Imagine que durante tres años de su vida lo recluyen en una celda por un delito que no cometió. Y después de ese tiempo, simplemente le piden disculpas y le dejan en libertad. ¿Punto final?
No debería de ser, al contrario, ese caso seriviría para exigir responsabilidades al Estado. El caso de la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial es ilustrativo del fracaso judicial. Fue liberada después de tres años con un «disculpe». Ni siquiera han sido capaces de otorgarle una indemnización como reparación del daño ocasionado. Lo que le pasó a Jacinta es sintomático del maltrecho Estado de derecho que padecemos. Es una víctima más del sistema judicial mexicano que aplica una endémica discriminación contra pobres, indígenas y todo ciudadano en condición de vulnerabilidad a la hora de «impartir justicia».
No es la única víctima. Junto a ella fueron condenadas a 21 años de prisión otras dos mujeres bajo los mismos cargos de secuestro a seis policías. Se trata de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, ambas presas en el penal de San José El Alto, en Querétaro.
Alberta y Teresa son las «otras Jacintas» que exhiben la podredumbre de la procuración de justicia en el país: fabricación de delitos, pruebas y testigos, corrupción de jueces y ministerios públicos, prepotencia de policías, irregularidades en la averiguación previa… en fin, uno se pregunta dónde está el CIDE de Ricardo Raphael para defender a estas víctimas del debido proceso.
Los tres años que Jacinta pasó en la cárcel significan un ataque a la democracia y, por tanto, es necesario deslindar responsabilidades para quienes infringen la ley con total impunidad desde el Estado sean llevados a juicio y severamente sancionados. Por supuesto, esto es imposible debido a que vivimos en México, el país del nunca pasa nada.
Cualquier persona con sentido común pensaría que al liberar a Jacinta se liberaría también a Alberta y Teresa, pero no fue así. Las tres fueron detenidas en un operativo antipiratería en el mercado de Santiago Mexquititlán. Los policías causaron daños a la mercancía de los vendores y fueron retenidos para luego ser liberados. A las tres se les condenó por la fotografía publicada en un periódico local. Fue la única prueba «contundente» expuesta para imputarles el secuestro de los seis policías.
El proceso estuvo lleno de irregularidades. Ninguna domina el castellano, ya que son otomíes y hablan ñañú. Nunca tuvieron un intérprete que les explicara porque las metieron presas y luego las condenaron. Jacinta ha recordado que ni siquiera entendía lo que quería decir «secuestro».
Los organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez encabezaron una intensa campaña a favor de las indígenas y lograron internacionalizar el asunto. Fue gracias a la gestión de éstos que finalmente Jacinta pudo ser liberada. Sin la presión mediática, ni la de las organizasiones no gubernamentales en defensa de las libertades civiles, Jacinta seguiría recluida injustamente en una cárcel mexicana.
Las autoridades mexicanas no han rectificado su error al liberar a Jacinta. No se equivoqen. No basta un «discúlpenos». Se necesita que las tres sean declaradas inocentes. Las tres merecen más que una disculpa. ¡Merecen justicia!
09/SM/LG
