Valeria Estefanía y Alejandra Ramos, de diez y siete años, respectivamente, no tenían nada que ver con el crimen organizado.
Para ellas y su papá José Luis, el pasado 10 de julio era un viernes como cualquier otro y de pronto, sin deberla, se convirtió en un día fatídico.
Eran las dos y media de la tarde. Dejaron a su mamá en una estética y se dirigieron a la casa de su abuela.
Transitaban en un vehículo por las calles Egipto y Periférico de la Juventud cuando fueron embestidas por otro automóvil.
No fue un accidente común. En el vehículo que las atropelló viajaba un comando armado que protagonizaba una balacera con un grupo contrario.
Valeria Estefanía y José Luis murieron en el lugar. Los alcanzaron las ráfagas de ametralladoras antiaéreas y rifles de asalto conocidos como «cuernos de chivo».
Alejandra quedó gravemente herida. Su frágil cuerpecito se debatía entre la vida y la muerte cuando la trasladaron al hospital. Sobrevivió de milagro.
Como siempre, no se supo quiénes eran los sicarios. Abandonaron el Grand Cherokee negro y huyeron.
Pero éste no es el único caso donde niñas y niños son víctimas del feroz enfrentamiento que a lo largo y ancho del estado protagoniza el crimen organizado.
Tampoco Juan Iván Dávila, de nueve años, tenía nada que ver con el narcotráfico. El viernes 31 de julio, para su desgracia, viajaba con Mario Antonio Cuéllar, hombre de 42 años al que intentaron ejecutar en pleno centro de Ciudad Juárez.
Mario Antonio se salvó, junto con las personas que transitaban con él: un niño de tres años, una niña de ocho y dos señoras, pero Juan Iván murió en el atentado. Los sicarios «rafaguearon» el vehículo sin importar que en él viajaran menores de edad.
En Chihuahua la sangre infantil empezó a correr mucho antes. El 16 de agosto del 2008 un grupo de sicarios armados hasta los dientes irrumpió en una fiesta en Creel, municipio de Bocoyna, en la Sierra Tarahumara. Ametralló a los asistentes y murieron 13 personas, entre ellas un niño de un año cuatro meses.
A un año de la tragedia, los familiares de las víctimas siguen clamando justicia; las autoridades aún no han resuelto a cabalidad el caso.
El sacerdote Javier Ávila oficiaba una misa cuando escuchó las detonaciones. Una y otra vez ha narrado lo que pasó: Oí los balazos y terminé la Eucaristía muy inquieto, con un corazón muy lastimado, muy angustiado. Salí y me informaron que había habido un enfrentamiento, que habían muerto dos personas.
El párroco pensó que en el lugar encontraría decenas de policías, pero cuando llegó había sólo un agente.
Y no eran dos, eran 13 los muertos. Un tiradero de cuerpos bañados en sangre, rostros y cuerpos desechos. En la tierra, un muchacho con el cuello agujerado, el padre protegiendo a su hijo. La gente histérica, desesperada, pidiendo justicia, dando gritos de rabia», recuerda indignado.
EJECUTADAS, 74 MUJERES EN CHIHUAHUA
Otro asunto que no se ha visibilizado en esta matanza entre el crimen organizado y las distintas corporaciones policíacas del país, incluido el Ejército, es la ejecución de mujeres.
Según la Procuraduría de Justicia del Estado, en lo que va de 2009 han sido ejecutadas mil 374 personas en el estado de Chihuahua: mil 300 hombres y 74 mujeres.
De éstas, 56 residían en la zona Norte, donde se ubica Ciudad Juárez; ocho en la zona Centro con base en Chihuahua, la capital; siete en Occidente, que incluye la Sierra Tarahumara, y tres en la zona Sur, con cabecera en Parral.
La Procuraduría no proporciona datos de estas mujeres, pero con base en la poca información que han publicado los medios locales, algunas eran policías, otras eran esposas, novias, amigas o familiares de narcotraficantes y otras más estaban involucradas con el crimen organizado.
Una de las víctimas más recientes fue Bertha Olivia Rodríguez, policía adscrita a la Unidad de Autos Robados de la Agencia Estatal de Investigaciones, quien fue «rafagueada» el pasado 14 de agosto en Ciudad Juárez.
Las cien balas de «cuerno de chivo» que le dispararon desde tres automóviles prácticamente destrozaron su cuerpo.
