Las licencias otorgadas por la Cámara de Diputados a nueve legisladoras para abandonar su cargo y cederlo a sus suplentes, todos hombres, es una violación a códigos y acuerdos internacionales, firmados por México en materia de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en cargos de elección popular.
Según la declaración de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer que se celebró en Beijing en 1995, en el mundo hay una baja proporción de mujeres entre las personas encargadas de adoptar decisiones económicas y políticas y eso obedece a la «existencia de barreras tanto estructurales como ideológicas que deben superarse mediante la adopción de medidas positivas»
En dicho documento también se reconoce que la desigualdad en el terreno público tiene su raíz en las actitudes y prácticas discriminatorias y en el desequilibrio en las relaciones de poder entre la mujer y el hombre que existen en el seno de la familia.
Para ello México se comprometió a adoptar medidas para garantizar a la mujer igualdad de acceso y plena participación en las estructuras de poder en la adopción de decisiones, lo que se conoce, como «paridad de género», sin embargo, en el Congreso, de un total de 500 curules, sólo 129 están ocupados por legisladoras.
De acuerdo con el Índice de Compromiso Cumplido Latinoamericano (ICC), México1995 y 2003, elaborado por la organización Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, para lograr la equidad de las mexicanas, como se acordó hace una década en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, tendrán que pasar más de 100 años.
En ese entonces se encontró en México un avance sustancial en el discurso y elaboración de programas a nivel federal, a favor de las mujeres, por lo que se advierte que aunque los avances han sido pocos han sido importantes.
Sin embargo, destaca que «son apenas el inicio de todas las tareas que es preciso emprender en el marco y soporte de las políticas públicas para acercarse a la verdadera equidad entre los géneros y rebase el discurso para convertirse en una política de Estado»
Para 2007, México firmó el consenso de Quito que se dio a partir de la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en donde también se reconoce que la participación de la mujer en la toma de decisiones es de suma importancia para alcanzar la democracia «representativa y participativa».
Los acuerdos de Beijing y otros acuerdos internacionales reconocen que «la habilitación y autonomía de la mujer y el mejoramiento de su condición social, económica y política, son fundamentales para el logro de un gobierno y una administración trasparente y responsable del desarrollo sostenible de todas las esferas de la vida.»
Sin embargo, con todo y los mandatos internacionales firmados y ratificados por nuestro país, hoy la Cámara baja cuenta con nueve curules menos para las mujeres y el Congreso mexicano «aún con la conciencia de estas responsabilidades legales que tiene en el mundo, decidió hacerse cómplice» de la renuncia de las diputadas a escasos días de iniciados los trabajos de la legislatura, señaló la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Leticia Quezada Contreras en un comunicado de prensa. «
REFORMA ELECTORAL Y CUOTAS DE GÉNERO
Con el objetivo de impulsar la participación equitativa entre mujeres y hombres, el Cofipe ha tenido diversas modificaciones, la reforma más reciente, se discutió a finales de 2007 y su publicación en el Diario Oficial de la Federación se hizo el 14 de enero de 2008.
En esta reforma se hicieron algunas modificaciones importantes respecto a las cuotas de género y algunas acciones afirmativas en la búsqueda por acelerar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito de la participación política
En materia de cuotas de género: el Artículo 219, establece que de todas las solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral (IFE), deberán integrarse con al menos el 40 por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad.
«Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido».
Tratándose del criterio de excepción del Artículo 219, los ocho partidos quedaron muy por debajo de la misma, en ningún caso superó el 22 por ciento de candidaturas encabezadas por una mujer.
El Consejo Ciudadano para la Promoción y Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres, integrado por instituciones y Organizaciones de la Sociedad Civil como Acción Afirmativa y el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer de El Colegio de México, detalló así la baja participación de las mujeres.
Del total de las y los candidatos bajo los principios de Representación Proporcional y de Mayoría Relativa que contendieron por una diputación local en las elecciones del 5 de julio pasado, de 2 mil 23 participantes 631 fueron mujeres, mientras que los hombres ocuparon mil 392 posiciones, es decir el 68.8 por ciento del total.
De las candidatas, el 37.2 por ciento fueron designadas y el 16.3 por ciento fueron electas mediante procesos democráticos; en el caso de los hombres, 904 fueron designados y 488 lograron su candidatura a través de la elección democrática.
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