La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) otorgará el reconocimiento en Derechos Humanos “Ponciano Arriaga Leija 2012”, en la categoría de “Lucha y Defensa”, a la indígena tlapaneca Valentina Rosendo Cantú por la constancia y el seguimiento que dio a su caso para superar la falta de acceso a la justicia, luego de que sufrió violación sexual por parte de militares.
El 16 de febrero de 2002, Valentina Rosendo, entonces de 17 años de edad, fue violada y torturada por militares del 41 Batallón de Infantería que operaba en Cruz Grande, estado de Guerrero. A partir de entonces, ella comenzó una lucha por encontrar justicia, la cual le llevó nueve años y aún continúa.
En un comunicado, la CDHDF resaltó la lucha de Valentina para llevar su caso ante instancias internacionales, logrando que fuera admitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la cual en agosto de 2010 condenó al Estado mexicano a reconocer su responsabilidad por la violación de los Derechos Humanos (DH) de la mujer y a pedirle perdón en un acto público.
“Su lucha ha conseguido que el gobierno reconozca, a través del secretario de Gobernación, su responsabilidad en la violación a los DH, y es por eso que su caso abrió un importante precedente para todos aquellos que siguen pendientes y que implican reconocimiento de responsabilidad pública por la afectación de derechos”, dijo la Comisión.
La CDHDF indicó que el jurado estimó el nivel de repercusión del caso, ya que Valentina no sólo ha conseguido visibilizar las condiciones de discriminación, desigualdad e impunidad que enfrentan las mujeres indígenas, sino que también ha creado todo un movimiento en favor de la cultura de la denuncia.
Las ganadoras del reconocimiento “Ponciano Arriaga Leija 2012” recibirán el reconocimiento por parte del presidente de la CDHDF, Luis González Placencia, y un estímulo económico por 30 mil pesos.
La ceremonia de entrega se llevará a cabo durante el “Encuentro Internacional de Defensorías”, el próximo 6 de noviembre a las 11:30 horas en el auditorio Digna Ochoa y Plácido de la CDHDF. También se entregará un reconocimiento a la doctora Elena Azaola Garrido en la categoría de trayectoria.
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octubre 2012
Sistema de justicia indígena, ineficaz contra violencia de género
En las zonas indígenas del país prevalece la violencia contra las mujeres, sin embargo en muchas ocasiones para los integrantes de las comunidades, y para ellas, este es un fenómeno que resulta normal y por tanto no se considera un problema que deba resolverse.
Flora Gutiérrez, fundadora de la Asamblea de Mujeres Indígenas y del Centro Integral Jurídico Pro Derechos de Oaxaca, explicó que aunque los sistemas de impartición de justicia de las comunidades indígenas son positivos, aún tienen una deuda con las mujeres.
Al participar en el foro “Sistemas de justicia indígena en México”, la activista y abogada señaló que las asambleas y policías comunitarias son formas de organización que fortalecen la autonomía de los pueblos originarios, pero reconoció que aún tienen problemas cuando se trata de reconocer los derechos femeninos.
Gutiérrez explicó que las asambleas designan a los agentes o síndicos que conocen el entorno de la comunidad y el idioma del pueblo, y son ellos los encargados de dirimir los conflictos que van desde quién puede trabajar la tierra, la posesión de los animales, los daños a la siembra y hasta riñas de insultos o golpes.
Estos sistemas de justicia, según dijo, son positivos porque significan un trato entre iguales y tienen el objetivo de resolver los pleitos que afectan a la colectividad, pero el problema es que a la hora de conocer un caso de violencia de pareja o de violación sexual consideran que las mujeres no son agraviadas.
La integrante fundadora de la Asamblea de Mujeres Indígenas abundó que cuando ocurre una situación de este tipo, las mujeres de las comunidades autóctonas enfrentan más obstáculos para obtener justicia porque ni siquiera les creen, lo que las obliga a presentar una denuncia ante las autoridades municipales.
