Agencias de Naciones Unidas y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), presentaron aquí el Programa Conjunto «Construcción y evaluación de un modelo integral para prevenir la violencia de género en poblaciones indígenas en México desde un enfoque intercultural», con el que pretenden incidir en la eliminación de esta problemática en Chiapas y Oaxaca.
Mediante talleres, protocolos de atención y la difusión de los derechos de las mujeres indígenas, en 17 municipios de dichas entidades, agencias, como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), colaborarán con los gobiernos de estas entidades para fortalecer el marco jurídico y crear políticas públicas.
El coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en México, Magdy Martínez-Solimán, recalcó que debido al «escenario injusto» en el que se encuentran las mujeres indígenas, caracterizado por trata de personas, pobreza extrema y analfabetismo, entre otros, el Programa Conjunto busca incidir en la eliminación de toda forma de violencia.
El Programa, cuyo presupuesto es de poco menos de un millón de dólares (cerca de 12 millones 400 mil pesos), está basado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y parte del reconocimiento del rezago y la vulnerabilidad en la que están las indígenas mexicanas.
Mediante un enfoque intercultural, de género y de derechos humanos, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), entre otras agencias, realizarán talleres con mujeres y hombres indígenas y educadores para construir buenas prácticas en contra de la violencia de género.
Lo anterior, fue expuesto por Verónica Zebadúa, coordinadora del Programa Conjunto, quien destacó que la problemática de violencia y discriminación acumulativa que sufren las indígenas en el país, debe ser atendida mediante políticas públicas que incidan en los ámbitos público y privado.
Por ello, el programa que coordinará durante los siguientes tres años, también impartirá talleres mediante UNICEF y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a funcionarios públicos, para que en trabajo conjunto elaboren protocolos de atención institucional a la violencia de género en Chiapas y Oaxaca.
Entre las estrategias también está la difusión de los derechos de las mujeres y del marco jurídico vigente, para el cambio de actitudes sobre la violencia entre mujeres, hombres y adolescentes, mediante talleres dirigidos a estos grupos, impartidos por UNFPA y PNUD.
El Programa Conjunto se aplicará en 17 municipios de esos estados del sureste mexicano, que cuenten con 70 por ciento o más de población indígena, con alto o muy alto nivel de marginación y que cuenten con vías de comunicación para acceder a ellas.
REZAGO Y VIOLENCIA DE MUJERES INDÍGENAS
Durante la presentación, María Elena Álvarez Bernal, secretaria ejecutiva del Inmujeres, indicó que la mayor pérdida de desarrollo humano que obedece a la desigualdad, se concentra en salud y educación en todas las entidades federativas, los niveles de analfabetismo alcanzan 40 por ciento en las mujeres indígenas y las tasas de mortalidad infantil 43 defunciones por cada mil nacidos vivos.
La encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006, describe la situación de violencia que sufren las mujeres hablantes de lenguas indígenas del país, que la tercera parte de las mujeres casadas o unidas han sufrido algún tipo de violencia de pareja, en las zonas zapotecas de Oaxaca y tzeltales y tzotziles de Chiapas.
El 11 por ciento de las indígenas casadas sufrió violencia física, 6 por ciento violencia sexual, 34 por ciento violencia laboral, 19 por ciento violencia escolar, 20 por ciento violencia comunitaria, 14 por ciento violencia familiar.
Lo más difícil es que las mujeres de ésas comunidades han naturalizado la violencia de género, mencionó la funcionaria, «lo ven como algo inevitable y normal», prueba de ello es que del total de las indígenas casadas o unidas, el 68 por ciento piensa que una «buena esposa» debe obedecer en todo a su marido.
Mientras que 83 por ciento están de acuerdo en que el hombre debe responsabilizarse de todos los gastos del hogar, 18 por ciento cree que es su obligación tener relaciones sexuales, aunque no lo deseen, y el 11 por ciento piensa que cuando las mujeres no cumplen con sus obligaciones, sus esposos tienen todo el derecho de pegarles.
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