La iniciativa del PAN que pretendía establecer en la Constitución de Michoacán el «derecho a la vida desde la concepción» fue desechada por el pleno del Congreso michoacano. Después de casi un año de haber sido presentada la iniciativa promovida desde El vaticano fue derrotada.
El uso estricto del razonamiento jurídico y el sentido común de las y los representantes populares del estado de Michoacán fueron el límite insuperable a la confusa «argumentación» de la ultraderecha, que en los últimos meses había tenido logros en las legislaturas de 17 estados para coartar los derechos universales de las ciudadanas de sexo femenino.
El diputado Morelos fue el encargado de presentar la iniciativa diseñada por la ultraderecha y el segundo de su partido que subió a la tribuna para defender la propuesta que ha convertido a cientos de mujeres que intentan interrumpir su embarazo en delincuentes. Sin embargo, lo único que logró demostrar fue que su compromiso con las instancias religiosas es tan mendaz que, parado sobre la tribuna, fue capaz de mentir acerca de los casos de mujeres presas como resultado de leyes similares.
En su afán por convertir a Michoacán en un estado más de los que han determinado violentar los derechos de ciudadanía de las mujeres -aunque no sin rubor alguno ya que el color rojo de su rostro denotaba la rabia contenida en el contrastante tono suave de su voz- el diputado expresó contradicciones tan flagrantes con el fin de lograr que las michoacanas queden sometidas a los criterios de su ideología personal, como sostener que su iniciativa «no estaba peleada con la despenalización del aborto».
Tratando de confundir a su auditorio, como si la discusión fuera sobre las intenciones no enunciadas de su soflama, el diputado plurinominal afirmó que en ninguna parte de su propuesta se decía que se violaran los derechos de las mujeres. Pero las fracciones parlamentarias del PRD, del PRI, y hasta los diputados únicos de Convergencia, del Verde y del Panal no se dejaron entrampar en las falaces peroratas de quienes han demostrado en éste y otros temas un plegamiento acrítico a los criterios de un estado confesional.
Uno de los argumentos utilizados por los diputados para avalar el «no ha lugar», frente a la amenaza de una discusión absurda que amplía la brecha social aún más de lo que el propio desgobierno panista ha dividido a nuestra dolorida sociedad, fue la defensa de los derechos de decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo, que son garantizadas por la Constitución Federal.
El dictamen, que finalmente fue aprobado por la coherente mayoría de los integrantes de la LXXI Legislatura, sostiene su conclusión en el carácter inconstitucional de la propuesta; ya que ésta niega tanto los derechos de ciudadanía de las mujeres, como el carácter laico del Estado mexicano.
En una interesante muestra de respeto a los derechos ciudadanos de las mujeres y en congruencia histórica con los avances culturales conquistados, el debate inició con la participación del diputado Manuel Antunez, de Convergencia, quien ofreció algunos datos acerca de la criminalización a las mujeres en los estados donde la ley antiaborto se ha aprobado.
Fueron notables las palabras serenas de la diputada Gabriela Molina, quien informó de las consultas a especialistas que fundaron el dictamen de referencia y las del diputado Jaime Rodríguez, quien preside la comisión de Puntos Constitucionales, por su nítida justificación jurídica.
Pero la participación más notable por la intensidad del compromiso democrático y la convicción expresada en la defensa de los derechos de las mujeres pobres fue la del diputado Iván Madero, quien decididamente afirmó que son las mujeres quienes deben decidir sobre su propio cuerpo.
Con esta clara defensa de la ciudadanía de las mujeres, que se llevó a cabo con el voto mayoritario de los diputados de todos los partidos (con excepción del PAN), se enciende una nueva luz en el proceso de recuperación y establecimiento de los derechos plenos de las mujeres en México.
Michoacán demuestra así, como en muchos otros momentos de su historia y de la historia del país de la que es parte sustantiva, que existen otras fases y mecanismos democráticos para abordar y resolver los problemas sociales.
Las representantes de organizaciones civiles que asistimos a este importante evento de la historia reciente del país estamos seguras de que con este acto se inicia un proceso del cual apenas estamos observando el comienzo.
El camino está abierto y la meta es la consecución de los derechos plenos de las mujeres, de los homosexuales, de los indígenas y de los empobrecidos pobladores de zonas urbanas y rurales, cuyo ejercicio ciudadano no es una especulación ociosa de la burguesía dominante que manifiesta cínicamente su incongruencia, sino una práctica cada vez más constante y materialmente existente que cada día cobra formas más nítidas en su presencia…
* Académica y ex titular del Instituto Michoacano de la Mujer
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