Una denuncia convencional implica recorrer largas distancias y además ser discriminadas por los funcionarios por el hecho de ser mujeres indígenas y no hablar español, lo que dificulta que tengan atención y orientación, pues además se les pide que aporten pruebas de sus dichos.
Gutiérrez señaló que en el estado de Oaxaca se han documentado violaciones sexuales a indígenas cometidas por maestros, pero en estos casos ni los padres de las jóvenes le dieron valor a sus palabras, lo que revela que en las comunidades se menosprecia a las mujeres.
Aunque esta situación prevalece –explicó la activista– no significa que los sistemas de justicia indígena deban desaparecer, por lo que acotó que esto no debe ser argumento para estigmatizar y deslegitimar las practicas organizativas de las comunidades.
Agregó que los sistemas de impartición de justicia comunitarios son necesarios pese a que hoy por hoy prevalecen los derechos comunitarios, de la familia y la colectividad sobre los derechos individuales de las personas, en especial de las mujeres.
Apuntó que las comunidades y las mujeres deben buscar mecanismos para sancionar este tipo de prácticas y ponderar los derechos de ellas y la colectividad, sin la intervención de las instituciones del Estado.
12/AGM/RMB
Cita juez a niña víctima de abuso a carearse con su agresor
El Pacto Nacional por la Vida y los Derechos de las Mujeres repudió la determinación del juez penal de primera instancia con sede en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, Ramón Jesús Aldaz Bencomo, de citar a una niña maya, víctima de pornografía infantil, a un careo con su presunto agresor.
En un pronunciamiento publicado hoy, el Pacto señaló que el juez Aldaz Bencomo viola no sólo la Constitución, sino también convenciones internacionales que protegen los derechos de las niñas, por lo que le exigió no recurrir al careo entre la menor de 8 años y el médico radiólogo David Néstor Muñoz Quijano, de 55, actualmente preso.
En el citatorio emitido por el juez penal se le solicita a la madre de la niña acudir con su hija el próximo 22 de noviembre a las 11 horas, para realizar las diligencias correspondientes al expediente 77/2012 en contra de David Néstor Muñoz Quijano, por el delito de pornografía infantil.
Aldaz Bencomo advierte que en caso de no acudir a la comparecencia, se solicitará la intervención de la fuerza pública para que la niña se presente a declarar.
El pasado 18 de septiembre la psicóloga del DIF de Felipe Carrillo Puerto, Citlally Carrillo, ya había advertido que la menor de edad no está en condiciones para enfrentar cualquier situación que reviva o le haga recordar hechos pasados, toda vez que le provocaría mayor inestabilidad emocional y habría retrocesos en su proceso terapéutico.
El Pacto Nacional por la Vida y los Derechos de las Mujeres advirtió que el presunto agresor de la niña indígena podría salir libre, pese a que la policía judicial constató más de 2 mil imágenes de pornografía en la computadora personal de Muñoz Quijano.
La organización civil exigió que se castigue el crimen con todo el peso de la ley, y se investigue la posibilidad de otros delitos similares en el Hospital General del municipio de José María Morelos, (donde laboraba el presunto agresor), además de identificar posibles complicidades institucionales en todos los niveles.
El Pacto denunció que con su determinación el juez Ramón Jesús Aldaz Bencomo viola el apartado B del artículo 20 de la Constitución, el cual indica que las y los menores de 18 años no serán obligados al careo con inculpados de algún crimen.
El impartidor de justicia también violenta el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Niñas, Niños y Adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Además contraviene la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres; el Plan de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, y el Protocolo de la Convención de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas.
Medios locales reportan que David Muñoz Quijano le pidió a la niña que se quitara toda la ropa y la obligó a ver videos pornográficos con rostros de caricaturas y cuerpos de adultos, en las instalaciones del Hospital General de José María Morelos.
