Nuevamente un organismo internacional emitió fuertes criticas al Estado Mexicano por las graves violaciones a los Derechos Humanos (DH) de la población, esto durante el examen del quinto informe periódico del Estado Mexicano sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en México (PIDCP).
El examen que se realizó este 8 y 9 de marzo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estuvo a cargo del Comité de Derechos Humanos de la ONU, quien revisó el informe que se debe entregar cada cinco años, aunque en el caso de México abarcó un periodo de 10 años: de 1998 a 2010.
En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, diversas organizaciones de la sociedad civil analizaron los pormenores de la evaluación de Naciones Unidas.
Edgar Cortéz Moralez, secretario técnico de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los derechos para Todas y Todas», destacó que los 18 expertos del Comité hicieron preguntas al Estado mexicano que no fueron respondidas.
Las interrogantes se enfocaron en temas como feminicidio, aborto, violencia y discriminación contra las mujeres, militarización y fuero militar, libertad de expresión, pueblos indígenas, además de situación de defensoras y defensores de DH, entre otros.
Los representantes del Estado Mexicano guardaron silencio en temas como las legislaciones que no permiten la interrupción legal del embarazo y la falta de armonización de las leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esto durante el examen del quinto informe de México ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En el PIDCP se reconocen derechos básicos para la protección de la vida, libertad, integridad y seguridad de las personas, además del «derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en el goce de derechos», afirmó María Luisa Sánchez directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Afirmó que el Estado Mexicano guardó silencio cuando se le cuestionó sobre porqué informaba que la despenalización del aborto en el Distrito Federal era uno de sus avances, si fue la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) quienes interpusieron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el 2007.
DOBLE CARA DEL ESTADO MEXICANO
Esto refleja la actuación «tibia» del Estado Mexicano, no obstante de esta actitud contradictoria, los representantes del Estado «se comprometieron a que ninguna reforma o Código Penal afectaría los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres», apuntó la activista.
María Luisa Sánchez detalló que una más de las preocupaciones del Comité en materia de derechos de las mujeres es la Norma Oficial Mexicana sobre Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención (NOM 46), en la cual no se garantiza el acceso a anticoncepción de emergencia ni a la interrupción legal del embarazo a mujeres víctimas de violación sexual
Por otra parte, el Comité expresó su preocupación por el aumento del feminicido en el país. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) de enero de 2007 a diciembre de 2008, en 12 entidades del país, se registraron mil 221 homicidos contra mujeres.
En este tema, los expertos de la ONU hicieron especial énfasis en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre el caso Campo Algodonero y Rosendo Radilla, aunque el Estado se limitó a responder que «se están analizando los mecanismos de cumplimiento».
Respecto a la criminalización de la protesta social, los expertos manifestaron su preocupación por el caso de las indígenas Alberta Alcántara y Teresa González, quienes desde 2006 se encuentran privadas de su libertad y acusadas, junto con Jacinta Francisco Marcial, de haber secuestrado a seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
Actualmente están en el Reclusorio Femenil de San José del Alto Querétaro, después de que el 19 de febrero de 2010 fueron sentenciadas por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Querétaro a 21 años de prisión por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.
Cabe destacar que en la sesión participaron 10 organizaciones, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, el Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez», Articulo 19, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMPDH), Global Rights y Human Rights Watch, quienes estarán a la espera de las observaciones finales del Comité a finales de este mes.
La comitiva del Estado mexicano estuvo representada por 30 funcionarios de 15 dependencias, entre ellos Blanca Heredia, consejera política de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Víctor Hugo Guevara, director general de Derechos Humanos de la SEGOB y el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Alejandro Negrín.
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