La Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres convocó a diputadas federales a crear grupos de trabajo con expertas penalistas y representantes de organizaciones feministas, para que el delito de feminicidio se tipifique de manera clara y precisa.
En conferencia de prensa, Marcela Lagarde y de los Ríos, presidenta de la Red, y Angélica de la Peña Gómez, integrante de la organización, saludaron las iniciativas de ley para tipificar el feminicidio a nivel federal y en el DF, y que fueron presentadas esta semana tanto en la Cámara de Diputados como en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Lagarde y de los Ríos señaló que las iniciativas presentadas muestran que hay una necesidad de enfrentar el problema del feminicidio como parte de la agenda política y democrática.
Ahora tenemos que «llegar democráticamente a la tipificación de este delito. Lo que queremos es que se haga un procedimiento participativo y democrático, es decir, ahora que ya están las iniciativas en las comisiones que se convoque a un trabajo para llegar a la mejor propuesta».
Agregó que las propuestas presentadas coinciden en establecer que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, y en que crean un tipo autónomo de delito.
En la iniciativa presentada por la presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados, Teresa Inchaustegui Romero, se consideran siete hipótesis para la integración del tipo penal, mientras que la presentada por la diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Diva Hadamira Gastélum Bajo, incluye varias agravantes por razones de género.
Ambas propuestas son similares, acotó Lagarde, aunque reconoció que hay muchas otras cosas en las que no corresponden. Por ello desde la Red de Investigadoras —expuso— «llamamos a que se cree en la Cámara de Diputados un grupo de trabajo de especialistas integrado por defensoras de Derechos Humanos, integrantes de redes, de la academia, es decir, expertas en el tema y las diputadas».
La ex legisladora Angélica de la Peña señaló que las discusiones que las comisiones emprendan en estos organismos legislativos y los dictámenes que elaboren, influirán en el proceso legislativo que se debe emprender en el resto del país.
Las expertas, creadoras e impulsoras de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, denunciaron que a cuatro años de promulgada esa legislación las diversas autoridades e instituciones encargadas de su aplicación siguen sin hacerlo y no han diseñado los mecanismos establecidos en los artículos transitorios de la Ley.
Tales como la creación del Banco Nacional de Datos, ni el Diagnostico Nacional sobre tipos y modalidades de violencia, por mencionar algunos.
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