Amnistía Internacional (AI) consideró como «un gran retroceso» que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no haya logrado revertir la reforma constitucional que «protege la vida desde la concepción» en el estado de Baja California (BC).
AI consideró como «muy decepcionante» que no se alcanzaran los votos necesarios en la Corte para invalidar esa reforma, y lamentó que las y los ministros hayan «dejado pasar la oportunidad para poner la Constitución del estado de Baja California en línea con los avances de la jurisprudencia internacional en materia de protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las niñas en México».
«La reforma es un gran paso atrás para los derechos de las mujeres y niñas en México,» dijo Javier Zúñiga, asesor especial de AI.
«Al penalizar el aborto, la reforma podría llevar a consecuencias desastrosas. Es sabido que algunas mujeres y niñas, antes de ser obligadas a seguir con un embarazo que pueda ser peligroso para su integridad física o mental, intentan suicidarse. Otras optan por abortos practicados en situaciones de riesgo, que incluso llegan a significar la pérdida de su vida», abundó.
La acción de inconstitucionalidad fue desestimada por la SCJN en el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, al no alcanzar los ocho votos necesarios para revertir la reforma en BC.
«Los gobiernos deben cumplir con sus obligaciones internacionales y tomar medidas que garanticen el acceso de mujeres y niñas a sus derechos. Esto incluye el revocar leyes que penalizan el aborto y castigan a mujeres que han tenido un aborto o intentado tenerlo», subrayó Zúñiga.
Ayer, previo a la votación de siete contra cuatro en el pleno de ministros, AI emitió un comunicado para exhortar a las y los gobiernos de America Latina y el Caribe a que despenalicen el aborto en el continente, ya que restringir el acceso a los derechos sexuales y reproductivos pone en grave peligro los Derechos Humanos (DH) de mujeres y niñas, afirmó.
La organización internacional expresó que es «vergonzoso» que en una región donde la gran mayoría de países son Estados parte de la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará), cuando una mujer o niña queda embarazada a consecuencia de una violación el Estado la obligue a continuar con el embarazo.
«Forzar a una mujer o niña que fue victima de violación sexual a continuar con un embarazo, es cruel, inhumano y degradante. Los gobiernos del continente deben promover con urgencia planes concretos que aseguren el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas», agregó.
AI detalló que en algunos países de la región se han reconocido las graves violaciones de DH que resultan cuando el acceso al aborto seguro y legal se prohíbe o se restringe.
A pesar de ello, acotó, en la región aún existen leyes que castigan a las mujeres y niñas que deciden interrumpir un embarazo y aunque en la mayoría de los países está permitido en ciertas circunstancias, con frecuencia esta legislación no se cumple en la práctica lo que conlleva graves consecuencias para mujeres y niñas, principalmente de las que viven en la pobreza.
AI abundó que cientos de abortos ilegales e inseguros ocurren cada día, y mujeres y niñas sufren serias consecuencias en su salud, que incluso llegan a significar la pérdida de su vida.
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