La revisión de expedientes de feminicidio, con base en los casos de Sabina, María, Reyna y Francisca, el conocido como Las Garzas, el de una mujer no identificada encontrada en un hotel y otros dos más, evidencia la ineficacia de las autoridades del estado de Chiapas para esclarecerlos.
La complicidad entre el personal de los juzgados; la falta de un control de expedientes; la carencia de una defensa adecuada; la inexistencia de un protocolo específico que guíe las investigaciones y la poca disposición de las autoridades para que los procesos terminen de manera completa son factores que inciden en el seguimiento de los asesinatos de mujeres, los cuales tienen base en la inequidad de género, la misoginia y la falta de procuración y administración de justicia.
Así lo señala el último informe del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Una mirada al feminicidio en México 2007-2008. Cabe recordar que este observatorio se especializa en el tema y está constituido por 43 organizaciones de 17 estados del país y el Distrito Federal.
Del análisis de los ocho homicidios dolosos cometidos contra mujeres antes mencionados, todos ocurridos en Chiapas, se desprende, en primer término, que las averiguaciones previas, además de no están integradas en orden cronológico, tardaron más de dos meses aun cuando son la base para lograr la reivindicación de la víctima.
Asimismo, en la mayoría de los casos la integración de la averiguación previa carecía de los elementos básicos de la investigación criminal, por lo cual, al momento de consignarse el caso, se determinó no ejercer acción penal.
Cuando se llegó a ejercer la acción penal en el proceso, se perdió la defensa de los derechos de la víctima o de sus familiares, pues estos últimos ni siquiera sabían que pueden actuar como coadyuvantes en el proceso con el ministerio público. A esto se sumó la presión ejercida por las autoridades o el agresor para llegar a un acuerdo.
También, explica el OCNF, en ningún momento se canalizó a los familiares de las víctimas de feminicidio a una terapia psicológica, y la reparación del daño no se cumplió debido a la mala situación económica de los inculpados.
De acuerdo con la investigación, sobresalen, por su magnitud, los asesinatos de mujeres inmigrantes, que se encuentran en total orfandad respecto al trato que dan las autoridades locales, reporta el OCNF.
En relación con estos crímenes, las autoridades chiapanecas incurren en lo que se conoce como doble rasero de los derechos humanos: el Estado, con doble moral, adopta las funciones de defensor y trasgresor. Por eso existen derechos humanos para unos y para otros no.
La tortura, las violaciones sexuales y la trata de personas son los principales delitos a los que se enfrentan las mujeres inmigrantes centroamericanas inmigrantes. Los asesinatos cometidos contra ellas en territorio mexicano no suelen ser esclarecidos, pues no se inicia la investigación con el pretexto de que no se conoce la identidad de la víctima.
A pesar de que en Chiapas el OCNF pudo revisar los expedientes de asesinatos de mujeres y los reportes de diversas organizaciones locales encargadas de la protección de los derechos humanos de las mujeres, el estudio del observatorio indica que aún se desconocen cuántos homicidios de mujeres pueden considerarse feminicidio.
No obstante, el análisis de expedientes de crímenes contra mujeres en Chiapas proporcionó parámetros importantes para detectar las similitudes con diferentes entidades federativas, las cuales permitieron constatar que, a pesar de que existen diferencias socioculturales y políticas entre los distintos estados, existen semejanzas en la manera en que se manifiesta el feminicidio en el país.
09/HEA/YT
