En medio de protestas de grupos en contra y a favor del aborto, se llevó a cabo la noche de ayer, la sesión del Congreso veracruzano en la que se aprobó la reforma constitucional al artículo cuarto de la carta magna local y modificaciones al artículo 150 del Código Penal veracruzano, que establece una sanción de «atención psicológica» y 9 mil pesos de multa a las mujeres que interrumpan por primera vez un embarazo.
También se aprobó enviar a la Cámara de diputados, la propuesta de reforma a los artículos primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para «proteger la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural».
Con esto Veracruz se convirtió en el estado número 17 en aprobar este tipo de modificaciones constitucionales y el primero en presentar ante el Congreso de la Unión, para su análisis, una propuesta de reforma constitucional federal para proteger la vida desde el momento de la concepción (sic).
PAN CRIMINALIZA ABORTO EN CÓDIGO PENAL
La fracción legislativa del Partido Acción Nacional (PAN), en voz de la diputada María de los Ángeles Sahagún Morales, presentó la iniciativa para modificar el artículo 150 del Código Penal, con la intención de modificar la pena para el delito de aborto.
Iniciativa que establece que cuando la mujer aborte por vez primera se le dará atención psicológica y una multa de 80 días de salario mínimo, en caso de hacerlo por segunda vez, se le impondrá una pena de uno a cuatro años de cárcel.
Luego de presentarla, se propuso la dispensa de los trámites legislativos para que fuera votada en esta misma sesión, situación que fue aprobada, por lo que se discutió el tema.
El primero en tomar la palabra fue el diputado priista Dalos Ulises Rodríguez Vargas, quien propuso modificar la iniciativa en el sentido de que la pena impuesta consistiera en un tratamiento psicológico en libertad, que incluye medidas laborales, educativas o de salud y de cualquier índole.
Todo esto bajo la supervisión de la autoridad competente, por lo que se podría imponer la pena de carácter autónomo. Dijo que en este caso la pena se aplicaría con las medidas educativas y de salud, por lo que deben de homologarse las sanciones pecuniarias.
La modificación del artículo en mención quedó «a la mujer que provoque o consienta su aborto se le impondrá un tratamiento psicológico integral provisto por el estado y una sanción de 80 días de salario mínimo, en caso de reincidencia, multa de hasta 100 días de salario mínimo y pena de cárcel».
Luego de la presentación de la propuesta, se solicitó de parte de la diputada priista Dalia Pérez Castañeda un receso, para que se pudiera analizar la propuesta, situación que no fue aprobada por el presidente de la Mesa Directiva, el también priista Leopoldo Torres García, por lo que la sesión continuó en medio de las protestas de los grupos en pro del derecho a decidir de las mujeres que gritaban consignas como «este parlamento es puro cuento».
La primera en hablar en tribuna fue la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Margarita Guillaumín Romero, quien denunció que durante la Junta de Coordinación Política realizada por la mañana únicamente se acordó discutir lo referente a las reformas constitucionales.
«Primero se planteó que los compañeros del PAN tenían una reforma al Código Penal, a la penalización del delito de aborto y que ésta consideraba que no debía entrar en el orden del día, que se iba a presentar el jueves, pero que nos adelantaban el texto de la iniciativa», dijo la legisladora perredista.
Agregó que la Junta concluyó con el «acuerdo» de que la sesión versaría exclusivamente sobre los temas de la reforma constitucional.
La diputada lamentó que una hora más tarde y por medio de una llamada telefónica, se le notificó que se «decidió» incluir la iniciativa panista en el orden del día, hecho que calificó como una imposición por parte de la mayoría del Congreso.
Sergio Vaca Betancourt del Partido Convergencia, exigió que se suspendiera la discusión y propuso presentar una iniciativa para crear el delito de «negativa de paternidad» que sancione a los hombres que no se responsabilicen de los embarazos de sus parejas.
El legislador del Partido del Trabajo, Julio Chávez Hernández, insistió en que el aborto es una práctica cotidiana que se ejerce en la clandestinidad. Agregó que Veracruz ocupa el quinto lugar en abortos clandestinos mientras que una de cada diez veracruzanas muere por abortos mal practicados, por lo que consideró que éste es un problema de salud pública severo.
La diputada priista Dalia Pérez Castañeda, lamentó que a las mujeres, además, se les quiera cobrar una multa (9 mil pesos) misma que muchas familias no tendrían la capacidad de pagar, pues el 40 por ciento de las ciudadanas viven en la pobreza o en la pobreza extrema.
Tras más de una hora de intenso debate, la propuesta de reforma al Código Penal fue aprobada con los votos del PRI y PAN, sumando 37 votos a favor y seis en contra de los diputados Dalia Pérez Castañeda, Margarita Guillaumín Romero, Sergio Vaca Betancourt, Julio Chávez y Manuel Bernal Rivera.
PRI-PAN APRUEBAN REFORMAS CONSTITUCIONALES
La diputada perredista Margarita Guillaumín Romero en representación de su bancada y de Alfredo Tress Jiménez y Dalia Pérez Castañeda, presentó una moción suspensiva en contra de los dictámenes por considerar que violan los derechos humanos; petición que fue rechazada por mayoría.
Para la discusión del primer dictamen, que reforma la Constitución local, el diputado priista Julio Hernández Ramírez, presidente de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, solicitó una modificación donde se establecerían excepciones para la penalización al aborto.
En tanto, Alfredo Tress Jiménez, de Convergencia, agregó que este tipo de iniciativas son únicamente una estrategia política, que atenta contra las mujeres y donde los gobiernos imprimen su sello ideológico.
Se dijo sorprendido de que el PRI haya participado en este acuerdo político en particular e insistió en que la opinión de las mujeres debe ser atendida, que éstas deben ser consultadas e informadas, por lo que pidió que se lleve a cabo un referéndum para tocar este tema.
En tanto, el diputado perredista Manuel Bernal, dijo que solicitará al gobernador de la entidad, el priista Fidel Herrera Beltrán, «no publicar esta aberración jurídica», por lo que lo llamó a un espacio de reflexión política y detenga la publicación de esta reforma constitucional.
09/BG/LGL
