La Misión Internacional por el Acceso a la Justicia de las Mujeres, hizo un llamado al Ministerio de Gobernación de Guatemala para que en sus planes de seguridad ciudadana, incorpore el combate al femicidio y la violencia contra las mujeres como estrategia prioritaria.
Durante su visita a Guatemala realizada ayer, la Misión internacional, conformada por investigadoras, activistas y abogadas, reconoció que la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra las Mujeres-vigente en Guatemala- es una de las mejores en la región, pero su relevancia se ve empañada por el escaso presupuesto que se le asigna, por lo que se pronunciaron porque el Congreso aumente los fondos para el fortalecimiento y ampliación de los Juzgados y Tribunales Especializados.
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en México, e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, enfatizó que si el Congreso destina más recursos a estas instancias de impartición de justicia, es posible reducir los niveles de impunidad ante las alarmantes cifras de violencia contra las mujeres cuya tasa actual es de 100 muertes por cada cien mil habitantes.
La activista también integrante de la Misión, informó en conferencia de prensa que durante su visita por el país se reunieron con funcionarios y funcionarias de gobierno, operadores de justicia, investigadores e integrantes de los movimientos feministas, para recabar opiniones sobre la situación de violencia que padecen las guatemaltecas, así como sus percepciones sobre el femicidio.
De acuerdo con los resultados obtenidos de estas reuniones, dijo Estrada, se puede decir que Guatemala aún está a tiempo de combatir ese tipo de violencia y no como ha sucedido en Ciudad Juárez, México, donde se habla de un Estado fallido.
Estrada precisó que la Fiscal General Claudia Paz y Paz, se comprometió a estructurar una base de datos, que integrará por lo menos 10 indicadores que permitirán profundizar porqué y en qué circunstancias ocurren las muertes violentas de mujeres.
Actualmente no hay un indicador que permita conocer si se trató de un femicidio o no, por lo que las sentencias condenatorias son rechazadas por las salas en los Tribunales al no ser suficientemente sustentadas, añadió la integrante de la Misión Internacional por el Acceso a la Justicia de las Mujeres.
INSTITUCIONES NO SE COORDINAN
La Misión reconoció que una de las principales causas de la impunidad es la falta de coordinación entre las instituciones del Estado encargadas de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres y los femicidios.
Julia Monárrez, del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, enfatizó que ni la Comisión de la Mujer del Congreso, ni el Organismo Judicial, ni el Ministerio Público y tampoco el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) cuentan con cifras e indicadores en común que revelen los resultados de las políticas implementadas por el Estado o hacia dónde dirigirlas.
Los pocos datos recabados reflejan la existencia de una enorme desigualdad en la vida de las mujeres y en la muerte, pero sobre todo en el acceso a la justicia; es una impunidad que lacera las garantías fundamentales e individuales de la población femenina, añadió Monárrez.
El INACIF, desconoce el número de mujeres indígenas asesinadas de forma violenta en los últimos años, porque sus bases de datos no cuentan con un indicador de ese tipo, tampoco les preguntan a los familiares cuando llegan a reclamar los cuerpos a la morgue.
La investigadora, consideró que es indispensable que el Estado implemente un mecanismo único para la recopilación de la información relacionada con los casos de violencia contra las mujeres, el femicidio, la violencia sexual, la económica y la psicológica.
LLAMAN A RATIFICAR EL ESTATUTO DE ROMA
Mercedes Ruiz-Giménez, del Consejo General de Abogacía de España, dijo a Cerigua que una acción determinante en el acceso a la justicia para las mujeres es la adhesión del Estado guatemalteco al Estatuto de Roma, para poder juzgar y sancionar a quienes han cometido violaciones sistemáticas contra las mujeres.
Muchos de los juristas con quienes se entrevistó la Misión Internacional, no sabían qué es el Estatuto de Roma o cómo funciona la Corte Penal Internacional, una situación inaceptable, ya que son las personas encargadas de administrar el sistema de justicia en Guatemala, añadió Ruiz-Giménez.
Finalmente, La Misión Internacional por el Acceso a la Justicia de las Mujeres hizo un llamado a la población para que denuncie cualquier caso de desaparición de mujeres, ya que podría estar asociado a otros delitos como el secuestro, la trata, el tráfico y el femicidio.
La Misión Internacional nació a partir de la Campaña Regional por el Acceso a la Justicia de las Mujeres que aglutina a organizaciones civiles de México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras.
En noviembre de 2010 la primera Misión estuvo integrada por la investigadora Julia Monárrez; la abogada española María Victoria de Pablo; la diputada mexicana Teresa Incháustegui, y la líder del Movimiento Maya de de Mujeres, Yolanda Hernández. En esa ocasión visitaron Nicaragua, Honduras y México.
11/MC/LGL
