Con la convicción de honrar a las víctimas de la violencia, un grupo de cronistas de la Red Periodistas de a Pie decidió narrar las historias de vida de mujeres y hombres que en los últimos seis años buscaron justicia ante los crímenes atroces que se viven en México.
Este trabajo colectivo dio origen al libro “Entre las cenizas. Historias de vida en tiempos de muerte”, de Editorial Surplus y coordinado por las periodistas Marcela Turati y Daniela Rea. Además de los textos, la obra incluye material multimedia.
Este libro, que captura la lucha de las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, de los pueblos indígenas que pelean su autonomía, o de los colectivos que protegen vidas ajenas, fue presentado ayer en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Diana Iris García, madre e integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundem), y Norma Romero, integrante de Las Patronas, un colectivo de ayuda a migrantes, coincidieron en que sus historias de vida reflejan que las víctimas construyen la justicia.
Estas mujeres, que gracias a este proyecto también son las protagonistas de un sexenio marcado por una lucha entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad, dijeron que no que se quedaron ni se quedarán a esperar la respuesta de un Estado omiso que las ignoró.
Para Marcela Turati, Daniela Rea, la fotógrafa Mónica González y el resto de los colaboradores de este libro dividido en 10 capítulos, “Entre las cenizas…” fue la forma de saldar una deuda del periodismo, abrir la esperanza y contar la historia desde la resistencia y la solidaridad.
En estas crónicas y reportajes están las habitantes de Cherán, Michoacán; los clérigos que cobijan a las y los migrantes; el poeta que recorrió el país en busca de consuelo, y las madres que cual detectives buscan a sus hijas e hijos.
En estas páginas también hay oportunidad de echar un vistazo a los reporteros silenciados, a los activistas cibernéticos, a los jóvenes que antes de ser pandilleros se refugian en el arte, a las sanadoras de Ciudad Juárez, y a los ciudadanos convertidos en policías de Guerrero.
En opinión del escritor Juan Villoro, con este libro se construye colectivamente la memoria porque se hace una cobertura de los deudos, se narra la vida de gente heroica, se escriben nombres de personas olvidadas, todo con el fin de vencer la indolencia y buscar la empatía con esas víctimas.
“Entre las cenizas…”, apuntó Villoro, es la forma de contar la noticia desde la vida perdida y no desde la sangre derramada. Un ejemplo de que el periodismo puede generar emociones e impacto social en áreas tan diversas como el perfeccionamiento de una Ley General de Víctimas.
13/AGM/RMB
enero 2013
Debido a que en los últimos seis meses se han registrado ocho casos de feminicidio en el municipio hidalguense de Tula, activistas y organizaciones de Derechos Humanos (DH) del estado solicitarán al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, declare la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad.
Los hechos han provocado temor entre la población, la cual salió a manifestarse el pasado domingo para exigir seguridad a las autoridades.
En días recientes, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) informó que en Pachuca, capital del estado, fue encontrado el cadáver de una mujer.
De acuerdo con la averiguación previa 12/DPA/32/2013, el cuerpo fue encontrado por vecinos en las escaleras de la unidad habitacional El Palmar.
A través de su cuenta de Twitter, la dependencia estatal dio a conocer las causas de muerte de la mujer y negó que el hallazgo esté relacionado con los homicidios ocurridos en el municipio de Tula, donde desde el pasado 10 de junio se han localizado ocho cadáveres de mujeres en parajes cercanos a la refinería Miguel Hidalgo.
Adriana Jiménez Patlán, integrante de la Colectiva Feminista Hidalguense, vía telefónica precisó que de 2005 a enero de 2013 se han registrado y documentado 221 homicidios de mujeres y en la mayoría de los casos los cadáveres presentaban huellas de tortura.
De 2005 a 2010 ocurrieron 164 muertes, de acuerdo con un documento de transparencia de la PGJH. En un reporte dado a conocer por el diario El Independiente de Hidalgo se precisa que en 2005 ocurrieron 19 asesinatos, en 2006 se incrementaron a 26 y en 2007 la cifra llegó a 32, la más alta.
En 2008 se documentaron 31, posteriormente en 2009 y 2010 se registraron 28, respectivamente. Para 2011 los crímenes cometidos contra mujeres fueron 27; el año pasado ocurrieron 22 asesinatos y en 2013 van cuatro. Es decir, en poco más de ocho años los homicidios dolosos contra mujeres suman 217 de acuerdo con el diario.