El médico impidió a la madre que acompañara a su hija mientras le hacía los estudios, con el argumento de que no podía pasar acompañada de su otro hijo pequeño. Le ordenó que se quedara en la sala de espera, lo que causó nerviosismo y preocupación a la madre.
Durante el estudio, el radiólogo trató de convencer a la madre para que fuera a realizar un trámite en las oficinas administrativas, lo que la puso en alerta, ya que además el especialista entraba y salía de la sala de rayos X con “actitud nerviosa”.
Finalmente salió la niña y al preguntarle la madre qué había pasado, ella guardó silencio y se quedó pensativa. Días después, la menor de edad se atrevió a narrar a su madre lo que había pasado en el consultorio, pero antes le pidió que no la regañara.
La madre descubrió que la niña tenía 20 pesos y ella le explicó que se los había dado el médico “porque era bueno”, y porque era una niña que “se portaba bien”.
El Pacto acusó que “es aún más indignante y de suma preocupación que el acusado radiólogo del Hospital General del municipio maya de José María Morelos haya manipulado las necesidades médicas de un sector social que encarna múltiples dimensiones de vulnerabilidad por ser niña, indígena y pobre”.
12/GTR/RMB
Por vez primera desde hace 25 años, el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) analiza la “impunidad agravada” en los casos de tortura cometida contra las mexicanas.
Al comenzar hoy en Ginebra, Suiza, la evaluación al Estado mexicano sobre el tema, el comité de expertos criticó las “demasiadas lagunas de información” presentadas por las autoridades en su reporte oficial ante la ONU.
De acuerdo con un comunicado de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, el Comité contra la Tortura demandó al Estado mexicano resultados concretos de los programas y acciones dirigidas a combatir las desapariciones de mujeres, el feminicidio y la tortura contra ellas, así como los ataques y represalias hacia las defensoras de Derechos Humanos (DH).
Según la Red Nacional, la tortura que se ejerce contra las mexicanas se traduce en hostigamiento, violencia sexual, humillaciones, amenazas, y golpes contra ellas, sus hijas e hijos.
La evaluación a México concluye mañana. El Comité contra la Tortura es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1984, y que entró en vigor en 1987. Nuestro país se sumó a esa convención en 1986.
La delegación mexicana en Ginebra se compone de más de 30 funcionarios del gobierno federal y de diversos estados.
Uno de los casos más preocupantes para los expertos de la ONU es la tortura y violencia sexual cometidas por policías federales y estatales contra mujeres en San Salvador Atenco, Estado de México, en mayo de 2006.
El Comité contra la Tortura advirtió a los representantes del Estado mexicano que sigue vigente en todo el territorio nacional el uso de la tortura para arrancar confesiones a personas detenidas, mismas que son utilizadas en contra de las víctimas en los procesos penales.
Asimismo, los expertos criticaron el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y el “fenómeno de impunidad agravada” en el que permanecen los actos de tortura.
CASOS EMBLEMÁTICOS
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), y la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), entregaron ayer a la ONU un informe ciudadano en el que denuncian de manera particular la impunidad en los casos de tortura sexual, entre ellos el de las sobrevivientes de San Salvador Atenco.
Las y los defensores de DH pidieron al Comité contra la Tortura que recomiende al Estado mexicano que investigue con la debida diligencia y sancione a los responsables.
Igualmente, las y los activistas solicitaron que las pesquisas del caso Atenco las realice la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) y no las autoridades del Edomex, tal y como lo determinó en julio pasado el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
En ese mismo mes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Edomex informó que ejercitó una orden de aprehensión contra tres policías estatales por su presunta relación con los hechos en Atenco, aunque uno de ellos (Luis Cristóbal Sánchez Álvarez) falleció en 2011. Los dos agentes detenidos y bajo proceso penal son Eduardo Vite Mendoza y Ricardo Consuelo Cruz.
