El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba) reprobó el encubrimiento de funcionarios públicos, y el retraso de la justicia aquí por los casos de tortura y feminicidio. Ambos casos «investigados» en su momento por el Fiscal José Luis Gómez Santaella.
El primero se refiere al de Margarita Guadalupe Martínez Martínez, defensora de Derechos Humanos (DH) golpeada y torturada, y el segundo es el asesinato de Tatiana Trujillo Rodríguez, a manos de su esposo Élmar Darinel Díaz Solórzano, ex diputado federal priísta, ocurrido el 19 de abril de 2009.
Las investigaciones ministeriales por la agresión a la activista Margarita Martínez, han puesto en evidencia que servidores públicos bajo el mando del Fiscal Gómez Santaella, entonces titular de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, en Comitán de Domínguez, son presuntos responsables de los delitos de abuso de autoridad y falsedad en declaración.
Dicho Fiscal y otros servidores públicos a su cargo han retardado y negado información oficial, solicitada a través de la Fiscalía Especializada para la Protección de Organismos No Gubernamentales para la Defensa de los DH.
El Fiscal de Distrito Gómez Santaella, participó en forma activa, junto con servidores públicos a su cargo, en el retardo y negación de información oficial sobre la participación de sus subordinados en los hechos denunciados, sin garantizar una investigación seria, imparcial, pronta, expedita y transparente.
Aún más bajo el argumento de «alto funcionario» justificó no presentarse en forma personal a declarar como testigo en la investigación, y así esclarecer los hechos en donde se le atribuye la alteración de pruebas en video.
Desde el 23 de noviembre del 2009, se presentó la denuncia penal del caso ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, han transcurrido más de 10 meses de investigación, y aún no se ha desglosado la Averiguación Previa para su consignación y ejercicio de la acción penal en contra de los servidores públicos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra como probables responsables de los delitos de Abuso de Autoridad, Falsedad en Declaración y Alteración de pruebas.
Además de ello, no se da celeridad a las investigaciones pendientes por los hechos denunciados y constitutivos de los delitos: privación ilegal de la libertad, tortura y amenazas de muerte en contra de Margarita Martínez Martínez y su familia.
Martínez Martínez es beneficiaria de medidas cautelares recomendadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitadas ante la ineficacia de Gómez Santaella para realizar de manera imparcial las investigaciones y por encontrarse involucrado en este caso, de tal manera se realizaron medidas de disuasión, solicitando el cambio de adscripción del Fiscal en enero de 2010.
EL FEMINICIDIO DE TATIANA
En el caso de Tatiana Trujillo Rodríguez, asesinada el 19 de abril por su esposo el ex diputado Élmar Díaz, la Fiscalía de Distrito Selva en Ocosingo, actualmente a cargo del Fiscal José Luis Gómez Santaella, se declaró incompetente, en razón de especialidad de hechos, para investigar el feminicidio de Tatiana y no contar con las herramientas e instrumentos adecuados para investigar homicidio por razón de género.
Entre las obstrucciones a la justicia más relevantes se encuentran: omisión de preservar la escena del crimen, mover de forma agresiva el cuerpo de Tatiana (lo aseguran varios testimonios); no aplicar un protocolo de criminalística y forense para la investigación.
Así como no integrar las fotos del levantamiento del cadáver ni de la necropsia de ley; ausencia de diligencias de investigación que vean las agresiones a mujeres como parte de un fenómeno global de violencia de género; indiferencia; insensibilidad y negligencia de los elementos policíacos que, hasta entonces, habían llevado las indagaciones.
A ello se suma que, pese a ser un caso de feminicidio, la averiguación previa carece en su totalidad de perspectiva de género; en especial la falta de líneas de investigación que tengan en cuenta los antecedentes y contexto de violencia de género en que ocurrió el homicidio de Tatiana Trujillo.
Todo ello, vulnera el derecho de acceso a la justicia, una protección judicial eficaz y el derecho de los familiares y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido.
La ineficacia judicial frente a casos de violencia contra las mujeres, como lo son el de Margarita Martínez y Tatiana Trujillo, propicia de acuerdo a la abogada Priscila Guillén, del Frayba, un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje a la sociedad de que la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte de la vida diaria.
Al respecto la CIDH ha recomendado adoptar medidas inmediatas para garantizar una capacitación efectiva en materia de derechos de las mujeres, de todos los funcionarios públicos involucrados en el procesamiento de casos de violencia contra las mujeres (incluidos fiscales, policías, jueces, abogados de oficio, funcionarios administrativos y profesionales de medicina forense).
Lo anterior, con el fin de que dichos funcionarios apliquen las normas nacionales e internacionales para enjuiciar estos delitos en forma adecuada, y para que respeten la integridad y la dignidad de las víctimas y sus familiares, al denunciar estos hechos y durante su participación en el proceso judicial, añade el Frayba.
Con estos actos, el gobierno estatal incumple con su deber de garantizar los derechos a la vida, libertad personal e integridad personal de las víctimas. De ello se desprenden evidencias también de que el Estado mexicano no ha adoptado las medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres.
«La negligente actuación del Fiscal Gómez Santaella es un caso típico de muchos en nuestro estado que demanda de manera urgente contar con un adecuado marco jurídico de protección, aplicación efectiva, políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de manera eficiente ante las denuncias recibidas».
Pese a los reiterados señalamientos de su negligente actuar no es posible que la Procuraduría de Justicia insista en mantenerlo en puestos de la función pública» sostuvo el organismo de derechos humanos.
Estos dos casos paradigmáticos de violencia de género y feminicidio, abonan a considerar a Chiapas el paraíso de la impunidad para los agresores.
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