La mañana del 7 de abril del año 2000 Mayra Gutiérrez, catedrática universitaria guatemalteca, salió a trabajar y nunca más se supo de su paradero.
Esta desaparición forzada nos provocó un gran impacto entre quienes la conocíamos, sobre todo porque esto sucedió en tiempos de paz. Cuatro años antes se habían firmado los Acuerdos de Paz y creíamos que ese delito era cosa del pasado.
Evoco esos días y recuerdo las reuniones convocadas por su amiga de la vida, Sonia Toledo (QEPD), la angustia de su hermana, y el rostro de su joven hija, que la buscó incansablemente. Su familia comenzó entonces el proceso doloroso de visitar la morgue cada vez que un cadáver de mujer aparecía. Esta vivencia la habían padecido años antes, cuando dos hermanos de Mayra fueron secuestrados. Su padre no soportó el dolor, y el cáncer que lo atacaba lo venció antes de tiempo.
La investigación de la Policía por medio del Servicio de Investigación Criminal (SIC) expresó una serie de versiones absurdas como las siguientes: que era un secuestro planificado por un ex guerrillero; que un novio la había secuestrado; que ella voluntariamente había huido.
Esta última versión nos parecía descabellada a quienes la conocíamos, pues de sobra sabíamos de la estrecha relación de ella con su única hija y era imposible una decisión de ese tipo. Más que resultados de investigación, las fuerzas de seguridad se dedicaron a desprestigiar su honorabilidad.
En ese entonces, la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Guatemala (Minugua) consideró la desaparición de Mayra como algo anormal. En el informe de ese año señaló: «La verificación proporcionó suficientes elementos de convicción para sostener que personas vinculadas a la Inteligencia Militar habían hecho circular antecedentes equívocos sobre su desaparición con propósitos de tergiversar y desorientar la investigación y de descrédito de la víctima».
¿Que pitas movió Mayra para que la desaparecieran? ¿A quién afectaba su trabajo académico? Quizá nunca lo sabremos. Es uno de tantos crímenes que en Guatemala quedan en la impunidad. Su desaparición fue calificada por diversos grupos de defensa de los derechos humanos como un hecho forzado.
Organismos internacionales presionaron al Estado guatemalteco para que realizara las investigaciones correspondientes. Sin embargo, a 10 años de ocurrido el hecho nos damos cuenta de que hay fuerzas poderosas que no permiten que la verdad salga a la luz.
Las personas que nos beneficiamos de su amistad, su alegría, sus ideas y su solidaridad nos negamos a considerar su muerte y esperamos que vuelva.
10/OV/LR/LGL