En el informe “Situación de la tortura en México”, entregado al Comité de la ONU, las organizaciones civiles señalan que los métodos de tortura practicados contra las mujeres son la violación sexual, hostigamiento sexual, y la humillación, así como amenazas contra la familia, tales como golpear a sus hijos e hijas, quitar la custodia de sus hijos e hijas o violar a las menores de edad.
“Estos métodos van aunados a amenazas de muerte, simulacro de ejecución, simulacro de toques eléctricos y mutilación, golpes, asfixias, descargas eléctricas, ser testigos de la tortura de otras personas detenidas, privación de agua y comida, y negación de atención médica adecuada”, añaden en el reporte que pretende contrastar la información del gobierno mexicano.
Como ejemplo de lo anterior, mencionan el caso de mujeres chiapanecas que denunciaron actos de tortura y malos tratos, tales como aislamiento e incomunicación, dentro de instalaciones de las fuerzas de seguridad o en vehículos, e incluso en juzgados o en las fiscalías del Ministerio Público (MP).
Asimismo, las y los activistas advierten que los homicidios de mujeres en México por razones de género –la gran mayoría impunes– son precedidos por tortura, mutilación de partes corporales y agresiones sexuales.
Las recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU al Estado mexicano serán publicadas en las próximas semanas.
12/GTR/RMB
Ante el desinterés de las autoridades del país, las organizaciones civiles promueven los derechos sexuales y reproductivos entre las jóvenes de comunidades indígenas, donde este tema “no se toca”.
Catalina Martínez, integrante del área de Salud de la organización Kinal Antzetik-DF, explicó que en esas comunidades algunos usos y costumbres limitan el ejercicio de estos derechos: “Se prohíbe hablar de sexualidad, ellas ni siquiera pueden recibir información para evitar un embarazo no deseado”.
La indígena triqui, originaria de Santo Domingo del Estado, en el municipio oaxaqueño de Putla Villa de Guerrero, añadió que cuando las adolescentes y jóvenes acuden al centro de salud a pedir informes o métodos anticonceptivos no hay confidencialidad.
“Y al rato, todo el pueblo sabe que la joven fue al centro de salud y que le dieron algún método, y es visto como algo malo”, refirió.
En su comunidad, dijo, las adolescentes y jóvenes no tienen otras alternativas para obtener información y métodos de control natal. “Sólo hay una farmacia y una vez fuimos a preguntar si tenían pastillas de anticoncepción de emergencia, y el doctor no las conocía”, abundó.
Martínez indicó que la restricción de información acerca de cómo ejercer una sexualidad sin riesgo de tener un embarazo no deseado o adquirir una infección de transmisión sexual, limita sus herramientas para poder decidir sobre sus cuerpos.
En las escuelas de educación básica “tampoco les hablan de cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos”, debido al desinterés del personal docente.
En este escenario, las organizaciones civiles promotoras de esas garantías se acercan a las adolescentes y jóvenes para darles información al respecto, “pero es difícil que nos escuchen, porque ellas obedecen a sus familias, regidas por la costumbre de la comunidad”.
En tanto, prevalecen usos y costumbres que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como la venta de niñas y adolescentes, la exigencia de que las mujeres sangren durante su primera relación sexual, y la aceptación de que un hombre viva con más de una pareja.
Otra de las costumbres es que para acudir al control prenatal en el centro de salud, las embarazadas tienen que asistir acompañadas por el esposo o la suegra, mencionó la activista.
Eliminar los usos y costumbres que violentan a las mujeres “es muy complicado” porque los hombres de la comunidad se resisten a aceptar que “la costumbre las agrede”.
En este panorama, Catalina Martínez indicó que la labor de concientización que realizan las organizaciones se fortalecería con la intervención de las autoridades, pero “no les interesa trabajar en esto”.
“Les proponemos talleres, les hablamos de la importancia del cuidado de la salud de las mujeres, y nos dicen que no. Sólo se enfocan en los llamados proyectos productivos, en las cuestiones materiales”, lamentó la activista.
