones impuestas por la Ley de Servidores Públicos.
En cuanto a Arturo Chávez Chávez puntualiza la Recomendación: «es menester precisar que es responsable directo y personal, ya que de conformidad con las disposiciones legales anteriormente aludidas, entre sus múltiples atribuciones se encuentra la de vigilar la observancia de los principios de constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su competencia; independientemente de que es el servidor público que se encuentra al frente de la dependencia de referencia, y, por ello, tiene a su cargo la actuación del Ministerio Público.»
09/DVM/LG
