Nunca se sabrá si fue la culpa, el remordimiento, el miedo o la perturbación mental lo que llevó al suicidio a Jhon Jairo Echenique, detenido en la caribeña ciudad colombiana de Cartagena de Indias tras haber sido acusado de apuñalar y quemar a su ex novia, de 19 años.
Angélica Gutiérrez, estudiante de la Facultad de Derecho, fue atacada en su casa. Malherida, gritó pidiendo auxilio mientras el victimario huía. Vecinos la llevaron a un hospital, donde falleció. Las sospechas se centraron en su ex novio, Echenique, quien fue apresado y horas después se ahorcó usando las mangas de su camisa.
Todos los hechos que encierran esta tragedia ocurrieron a principios de este mes en Cartagena, con alrededor de un millón de habitantes, donde en lo que va del año ya han sido asesinadas cinco mujeres y se registraron 213 denuncias por lesiones, que llevaron a la detención de 196 hombres, según estadísticas policiales.
Pero ese centro turístico de fama internacional no es el único lugar de Colombia señalado por la violencia. Cifras del Centro de Información del Sistema de Naciones Unidas dan cuenta que, cada día, 245 mujeres fueron víctimas de alguna forma de violencia en los últimos ocho años en el país, lo cual indica que es la forma más extendida de violación a los Derechos Humanos.
Asesinatos, violaciones sexuales, golpes y maltrato psicológico están en la baraja de agresiones que incontables veces son mantenidas en silencio por las víctimas, ya sea por vergüenza, prejuicios o, incluso, por temor al abandono del agresor, que puede ser el novio, esposo o compañero de vida.
Una de las modalidades que ha proliferado últimamente es el ataque con ácido, para desfigurar principalmente el rostro, además de otras partes del cuerpo, muchas veces sin retorno a una apariencia cercana a la natural aunque la víctima sea sometida a múltiples cirugías estéticas.
«Los agresores, con frecuencia con dolo y sevicia, tratan de este modo que las víctimas recuerden toda su vida el motivo aludido del ataque, que en general son celos, abandono u otros similares, que bien podrían solucionarse de manera tranquila», dijo a IPS/Cimacnoticias la legisladora Gloria Stella Díaz, del cristiano Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA).
Entre los casos conocidos ocurridos por esta cruel modalidad se incluyen dos de violencia urbana en Bogotá, protagonizados por personas en situación de calle, entre ellas un menor, «uno solo por maldad y otro porque no les dio dinero», narró Díaz a modo de ejemplo. El adolescente sufrió quemaduras de segundo y tercer grado.
Otro caso, que llevó a la autora a ser condenada a nueve años de cárcel, fue el ataque de una mujer a otra porque sospechaba que mantenía relaciones sexuales con su marido.
LEY CONTRA LA VIOLENCIA
En este marco, Díaz impulsó en el Parlamento el proyecto de Ley 197 de 2012, que «fortalece las medidas de prevención, protección y atención integral de ciudadanas y ciudadanos, en contra de cualquier tipo de acto violento o crimen que se realice utilizando ácidos u otras sustancias corrosivas».
«Son hechos crueles, trágicos e impactantes. Pero las víctimas ya decidieron salir del anonimato, apoyando con su firma el proyecto y dispuestas a asistir al Parlamento bajo la consigna ?no más al silencio y sí al castigo?», indicó Díaz. La iniciativa se impulsa con la campaña «Rostros sin rastros de impunidad».
La legislación en vigor permite que alguien que haya cometido un ataque con ácido, delito que tiene una pena de nueve años de cárcel, tenga la posibilidad de que el tiempo de prisión se reduzca por buen comportamiento o por haberse capacitado en algún oficio en el centro carcelario.
«Por eso, lo primero que nos proponemos con la iniciativa legislativa es cambiar un delito tan grave ahora considerado como lesión personal, por un delito autónomo, lo que permite agravar las penas y ampliarlas», afirmó Díaz.
«La propuesta pone una pena inicial de un mínimo de 12 años de cárcel sólo por lanzar el ácido, pero si se comete contra una mujer, un menor o una figura pública cuya imagen le genere recursos, el agresor tendría una sanción punitiva de hasta 20 años», explicó.
«Se busca también que el Estado establezca una ruta de atención integral, con asesoría jurídica, psicológica, inserción laboral y campañas que combatan la discriminación. Y sería responsabilidad estatal el costo de las cirugías reconstructivas y estéticas», continuó.
El proyecto establece que la red hospitalaria, pública y privada, denuncie a las autoridades los casos de agresiones de género que atiendan, para iniciar investigaciones judiciales tendientes a acabar con el subregistro.
Y se controlarían los expendios de esas sustancias corrosivas para que «al conocer un delito en cualquier ciudad, sea posible establecer en dónde y quién las adquirió, en busca de identificar a los delincuentes».
La situación en Colombia no alcanza la gravedad de países como Afganistán y Pakistán, que inspiró la película «Saving Face», galardonada con el Óscar al mejor cortometraje documental este año.
«No la he visto, y la tengo pendiente. Pero la película real es demasiado triste», anotó Díaz, enfatizando en la responsabilidad que compete a todos.
El proyecto ya fue aprobado en una primera sesión. Quedan pendientes tres, incluidas en el periodo parlamentario que inicia el próximo 20 de julio. Díaz espera con optimismo.
«Hay voluntad política y solidaridad de muchos sectores, entre ellos, la Fiscalía General de la Nación que ya designó un fiscal especializado en este tipo de delitos», agregó.
Otro factor importante es la responsabilidad que atañe a los medios masivos de comunicación: «Con sensibilidad, con información preventiva, impulsando la iniciativa de manera contundente, para que los agresores sepan qué les espera. Y cero amarillismo».
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
12/HM/RMB
