octubre 2011
El mercado literario comete más atropellos contra las poetas que la falocracia imperante, sentenció la escritora Ana Franco Ortuño al señalar que el neoliberalismo voraz aprisiona la difusión de las obras literarias de las mujeres que incursionan en la creación poética.
Al participar en el encuentro de Escritoras Mexicanas dentro del foro "Mujer y cambio estratégico en el México del siglo XXI", organizado por la UNAM, Franco parafraseó a Marcela Lagarde y su libro "Los cautiverios de las mujeres":
"Actualmente no hay que partir desde el género, sino desde ser poeta, es decir, hacer poesía y libros de poesía en la voracidad del neoliberalismo y sus mercados: esto es probablemente una prisión mucho mayor que ser mujer poeta".
La poeta abundó: "Tenemos que luchar contra distribuidores y libreros que niegan tajantemente sus espacios en un mundo tan necesitado de poesía. Si el libro ha sido escrito por una mujer, la situación no cambia demasiado".
Ana Franco Ortuño es autora de los libros de poemas "De la lejanía" (2005), y "Parques o el imán de la tierra" (2009), y coordina el Periódico de Poesía de la UNAM.
La poeta destacó que a pesar de los obstáculos en el mercado editorial, la escritura de poesía femenina en México goza el día de hoy no sólo de salud sino de su reconocimiento dentro de la nación. "Se ha tenido que conquistar el territorio, pero se ha avanzado mucho", resaltó.
INCIDIR EN POLÍTICAS CULTURALES
Franco advirtió la necesidad de que las mujeres poetas incursionen en el terreno de la crítica literaria: "Es necesario generar posiciones políticas en terrenos estético-literarios. A nivel escritura tenemos ya un cuarto propio, pero no a nivel de crítica y es fundamental dar a conocer nuestro análisis de los sucesos y la producción literaria. Revisar las políticas culturales del país y sus distribuciones".
En el foro realizado en la Casa Universitaria del Libro, las ponentes coincidieron en la importancia del reconocimiento de la escritura femenina no sólo como reivindicación de género, sino como medio necesario para la construcción de una tradición literaria completa.
Entre las participantes estuvieron la presidenta de la Sociedad General de Escritores de México, Lorena Salazar; la escritora y ganadora del Premio Nacional de Novela José Rubén Romero, Queta Navagómez; la investigadora del Colegio Mexiquense Milada Bazant, y la escritora Marissa Garrido.
11/AA/RMB
Una joven que fue detenida por abortar en esta ciudad fue sentenciada a un año de prisión, pero logró la libertad condicional por lo que tendrá que acudir a firmar ante el juzgado de manera periódica.
El pasado 24 de octubre, Pamela, de 22 años de edad, fue detenida y sometida a proceso penal tras llegar a un hospital para ser atendida por un aborto en proceso.
La Fiscalía General del Estado (FGE) reportó que médicos del Hospital General de la entidad denunciaron a la joven, quien decidió interrumpir un embarazo de cuatro meses.
Al día siguiente, el 25 de octubre, Pamela fue puesta a disposición de la FGE, instancia que la llevó ante un juez de Garantía, y la defensa solicitó el procedimiento abreviado, es decir, ella aceptó su culpabilidad para que la sentencia se agilizara y fuera tres tercios menor, tal y como lo permite el Código Penal estatal.
René Medrano Carrasco, coordinador de Comunicación Social del Supremo Tribunal de Justicia del estado, precisó que la condena condicional en el caso de Pamela es acudir a firmar ante el juzgado de manera periódica.
Se aplicó esa condena porque la sentencia es menor y la joven no tiene antecedentes penales. Ella fue la única a quien le fincaron cargos, ya que el novio no sabía de su decisión, de acuerdo con el expediente 2518/11.
Según el artículo 145 del Código Penal del estado, la joven pudo haber sido sentenciada hasta con cinco años de prisión.
La legislación local sólo permite el aborto en caso de violación, cuando el producto presente malformaciones o cuando la vida de la mujer embarazada esté en riesgo.
LA HISTORIA
El pasado 24 de octubre, Pamela estaba en la casa de su novio y se disponían a ver películas cuando ella presentó un dolor intenso en el vientre.