12/GCJ/RMB
Migración masculina sobrecarga labores de mujeres indígenas
Debido a la migración masculina, las mujeres indígenas han asumido roles de mando en sus comunidades, aunque al mismo tiempo se les han sobrecargado sus labores como madres de familia y gestoras de actividades que antes eran exclusivas de los hombres, advirtió Beatriz Canabal Cristiani, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Xochimilco.
Entre otros efectos del fenómeno migratorio, la experta en el tema dijo a Cimacnoticias que las indígenas que han migrado a Estados Unidos han cambiado su forma de pensar y sus patrones culturales, por lo que ya no quieren regresar a sus comunidades y vivir las mismas condiciones de las que decidieron alejarse.
“En las ciudades encontraron ingreso diario que les permite una mejor forma de vida, incluso el de cambiar y opinar, ser escuchadas, atendidas y determinar cuándo casarse, con quién y el número de hijos que quieran tener, incluso no ser vendidas a quienes serán sus maridos, algo que buscan que sus hijas ya no reproduzcan como patrones de conducta”, detalló Canabal Cristiani.
La investigadora estuvo en la capital de Guerrero para participar en un encuentro sobre migración. En entrevista, explicó que entre 1994 y 1997 comenzaron a cambiar las relaciones entre mujeres y hombres en las comunidades indígenas del estado.
Precisó que ante la migración de los varones, las mujeres atienden las parcelas, se vuelven autoridades comunales, y toman las decisiones en las familias.
Beatriz Canabal explicó que estos cambios de roles han sido “difíciles” para las indígenas, toda vez que en las comunidades las actividades de mando son consideradas como exclusivas de los hombres.
Además la migración masculina también ha dejado una “carga multiplicadora” de las labores femeninas. “Ellas han quedado expuestas a una jornada de trabajo que no perdona si están embarazadas, y se hacen responsables completamente del trabajo cotidiano que ejercía normalmente el varón”, acotó.
La especialista de la UAM-Xochimilco consideró que la migración femenina también ha llegado casi a la par que la masculina. Observó que a pesar de que hay un subregistro en el número de mujeres migrantes en condición irregular, se ha documentado que ellas salen de sus comunidades ya no sólo en compañía de grupos de hombres, sino también de mujeres o solas.
Canabal Cristiani añadió que las migrantes guerrerenses han formado familias en las ciudades de EU, donde conservan lazos afectivos con sus comunidades de origen.
Destacó que el envío de remesas ha permitido a sus familiares acceder a mejores posibilidades alimenticias, de educación y capacitación, en contraste con las mujeres que se van como jornaleras a los campos de cultivo en Sinaloa y obtienen ingresos mínimos.
12/IOM/RMB
La persecución contra personas defensoras de los Derechos Humanos (DH) en Honduras continúa, y como ejemplo está el secuestro de Carla Yadira Zelaya, integrante del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA).
Esa agrupación hondureña denunció el secuestro y las amenazas contra la activista, a la vez que exigió a las autoridades que se investigue lo sucedido y se castigue a los responsables de este caso y a quienes atentan contra la lucha campesina.
Los hechos ocurrieron el pasado 23 de octubre cuando la joven iba a clases a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cerca de las 6:30 de la mañana, momento en el que fue abordada por unos desconocidos.
Según el relato de la joven, tres individuos a bordo de un vehículo la atacaron, dos se bajaron del auto y la tomaron del brazo para subirla a la fuerza, le vendaron los ojos y se la llevaron con rumbo desconocido.
Los sujetos le preguntaron quiénes eran los dirigentes del MUCA, dónde se quedaban a dormir cuando estaba en Tegucigalpa, la capital de Honduras, y la amenazaron al decirle que la problemática agraria se resolvería si mataban a los dirigentes del MUCA.
La activista señaló que los desconocidos que tenían “porte militar” advirtieron que la próxima vez que la capturaran la matarían, y cerca de las 9:30 de la mañana la lanzaron del auto y la dejaron en libertad.