Eran las ocho de la mañana. La policía se dirigía a la Subprocuraduría de Justicia Zona Norte a pasar lista. Bertha Olivia circulaba por el cruce de las avenidas Adolfo López Mateos y Simona Barba en su camioneta Nissan Pathfinder gris cuando la alcanzaron los tres vehículos que la perseguían. La «rafaguearon» y huyeron.
Todavía es hora que no detienen a los culpables. No se sabe quiénes la mataron ni por qué.
Antes, el 31 de julio, fue baleada en Ciudad Juárez Claudia Lorena Pérez Marrufo, regidora del municipio de Villa Ahumada, junto con Raúl Armando Rico Gómez.
Ambos se encontraban en las calles Benjamín Franklin y Adolfo López Mateos, cerca del hospital del ISSSTE cuando los «rafaguearon» desde un vehículo. Los asesinos huyeron. Esta muerte tampoco se ha esclarecido.
El caso de Gabriela Arzate «se cuece aparte». La señora, embarazada, fue acribillada, junto con su madre, por los soldados que estaban en un retén del Aeródromo del municipio de Aldama el jueves 11 de diciembre del 2008.
Gabriela murió. Su madre quedó detenida y después fue liberada. Según la sobreviviente, acudieron a los militares en busca de ayuda porque las iban siguiendo y pensaron que las querían secuestrar.
«No portábamos armas, ni siquiera un cuchillo. No amenazamos a nadie. Llevábamos prendidas las luces preventivas, sólo queríamos ayuda y protección, no la muerte», señaló después la madre de Gabriela.
La Secretaría de la Defensa Nacional argumentó que los soldados del retén confundieron a las mujeres con sicarios, pues unos minutos antes habían pasado dos vehículos por el lugar y sus tripulantes dispararon a los militares.
La versión oficial del Ejército refiere que los soldados hicieron el alto a la Explorer que manejaba Gabriela y como no se detuvo, le dispararon.
Hasta donde se sabe, los militares involucrados no han sido procesados por este delito. Tampoco la Procuraduría de Justicia del Estado ha hecho nada.
EL EJÉRCITO: ¿PROTEGE O REPRIME?
El asesinato de Gabriela no es el único delito cometido por el Ejército en esta «guerra» que emprendió contra el crimen organizado en Chihuahua.
Los señalamientos de César Carrasco, presidente panista de Ojinaga son el más claro ejemplo de los abusos de los militares en la entidad.
El alcalde afirma que los ojinaguenses sienten verdadero temor hacia los soldados, cuando debería ser al revés. Pero, justifica: «¡cómo no, si se han dedicado a violentar las garantías individuales de los pobladores».
Y es que ni el alcalde se ha salvado de los abusos que cometen elementos del Ejército en esa frontera.
El pasado 21 de junio el edil de Ojinaga, junto con algunos agentes de la Policía Municipal, fueron literalmente «echados» en corrida de la Deportiva por un grupo de soldados.
Los militares se dirigieron al presidente municipal con palabras altisonantes y le «cortaron» cartucho con las armas.
El incremento de denuncias en contra del Ejército por violación a los derechos humanos confirma el sentir de los chihuahuenses.
José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, informó que en 2007 este organismo registró 20 denuncias contra militares y policías federales, cifra que se elevó a 120 en los primeros ocho meses de 2009, en su mayoría por abusos de allanamiento de morada, daños, incomunicación y hasta robos.
Sin duda, Ciudad Juárez es una de las ciudades con más casos documentados de violaciones a los derechos humanos por parte de militares.
Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en esa frontera, informó que en lo que va del año la institución documentó 50 casos, la mayoría por tortura, desaparición y homicidio.
En vista del problema tan grave de violencia que vive Ciudad Juárez, a mediados de abril del presente año el gobierno municipal abrió un programa para la atención de quejas y denuncias derivadas del Operativo Conjunto Juárez.
En dos meses, para el 30 de junio, recibió 623 denuncias contra militares y agentes federales, de las cuales 538 fueron confirmadas, informó Javier González Mocken, coordinador del programa.
ALZAN LA VOZ Y LOS MATAN
La estela de víctimas no para. Decenas de civiles inocentes están muriendo a causa de la lucha que emprendió el gobierno contra el crimen organizado. Una guerra absurda que inició hace más de un año con el Operativo Conjunto Chihuahua donde participan más de diez mil militares y policías de todos los niveles, federales, estatales y municipales.
La ejecución de los mormones Benjamín Le Barón y Louis Widmar es otro caso que ejemplifica lo que ocurre en Chihuahua.