La activista mencionó que hasta ahora estos crímenes siguen impunes y se han cometido en diferentes municipios como Atotonilco el Grande, Pachuca, Pachuquilla, Tizayuca, Zempoala y Tula.
En esa última localidad el domingo pasado se concentraron mujeres y familiares de las víctimas para exigir el esclarecimiento de los homicidios y manifestar su rechazo a la violencia.
Jiménez Patlán dijo que mañana viernes familiares de las víctimas y mujeres de diversas edades, así como activistas volverán a salir a las calles para exigir al procurador de Justicia estatal, Alejandro Strafford, y al secretario de Seguridad Pública, Damián Canales, un ambiente seguro y libre de violencia.
Precisó que autoridades legislativas y judiciales tienen la obligación de promover y hacer efectivas leyes que salvaguardan la vida e integridad de las mujeres, no obstante señaló que desde hace tres años organizaciones feministas han pugnado porque el feminicidio esté tipificado en el Código Penal.
Sin embargo legisladores y autoridades judiciales se han opuesto con el argumento de que ya existe la figura del homicidio.
Entre los principales opositores a tipificar el feminicidio en la entidad se encuentra Strafford Ortiz, ex presidente de Derechos Humanos de Hidalgo y actual procurador, quien en un encuentro con activistas de la entidad manifestó que no era necesario, narró Jiménez Patlán.
La presidenta de la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos, Maricela Hernández, dijo que con base en el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se solicitará al Sistema Nacional la declaratoria de AVG en Hidalgo.
La Ley General establece en su artículo 24 que la declaratoria de AVG se emitirá cuando los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los DH de las mujeres.
13/MF/RMB
En la Cámara de Diputados y el Senado hay un importante rezago en el análisis y aprobación de iniciativas clave para la ampliación y protección de los derechos de las mujeres, revela un estudio sobre el trabajo parlamentario.
La investigación coordinada por la experta en género y política Natividad Cárdenas muestra que en las anteriores dos Legislaturas federales hay por lo menos 36 iniciativas que no se dictaminaron, y que podrían ser fundamentales para la población femenina.
En opinión de la investigadora es probable que estos temas no sean conocidos por las actuales diputadas y senadoras, pese a que estas iniciativas pueden servir para retomar y concretar nuevas propuestas, así como para construir una agenda de género.
El “Reporte del Observatorio Legislativo sobre el avance de la participación política de las mujeres en México”, auspiciado por el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) de la Cámara de Diputados, indica que algunas de las propuestas fueron presentadas reiteradamente a lo largo de varias Legislaturas.
En algunos casos la misma propuesta fue presentada por distintas fracciones parlamentarias, lo que a decir de Cárdenas habla de la importancia de las iniciativas, mismas que no contaron con los votos necesarios para convertirse en normas.
Sobre los temas a legislar, es de destacar que entre las iniciativas pendientes sólo hay tres en materia de derechos políticos de las mujeres, mientras que en temáticas laborales hay 10.
En el rubro de participación política resalta una propuesta para establecer la paridad de género en los ayuntamientos de todo el país, mientras que el resto de las iniciativas tienen que ver con el fomento a la igualdad de oportunidades en las candidaturas.
En el ámbito laboral las propuestas se centran en las licencias de maternidad a madres, y en homologar los derechos de licencia a los hombres padres de hijos o hijas naturales o adoptados.
Según se desprende de las iniciativas, las dos Legislaturas pasadas tuvieron un interés específico por otorgar derechos a concubinas o concubinos en estado de viudez, además de considerar las licencias de paternidad como algo necesario.
De las iniciativas sobresale también la propuesta de incorporar el presupuesto con enfoque de género en todas las entidades del país, así como mejorar la calidad de vida de las mujeres en reclusión.
En opinión de Cárdenas estas reformas convertidas en leyes y en reglamentos garantizarían los derechos femeninos ya consagrados en la Constitución y en convenios y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
PRODUCTIVIDAD LEGISLATIVA
En cuanto a su actividad, las mujeres han demostrados ser tan activas como sus pares hombres, sin embargo el porcentaje de iniciativas aprobadas es muy bajo, revela el estudio “Legisladoras en el Senado: Evaluando las cuotas de género”, elaborado por la organización civil Esfera Política, especializada en democracia y ciudadanía.
Según el análisis, en el periodo de septiembre a diciembre de 2012 las entonces senadoras presentaron 75 iniciativas, pero sólo una se dictaminó y quedó de primera lectura, lo que revela que aunque presentan propuestas éstas se quedan en la “congeladora”.