El MUCA destacó que semanas atrás la joven comunicadora denunció que recibió amenazas de muerte vía celular, por lo que se quejó ante organismos defensores de DH, sin embargo volvió a ser agredida.
De acuerdo con el movimiento feminista hondureño, desde junio de 2009 –cuando ocurrió el golpe de Estado que destituyó a Manuel Zelaya como presidente del país centroamericano– las agresiones contra las organizaciones civiles y la represión se han vuelto un hecho cotidiano, sin castigo.
Incluso hace unas semanas la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos hizo una movilización en diversos países de la región, para denunciar las amenazas y el clima de tensión contra las defensoras en Honduras.
Sin embargo, la situación persiste porque, a decir del MUCA, el ataque a Carla Zelaya pasó de una amenaza a un acto de tortura, lo que deja en claro que una vez más se persigue a las líderes y colaboradores de las organizaciones críticas al actual régimen de facto.
12/AGM/RMB
Realizan seminario sobre mujeres en los medios. Exigen despenalización del aborto en Nicaragua. Curso en línea “Ciberseguridad para periodistas”
Realizan seminario sobre mujeres en los medios
México.- La UNAM, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, en colaboración con Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), y el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), convocaron al Segundo Seminario Internacional “Acceso y participación de las mujeres en las industrias de comunicación: de los diagnósticos a las experiencias”.
Participarán en los paneles Aimée Vega, integrante de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres; Olga Bustos, investigadora de la UNAM y experta en estudios de género, así como Lucía Lagunes, directora general de CIMAC, entre otras.
La cita es el próximo 8 de noviembre, de 9:30 a 15:30 horas, en el auditorio del cuarto piso de la Torre II de Humanidades, en Ciudad Universitaria.
Exigen despenalización del aborto en Nicaragua
Nicaragua.- Integrantes de distintas organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres de El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras y Nicaragua, realizaron un plantón para demandar al Estado nicaragüense la despenalización del aborto.
Feministas, junto a adolescentes y jóvenes, exigieron en el Parque Por el Derecho a Decidir en Managua que “dejen de matar mujeres”, y leyeron el posicionamiento “26 de octubre 2006-2012. Nicaragua, día en que la hipocresía se hizo ley”, el cual cuenta la historia del aborto en el país y las constantes violaciones a los derechos de las nicaragüenses.
En la protesta participaron Servicios Integrales para la Mujer, SÍ Mujer Nicaragua, Confluencia Feminista Mesoamericana, Las Petateras, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC), entre otras agrupaciones.
Curso en línea “Ciberseguridad para periodistas”
Washington.- Para las y los periodistas que usan internet y redes sociales y trabajan en ambientes de riesgo, el Centro Knight para Periodismo en las Américas ofrecerá el curso en línea “Ciberseguridad para periodistas”, que será impartido por el experto canadiense en ciberseguridad Robert Guerra, a partir del próximo 19 de noviembre.
Las y los alumnos aprenderán diferentes técnicas, herramientas y políticas sobre riesgos digitales, seguridad, así como controlar, dirigir y limitar conversaciones en línea. El curso será dado en inglés y durará cuatro semanas. Para mayor información, ir a
www.knightcenter.utexas.edu.
12/GMV/RMB
Para abatir la pobreza México requiere una política social con enfoque de género que rebase los programas de transferencia económica, como Oportunidades, y fomente el desarrollo económico de las familias.
Para que esta política sea efectiva se requiere una reforma fiscal progresiva (que cobre más a quienes más tienen), la regulación de los mercados para evitar prácticas monopólicas, y la universalización de las prestaciones de salud ante los altos niveles de informalidad, señaló Isidro Soloaga, investigador de la Universidad Iberoamericana (UIA).
En entrevista, el experto en desarrollo económico criticó que el programa Oportunidades se quedó corto para mejorar la situación de las familias más desfavorecidas del país, y reforzó el rol tradicional de las mujeres en el hogar.
