La madrugada del 11 de julio de 2006, alrededor de 20 militares violaron sexualmente a dos trabajadoras del bar «Las Playas» y a 12 mujeres más en «El Pérsico», ubicados en la zona de tolerancia, en Castaños, Coahuila.
Los militares del 14 Regimiento de Caballería Motorizado estaban comisionados en Monclova para el resguardo del Instituto Federal Electoral (IFE) y las boletas electorales desde el 3 de julio de ese año.
El ataque, en el que los uniformados pertenecientes al pelotón MK 19 además de la agresión sexual, golpearon y privaron de su libertad a las 14 trabajadoras, fue la respuesta a una riña que el soldado Joaquín Ahmed Alvarado Flores sostuvo horas antes, por lo cual los responsables de seguridad del bar lo sacaron.
Más tarde, el militar regresó junto con una veintena de sus compañeros, quienes regresaron a «Las Playas», vistiendo sus uniformes, con armas y en un vehículo propiedad del Ejército mexicano, sitio donde además perpetrar agresiones sexuales en contra de las empleadas del bar, golpearon a los clientes y a los policías que llegaron para «poner orden» en el lugar.
La denuncia de este hecho, en voz de las 14 trabajadoras de la zona de tolerancia de Castaños -una de las cuales se retractó meses después de lo ocurrido – apoyadas por defensores de derechos humanos, como el Obispo Raúl Vera, de la Arquidiócesis de Saltillo, Coahuila, llevó a que 12 de los militares fueran juzgados por el fuero civil.
Las víctimas de los abusos sexuales, algunos cometidos de forma tumultuaria, reconocieron a 12 soldados. Ocho de ellos fueron detenidos y procesados. La justicia civil se aplicó sólo en cuatro militares, tres de ellos con penas de prisión y el cuarto pagó su fianza y salió libre.
Un noveno militar fue detenido meses después, pero no fue procesado debido a la intervención de un superior jerárquico, y fue absuelto en menos de una semana. Tres más siguen prófugos.
En el memorándum AP-I-28209, del 17 de agosto de 2006, el jefe de averiguaciones previas de la Procuraduría General de Justicia Militar precisa que «fueron consignados nueve elementos militares por el delito de abandono de servicio», pero sólo ocho fueron entregados para llevar un proceso por el fuero común, por primera vez en la historia mexicana, luego de que aceptaran que el pelotón MK-19 no estaba cumpliendo ninguna orden militar, pues abandonaron el servicio en las instalaciones del IFE.
Los dos soldados fueron liberados el 24 de octubre del 2007, ese mismo día se llevó a cabo un juicio de guerra en la Ciudad de Saltillo, Coahuila en contra de 9 soldados agresores, aunque el Consejo de Guerra emitió sentencias por abandono de sus puestos como custodios de papelería electoral, no por la violación sexual de 14 mujeres.
El primer juicio por el fuero civil a militares dejó tres procesados, purgando castigos de 41, 31 y 21 años de prisión. Uno más pagó fianza. Cuatro absueltos, uno más que apenas estuvo detenido ocho días en enero de 2007 y tres prófugos.
A tres años y medio de la violenta agresión de militares en contra de 13 trabajadoras de la zona de tolerancia de Castaños, la justicia de Coahuila determinó una reducción de condenas.
Lo que para muchos fue un logro, el que integrantes de la milicia hayan sido juzgados por primera vez a través del fuero común, para el Obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera López, se trató de un proceso insuficiente y amañado.
Luego de un año y dos meses, de permanecer en el Penal Varonil de Monclova, en octubre del 2007, fueron liberados por el Juez Hiradier Huerta, el subteniente Norberto Carlos Francisco Vargas y el cabo Norberto González Estrada, pertenecientes al 14 Regimiento Motorizado de Caballería, de la Sexta Zona Militar.
Según el Obispo Raúl Vera, la flexibilidad con que tomó el caso la Secretaría de la Defensa Nacional fue indiscutible cuando Felipe Calderón llegó a la presidencia del país, momento en que los inculpados recibieron privilegios y protección.
No obstante que la justicia de Coahuila pasó a ser pionera en juzgar a militares por delitos civiles, para Vera el logro hubiera sido que se les hubiera puesto la sentencia que conforme a derecho les correspondía.
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