Cuando secuestraron a su hermano Erick, de 16 años, Benjamín Le Barón alzó la voz en nombre de su pueblo. De manera insistente, a través de pronunciamientos y manifestaciones, exigió a las autoridades estatales y federales justicia y un alto a la violencia en Galeana, donde vive la comunidad mormona.
Como respuesta encontró la muerte. El 7 de julio fue «levantado» por un comando armado junto con su cuñado Louis Widmar. El grupo de sicarios lo sacó a punta de metralleta de su casa, en presencia de su esposa e hijos. Horas después fue encontrado ejecutado junto con su cuñado.
Con los cuerpos de Benjamín y Louis, los asesinos dejaron el siguiente mensaje: «Esto es por los 25 muchachos de Nicolás Bravo. Atentamente El General.
Después apareció una manta en la parte alta de la presidencia municipal de Galena con una amenaza directa contra el alcalde: A los líderes de Le Barón, para los que no creen y siguen sin creer, y sigue Clary Jones».
La agonía de la familia Le Barón empezó el sábado 2 de mayo, cuando secuestraron a Erick y pidieron un millón de dólares por liberarlo.
El 5 de mayo viajaron a la capital del estado más de 500 mormones y se plantaron frente al Palacio de gobierno para exigir apoyo a las autoridades.
El 6 protestaron en el Congreso del Estado y continuaron el plantón. El 7 se retiraron a su comunidad. El 10 liberaron a Erick. La familia aseguró que no pagó rescate.
Un mes después, el 12 de junio, la autoridad capturó a 25 paramilitares, a quienes presentó como presuntos responsables del secuestro.
El 15 secuestraron, en Janos, al mormón Meredith Romney. Lo liberaron el 6 de julio.
ASUSTAN E INDIGAN LOS MULTIHOMICIDIOS
Los multihomicidios son los que más asustan e indignan a los chihuahuenses.
Apenas el 9 de agosto pasado entró un comando armado al bar Fast West y ejecutó a cinco parroquianos. Una joven resultó herida de bala en una pierna.
El lugar, ubicado en las calles Teófilo Borunda y 33 de esta capital, estaba lleno. Los asistentes salieron corriendo, atemorizados. Los sicarios, encapuchados, huyeron y no han sido identificados.
Hace diez meses, el 9 de octubre del año pasado, ocurrió algo parecido. Un comando armado entró al bar Río Rosas, muy conocido en la capital del estado. Eran las nueve de la noche. Los encapuchados dispararon a diestra y siniestra. Mataron a once comensales, entre ellos a David García Monroy, articulista de El Diario de Chihuahua.
La procuradora de Justicia, Patricia González Rodríguez, calificó el hecho como «acto de terrorismo».
Manuel Rodríguez Pérez, integrante del grupo musical Alborada Norteña, uno de los pocos sobrevivientes, narró los minutos de terror:
Nomás me acuerdo que habíamos ya terminado nuestro set y que tocaba al mariachi Zapopan subirse al escenario. Pero ni siquiera pudimos alcanzar a bajarnos cuando entraron esas personas y gritaron: ‘Ya se los llevó la chingada cabrones.’ Pensamos que se trataba de un operativo de la federal».
Cuando se percataron de que no se trataba de policías, relata, se tiraron al suelo detrás de unas bocinas.
Ya no nos asomamos. Nos pusimos a rezar y a esperar que nos tocara también a nosotros. Afortunadamente no fue así. Al parecer, a los músicos no nos querían hacer nada. Si al mariachi le tocó un tiro fue porque no alcanzó a reaccionar junto a sus compañeros que se aventaron a un cuartito que está a un lado de la barra, dijo.
Hace un año, el 13 de agosto del 2008, ocurrió otro multihomicidio. Un grupo de hombres armados entró al CIAD 8 (Centro de Integración de Alcohol y Drogas) en Ciudad Juárez y mató a diez personas que asistían a terapias de rehabilitación para dejar las drogas.
Eran las ocho y media de la noche. Los sicarios, encapuchados, con chalecos antibalas y armas de grueso calibre, entraron al centro y dispararon a quemarropa contra 30 personas que ahí se encontraban en una jornada de terapia y oración.
ALCALDE, ENTRE LAS VÍCTIMAS
Autoridades, de todos los niveles no escapan a esta ola de sangre.
El caso que más llama la atención es la ejecución de Héctor Meixueiro, alcalde del municipio de Namiquipa, el pasado 14 de julio.