En México los hogares con jefatura femenina, los cuales representan cerca de una cuarta parte de las familias, enfrentan mayores condiciones de pobreza que los encabezados por hombres.
La desventaja económica está ligada a varios factores: el primero de ellos es que el tiempo que destinan las mujeres al cuidado del hogar y personas dependientes determina el tipo de empleo al que pueden acceder, mencionó el economista.
Muestra de ello es que mientras entre el 20 y 40 por ciento de las mujeres “entran y salen del mercado laboral”, sólo 9 por ciento de los hombres atraviesa por esa circunstancia.
A ello se suma que cuando consiguen un empleo a pesar de tener igual nivel de escolaridad y experiencia que los hombres, las mexicanas perciben alrededor de 20 por ciento menos. Esta brecha se ha mantenido durante los últimos 15 años.
Los empleos en los que “en mayor medida” se ocupan las mujeres son informales, es decir, carecen de estabilidad laboral y prestaciones básicas como seguridad social.
En México el 50 por ciento de la mano de obra se ocupa en la informalidad; este tipo de ocupación “se vino generando en las últimas cinco décadas” por el débil crecimiento de la economía nacional, apuntó el docente de UIA.
Durante este sexenio, empeoró la situación de las 52 millones de personas que viven en pobreza, circunstancia que afecta a 46.3 por ciento de las mujeres y 46.1 por ciento de los hombres, debido al aumento del precio de los alimentos.
Soloaga detalló que los hogares en situación de pobreza no tienen forma de compensar el alza de la canasta básica, que se ubica hasta 50 por ciento arriba de sus salarios.
Al inicio de la gestión calderonista se otorgó un apoyo de 120 pesos (a través del programa Oportunidades) para compensar el incremento del precio de los alimentos. El monto se mantuvo aun cuando “la canasta básica siguió subiendo”.
Soloaga explicó que los 120 pesos sirvieron para compensar el aumento del costo de los alimentos entre mediados de 2007 y marzo de 2008, pero debió actualizarse ya que para compensar el alza de los productos de consumo básico, las familias pobres deberían recibir cerca de 200 pesos.
Ese incremento afectó más a los hogares pobres, pues destinan más de la mitad de su gasto a la compra de alimentos.
Al crítico escenario se sumó el desempleo derivado de la crisis económica de 2008. Y como resultado, de ese año a 2010 el número de personas pobres aumentó de 48.8 millones a 52 millones.
Isidro Soloaga refirió que para abatir la pobreza, la siguiente administración deberá crear una política social con enfoque de género, que lejos de ser asistencialista fomente la participación de las familias en el desarrollo económico.
Puso como ejemplo que si en la familia la mujer no tiene trabajo, el Estado puede capacitarla y facilitar su inserción en un empleo estable que le garantice seguridad social y un salario remunerador, en vez de darle una transferencia económica, como ocurre en México mediante Oportunidades.
Además, el economista indicó que se requieren reformas de fondo para disminuir la pobreza, entre las cuales está la universalización de las prestaciones de salud, para que sin importar la calidad del empleo las personas tengan acceso a estos servicios.
También es necesaria una reforma fiscal que aumente los impuestos a las personas que más tienen, ya que México es uno de los países de América Latina que menos recauda en ese grupo.
Actualmente esa recaudación es de 12 o13 por ciento, mientras que en otros países como Brasil es de 33 por ciento.
El escaso cobro de impuestos a quienes más se benefician de la riqueza, debilita al Estado para impulsar políticas públicas.
Actualmente, Oportunidades recibe 0.25 por ciento del Producto Interno Bruto, pero para impactar en la disminución de la pobreza y generar una política social de combate a la desigualdad se requeriría un recurso 3 o 4 veces más alto.
Al mismo tiempo es preciso que México regule la concentración de mercados como el maíz, pues ello ocasiona que “se venda menor cantidad a un precio más alto”.
