A cinco años de vivir en el Fraccionamiento Los Altares, al sur de la ciudad de Hermosillo, sus habitantes comenzaron a padecer los estragos de la radioactividad de sus viviendas, ello como resultado de la cercanía que tienen del confinamiento Cytrar, señalado como uno de los focos rojos en el país señalado desde 2008 como un riesgo ambiental y para la salud.
En Cytrar se encuentran todavía unas 300 mil toneladas de tóxicos, luego de que fueron retiradas dos mil 430 toneladas. Cuando vino la empresa canadiense Pro Eco a hacer la evaluación ni tocó la celda. Ellos estaban «espantados» porque en ese lugar encontraron mucha radioactividad.
Personal de la propia Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, acudió al domicilio de la familia Ríos Fimbres, a petición, del entonces coordinador de la Unidad estatal de protección civil, Wilebaldo Alatriste, para realizar algunas pruebas, cuyos resultados prometieron entregar en 30 días. Han pasado cuatro meses y no hay respuesta.
En la orden de visita del 9 de octubre de 2009, se especifica que pretenden comprobar el cumplimiento y observancia de la Ley en la materia, en el Reglamento general de seguridad radiológica, las Normas oficiales mexicanas y las demás disposiciones aplicables.
También ahí se fija como fecha para la diligencia el 12 del mismo mes y que los responsables son Alejandro Cortés Carmona y Mario Arturo Reyes Sánchez, personal que está comisionado y facultado para efectuar la diligencia y aplicar en su caso, medidas preventivas o de seguridad en los términos del artículo 34 de la Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear.
En cuanto al acta levantada durante el procedimiento, se especifica que se realiza ante la presunción de que presenta niveles de radiación ionizante que han ocasionado efectos a la salud de los miembros de la familia que ahí habitaba.
Por lo tanto, se presentaron para medir los niveles de radiación ionizante, tomar muestras de agua y suelo y colocar dosímetros ambientales y electretos para la determinación de gas Radón. Cabe señalar que los equipos detectores se encuentran todavía en el inmueble, sin que exista ningún tipo de protección o vigilancia especial, ni hayan obtenido los resultados de la medición.
Es por ello que Dulce María y Jesús Ríos León, han acudido a instancias norteamericanas, para solicitar la opinión de la Agencia reguladora del ambiente, EPA, y la Agencia reguladora de Radiación, ambas instancias binacionales.
La aportación de estas instituciones, sólo puede ser como asesoras pues manifiestan que sólo pueden acudir físicamente a realizar estudios in situ, ante una petición del gobierno mexicano, pues es un asunto muy delicado.
LOS DAÑOS
La colonia Los Altares, tiene ocho años de construida, pero fue a los cinco años, cuando empezaron los síntomas de deterioro en la salud, no sólo en la casa de los Ríos Fimbres, sino en las casas vecinas. A hija mayor de la familia tiene problemas en la pierna y planta del pié, tiene otro problema en el pecho, así como ganglios inflamados, y moretones sin razón aparente.
A su hijo menor también se le paraliza la pierna, sufre de dolores de cabeza agudos, dolores de columna que le impiden permanecer sentado, agotamiento, y calenturas. En cuanto a ella y su marido, tienen problemas en las articulaciones, se les adormece la mitad de la cara, todo lo cual no se pueden atender, por los excesivos gastos en tratamientos para su hija con cáncer.
Sus vecinos refieren dolores de cabeza, hemorragias nasales, y algunos experimentan adormecimiento de la mitad del cuerpo. Dos mujeres más, vecinas de su misma cuadra, han contraído cáncer de seno y de útero.
Ante la indiferencia de las autoridades mexicanas, y la desconfianza que éstas les merecen, han decidido acudir a la EPA y a la Reguladora de radiación de Estados Unidos, con sede en Phoenix, Arizona, para que les emitiera su opinión sobre las consecuencias de la exposición prolongada a la radiación.
En la respuesta por escrito, la EPA opinó que dependiendo en cada caso de la exposición escalada, puede producir: cambios en la química sanguínea, náuseas, fatiga, vómito, pérdida del cabello, diarrea, hemorragias, destrucción del tracto intestinal, daño en el sistema nervioso central, y probabilidad de muerte.
También explica que con el uso de materiales radioactivos, se puede contraer cáncer de piel. Entre los más conocidos estudios a largo plazo son los de los sobrevivientes japoneses de la explosión de la bomba atómica, otras poblaciones expuestas a la lluvia de ensayos nucleares (por ejemplo, los nativos de las Islas Marshall), y los mineros de uranio.
Luego de dejar de trabajar para cuidar a su hija enferma, Dulce María Fimbres, se dedica ahora a buscar las respuestas que le expliquen cómo es que empresas como la Desarrolladora Cenit, constructora del fraccionamiento Los Altares, puede utilizar material de mala calidad, y más aún contaminado y productor de enfermedades, sin que el Ayuntamiento lo haya verificado.
Ante la insolvencia económica que hoy les aqueja, demandan reubicación de su casa, indemnización, y atención médica para todos.
Cómo es que las autoridades pueden permanecer indiferentes ante un caso tan delicado, es otra de las cuestiones que no se explica. O bien, porqué el Infonavit no les hace válido el seguro inherente al crédito de vivienda, en caso de radioactividad, lo cual les ayudaría muchísimo con los gastos extraordinarios que se han visto obligados a hacer.
Sin respuestas, Dulce María Fimbres hace directamente responsables a todas las autoridades que han desestimado el problema y sus consecuencias, de los daños en la salud que sufra su familia, incluida una eventual pérdida de la vida de alguno de los miembros.
¿Cuántas veces más se repetirá en Hermosillo, otra historia de David contra Goliat?
10/SNE/LR
