Desde mediados del 2010, grupos anti-derechos comenzaron una campaña de desinformación sobre medidas impulsadas en los hospitales y centros de Salud de Guatemala, respecto a la provisión de la anticoncepción de emergencia para casos de violación Sexual.
Surgieron publicaciones y artículos de opinión en los que se aseveraba que estos anticonceptivos son abortivos. No satisfechos con la publicación de sus opiniones, el 22 de noviembre del 2010, presentaron un recurso ante la Corte de Constitucionalidad en la que solicitaban al procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, su intervención.
Sin hacer mucho ruido, previo a las vacaciones de Semana Santa, el procurador hizo llegar su resolución al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como a otras instituciones no gubernamentales que trabajan en los temas de salud reproductiva.
En el origen del expediente, el procurador indica que «no se han implementado controles eficaces sobre la venta y distribución de medicamentos de anticoncepción y de otros, que mal utilizados pueden tener efectos abortivos, lo que ha provocado que personas inescrupulosas los comercialicen de manera ilegal, exponiendo de esta forma a mujeres embarazadas que son sometidas a abortos inducidos…».
En los resultados de la investigación en el inciso «f» se indica que «el aborto ha sido condenado por las distintas entidades religiosas y políticas», lo cual no debería ser argumento, ya que el análisis de un procurador de este tipo debe basarse en los Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos que Guatemala ha ratificado y no en concepciones religiosas.
Finalmente el Procurador resuelve la violación del Derecho Humano a la salud por no tener «controles adecuados sobre la distribución y venta de medicamentos anticonceptivos que mal utilizados pueden provocar efectos abortivos…».
Recomienda ese control e «iniciar las acciones de tipo legal en contra de las personas que distribuyan de manera ilegal cualquier tipo de fármaco o presten servicios médicos no autorizados».
Quizá lo más patético de la resolución es el inciso «e» en el que se orienta a «implementar en todos los centros de salud a nivel nacional, programas dirigidos a apoyar psicológicamente a mujeres con embarazos no deseados, a fin de evitar que el número de abortos en el país aumente, brindando en tales casos, charlas educativas sobre los efectos negativos del aborto y el riesgo a que se expone toda mujer que se somete a dicho procedimiento».
Cabe mencionar que el procurador no buscó la opinión científica del Colegio de Médicos ni de la Universidad de San Carlos en su investigación. En el texto brillan por su ausencia los derechos de las humanas. Con procuradores así, las guatemaltecas llevamos las de perder en la vigencia de nuestros derechos.
*Periodista guatemalteca, del diario de Centroamérica.
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