En la Legislatura pasada (61) en el Senado hubo una participación más activa de las mujeres, toda vez que presentaron el 43.7 por ciento de los asuntos mientras que en la 60 Legislatura llevaron ante el Pleno el 19 por ciento de los mismos, es decir, su actividad aumentó 24.7 puntos porcentuales.
Lo anterior también significa una mayor productividad con respecto a sus pares varones que teniendo el 66 por ciento de representantes presentaron sólo 56 por ciento de los asuntos.
El análisis de Esfera Política revela que todas las senadoras han presentado por lo menos un asunto en el periodo analizado y también todas ellas utilizaron la tribuna por lo menos una vez, lo que indica que son igual o más productivas que sus pares varones.
A decir del análisis, esto contradice el mito de que la mayor parte de las mujeres que llegan a través de una cuota de género lo hace gracias al “dedazo” y tiene pocos o nulos méritos para ocupar el lugar.
13/AGM/RMB
Las mujeres migrantes al cruzar la frontera sur de México por alguno de los 40 municipios de Chiapas que colindan con Guatemala, además de ser víctimas de secuestro, violación, asaltos, extorsión, explotación sexual y desaparición forzada, también enfrentan la indiferencia de las autoridades que les niegan el derecho a atención médica, a una identidad y a la regulación migratoria.
Organizaciones que han realizado misiones civiles de observación en la frontera sur de México se entrevistaron con autoridades sanitarias locales y constataron su desconocimiento de la Norma Oficial Mexicana 046 “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”.
Ana Elena Barrios, de la organización civil Enlace, con sede en Comitán, uno de los municipios con mayor flujo migratorio en Chiapas, lamentó que la Cartilla de Salud para las Personas Migrantes –instaurada por el gobierno estatal– sea un documento con poco uso, debido al temor de las y los migrantes de ser delatados y por tanto deportados.
“No existe una política de atención a la salud de las mujeres migrantes, las acciones o esfuerzos dependen más de la voluntad de algunas y algunos funcionarios y no de las instancias gubernamentales como tal”, explicó.
“En ninguna Unidad de Salud se cuenta con servicios de traducción para la atención a mujeres migrantes indígenas lo que impide, en muchas ocasiones, brindar una atención adecuada”, añadió la también integrante de la Mesa de Coordinación Transfronteriza “Migraciones y Género”.
TOTAL ABANDONO
De acuerdo con el informe “Abismo entre la palabra promulgada y la acción ejercida: la gestión migratoria del gobierno de Juan Sabines Guerrero”, en Chiapas en el año 2000 había 178 mil 954 mujeres migrantes, de las cuales más del 80 por ciento tenían entre 15 y 34 años de edad, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El artículo 28 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares estipula que “las personas migrantes tendrán derecho a recibir cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida o para evitar daños irreparables a su salud en condiciones de igualdad de trato con los nacionales del Estado de que se trate”.
Agrega: “Esa atención médica de urgencia no podrá negarse por motivos de irregularidad en lo que respecta a la permanencia o al empleo”.
A la falta de atención sanitaria para las y los migrantes, se suma la negativa de las autoridades a otorgar una identidad a las mujeres que tienen hijos en México.
Esa situación, señaló Barrios, limita la posibilidad de que las y los hijos de migrantes accedan a derechos fundamentales como salud y educación.
Los testimonios recopilados por organizaciones civiles en el informe “Abismo entre la palabra…” muestran que las mujeres migrantes tienen como mayor obstáculo cuando buscan registrar a sus hijas e hijos en México, la exigencia de un documento que avale su estancia legal en el país.
El artículo 29 de la Convención Internacional de Trabajadores Migratorios establece que todas las hijas e hijos de las personas migrantes tienen derecho a tener un nombre, al registro de su nacimiento y a tener una nacionalidad.
Sin embargo en la práctica a las mujeres migrantes se les niega el derecho de registrar a sus hijas e hijos.
Un caso emblemático es el de Perla Lam, una migrante de Guatemala que se vio obligada a dejar su país ante las amenazas del grupo delincuencial “La Mara” de hacerle daño a su hijo si no pagaba derecho de piso por su puesto de venta de comida.
Ella llegó a México en 2011 y buscó atención médica para su hijo que tiene una lesión cerebral que le impide el habla. El servicio le fue negado por falta de documentos que probaran su estancia legal en México.
13/PCH/RMB
Las bancadas de los partidos Revolucionario Internacional (PRI) y Acción Nacional (PAN) se unieron –una vez más– contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, acusó el senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Mario Delgado Carrillo.