Esa noche fue ingresada al Hospital General Salvador Zubirán para ser atendida. Cuando el médico la revisó se dio cuenta de que estaba embarazada y que el producto estaba saliendo del vientre.
Al revisarla, el médico se percató de que del óvulo salía una pastilla diluida. La joven explicó que se había suministrado cuatro pastillas Cytotec, un método encontrado por internet para interrumpir el embarazo.
La joven detalló que falsificó una receta médica y le pidió a otra persona que comprara las pastillas en la farmacia, cuyo costo es de mil 500 pesos.
Pamela tenía 16 semanas de gestación y el médico la denunció ante el Ministerio Público, informó Eduardo Esparza, vocero de la Fiscalía Zona Centro del estado de Chihuahua.
11/PM/RMB
A los partidos políticos no les interesa promover ni fortalecer los liderazgos de las mujeres ya que, contrario a lo que establece la ley, nuevamente ejercieron el dos por ciento de sus recursos públicos en servicios generales, administrativos y mantenimiento de oficinas.
De acuerdo con un reporte preliminar elaborado por Natividad Cárdenas Morales, presidenta del Consejo Ciudadano Mujeres al Poder, al igual que en 2008, en 2009 los partidos ejercieron 54 millones 635 mil 591 pesos –destinados a la formación política de las mujeres–, en actividades que no contribuyen al impulso de los liderazgos femeninos.
Desde 2008 el artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) establece que los partidos deben destinar el dos por ciento de su gasto anual ordinario en acciones y actividades que promuevan el avance real de las mujeres en la vida política nacional.
En 2008 estos recursos ascendieron a 49 millones 513 mil pesos; en 2009 aumentaron a 54 millones 635 mil; en 2010 el monto ascendió a 58 millones 201 mil pesos, y para este año se asignaron 62 millones 387 mil pesos.
Hasta ahora el Instituto Federal Electoral (IFE) sólo ha fiscalizado los dos primeros años, y de ello se desprende que los recursos se gastan en todo menos para las militantes: viáticos, gratificaciones, primas vacacionales, transporte, gasolina, casetas y propaganda, entre otros rubros.
AUTOS Y REGALOS
En opinión de Cárdenas Morales, durante 2009 los partidos políticos siguieron gastando el dos por ciento en servicios generales, y advirtió que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) "innovó" en el tema al considerar que la compra de un automóvil beneficiaría el desarrollo de liderazgos femeninos.
El Partido Acción Nacional (PAN) recibió ese año 15 millones 187 mil pesos; el Revolucionario Institucional (PRI), 10 millones 624 mil pesos; el de la Revolución Democrática (PRD), 9 millones 129 mil pesos; el del Trabajo (PT), 4 millones 330 mil; Nueva Alianza (Panal), 3 millones 837 mil, y el PVEM, 4 millones 572 mil pesos.
A decir de la dirigente de Mujeres al Poder, ninguno de estos partidos toma en serio la participación política de las mujeres, y puso como ejemplo que tan sólo el PAN ejerció un millón 624 mil pesos en material promocional, un millón 296 mil pesos en sueldos y salarios, y un millón 786 pesos en materiales impresos.
Aunque el PAN tenía 15 millones 187 mil pesos, tuvo un sobreejercicio por 19 millones 439 mil pesos y además aprovechó los recursos para pagar obsequios, licencias de software, mantenimiento de equipo de cómputo, teléfonos, transporte y gasolina y lubricantes.
El PRI también sobreejerció los recursos que tenía (10 millones 624 mil pesos), pues la cifra ascendió a 13 millones 477 mil pesos. De este monto, 637 mil 350 pesos fueron para la Fundación Colosio y 3 millones 129 mil pesos para el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político.
El resto de los recursos el tricolor los gastó en servicios generales, gratificaciones y cuotas del IMSS o del Infonavit.
El reporte de Natividad Cárdenas además destaca que con el dos por ciento que se debe destinar a promover la participación política de las mujeres, el PRI pagó un laudo en su contra por 520 mil pesos a nombre de Martha Ana María García Ortega.
El informe preliminar no detalla el motivo de ese laudo, ni quién es García Ortega.
