Aunque la Ley 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, todavía no cuenta con un reglamento esto no puede frenar su aplicación.
A casi un año de su promulgación en Argentina, es bien sabido que el reglamento no lo es todo, ya que no se trata de una ley material sino de un acto administrativo de contenido general sublegal, subordinado a la norma que le da origen.
Ello significa que la ley es operativa por sí misma, sin necesidad de que esté reglamentada, detalle no menor a la hora de que los jueces apliquen los tipos y modalidades de violencia establecidos en el artículo 5 de la Ley, que incluyen entre otras la violencia económica y patrimonial, así como la violencia simbólica.
Es bueno recordar en ese sentido que el artículo 15 del Código Civil establece claramente que «los jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes», debiendo resolver mediante los principios de leyes análogas y aún por los principios generales del derecho si fuese necesario y pertinente.
Sin embargo, los valores de los que operan en lajusticia «no suelen ir junto con las transformaciones culturales y los cambios de mentalidades más amplias, abiertas y justas», como bien señala la española Maider Orta, integrante de la oficina en Argentina de Unifem.
Orta advierte que «un ejemplo de valor cultural tradicional en las dinámicas institucionales es laprominencia atribuida al valor de la armonía familiar, que supone la superioridad del poder masculino sobre el femenino».
Esta concepción abre la brecha de la tolerancia «para el ejercicio arbitrario del poder masculino sobre lo femenino, en detrimento de sus derechos: la noción de que la figura que debe representar a la familiay hablar en nombre de ella, es el hombre». Para la experta, «son estos y otros valores los que están por detrás de la resistencia de muchos jueces a medidas cautelares y a posiciones claras en defensa de los derechos humanos de la mujeres».
Esta resistencia se puede verificar perfectamente contando los poquísimos casos en que la Justicia, ya sea nacional o de las provincias, ha producido fallos o tomado resoluciones aplicando la nueva Ley, menos todavía si se trata de la tipificación de conductas ilegales en función de las nuevas modalidades de violencia. Dicho de otra forma: la Justicia en general permanece ajena a los profundos cambios que la 26485 propone en cuanto a qué y cómo considerar las violencias contra las mujeres, una «espectadora de lujo» en un escenario en el que debería ser primera figura.
EL DINERO, SIEMPRE EL DINERO.…
Según se dispone en el Capítulo II de la 26485, el Consejo Nacional de la Mujer (CNM) es el organismo encargado del diseño de las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de la ley, así como la elaboración, implementación y monitoreo de un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. No es poco.
Hay que tener en cuenta que entre las tareas incluidas en estas prescripciones están las de promover en las distintas jurisdicciones la creación de servicios de asistencia integral y gratuita para las mujeres que padecen violencia, garantizar modelos de abordaje tendientes a empoderarlas, que respeten la naturaleza social, política y cultural de la problemática, y generar los estándares mínimos de detección precoz y de abordaje de las situaciones de violencia.
También debe promover campañas de sensibilización y concientización sobre la violencia contra las mujeres informando sobre los derechos, recursos y servicios que el Estado garantiza, publicar materiales de difusión para apoyar las acciones de las distintas áreasy brindar capacitación permanente, formación y entrenamiento en la temática a los funcionarios públicos en el ámbito de la Justicia, las fuerzas policiales y de seguridad, y las Fuerzas Armadas
Todo esto cuesta mucho, muchísimo dinero. De acuerdo con el artículo 43 de la Ley, las partidas que resulten necesarias para su cumplimiento «serán previstas anualmente en la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional». Pero la recientemente aprobada Ley de Presupuesto del Ejercicio 2010, no evidencia previsión alguna para dar cumplimiento a la ejecución de la norma.
Informes de la Oficina Nacional de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación, el Presupuesto del Consejo Nacional de la Mujer para el año 2010 será de un millón de pesos más, cifra que apenas alcanzará para absorber los mayores costos de mantenimiento de la oficina y los aumentos salariales producidos durante el año que termina.
Aquí también el Gobierno ha respondido a la inquietud periodística con trascendidos: algunos voceros cercanos al mismo CNM aseguran que ya cuentan con un millón y medio de dólares para empezar a implementar la ley.
Otros, indican que se trata de dinero que administrará el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) para la ejecución del Observatorio de la Violencia Contra las Mujeres, un organismo que tendrá a su cargo analizar y difundir periódicamente los datos estadísticos y resultados de las investigaciones a fin de monitorear y adecuar las políticas públicas, entre otras múltiples e interesantes tareas. La página oficial del PNUD de Argentina nada dice de esta financiación, y hasta el momento sus responsables no respondieron a nuestras preguntas.
La coordinadora regional del Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de las Mujeres y fundadora de INSGENAR, Susana Chiarotti, sostiene que «para encarar una política de prevención de la violencia contra las mujeres en serio, que incluya campañas en los medios de comunicación e intervenciones en la cultura, para llevar adelante la sanción y la erradicación de este flagelo, se necesita más que un millón y medio de dólares».
«Los sucesivos cambios en la estructura del Poder Ejecutivo nos muestran la poca importancia y la poca jerarquía que se le ha otorgado y se le otorga al Consejo Nacional de la Mujer.
Esto es claro en la actualidad: hoy en día el organismo no tiene jerarquía institucional y hasta el momento no se dedicó a formular e impulsar políticas públicas para paliar las desigualdades que sufren las mujeres», dijo la diputada del GEN Virginia Linares este año, al fundamentar un pedido de informes sobre las funciones de la repartición.
EL RETO PRINCIPAL
Como puede verse, la multiplicidad de desafíos y la falta de respuestas de distintos sectores, preanuncian un futuro cercano no muy promisorio para la plena vigencia de la ley 26.485. Sin embargo, el principal reto -que transversaliza a todos los demás- es el reto «del cambio de paradigma de la protección a la víctima al empoderamiento ciudadano», según define Susana Chiarotti.
Este empoderamiento, que no sólo tiene que ver con una mayor presión y control sobre las estructuras del Estado, sino con un impulso enérgico y vital desde todas las organizaciones y áreas donde las mujeres tienen protagonismo, puede corregir rápidamente la falta de presupuesto, despertar a los jueces y agilizar la reglamentación de la ley. Y por sobre todo, apropiarse de la ley para que empiece a ser de las mujeres, y no de los burócratas y los políticos.
«Cualquier persona que vive una situación de violencia es ante todo sujeto de derecho y como tal debe ser protagonista del proceso de salida de esa situación.
El Estado debe garantizar las políticas para que esto suceda de la manera más eficaz, eficiente y rápida, pero nunca reemplazar o revictimizar a quién está sufriendo una situación de violencia», afirmó Estela Díaz, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
Nada más deseable que un efectivo empoderamiento para el 2010. Porque si bien para la ociosa burocracia argentina un año de demora en aplicar una ley puede no ser nada, las estadísticas vaticinan que para el 1 de abril de 2010 ya habrán muerto más de 200 mujeres víctimas de la violencia machista durante el último año. No son números, son vidas. Y una vida en peligro, una sola, no admite ni un minuto más de dilación.
* Periodista argentino, integrante de la Red de periodistas con visión de género
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