Organizaciones de derechos humanos y de periodistas, coincidieron en que el Convenio para la Implementación del «Mecanismo de Protección a Periodistas» que ayer firmó la Secretaría de Gobernación (SG), y la Comisión Nacional de los Derechos (CNDH), aún es insuficiente.
En un comunicado de prensa, organizaciones como Artículo 19, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, el Centro de Periodismo y Ética Pública, Periodistas de a pie y Comunicación e Información de la Mujer, manifestaron su preocupación porque el Convenio no incluye la participación de periodistas ni defensores de derechos humanos.
Si bien, saludaron que por fin el gobierno haya hecho público el acuerdo, y que se plantee la creación de dicho mecanismo, cuestionaron que el marco normativo no sea adecuado, que las entidades no tengan competencia y capacidad de actuar, y además mostraron su desacuerdo con varios de los puntos que ahí se establecen, tanto de forma, como de fondo.
De acuerdo con las organizaciones, el Convenio no prevé la asignación de un presupuesto específico para el funcionamiento de un Comité de evaluación de riesgos, e incluye sólo como invitado a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Consideraron que esta participación debería ser como miembro permanente tanto en el Comité como en el Subcomité de Evaluación. «Su presencia es necesaria para dotar al mecanismo de una perspectiva transversal de derechos humanos y de género. Así mismo, las organizaciones de la sociedad civil deben ser también miembros permanentes en dichos comités.
En opinión de estos comunicadores, las organizaciones y los periodistas deben formar parte del grupo de análisis que debe opinar y participar en la redacción de los lineamientos de trabajo del Comité. Por ahora el acuerdo considera que dichos lineamientos serán elaborados solamente por las instancias gubernamentales firmantes.
El Convenio agrega que la protección recaerá de manera primordial en la voluntad de los gobiernos locales, lo cual, señalan las organizaciones, es una falta de claridad que podría afectar la efectividad del mecanismo.
Fue así que dijeron que hasta ahora, el espíritu de este convenio está alejado de los potenciales beneficiarios y de los expertos en la materia, quienes han trabajado sobre el tema en los últimos años.
Prueba de ello es que en la presentación de ayer no hubo participación del gremio periodístico.
El convenio tampoco toma en cuenta a las defensoras y defensores de derechos humanos, como se planteó durante las sesiones de trabajo que se realizaron en febrero y mayo pasados, y tampoco recogen las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos.
Durante dichas mesas de trabajo, se acordó que el mecanismo sería una herramienta integral de protección, prevención e investigación, pero subsidiario y complementario a la obligación del Estado de proteger la vida, seguridad, libertad e integridad de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.
Aunado a esto, el secretario de gobernación, Francisco Blake Mora ayer señaló que el «objetivo final es que los periodistas puedan realizar sus actividades en un clima de certidumbre, en el que imperen el orden y la legalidad». Pese a ello, el Centro de Periodismo y Ética Pública documentó agresiones contra 183 periodistas y 19 medios de comunicación en 2009.
En este contexto, las organizaciones se comprometieron a realizar las observaciones oportunas a este Convenio y hacerlas llegar a la SG, quien funge como Secretaría Técnica de dicho mecanismo.
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