Los temas pendientes de la Comisión de Equidad y Género (CEG) en la Cámara de Diputados tienen que ver con el desarrollo de la participación política de las mujeres, la salud sexual y reproductiva, y el marco legal para erradicar la escalada de violencia contra las mujeres.
De acuerdo con la Ley, Comisiones legislativas son los órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyan a que la Cámara cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales.
La Comisión de Equidad y Género, presidida por la legisladora Martha Elena García Gómez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), tiene entre sus pendientes una iniciativa que desde 1979 defiende el grupo feminista encabezado por la maestra Marcela Lagarde y de los Ríos sobre la Ley de Maternidad Voluntaria.
En dicha iniciativa se advierte que mientras la maternidad sea compulsiva u obligatoria y no un acto de voluntad, las mujeres no serán libres de controlar su propia fecundidad y sexualidad.
Además de una iniciativa presentada por la presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la LX Legislatura, Maricela Contreras Julián, que busca ampliar las causales del aborto: económicas, cuando el embarazo haya sido producto de la trata de personas o lenocinio y cuando la mujer considere que el embarazo afecta su proyecto de vida.
Dicha propuesta, surgida con la idea de armonizar la legislación federal con la de las entidades federativas, mediante la inclusión de causales excluyentes de responsabilidad penal en caso de aborto, fue turnada a comisiones sin que haya prosperado.
No obstante, dicha propuesta y las que lleguen en esta materia verán más difícil su camino, ya que durante los últimos 19 meses el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) han aprobado, en 17 congresos locales, reformas a las leyes en contra de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), incluso en casos de violación sexual.
Además de que las comisiones con las que la presidenta de la Comisión de Equidad y Género deberá trabajar a favor de las mexicanas serán presididas en su mayoría por el PRI: Derechos Humanos, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Váldez; Desarrollo Social, encabezada por el diputado José Francisco Yunes Zorrilla; Justicia, por el diputado Víctor Humberto Benítez Treviño; Presupuesto y Cuenta Pública, por el diputado Luis Videgaray Caso; y Atención a Grupos Vulnerables, por la diputada Yolanda de la Torre.
De igual manera en materia de participación política el reto es grande, toda vez que con los resultados de las elecciones de 2009, ha salido a la luz que aún ésta muy lejos el cumplimiento de la Ley electoral sobre la inclusión de al menos 40 por ciento de mujeres en cargos de elección, como se estableció en la Reforma Electoral de 2008.
Así lo evidenciaron especialistas durante el coloquio: «La democracia en clave de género: límites y alcances de la cuota de género en el proceso electoral 2008-2009», quienes propusieron revisar la Ley de Cuotas de Género del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), respecto al 60-40 aprobada en la pasada Legislatura, para replantear estas cuotas y garantizar la paridad en los tres niveles de gobierno.
Y aunque la jornada electoral de 2009 significó un adelanto en la participación política de las mujeres en San Lázaro –pues la nueva Legislatura está integrada por 149 diputadas, es decir, 32 lugares más que las de la Legislatura pasada-, a unas 72 horas de iniciados los trabajos de la actual Legislatura, ocho diputadas renunciaron para ceder sus lugares a varones, mismas que fueron seguidas en los días subsecuentes por 7 diputadas más.
Respecto a la violencia contra las mujeres, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) e integrantes de la LX Legislatura han advertido que aunque ha habido algunos avances en esta materia, son más los obstáculos.
Durante esa Legislatura entró en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en 30 entidades más existe ya la respectiva ley local, pero sólo existen cinco reglamentos publicados, con lo cual en 25 entidades la norma no puede ser aún aplicada.
Otro pendiente, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), es que la militarización en el país, que fue una medida adoptada para combatir al narcotráfico, ha potenciado la reproducción de la violencia contra las mexicanas y la impunidad.
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