PRD NO PREDICA CON EL EJEMPLO
Los datos indican que lo que ocurrió en 2008 con el manejo de estos recursos se repitió en 2009. Por ejemplo, hace cuatro años el PRD tenía asignados 8.4 millones de pesos (mdp), mismos que "no ejerció" por lo que fue multado por el IFE con un millón 696 mil pesos.
Para 2009, el PRD tenía 9.1 mdp, de los cuales sólo gastó un millón 397 mil pesos y el resto, 7.6 mdp, lo aplicó en gasto de nómina, reconocimiento por actividades políticas, viáticos, papelería y gasolina.
Cabe destacar que el sol azteca –instituto que ha sido impulsor de las cuotas de género en las candidaturas y que incluso ahora promueve la paridad– fue el único partido sancionado por el IFE, el cual no reconoció estos gastos como parte del dos por ciento para formación política de las mujeres.
En ese momento el PRD se inconformó por la decisión, por lo que en diciembre de 2010 el asunto llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual refrendo la decisión del IFE y determinó que el gasto no se ejerció en actividades que abonaran al desarrollo político de las militantes.
Si bien esta decisión sentó precedentes, otros partidos no han sido sancionados por ciertas prácticas, como las implementadas por el PVEM, que gastó 2 mil 976 pesos en estacionamiento, mil 848 pesos en renta de automóviles, y 25 mil 637 pesos en casetas, o bien, la compra de un vehiculo Jetta de 142 mil pesos.
Cárdenas Morales refirió que cuando el IFE se dio cuenta de la compra de este vehiculo a beneficio de Alejandra Fernández Muñoz, preguntó al partido que cuál era el objetivo de este gasto, a lo cual respondió que serviría para transportar material a los eventos organizados para las mujeres.
El IFE aceptó la respuesta y no hizo nada, pese a que el PVEM también ejerció el dos por ciento en hospedaje (81 mil 744 pesos), utensilios de cocina (mil 500 pesos), artículos de limpieza (45 mil pesos), y gastos de imprenta (14 mil 998 pesos), entre otros rubros.
"SITUACIÓN LAMENTABLE"
La también especialista en participación política de las mujeres afirmó que el uso del dos por ciento es lamentable, por ello destacó que el Consejo Ciudadano y la Red Mujeres en Plural avanzaron al elaborar un proyecto de reglamento que fue bien recibido por el IFE, y aprobado y publicado en julio pasado.
Explicó que con este reglamento se busca hacer la diferencia y que los partidos ejerzan sus recursos en actividades que aporten al desarrollo de liderazgos femeninos, y dejen de invertir en folletos que no sirven de mucho, como lo hizo el PT, que en 26 ocasiones imprimió folletos con un costo que va de 24 mil 150 pesos hasta 64 mil 400 pesos.
O bien, que los partidos no incurran en lo que hizo el Panal, que gastó 146 mil 211 pesos en mil 250 gorras, mil plumas, mil tarjetas de presentación y dos mil pulseras, entre otros materiales promocionales.
Natividad Cárdenas llamó a que se deje de improvisar en eventos que no tienen objetivos claros ni temáticas acordes con los derechos políticos de las mujeres.
Cabe recordar que el nuevo reglamento de Fiscalización del IFE establece la obligación de los partidos de elaborar un plan anual de trabajo para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político femenino con actividades en el país y que beneficien al mayor número de mujeres posibles.
También presenta una serie de temas que se pueden impartir en los cursos, talleres, seminarios, conferencias, diplomados o coloquios, y señala que se puede utilizar hasta el 10 por ciento de los fondos en viáticos y pasajes, siempre y cuando estén vinculados con el apoyo a las mujeres políticas.
11/AGM/RMB
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El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm) criticó la inoperancia del Protocolo Alba, un mecanismo de búsqueda rápida de niñas y mujeres desaparecidas, que de 2005 a 2010 sólo se activó en 31 ocasiones en ese estado.
En opinión de la feminista e integrante de Cedehm, Alma Gómez, este mecanismo tiene elementos discriminatorios que reproducen la cultura patriarcal y misógina de los operadores de justicia, por lo que afirmó que es urgente que sea reformado.