En declaraciones a Cimacnoticias, el legislador perredista lamentó que en la sesión de hoy la Comisión Permanente del Congreso de la Unión desechara la propuesta de exhortar a los congresos de Zacatecas y Aguascalientes a que rechacen las iniciativas de reforma constitucionales que pretenden “proteger la vida desde la concepción-fecundación”, lo que en los hechos limitaría el derecho de las mujeres al aborto legal.
Delgado, quien junto con la diputada perredista Malú Micher impulsó el exhorto ante la Permanente, consideró que el rechazo a la iniciativa atenta contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y “permite al clero seguir impulsando reformas en los congresos locales para proteger la vida desde la concepción”.
Señaló que principalmente integrantes del PRI y del PAN se unieron en el Pleno para desechar la propuesta.
En su intervención en tribuna, el senador alertó que las leyes en México deben ampliar los servicios de salud de las mujeres y eliminar los obstáculos que pretenden penalizar el aborto.
La propuesta de exhorto se presentó ante la Permanente el pasado 16 de enero y en él se llamaba a los congresos de Zacatecas y Aguascalientes a retirar y rechazar las iniciativas que pretenden reformar las constituciones locales para reconocer “el derecho a la vida del no nacido y proteger su calidad de persona desde el momento de la concepción”.
El pasado 9 de enero, el diputado priista en Aguascalientes José Luis Alférez Hernández presentó ante la Comisión de la Familia una iniciativa de reforma al artículo segundo de la Constitución estatal, para “proteger la vida desde la concepción”.
La propuesta no ha sido votada en Comisión y por tanto no se ha llevado al Pleno. Delgado explicó que el exhorto desechado llamaba a detener tal iniciativa.
En Zacatecas, la diputada local Noemí Berenice Luna (PAN) presentó en noviembre de 2012 ante el Congreso estatal la iniciativa con la que se busca “proteger la vida del no nacido”. El proyecto fue turnado a comisiones y aún no hay fecha para que se discuta y vote en el Pleno.
Mario Delgado adelantó que el llamado a detener tales propuestas se presentará nuevamente en el periodo ordinario de sesiones que comienza en febrero próximo, ante la Cámara de Diputados y el Senado.
13/AZM/RMB
La esperanza inicial en las caras de las trabajadoras del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) previo al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –que negó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sea el “patrón sustituto” de las y los ex empleados de Luz y Fuerza del Centro (LyFC)–, derivó en lágrimas e indignación.
Desde anoche, centenares de integrantes del SME acamparon frente a la SCJN –en el centro de esta capital–, para aguardar hoy la resolución de las y los ministros de la Segunda Sala de la Corte respecto a un amparo otorgado por un Tribunal Colegiado, que ordenaba a la CFE a recontratar a más de 16 mil trabajadoras y trabajadores no liquidados de LyFC.
“¡Corruptos!”… “¡Se cometió una vileza!”… fueron algunas de las exclamaciones de indignación de mujeres electricistas y esposas de los trabajadores al conocer alrededor del mediodía el fallo que negó la posibilidad de que la CFE sea “patrón sustituto”.
“Esto no se acaba aquí; hay que seguir adelante”, animaban las mujeres entre sollozos a sus compañeros hombres que lucían desencajados al saber la noticia.
Al cumplirse poco más de tres años y tres meses de que el 11 de octubre de 2009 Felipe Calderón decretó la extinción de LyFC, y por tanto dejó en la calle a más de 44 mil trabajadoras y trabajadores electricistas, las mujeres se mantuvieron presentes en la lucha por la defensa de sus derechos laborales.
La trabajadora María del Carmen Yedra, quien ha participado en las huelgas de hambre emprendidas por el SME, sostuvo que más de mil 200 de las 4 mil mujeres que se quedaron sin trabajo en octubre de 2009, siguen en la resistencia por recuperar sus empleos.
Remarcó que ellas han sido fundamentales para empujar sus demandas por medio de diversas movilizaciones, como ayunos y marchas, hasta la “entrega de flores” a los ministros de la Corte.
A lo largo de más de tres años María ha subsistido con la venta de artículos en el comercio informal. Ahora, con las emociones encontradas por la tristeza y el enojo, la mujer no descartó volver a realizar huelgas de hambre para denunciar la “corrupción de los ministros”.
En tanto, Cecilia Figueroa, electricista responsable de Radio SME, calificó como una “vileza” el fallo de los ministros.
