La doble tragedia que sufre Gloria Arellano es indescriptible. Hace apenas dos años, el 30 de julio, su hijo Ramón Sánchez Arellano, quien en su primer día de trabajo murió atrapado en el pocito «El Boker», ahora este 25 de julio su otro hijo Fidencio, de 32 años, muere también en otro «pocito» atrapado a 75 metros de profundidad junto con seis de sus compañeros.
Cuando le avisaron no pudo sostenerse en pie por tener que enfrentar una nueva pesadilla.
Pero al llegar al pocito, mal llamado «El Progreso», en el ejido La Florida de Barroterán, Coahuila, se encontró con padres que perdieron dos hijos a la vez en esta tragedia: Omar Efraín, de 20 años, y Daniel Iván Ramírez Almanza, de 26 años, y Rey, de 39 años, y Héctor Alcalá Ramírez, de 33 años.
A ellos se sumaron los primos Guillermo González Medina, de 22, y César Javier Medina Camacho, de apenas 19 años.
Esos «pocitos» que simulan la entrada de un infierno terrenal, cobraron nuevas víctimas la semana pasada; ahora fueron siete mineros sumados a los 145 fallecidos después de la explosión en la mina Pasta de Conchos, ocurrida en febrero de 2006 y que mantiene sin rescate los restos de 63 mineros.
Estas muertes de familiares entre sí, que tiene de luto e indignación a la zona minera de Coahuila, recibieron nuevas promesas de funcionarios federales y estatales de que estos hechos no se repetirían nunca más.
Vanas promesas que las familias ya no creen y que las obligan a organizarse por su cuenta ante los grandes intereses que rodean el negocio del carbón.
Federico Quintanilla, ex presidente municipal del Progreso, apareció como propietario de la concesión y ahora camina como si nada hubiera ocurrido. La autoridad laboral alega que ese pocito ya había sido inspeccionado durante 17 ocasiones. ¿Y para qué sirvieron esas inspecciones, si las irregularidades persistieron?
¿Por qué ahora sí pudieron cerrar la mina y antes no lo habían hecho? Tuvieron que ocurrir siete muertes más para que la Secretaría del Trabajo pidiera apoyo a la Secretaría de Economía para suspender actividades en ese pozo.
¿Es necesario que ocurran muertes de mineros para obligar a las autoridades intervenir? ¿Cuántas muertes más tienen que sobrevenir para el cierre definitivo de los «pocitos»?
¿De qué sirve que se hayan incrementado inspecciones e inspectores si los dueños de los «pocitos» se burlan de la autoridad laboral? Es una vergüenza el alegato de la Secretaría del Trabajo de haber realizado 17 inspecciones en ese pozo de la muerte. Después de una primera inspección con hallazgos de riesgo debieron cerrarla.
El gobierno de Felipe Calderón, al igual que Vicente Fox, serán recordados por solapar esas irregularidades, por la negligencia e impunidad que permitieron en la zona minera.
La constante ha sido obligar a mineros a laborar incluso menores de edad, a riesgo de ser despedidos, sin contar con la protección adecuada.
DEFENSORA AGREDIDA
Cristina Ahuerbach, defensora de Derechos Humanos e integrante de la organización Familia Pasta de Conchos, fue testigo de la orden dada a tres mineros para que ingresaran al pocito a rescatar a sus siete compañeros atrapados sin contar con las medidas de protección necesarias.
Cristina tuvo que oponerse a gritos, exponiendo su frágil físico, para evitar que los rescatistas ingresaran sin protección al pocito de esa manera. Fue jaloneada para que se retirara del lugar; después de ese reclamo llegó una cuadrilla mejor equipada para el rescate.
Que trabajen así los mineros sin protección es normal en la zona y a nadie indigna. Los patrones al contratar mineros les exigen lleguen con cascos y botas propias; ellos dicen que no es su obligación proporcionar equipo.
No pagan salario los poceros, todo es a destajo. No sienten obligación con ellos y ni siquiera los dan de alta en el IMSS, los defraudan con toda impunidad. Los contratan de palabra, sin papel de por medio para que no haya constancia de nada.
Las familias siguen perdiendo a sus mineros que mueren en la profundidad de los veneros de carbón sin que haya autoridad que cierre estos lugares del infierno.
*Abogado y académico, especialista en temas de justicia, consejero de la CDHDF.
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Twitter: @Manuel_FuentesM
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