De acuerdo con datos de la organización, obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información, de 2005 a agosto de 2010 el Protocolo Alba se activó únicamente en 31 ocasiones, es decir cinco veces por año, cuando tan sólo en 2010 se registraron 110 casos de mujeres desaparecidas.
VIGILANCIA
Ante la desaparición de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, y el incremento de casos de feminicidio, organismos internacionales de Naciones Unidas y del sistema interamericano de Derechos Humanos recomendaron a México adoptar mecanismos de prevención y protección.
Es así que el 22 de julio de 2003 se puso en marcha el Operativo Alba en el estado fronterizo con el objetivo de vigilar minuciosamente las zonas clasificadas como «de alto riesgo» para mujeres, y aquellos lugares donde se encontraron víctimas de homicidio.
Dos años después, el 12 de mayo de 2005, se creó el Protocolo Alba, una serie de procedimientos para la reacción y coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales en caso de desaparición de mujeres y niñas en el municipio de Ciudad Juárez.
De acuerdo con la activista, este protocolo coordina a la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría estatal; a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal y municipal; y a la Dirección General de Tránsito Municipal.
También participan la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) y la
Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
LA RUTA DE ACCIÓN
Cuando una mujer desaparece se puede poner un «reporte de extravío» ante cualquiera de las autoridades integrantes del protocolo, y éstas a su vez deben atender a la familia afectada o a quien denuncia y de inmediato avisar a las demás autoridades.
Esto significa que en las primeras 48 horas del hecho, cada institución buscará a la niña o mujer desaparecida en el servicio médico forense, las cárceles, los refugios, albergues, en las oficinas de migración, el consulado, y en cualquier lugar donde tengan acceso.
Con esta ruta de acción –que también prevé la búsqueda en hoteles, centros comerciales y rastreos aéreos y terrestres–, se pretende localizar a la persona lo más pronto posible, sin embargo en promedio el protocolo se activa cinco veces al año, aunque en 2010 se reportaron 110 mujeres desaparecidas.
En opinión de Alma Gómez, este protocolo es discriminatorio porque sólo se activa en casos de alto riesgo, es decir, cuando la víctima tenía una rutina estable, si se extravió en el centro de la ciudad y si no tuvo motivo para abandonar el hogar.
Al final, advierte la defensora de Derechos Humanos, depende del criterio de quien toma la denuncia considerar que la desaparición es o no de alto riesgo, y es inoperante toda vez que de 2005 a 2010 sólo fueron localizadas 23 personas, y las autoridades no han aclarado si fueron encontradas con vida o no.
MECANISMO BUROCRÁTICO
De acuerdo con datos de la Conavim, de 2008 a 2011 el protocolo se activó en 24 ocasiones: tres en 2008, cinco en 2009, siete en 2010, y nueve en lo que va de 2011. En total se han localizado a nueve personas con vida y una muerta en estos cuatro años.
Información presentada por la Conavim revela que cuando una niña o mujer desparece, en un lapso de una hora esta institución investiga en 75 albergues y hospitales; además envía el reporte del caso a 40 organizaciones de la sociedad civil que pueden colaborar en su difusión.
Sin embargo, Alma Gómez asegura que no se toma en cuenta a las organizaciones y que en realidad estas actividades de búsqueda no se realizan, no participan los medios de comunicación y las autoridades no están coordinadas, lo que resulta en un mecanismo burocrático nada rápido para localizar a personas desaparecidas.
Ante este panorama, la activista demanda que se cumpla con la sentencia de Campo Algodonero –que se refiere a tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, en 2001–, que mandata a estandarizar los protocolos de actuación con normas internacionales en la materia.
11/AGM/RMB
El fiscal especial Anticorrupción de España, Carlos Castresana, advierte que desde 2003, cuando la ONU emitió diversas recomendaciones para investigar los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, la situación no ha cambiado y el problema persiste.
En entrevista, el abogado penalista sostiene que la tipificación del feminicidio y la creación de fiscalías especiales son insuficientes para abatir el flagelo: «Los resultados no terminan de llegar o no llegan con la celeridad y con la contundencia que se necesita. Algo está faltando».
Castresana, quien en 2003 fue parte de la comisión nombrada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para diagnosticar por qué las investigaciones sobre feminicidio en Juárez no tenían resultados, lamenta que la impunidad prevalezca.