Guillermina Salazar Ávila, representante del Frente del Departamento de Oficinistas Varios, apuntó que de haber sido favorable la resolución ella –al igual que muchas trabajadoras– habría recuperado su derecho a la jubilación, cuando le faltaba tan sólo un año de trabajo para ganársela.
Ahora, dijo Guillermina, las “esmeítas” –como se llaman las electricistas entre ellas– tendrán que esperar a que la junta de coordinación del SME replantee la estrategia a seguir.
María del Rocío Higuera Solano, otra trabajadora que ha tenido que mantener a su familia con la venta de jabones y cremas, adelantó que el SME recurrirá ante instancias internacionales para impugnar el fallo de la SCJN, tales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por lo pronto, la dirigencia del SME convocó para la tarde de mañana a una marcha desde el Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.
FALLO NEGATIVO
En septiembre de 2012 el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Laboral otorgó un amparo al SME que determinaba como no terminadas las relaciones obrero-patronales entre las y los electricistas y LyFC.
En consecuencia, ordenó que la CFE tendría que recontratar a los 16 mil 599 trabajadoras y trabajadores no liquidados, e incluso pagarles salarios caídos.
En respuesta al dictamen, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) –dependiente de la Secretaría de Hacienda– interpuso ante la SCJN una revisión de amparo con el argumento de la supuesta inviabilidad financiera de la CFE para fungir como “patrón sustituto”.
Al revisar ese recurso, los ministros de la Segunda Sala de la SCJN revocaron, por unanimidad, el amparo al considerar que por ser un organismo descentralizado, LyFC no era parte del Ejecutivo federal y por tanto establecía sus propias relaciones con el SME. Así, la CFE, como órgano del Ejecutivo federal, no está obligada a ser “patrón sustituto” de las y los electricistas.
13/COA/RMB
En contraste con el feminicidio en Chihuahua –donde las mujeres son “levantadas” por desconocidos, asesinadas y sus cuerpos abandonados en el desierto–, en Oaxaca, ellas viven con el enemigo en casa.
Y es que en esa entidad del sur del país, tanto las agresiones físicas como los homicidios por razón de género son cometidos en su gran mayoría por personas que mantienen un vínculo cercano con las víctimas, lo que evidencia el grado de inseguridad que viven las oaxaqueñas.
En su informe ciudadano “¡Justicia ya! Feminicidio y violencia contra las mujeres en Oaxaca a dos años del gobierno de la alternancia 2011-2012”, el Colectivo Huaxyacac advierte que la inacción de las autoridades locales ante el incremento en 50 por ciento de los casos de feminicidio en 2011 y 2012, manda a la población el mensaje de que la “vida y la integridad femenina no valen nada”.
Al mismo tiempo que se han disparado los asesinatos de mujeres en el estado, se han recrudecido diversas agresiones a la integridad física, psicológica, sexual y emocional de la población femenina, y todo ello enmarcado por la omisión y deficiencias de las autoridades encargadas de investigar los crímenes.
Por lo anterior, el Colectivo Huaxyacac considera que las acciones contra la violencia de género en la entidad no deben enfocarse solamente a la ola de feminicidio, sino también a la atención y prevención de la violencia intrafamiliar, así como a la capacitación del personal judicial.
Otros informes y estudios confirman que Oaxaca es triste ejemplo de cómo la violencia estructural contra las mujeres inicia en los hogares y comunidades desde que son niñas, y culmina con el asesinato perpetrado por un ser cercano, como el padre o el propio hijo.
ENTIDAD CRÍTICA
Según el informe de Huaxyacac, los casos de feminicidio en la entidad han aumentado en casi 50 por ciento al registrarse 173 asesinatos de mujeres entre diciembre de 2010 y noviembre de 2012 (primeros dos años de gobierno del actual mandatario estatal, Gabino Cué –postulado por los opositores PAN y PRD–), en contraste con los 111 homicidios documentados de diciembre de 2008 a noviembre de 2010 (últimos dos años de gestión del anterior gobernador, Ulises Ruiz, emanado del PRI).
En total, de diciembre de 2010 a noviembre de 2012 se documentaron al menos 4 mil 265 agresiones contra las oaxaqueñas, incluidos los asesinatos.
De los casos de homicidios perpetuados en 2011 sólo hay un sentenciado y por los de 2012 no se ha emitido ninguna sentencia. De las denuncias por violencia intrafamiliar en 2012 sólo hay seis sentenciados y durante 2011 no hubo ninguna sentencia.