A todas luces el edil fue asesinado en venganza por las denuncias que hizo.
En mayo del 2008 fue amenazado de muerte y tuvo que refugiarse en una casa de seguridad que le proporcionó la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Dos meses después, el 24 de julio, el tesorero Ismael Rivera Chávez fue ejecutado. El alcalde recibió amenazas de muerte nuevamente. Esa vez se fue a Estados Unidos.
En octubre, tres meses después, un comando armado «levantó» a Edgar Artemio García Treviño, director de Seguridad Pública Municipal y al comandante Ramón Humberto Oviedo Sáenz. Hasta la fecha se desconoce su paradero.
El pasado 14 de julio los criminales cumplieron su amenaza. Asesinaron al alcalde de Namiquipa.
La advertencia que hizo su hermano Fausto Meixueiro caló fuerte en la sociedad chihuahuense: «El asesinato de mi hermano va quedar impune».
Aseguró que en reiteradas ocasiones Héctor pidió apoyo para comprar un vehículo blindado porque peligraba su vida.
Ahora se sabe que 32 de los 67 presidentes municipales que hay el estado han recibido amenazas de muerte.
VIOLENCIA GENERA VIOLENCIA
A la violencia que genera el crimen organizado se suma la delincuencia común, que se ha incrementado considerablemente en los últimos meses.
Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Chihuahua registra un secuestro cada 48 horas, con 109 casos de enero a mediados de julio, convirtiéndose el estado que ocupa el segundo lugar con mayor índice de plagios a nivel nacional, después del Estado de México.
El robo de vehículos se disparó en un 400 por ciento en los últimos cinco años.
Ante el crecimiento exponencial de la violencia en todo el estado, se escuchan varias voces en contra del Operativo Conjunto Chihuahua.
Llaman la atención sobre todo lasopiniones y exigencias de las mismas autoridades que piden un cambio a las estrategias de la lucha contra el crimen organizado o, de plano, la cancelación del Operativo.
Fernando Rodríguez Moreno, exsecretario general de gobierno del estado y actual líder de la bancada priista en el Congreso local, criticó de manera severa la guerra que emprendió Felipe Calderón contra el crimen organizado.
«Estas acciones fueron las que detonaron la violencia en Chihuahua, Calderón se apresuró a actuar sin conocer primero las fortalezas y debilidades del crimen organizado, equivocación que ha derivado en los brutales asesinatos de gente inocente, como los Le Barón», sentenció.
El gobierno estatal y las alcaldías se han solidarizado con el Operativo, el problema está en que carecemos de personal, armamento e infraestructura de inteligencia para dar golpes certeros contra la criminalidad, que en forma frontal debería estar combatiendo la federación, señaló.
Víctor Valencia de los Santos, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Chihuahua, reconoció que los resultados de los Operativos contra el crimen organizado son insatisfactorios en todo el país.
Silvia Susana Muriel Acosta, presidenta del Congreso del estado, expresó que los asesinatos de Benjamín Le Barón y Louis Widmar ponen de manifiesto el fracaso del Operativo Conjunto Chihuahua, por lo que el Legislativo local pedirá urgentemente un replanteamiento en sus estrategias.
Víctor Quintana Silveyra, diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), señaló que la reestructuración del Operativo Conjunto Chihuahua llega tarde. Lo que urge es una reestructuración nacional en el combate al crimen organizado, como apremian los casos de Chihuahua y Michoacán, subrayó.
Fernando Baeza Meléndez, senador priista, ha reiterado que el Ejército debe regresar a los cuarteles en el menor tiempo posible y que a la brevedad también debe replantearse la estrategia de seguridad a nivel nacional.
El senador se refirió a los más de 11 mil 500 ejecutados en el país, un saldo muy negativo que deriva, puntualizó, de la excesiva participación del Ejército mexicano.
Señaló que están violando las garantías individuales y el artículo 129, que estipula que en tiempos de paz los militares no pueden realizar tareas distintas a su disciplina.
El pasado 14 de julio diputados del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, en el marco de una sesión de la Comisión Permanente, coincidieron en que el Operativo Conjunto Chihuahua ha sido un total fracaso.
Pese a las constantes críticas, Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, en su más reciente gira de trabajo por Chihuahua, dejó clara su postura: «No es momento de complacencias, pero tampoco de autoderrotarse, el Operativo va bien y va a seguir».
09/DVM/LG
