¿Es posible cambiar la condición actual de las mujeres mediante políticas públicas con perspectiva de género? La respuesta es afirmativa, ya que las condiciones de género están delimitadas por factores ideológicos, económicos, étnicos y culturales, en un tiempo y espacio determinados.
Género es una categoría sociológica; los papeles por razón de género cambian; estos cambios pueden ser inducidos por la acción del Estado y de la sociedad en su conjunto, no tienen por qué ser inmutables.
A su vez, estas políticas de género son la condición sine qua non para poder avanzar en la construcción de la democracia, resolver las enormes desigualdades, combatir la pobreza, y generar un desarrollo económico más igualitario.
Por tanto es muy importante visibilizar su situación económica y conducir estos diagnósticos a propuestas concretas, para cambiar positivamente su realidad, trabajando en sus condiciones objetivas y subjetivas, en el hogar o en su vida laboral, ya sea en la esfera rural o urbana.
Es indispensable eliminar las barreras que impiden a las mujeres tener el mismo acceso que los hombres a la educación, a las oportunidades económicas (propiedad de bienes y oportunidad de ingresos), y a los insumos. Crecer para igualar, pero también igualar para crecer.
En este sentido se vive un momento crucial para el país. La renovación del Congreso, una nueva Jefatura de Gobierno en el Distrito Federal y el cambio de la Presidencia; todas ellas condiciones propicias para la definición de una estrategia de desarrollo inteligente, que cierre brechas de género.
Para la definición de esta estrategia es indispensable considerar tres ámbitos claves:
1. Hogares por la asignación diferencial de cargas de trabajo y recursos.
2. Desarrollo rural y agrícola: propiedad de la tierra y acceso al crédito. Alimentación y soberanía alimentaria.
3. Mercado laboral y acceso a activos fijos como vivienda y agua.
1. Hogares por la asignación diferencial de cargas de trabajo y recursos.
Es urgente la definición de políticas públicas para la armonización del trabajo y la familia, que permitan reducir o eliminar las brechas de género en las cargas de trabajo de los hogares, donde se ejerce una violencia silenciosa contra las mujeres.
Durante 2010 ?conforme a información proporcionada por el Inegi?, el trabajo doméstico no remunerado realizado por las mujeres aportó 21.9 pesos de cada 100 generados anualmente por toda la economía en su conjunto (PIB), versus una contribución del 5.3 por ciento masculina, ya que de cada 100 horas de este trabajo 79.4 horas es femenino.
La situación se acompaña del diferencial de ingresos en los hogares. Se estima que la brecha salarial es de 27 a 30 por ciento.
2. Desarrollo rural y agrícola: propiedad de la tierra y acceso al crédito. Alimentación y soberanía alimentaria.
La población rural del país se estima en 3 de cada 100 habitantes y se ha feminizado. Ahí se concentra el 60 por ciento de la pobreza extrema. Según CEPAL, por cada 100 hombres en condición de pobreza hay 104.1 mujeres rurales en esa situación.
La creciente importación de alimentos ?arroz, frijol, maíz, trigo y sorgo? contribuye a su encarecimiento; es indispensable aumentar la producción nacional de alimentos. Según un estudio de la FAO, ésta podría incrementarse de 4 a 5 por ciento apoyando a las unidades agrícolas dirigidas por mujeres, dándoles el mismo acceso a los recursos productivos que tienen los hombres.
¿Dónde están las desigualdades? Menor acceso a los activos, insumos y menores oportunidades de empleo rural.
Las mujeres cuentan con explotaciones más pequeñas; cría de ganado menor; tienen una mayor carga de trabajo global (como ir a buscar agua y leña); menor nivel educativo; menos acceso a la información agrícola y de extensión, además utilizan menos crédito y otros servicios financieros.
En caso de estar empleadas, sus trabajos son a tiempo parcial, estacionales y mal pagados; reciben salarios más bajos por el mismo trabajo: es el caso de las jornaleras y las trabajadoras de las agroindustrias.
3. Mercado laboral.
El rostro de la crisis mundial es el desempleo, en especial de mujeres y jóvenes, acompañado de su creciente precarización. Hoy en México, por cada 10 personas que conforman la fuerza laboral del país cuatro son mujeres. Se trata de 17.8 millones de trabajadoras.
El desempleo es de las jóvenes: por cada 10 desempleadas, seis son mujeres en un rango de 14 a 29 años, y las que cuentan con educación media y superior tienen las tasas de desempleo más altas del país (datos al primer trimestre de 2012, Enoe-Inegi).
A mayor ingreso laboral, menor participación femenina. Ellas están en la informalidad con los empleos más precarios en cuanto a ingreso y condiciones generales de trabajo. Conforme al método de medición que utiliza el Inegi (unidades productivas sin registros fiscales y contables), el número de mujeres en la informalidad laboral es superior a la masculina, 3 de cada 10 empleos.
Sin embargo, si se atiende al criterio de la OIT, basado en la definición de informalidad en función a las relaciones laborales sin protección, el número asciende a 11.4 millones de mujeres sin protección social y sin acceso a las instituciones de salud, es decir, 64 de cada 100 trabajadoras, más de la mitad (ver gráfica).
La informalidad se tiene que atacar en sus tres dimensiones: por su modo de producción, por sus relaciones laborales y en la carencia de registros fiscales o contables.
La fuerza laboral femenina es considerada como un ejército industrial de reserva, ya que este fenómeno erosiona sindicatos, reduce costos laborales, es improductiva y provoca exclusión social.
El crecimiento exponencial de la informalidad, migración y precariedad laboral son producto de tres décadas sin crecimiento y recurrentes crisis económicas. El reto es generar empleos dignos y productivos, con recuperación del salario real; para ello es indispensable crecer económicamente, aunque no es suficiente.
La creación de empleos dignos tiene que hacerse con una perspectiva de género y será factible con: políticas industriales, agrícolas y de infraestructura, educación y desarrollo tecnológico, retomando la propuesta del Grupo Nuevo Curso, coordinado por el maestro Rolando Cordera.
La inversión pública debe aumentar su nivel al doble ?10 por ciento del PIB?, entre otras cosas destinada a un ambicioso programa de infraestructura para el desarrollo y una paulatina y selectiva sustitución de importaciones.
Es conveniente crear un seguro de desempleo de cobertura nacional, apoyos fiscales y financieros para las Pymes dirigidas por mujeres. El gasto en educación debe pasar del 3.8 al 8 por ciento, conforme al artículo 25 de la Ley General de Educación.
Para erradicar la violencia laboral ?discriminación, acoso sexual y mobbing? es necesario fortalecer el marco jurídico y la educación no sexista en todos los ámbitos de la vida nacional. Paralelamente, fortalecer y defender las organizaciones de las trabajadoras, ya sean sindicatos o cooperativas.
Mujer: trabajo, educación y salud son temas insoslayables en la definición de una nueva plataforma de gobierno. Parafraseando a Shinoda Bolen, hay que hacer un llamado urgente a las mujeres del país para cambiarlo, para lograr la paz.
Twitter: @ramonaponce
*Economista especializada en temas de género.
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