Con anterioridad, en otro documento (“Feminicidio en Oaxaca, informe ciudadano 2008-2009”), organizaciones civiles ya habían denunciado que en el 58 por ciento de los asesinatos de mujeres hubo exceso de fuerza física, a la par que se agudizaron otros tipos de violencia como la física y la sexual.
Igualmente, en 2008 el estado ocupó el primer lugar a nivel nacional y el de mayor prevalencia de algún tipo de violencia contra las mujeres. En el primer semestre de 2012 la Comisión Nacional para la Erradicación de la Violencia Contra la Mujer (Conavim) confirmó en un estudio que Oaxaca se ubica en los primeros sitios de violencia estructural contra la población femenina.
En el informe ciudadano 2008-2009 se asienta que 61 de cada 100 mujeres de 15 años y más han enfrentado algún tipo de violencia, ya sea por parte de su pareja o en algún ámbito de su comunidad.
Asimismo se constata que un número significativo de los agresores son los compañeros o ex compañeros sentimentales de las mujeres. Incluso existe información de agresiones cometidas por sus padres, así como por sus propios hijos.
TODA UNA TRADICIÓN
En su momento, la Consultoría de Estrategias para la Igualdad Social (Conesis) advirtió que en las comunidades de origen rural e indígena, como en Oaxaca, persisten tradiciones machistas y patriarcales que discriminan a las mujeres.
Puso como ejemplo que la venta de niñas para matrimonios forzados “vulnera su integridad poniéndola en un riesgo constante de ver afectada su salud e impidiendo su derecho a decidir”.
Otro factor que contribuye a la impunidad es la falta de denuncia. Según “Feminicidio en Oaxaca, informe ciudadano 2008-2009”, el índice de denuncias al respecto es mínimo, ya que del total de mujeres que ha sufrido alguna agresión sólo el 15 por ciento acudió ante las autoridades.
De acuerdo con el reporte, las oaxaqueñas no denuncian porque consideran que la agresión “no tuvo importancia”, “es algo normal”, o “su pareja tiene derecho a reprenderlas”.
Pero también hay un amplio sector de la población femenina que no interpone una denuncia pues considera que las autoridades no son confiables, o que la situación no va a cambiar, concepciones que se derivan del poco acceso que tienen las mujeres a la justicia.
13/AZM/RMB
Más de 40 organizaciones civiles integrantes del Foro Migraciones condenaron el robo a las instalaciones del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), ocurrido el pasado 26 de enero, y llamaron a las autoridades capitalinas a investigar el hecho.
En un comunicado, las agrupaciones también exigieron al gobierno federal que garantice la seguridad de las y los defensores y organizaciones que trabajan por los Derechos Humanos (DH) de las personas migrantes y sus familias.
Las y los activistas señalaron que el asalto perpetrado a la oficina del Imumi en Coyoacán no se trata de un robo cualquiera, ya que únicamente se llevaron cuatro computadoras (que el instituto precisó contenían información relevante de la organización), una cámara fotográfica y dinero en efectivo que resguardaba la administración.
La agrupación civil estimó que el monto total de lo robado asciende a unos 70 mil pesos.
En tanto, el resto de las áreas y equipos de cómputo, así como gavetas que estaban bajo llave, en otras áreas, se encontraron en perfecto estado y sin mover, de ahí la sospecha de la sociedad civil de que se trató de una acción para amedrentar a esta organización.
El pasado lunes por la mañana, la directora del Imumi, Gretchen Kuhner, y el administrador de la organización levantaron la denuncia con número de averiguación FCY/COY-2/T3/0121/13-01 ante la Fiscalía Desconcentrada de Investigación de la PGJDF en Coyoacán.
Para las y los activistas que trabajan por los derechos de las personas migrantes y sus familias lo ocurrido puede representar más que un robo, ya que este hecho se suma a otros casos de agresiones similares contra las y los defensores de DH.
Recordaron que el albergue “La 72”, dirigido por fray Tomás, y la Casa del Migrante de Saltillo “Posada Belén”, también fueron víctimas de actos similares, por lo que externaron su preocupación por los continuos ataques en contra de organizaciones de DH.
Al mismo tiempo lamentaron que eventos como éste sigan ocurriendo e infundiendo temor a las personas que trabajan en defensa de las garantías fundamentales, como el Imumi, que promueve los derechos de las mujeres vinculadas a la migración.
Previo al robo a la sede del Imumi, otras organizaciones civiles dedicadas a tareas humanitarias también pasaron por situaciones similares. El 3 de noviembre de 2011 y el 3 de marzo de 2012 fueron asaltadas las instalaciones de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad en Oaxaca.
