Una vez más la dirección nacional del partido popular ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad a una ley aprobada en el Parlamento que afecta directamente a las mujeres. Se trata de la Ley sobre la Salud Sexual y Reproductiva, y sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que entrará en vigor el próximo 5 de julio.
Y es que parece que aquellas mejoras legislativas para la vida de las mujeres, en cualquier ámbito o aspecto, al parecer les produce urticaria y para sanarla han de llevarla al Tribunal Constitucional.
Ya lo hicieron con la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres y el alto Tribunal no les dio la razón. Su obsesión androcéntrica y su absoluta sumisión a la jerarquía católica les puede jugar una mala pasada en las próximas elecciones, puesto que las mujeres nos movilizaremos para reivindicar los derechos ya conseguidos, y para decir que no estamos dispuestas a dar ni un paso atrás.
Al mismo tiempo, algunos gobiernos autónomos están yendo más allá y están utilizando sus competencias para evitar que las mujeres puedan interrumpir voluntariamente sus embarazos puesto que para hacerlo, en la sanidad pública, primero habrán de pasar unos controles que ejercerán ONG católicas que intentarán dar alternativas a las mujeres para que no aborten sometiéndolas a un claro chantaje emocional por parte de estas organizaciones de talante religioso, que además están pagadas por fondos públicos, como es el caso de Galicia.
Pero el caso de la Comunidad Valenciana es todavía peor, puesto que aparte de destinar fondos públicos para que las madres jóvenes y con riesgo de exclusión social no aborten, además de ello uno de los Vicepresidentes de la Generalitat Valenciana, concretamente el tercero Juan Cotino, se ha dirigido institucionalmente, desde su cargo al Tribunal Constitucional para pedirle que suspenda cautelarmente la aplicación de la ley mientras se discute su posible inconstitucionalidad.
Esto ya, al menos desde mi punto de vista es el colmo de la utilización de las instituciones, con fines claramente partidistas y que dejan muy tocada una democracia que pretende ser representativa de todas las opciones, ideas y sensibilidades. Y, en este caso, al igual que en otros, se demuestra en el Parlamento puesto que cuando los textos que pretenden convertirse en leyes llegan a las cámaras, van acompañados de los preceptivos informes jurídicos.
Llevar los textos que pretenden aumentar los derechos civiles de la ciudadanía (matrimonio entre personas homosexuales y la posibilidad de adopción por parte de las mismas, igualdad efectiva entre mujeres y hombres, estatut català, algunas medidas de protección integral para las víctimas de violencia de género o el propio concepto de esta mismo texto jurídico) son algunos ejemplos de lo que digo.
Parece que pretenden agarrarse a otros tiempos felizmente desaparecidos, en donde la clara supremacía de los hombres sobre las mujeres, les otorgaba a ellos la decisión absoluta sobre familias y haciendas de ellas. Incluso sobre su propia vida, en momentos en los que estaban en peligro la de la madre y la del bebé, que iba a nacer, preferían sacrificar a la madre, puesto que ya había realizado su misión de procrear.
Que pena de paradigmas en donde lo que interesa de forma partidista, prima sobre lo que interesa para la felicidad de las personas!!!
No me interesan nada estos planteamientos en donde no interesa el avance en los derechos de ciudadanía, de más de la mitad de la población, que somos las mujeres, pero además de muchos otros colectivos minoritarios pero que además se erigen en guardianes de una moral clasista, androcéntrica, en cierto modo misógina, que pretenden imponer sus ideas dentro de un marco democrático utilizando de forma partidista las propias instituciones de las que nos dotamos precisamente de forma democrática.
No los quiero en mi vida y les voy a combatir desde cualquiera de los ámbitos en los que tenga posibilidad de hacerlo.
* Periodista y feminista en Ontinyent, Valencia, España.
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