Un centenar de mujeres de 11 organizaciones civiles en El Salvador protestaron porque otra vez se canceló la audiencia de revisión para Sonia Tábora, presa desde hace siete años acusada de homicidio agravado tras sufrir un aborto espontáneo.
Sara García, integrante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, informó a Cimacnoticias que las autoridades violan el acceso a la justicia al retrasar el proceso de audiencia para la salvadoreña, quien sin pruebas contundentes fue condenada a 30 años de cárcel.
«Una vez más nos ha fallado la justicia. No trasladaron a Sonia a la reprogramación de la audiencia (el lunes pasado). Éramos más de 100 mujeres exigiendo su liberación», dijo la activista.
El 19 de febrero de 2005 Tábora sufrió un dolor abdominal seguido de una hemorragia que ocasionó la interrupción de su embarazo de siete meses de gestación. Su familia pidió ayuda a la policía del departamento salvadoreño de Sonsonete, para que la trasladaran al centro de salud.
Luego de llevarla al médico, uno de los uniformados regresó a la casa de Sonia y al encontrar el cadáver del feto, la joven, de entonces 20 años de edad, fue acusada de aborto y después de homicidio agravado sin que se realizara una autopsia al producto que demostrara si la interrupción del embarazo fue inducida.
Por falta de pruebas y otras anomalías en el juicio que afrontó la salvadoreña, el pasado 21 de junio la Agrupación Ciudadana presentó un recurso de revisión ante el Tribunal de Sentencia de Sonsonate, que tres semanas después admitió reabrir el caso.
El tribunal ordenó que la audiencia se realizara el pasado 16 de julio, pero éste no entregó en «tiempo y forma» el oficio al Departamento de Traslado de Reos y Menores de la Región de Occidente de El Salvador, por lo que no presentaron a Sonia para la revisión de su caso y la audiencia se postergó para este 23 de julio.
Sin embargo la audiencia de nuevo se canceló y se pospuso para el próximo 30 de julio, ya que el Departamento de Traslado otra vez no presentó a la centroamericana.
SE ECHAN LA BOLITA
Julio Escalante, jefe de dirección de Seguridad Judicial del Departamento de Traslado, dijo a las organizaciones que en esta ocasión Tábora no fue trasladada porque en la misma fecha «el tribunal tenía una audiencia grande, programada con 22 imputados, a la que dio prioridad».
El funcionario añadió que no pudieron trasladarla porque carecen de personal para cubrir «tantas audiencias».
En contraparte, el Tribunal de Sentencia de Sonsonate señaló a las activistas que las audiencias fueron suspendidas por falta de apoyo del Departamento de Traslado.
Ante el retraso de las autoridades para revisar el caso, las asociaciones por el derecho a decidir expresaron su indignación frente a la oficina de traslado, donde entregaron una carta para exigir que el próximo lunes presenten a Sonia Tábora en la audiencia programada.
En el escrito también denunciaron que la falta de coordinación entre las autoridades representa una violación al derecho de acceso a la justicia para la salvadoreña.
Tras la penalización absoluta del aborto en El Salvador, en 1998, las organizaciones han logrado identificar «de juzgado en juzgado» al menos 24 casos de mujeres presas en circunstancias similares a las de Tábora: primero fueron acusadas de aborto, luego de homicidio agravado y fueron condenadas sin pruebas contundentes para acreditar el delito.
El artículo 133 del Código Penal salvadoreño establece que la persona que provoque un aborto y quien se lo realice tendrán una condena de dos a ocho años de prisión. Para las o los profesionales médicos que participen en la interrupción del embarazo la pena de cárcel es de 6 a 12 años, además de la inhabilitación profesional.
Sin embargo, activistas han denunciado que la Fiscalía suele transformar el delito de aborto al de homicidio agravado, por lo que las mujeres alcanzan condenas de hasta 30 años de cárcel.
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