El 28 de julio de 2008 y el 20 de mayo de 2011 también las oficinas de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), en la capital del país, fueron allanadas.
En este contexto, el Foro Migraciones señaló que el Estado mexicano tiene el compromiso de resguardar a las y los activistas que promueven y protegen los DH y las libertades fundamentales universalmente reconocidas.
A esta condena se sumó la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México quienes pidieron que se garantice la seguridad física y emocional de quienes integran el Imumi.
Por otra parte, la vocera del Imumi, Miriam González, dijo a Cimacnoticias que como parte de las investigaciones el pasado lunes dos peritos de la PGJDF llegaron a la oficina de la organización y sin haber revisado la escena del asalto ordenaron que se limpiara el lugar.
Horas más tarde llegó al instituto un representante del Ministerio Público que cuestionó por qué se habían borrado las huellas. Ante esa presunta irregularidad, el Imumi prevé presentar una queja ante la CDHDF por la posibilidad de que la Procuraduría incurra en un indebido proceso de investigación.
13/AGM/RMB
La Ley de Maternidad Responsable vigente en Filipinas desde este mes de enero y “congelada” durante años por la oposición de la Iglesia católica, llegó tarde para Rosalie Cabenan, una mujer de 48 años que parió 22 veces.
Ella nunca tuvo tiempo suficiente para recuperar su salud tras sucesivos embarazos. Frágil y con el rostro demacrado, Cabenan sufre cálculos biliares no tratados y fatiga constante.
Según el reportaje presentado por Channel News Asia, la mujer y su pareja solo querían tres hijos, pero vinieron uno tras otro sin remedio alguno.
En una casita destartalada en Baseco, villa miseria enclavada en Manila y donde más de 60 mil personas compiten por el espacio, Cabenan tuvo a su primer hijo a los 14 años.
Casi a punto de morir al parir al menor de todos, con seis años en la actualidad, comprendió que debía buscar una solución y terminó por omitir las exigencias de la Iglesia acerca de no usar anticonceptivos como la píldora o el preservativo.
Católica devota, la mujer lamentó haber seguido el dogma religioso en forma tan estricta, y recibió con satisfacción la Ley de Maternidad Responsable, en vigor desde el pasado 17 de enero.
Para Rosalie Cabenan, los líderes de la Iglesia son en parte responsables de las desventuras de miles de filipinas en una situación similar a la suya. Te dicen que sigas adelante y te multipliques, pero cuando les pides ayuda no te prestan atención, recalcó.
Nadie me enseñó métodos de planificación familiar, indicó, y en Baseco no hay fácil acceso a los anticonceptivos gratuitos, como la píldora.
Lo más difícil y doloroso es intentar dar comida y asistencia médica a las y los hijos, más aún si pierdes alguno; de los 22, cinco de mis pequeños murieron de diarrea, contó Rosalie.
El marido de Cabenan no tiene un empleo permanente y trabaja en obras de la construcción cuando puede. Sólo tres de sus hijos estudian y ninguno de los mayores terminó la primaria.
EFECTOS DE LA NUEVA LEY
La nueva legislación de natalidad exige que los centros sanitarios públicos entreguen gratuitamente preservativos y píldoras anticonceptivas a las mujeres, una medida que beneficia a decenas de millones de filipinas y filipinos pobres.
Requiere además enseñar educación sexual en los colegios y que los empleados de Salud Pública reciban una formación en materia de planificación familiar, en tanto que la atención médica después de los abortos también es legal.
Según los partidarios de la ley, la medida frenará la explosión demográfica de Filipinas, disminuirá la pobreza generalizada y reducirá el número de madres que mueren al parir.
El representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Ugochi Daniels, calificó el hecho como un triunfo para las mujeres pobres y las jóvenes sin acceso a métodos de control natal.
Mientras que la Iglesia católica, a la cual pertenece el 80 por ciento de los 100 millones de habitantes del país asiático, presionó durante más de una década a los políticos para bloquear la legislación sobre natalidad en el Parlamento.
Pero el presidente de Filipinas, Benigno Aquino, desafió a la jerarquía católica e impulsó la Ley de Maternidad Responsable. Entonces la Iglesia advirtió a los partidarios del aborto que serán atacados en las elecciones parciales a mediados de este año y respaldará las medidas contra la ley.
Antes de aprobar la iniciativa, las mujeres que abortaban en Filipinas podían pasar hasta seis años en la cárcel y aquellos que las ayudaban se enfrentaban a sentencias similares y a la pérdida de la licencia médica, en caso de tenerla.
