El Presidente Mauricio Funes desautorizó por segunda vez en una semana a la directora del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu), Julia Evely Martínez, por haber respaldado en julio pasado, sin su consentimiento, el Consenso de Brasilia, el cual obliga a revisar la legislación que penaliza el aborto.
El mandatario explicó que la declaración que ella suscribió «no compromete en nada al Gobierno», puesto que la funcionaria carecía de «plenos poderes» para asumir un compromiso que, además, contraviene la Constitución de la República.
«Aquí hubo un error de procedimiento por parte de la directora ejecutiva del Isdemu porque ella tendría que haber solicitado a la Cancillería para que ésta a su vez solicite a la Presidencia de la República, para que como funcionaria pudiera comprometer al Gobierno de la República en las declaraciones o convenciones que pudieron haber firmado en el contexto de esa reunión de la Cepal», aseveró el mandatario, tras inaugurar la Conferencia Centroamericana y del Caribe de Partidos Políticos.
Ya hace una semana, Funes corrigió una decisión tomada por el Isdemu para prohibir las cachiporristas en los desfiles escolares desde 2011.
Julia Evelyn Martínez, la titular del Isdemu, viajó el mes pasado como jefa de la misión oficial salvadoreña a la capital brasileña y allí respaldó sin reservas el Consenso de Brasilia, un acuerdo adoptado en la XI Conferencia Regional de la Mujer de
América Latina y el Caribe, en la que participaron 33 países y más de 700 delegados oficiales y de otras organizaciones.
En el punto 6 del documento, en el literal f), se lee el compromiso de «Revisar las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres que se hayan sometido a abortos, conforme a lo recomendado en la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer… la Declaración
y Plataforma de Acción de Beijing, así como en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, y en las observaciones del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas».
En la parte segunda del f), también asumen la responsabilidad de «garantizar la realización del aborto en condiciones seguras en los casos autorizados por la ley».
Pero hay otro punto que inquieta y es el establecido en el literal h) del mismo punto 6, donde habla de promover «la reducción de los embarazos en la adolescencia mediante la educación, información y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva»,
lo cual incluye «el acceso a todos los métodos anticonceptivos».
Para enmendar el error en el tema del aborto, el Presidente anunció que notificará a la Comisión Económica para América Latina (Cepal), entidad de Naciones Unidas
y organizadora del foro que dio a luz el Consenso de Brasilia, que El Salvador cambia posición y pone reserva sobre el punto como lo hicieron otros países.
Costa Rica, Chile y Perú dejaron sentada su reserva sobre el literal f) en el mismo instante en que se acordó el documento, argumentando que en sus países ya existe una
prohibición legal al respecto.
«Nosotros vamos a enviar una notificación a la Cepal estableciendo que la directora ejecutiva del Isdemu, que participó en representación del Gobierno de la República,
no tenía autorización de parte de Cancillería para firmar un resolución que establece un camino a seguir por parte de los Estados firmantes y, al contrario, se debió haber protegido como lo hizo Costa Rica y Chile», afirmó Funes.
Tanto el gobernante como el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, coincidieron en que la titular del Isdemu no les solicitó que le depositaran «plenos poderes» para asumir dicho compromiso, pues a la luz de la ley sólo ellos tienen
esa potestad de adherirse a instrumentos internacionales.
Al ser consultada sobre el respaldo que dio al documento, a través de su oficina de comunicaciones la funcionaria remitió a los periodistas a la Cancillería, porque, según ella, es esa secretaría la que dicta los lineamientos en ese tipo de casos».
Pero el canciller Martínez desvirtuó ese argumento. «Antes de nosotros emitir esos plenos poderes, hay toda una revisión de la dirección del tratado, de la dirección de asuntos jurídicos, incluso si el caso lo amerita lo revisa también la Secretaría de Asuntos
Jurídicos de Casa Presidencial. Todo ese proceso no se hizo porque no hubo solicitud de plenos poderes», explicó.
RESPETO A LA LEY
El Gobierno también dejó claro que su petición de reserva a la revisión de leyes contra el aborto, la basan en dos cosas: la primera, que la Constitución de la República establece claramente que el Estado salvadoreño reconoce la vida desde la concepción (Art.1) y que hay que acatarlo.
El otro argumento es que la revisión de leyes es una potestad de la Asamblea Legislativa; por lo tanto, el Ejecutivo «no puede iniciar el proceso de revisión de leyes», sino sólo promover una iniciativa «pendiente» a revisar y esa facultad sólo la ejecuta el
Presidente a través de sus ministros.
Y «yo no he dado ninguna orden, ni he dado ninguna instrucción para que se proceda a revisar la legislación en materia de aborto, de tal manera que no es cierto que Isdemu va a promover la revisión de la ley de abortos», enfatizó Funes.
El lunes, Julia Evelyn Martínez insistió que no fue a Brasil a apoyar la despenalización del aborto, aunque no descartó que el Consenso de Brasilia conduzca al Isdemu a revisar la ley que castiga el aborto, en el artículo 133 del Código Penal.
La decisión de respaldar sin reservas este documento despertó críticas y llamados de la Iglesia Católica al Gobierno para que sea más cuidadoso en asumir este tipo de compromisos que se vuelven violatorios de las leyes, esencialmente de la Carta Magna.
10/MC/EV/LGL