De visita en México para participar en un seminario sobre justicia y género, el experto asegura que en el combate al feminicidio faltan herramientas legales y operativas en el ámbito transnacional.
Hace ocho años el gobierno federal solicitó a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que enviara un equipo de expertos para diagnosticar por qué fracasaban las indagaciones sobre los asesinatos de mujeres.
En ese entonces, Edgardo Buscaglia, Stanley Pimentel y Carlos Castresana, entrevistaron a policías, fiscales, jueces y secretarios de Estado. Analizaron averiguaciones previas, sentencias y juicios sobre casos de crímenes por razones de género.
Tras la investigación los expertos realizaron un informe que –a decir del especialista en Derechos Humanos– reveló que los funcionarios no estaban investigando, no sabían cómo hacerlo o solapaban los crímenes. «Reflejaba que lo estaban haciendo muy mal», critica.
Estos hallazgos no sorprendieron porque era algo que ellos ya sabían antes de llegar a México, porque «si no hay condenas a las personas responsables y no se consigue reducir el fenómeno de la violencia quiere decir que algo se está haciendo mal», apunta el fiscal español.
Luego de comprobar la falta de especialización, los expertos de la ONU hicieron recomendaciones en las áreas de investigación policial, técnica forense, y procuración y administración de justicia.
Más tarde, en 2009, Castresana participó como perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para analizar el feminicidio de Laura Berenice, Claudia Ivette y Esmeralda, tres jóvenes asesinadas en 2001 en Ciudad Juárez.
El fiscal anticorrupción recuerda: «En 2003 la primera mirada fue más amplia porque vi todos los casos; en 2009 solo vi el Campo Algodonero y, desgraciadamente, no hubo ningún progreso (en materia de justicia)».
Explica que en este caso los victimarios eran parte de las autoridades o estaban protegidos por las autoridades, y señaló que sólo así se entiende que los cuerpos fueran arrojados en un predio rodeado por avenidas principales, centros comerciales y maquilas.
En noviembre de 2009 estos casos de feminicidio le valieron al Estado mexicano una sentencia de la CoIDH, por su responsabilidad en la deficiente actuación de las autoridades judiciales.
«Parece que no hay grandes progresos. Algunas cosas sí se han mejorado, pero el problema es la falta de resultados», abunda Castresana.
De acuerdo con una investigación del Colegio de la Frontera Norte, de 1993 a 2007 el promedio anual de mujeres asesinadas en la ciudad fronteriza era de 33, pero de 2008 a 2010 se incrementó a 212 asesinatos por año.
El fiscal advierte: «Las organizaciones de mujeres tienen que ser capaces de crear, primero, la conciencia social y, luego, generar la voluntad política que ahora está ausente».
«Aprobar las leyes es muy fácil, es más o menos fácil, lo que es muy difícil es implementarlas porque la implementación cuesta mucho dinero», abunda.
El también impulsor de juicios contra militares argentinos y contra el dictador chileno Augusto Pinochet, agrega que los gobiernos siempre tienen prioridades, pero nunca tienen que ver con los derechos de las mujeres.
«Son otras (prioridades) las que en gran política importan más. El deber de los grupos de Derechos Humanos es ponerlos en la agenda y, de alguna manera, obligar a que los DH importen».
Castresana cuenta que en 2003 la impunidad era una mezcla de factores: «No sólo una causa, pero todas ellas puestas juntas eran las que causan decenas o centenas de muertes de mujeres, y no había sentencias condenatorias, y las dos o tres sentencias que había eran claramente con pruebas prefabricadas».
Para el experto, el feminicidio se debe comparar con el narcotráfico y sostiene que la falta de resultados que se vive en México también ocurre en otros países.
«El problema no es sólo de México, es epidémico, es en toda la región, en toda América Latina, y desde luego en ese corredor que va desde Colombia hasta Estados Unidos».
Concluye: «El problema es transnacional y en ese sentido hay que leer la sentencia (de la CoIDH). La sentencia impone obligaciones concretas a México porque en este caso el debate era de una situación que se había producido en México, pero las políticas criminales que hay que implementar son para toda la región».
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