Una de las expresiones más contundentes de la violencia del Estado contra las y los trabajadores, es el deterioro de la calidad del empleo, ya que la tercera parte de las personas ocupadas (14 millones) está en la informalidad y carece de seguridad social; las mujeres son mayoría en este sector.
Silvia Ramos, secretaria de Relaciones y Difusión de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTPP), presentó a nombre de su organización y otros gremios independientes como el SME, UNT y el Sindicato de Telefonistas,
una acusación contra el Estado mexicano ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).
El TPP capítulo México, integrado por personalidades de alta reputación moral nombrados por el Consejo de la Fundación Internacional Lelio Basso y la Liberación de los Pueblos, sesiona en nuestro país desde octubre de 2011 y continuará aquí hasta 2014.
Su finalidad es visibilizar la situación de violencia laboral en México tras la firma de los Tratados de Libre Comercio (TLC), principalmente el TLC con América del Norte (TLCAN).
Durante la primera audiencia sobre violencia laboral, que se llevó a cabo en la sede del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Silvia Ramos señaló que la precarización del trabajo es consecuencia de una política que beneficia a las empresas en detrimento de los derechos laborales.
Resultado de privilegiar la inversión a costa del bienestar de las y los trabajadores, es que el salario mínimo diario (59.08 a 62.33 pesos) sólo permite adquirir 20 por ciento de los productos de la canasta básica, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, citó la sindicalista.
La falta de empleos es otra problemática grave, que mantiene a 2.4 millones de mujeres y hombres desocupados.
Por la falta de fuentes de trabajo y la precarización en este ámbito, 14 millones de personas se ocupan en la economía informal, ellas representan el 29 por ciento de las y los trabajadores del país.
Ese sector, donde laboran mayoritariamente las mujeres, carece de protección social, como acceso a servicios de salud o un sistema de ahorro para el retiro.
La tasa de empleo informal de las mujeres es de 29.3 por ciento, mientras que la de los hombres es de 27.9 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Esta situación deriva en que sólo 21.8 millones de personas tenga lo necesario para vivir. Mientras que 52 millones de habitantes del país esté en situación de pobreza, con ingresos de 700 a 2 mil pesos mensuales. El 41 por ciento de los ingresos se concentran en el 10 por ciento de la población.
Tan sólo la fortuna del empresario Carlos Slim representa el 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), refirió la sindicalista, como ejemplo de la desigualdad que permea en México.
VIOLENCIA EN CENTROS DE TRABAJO
La violencia del Estado también se traduce en el maltrato y discriminación en los lugares de trabajo. Es responsabilidad de la patronal inspeccionarlos y garantizar que se respeten los derechos de las y los trabajadores.
Muestra del incumplimiento de esa inspección, es que en una maquiladora de Querétaro las empleadas deben inyectarse hormonas cada mes para no embarazarse, ya que sólo de esta forma pueden conservar su empleo, acusó Silvia Ramos.
Ante la violación de sus Derechos Humanos y laborales, las y los trabajadores tienen pocas oportunidades de organizarse sindicalmente para defenderse, debido a los múltiples obstáculos que ponen las autoridades.
Ramos dijo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en colusión con las empresas, obstruye el registro sindical de organizaciones que buscan defender los intereses de las y los trabajadores, mientras que en contraste facilita el reconocimiento legal de sindicatos que venden los contratos a los empresarios.
Como resultado de esta práctica es que «una mínima parte de las y los trabajadores estén afiliados a un sindicato, y de los que están se estima que 90 por ciento son de sindicatos patronales».
Al respecto, Gill Boheringer, integrante australiano del TPP, indicó que las características del ámbito laboral en México reflejan una «sociedad precarizada» por la concentración de la riqueza y oportunidades de desarrollo para unos pocos.
El miembro del comité editorial de Alternative Law Journal añadió que esa situación complica la organización sindical, y pone en riesgo sus conquistas laborales.
12/GCJ/RMB
