Más de 10 millones de pesos (mdp) del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) están «congelados» desde hace dos meses en la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado de Oaxaca.
Los recursos del PAIMEF son para implementar y ejecutar programas de prevención de la violencia contra las mujeres, así como generación y difusión de estudios, investigaciones, sistemas de información y bases de datos que sirvan de fundamento para el diseño, instrumentación y evaluación de los programas y proyectos encaminados a la creación o mejoramiento de políticas públicas en materia de violencia de género.
En tanto, hasta el pasado 15 de abril, la subprocuraduría de Atención a Delitos por Razón de Género de la Procuraduría General de Justicia del estado registró 20 casos de feminicidio.
Los 10 mdp «congelados» tendrían que ser ejercidos por el Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO) a través de su unidad de atención a víctimas de violencia, sin embargo hasta el momento los fondos no les han llegado.
Tal presupuesto también favorece al refugio municipal donde se encuentran las mujeres víctimas de violencia, dijo Ana María Hernández, integrante de la organización civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad.
Lamentó también que la subprocuraduría no tenga recursos específicos para investigar los homicidios de mujeres e integrar averiguaciones que deriven en sentencias contundentes.
El recuento de las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres señala que en lo que va de la gestión del gobernador Gabino Cué van 116 casos de feminicidio.
El gobierno estatal, dijo Hernández, no actúa en concordancia con la gravedad de los hechos, pues no etiquetó un presupuesto suficiente para la prevención y reforzamiento de los ministerios públicos en las distintas regiones.
Del lado del Poder Legislativo, agregó la activista, las puertas están cerradas a la tipificación del feminicidio como delito específico y autónomo.
La discusión en el Congreso local a la iniciativa planteada el 9 de agosto de 2011 está atorada porque forma parte de un paquete que incluye la tipificación del delito de violencia obstétrica.
Ana María Hernández recordó que la tipificación del feminicidio dotaría de «dientes» al Ministerio Público para indagar los crímenes. «No hay voluntad política para aprobarla porque no quieren entrarle al tema de violencia obstétrica, ya que toca al sector médico. No vemos un oficio del Congreso realmente adecuado», observó.
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