Datos del estadounidense Instituto Guttmacher estiman que sólo una de cada cuatro mujeres en esta nación se somete a un aborto quirúrgico.
La mayoría de las filipinas con embarazos no deseados prefiere tomar Cytotec (misoprostol), un fármaco para las úlceras estomacales que se puede comprar en la farmacia, o brebajes de hierbas, adquiridas en puestos situados enfrente de las iglesias.
Otras utilizan medicamentos mezclados con alcohol, dejan de comer o se tiran por las escaleras, pagan los masajes de una hilot (matrona tradicional) o introducen catéteres a través de su vagina.
Aunque apenas existe el diálogo público sobre la interrupción del embarazo, cerca de 80 mil mujeres son tratadas en los hospitales cada año a consecuencia de complicaciones por abortos inducidos, y al menos 800 mueren, según informes sanitarios.
*Periodista de la redacción Asia y Oceanía de Prensa Latina.
13/YDG/RMB
¿Por qué a lo largo de la historia la menstruación se ha utilizado para discriminar a las mujeres en todo el mundo? ¿Cómo una función fisiológica puede ser inapropiada cuando la cuarta parte de la población femenina la tiene al mismo tiempo?
La realizadora eslovaca Diana Fabiánová responde a estas preguntas en su documental “La luna en ti”, en el que por medio de entrevistas a expertos, activistas por la salud sexual y reproductiva, y testimonios de mujeres, jóvenes y niñas, analiza cómo la menstruación es vista desde el sistema patriarcal como un proceso “sucio” en las mujeres, y que además ha sido utilizada para someterlas y discriminarlas.
En el documental ganador del primer lugar en el 13 Festival de Cine de Málaga 2010, Diana Fabiánová relata que su abuela solía decirle que “ningún hombre debería saber cuándo estás menstruando”.
Y es que en el filme se sustenta que además de ser un tema en el que prevalece la desinformación a pesar de formar parte de la vida diaria de las mujeres, a la menstruación se le ha ligado también con intereses políticos que impulsan estudios a nivel mundial para que en la opinión pública prevalezca el prejuicio de que la también llamada “regla” incapacita a las mujeres.
Así, la industria de la higiene femenina ha monopolizado el tema y obtiene ganancias por 2 mil millones de dólares al año gracias a que cada mujer en el mundo usa 10 mil toallas sanitarias o tampones a lo largo de su vida reproductiva.
Asimismo, se denuncia en el documental que el algodón usado en esos productos concentra el 20 por ciento de pesticidas en el mundo, y que además se promueve más su uso pese a que hay otras opciones como la “copa menstrual”, que colecta la sangre en lugar de absorberla.
CASO MÉXICO
Consultada al respecto por Cimacnoticias, la directora de Kinal Antzetik-DF, Lina Rosa Berrio Palomo, explicó que en México las políticas públicas sobre educación sexual pocas veces contemplan la menstruación como un tema prioritario, y simplemente se engloba como el proceso en las mujeres necesario para la reproducción, cuando debería ser parte integral de la educación sexual, destacó.
Por separado, Samantha Mina Gracia, coordinadora del Programa de Jóvenes de Salud Integral para la Mujer (Sipam), consideró que la información sobre la menarquia (primer ciclo menstrual) debería darse desde la educación básica.
Advirtió que posiciones “conservadoras” en las escuelas, desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) o con el personal docente, generan que muchas jóvenes no sepan del flujo menstrual hasta tener su primer sangrado.
Es el caso de la indígena triqui Catalina Martínez, quien contó a esta agencia que cuando era adolescente sus padres le dijeron que si reglaba no podía preparar la comida tradicional de la región, como por ejemplo los tamales, ya que creían que “no se cocían”.
La habitante de Santo Domingo Tutla en Oaxaca dijo que la información en las escuelas sobre la menstruación sigue siendo “restringida”.
ACABAR CON MITOS
En su documental, Fabiánová explica que su contexto familiar y escolar fue determinante para que creciera sufriendo su periodo menstrual. Por eso con “La luna en ti” pretende crear un efecto positivo en las mujeres para que vivan su menstruación libre de mitos y culpas.
El filme, ganador de la mención especial en el Festival Gotham Screen de Nueva York en 2009, invita a que las mujeres redescubran el poder que engloba la menstruación y su posibilidad de “renacer” con cada ciclo lunar. El documental se puede consultar en http://www.mooninsideyou.com/v2/es/moon-inside-you/.
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