El especialista indicó que con los monopolios “las familias pobres son las que más están siendo castigadas”, ya que por cada peso que una persona de altos ingresos gasta en un producto, una persona pobre gasta 20 por ciento más.
Y es que la mayor cantidad de su gasto se destina a productos que tienen pocos productores, como el maíz, indicó.
Soloaga concluyó que la administración entrante deberá culminar con la tendencia en el país, el cual “tiene una escasa capacidad recaudatoria por cuestiones históricas y una escasa capacidad regulatoria por vocación de no regular los mercados”.
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Con el objetivo de desarrollar liderazgos femeninos en el ámbito político, un grupo de mujeres indígenas impulsa un programa de capacitación que las lleve a ser electas en cargos públicos, y sean reconocidas y escuchadas como sujetos de derechos.
Ante la escasa presencia indígena en los congresos federal y estatales, las regidurías y las presidencias municipales, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami) busca capacitar a 280 mujeres de comunidades autóctonas de todo el país, para que en los próximos tres años puedan competir en un proceso electoral a nivel local o federal.
Con el apoyo del Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las mujeres quieren exigir su derecho a participar en los espacios donde se toman decisiones que afectan la vida de los pueblos y las comunidades indígenas, la mayoría inmersas en condiciones de alta marginación.
Fabiola del Jurado, coordinadora nacional de la Conami, explicó que aunque las instituciones del Estado reconocen que hay una deuda histórica con las comunidades indígenas, es urgente que ese discurso se convierta en acciones concretas y para ello es necesario garantizar la participación política de las mujeres.
En un recuento de los resultados del proceso electoral de julio pasado, la activista recalcó que el movimiento indígena apostó a la candidatura de la amuzga originaria de Guerrero, Martha Sánchez Néstor, al considerarla una propuesta ciudadana y comprometida con la lucha de los pueblos originarios.
Aunque Sánchez Néstor buscó participar en el proceso abanderada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), no logró obtener la candidatura y por tanto no llegó al Congreso.
Del Jurado reconoció que hasta ahora la única forma de participar en los espacios de toma decisiones es a través de un partido político, y advirtió que plantear una reforma para cambiar este paradigma es muy complicado por lo que primero buscarán incidir en las actuales estructuras partidarias.
La Conami, con el respaldo institucional del IFE, el TEPJF y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pretende crear un programa de capacitación para 280 mujeres indígenas de 28 distritos electorales, a fin de que obtengan un cargo público.
El proyecto elaborado por la Conami, Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, y Enlace Continental de Mujeres Indígenas, busca que el IFE y el TEPJF, a través del PNUD, las apoyen con recursos económicos y algunos cursos sobre el funcionamiento de estas instituciones.
En 2004 la autoridad electoral ubicó que de los 300 distritos electorales, en 28 había una mayoría de población indígena. Los distritos se ubican en Campeche (1), Chiapas (4), Guerrero (1), Hidalgo (2), Estado de México (1), Oaxaca (8), Puebla (3), Quintana Roo (1), San Luis Potosí (1), Veracruz (3) y Yucatán (3).
Aunque esta redistribución de la geografía electoral tenía la idea de promover más presencia indígena, según datos del PNUD en la Legislatura del 1997-2000 sólo hubo tres legisladoras indígenas (una senadora y tres diputadas). Para 2008 en el Congreso de la Unión no se logró ninguna representatividad indígena.
La idea de capacitar a 280 indígenas es preparar a mujeres comprometidas con sus pueblos y con las causas femeninas, para que conozcan cómo funcionan los partidos, las autoridades electorales, los procesos de postulación y se puedan lanzar a la búsqueda de una candidatura en un partido político.
En 2013 se celebrarán elecciones para renovar congresos locales y ayuntamientos en 14 entidades, y en 2015 habrá comicios para elegir diputadas y diputados federales. La Conami confió en que el IFE y el TEPJF aprueben su propuesta y les brinden los recursos necesarios para empezar el proyecto el próximo año.
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