La investigadora y experta en comunicación, Aimée Vega Montiel, afirmó que la aprobación de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones abre la puerta para que en el futuro los medios establezcan medidas de autorregulación de sus contenidos y promuevan el derecho de las mujeres a comunicar.
En opinión de la académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) esta iniciativa –aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados– es una reforma integral porque para modificar los siete artículos constitucionales en materia de telecomunicaciones y radiodifusión recogió varias propuestas planteadas desde años atrás por la sociedad civil y la academia.
Recordó que desde hace más de 30 años un vigoroso sector de la academia y la sociedad civil ha pugnado por la democratización del sistema comunicativo, por lo que las modificaciones al texto constitucional no se deben ver como “una dádiva de Enrique Peña Nieto y de los partidos políticos”.
Para la investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, es importante que los sectores de la población involucrados en el tema y las organizaciones civiles vigilen que la ley secundaria también contemple la promoción del Derecho Humano (DH) de las mujeres a comunicar.
“¿A qué me refiero? – dice en entrevista con Cimacnoticias- a garantizar la participación paritaria de las mujeres en todos los niveles de la industria, desde el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel). Me parece muy importante que en la conformación de este órgano regulador se garantice una participación paritaria de mujeres como representantes en este consejo”.
Para Vega Montiel, quien también es parte de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, es necesario que en el Ifetel haya mujeres conocedoras del tema que garanticen que las concesiones se asignen bajo criterios de pertinencia social, y no sólo bajo los criterios que ahora dominan que –cabe decir– son estrictamente económicos.
Y continúa: “El derecho a comunicar también significa buscar que aquellos grupos o empresas que soliciten una concesión garanticen que en su programación habrá materiales de productoras independientes y contenidos que promuevan los DH, incluyendo los derechos de las mujeres”.
La también directora de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) destaca que la ley secundaria debería establecer que los medios de comunicación, o bien, el Estado, promuevan la participación de mujeres a nivel directivo, en puestos de toma de decisión así como en espacios de producción, creación y administración.
Respecto a la nula regulación de contenidos, la experta señala que hasta ahora los industriales de los medios de comunicación utilizan el derecho de la libertad de expresión como una cláusula para no promover contenidos de responsabilidad social, sin embargo confía en que la ley secundaria, por lo menos, haga alusión a este tema.
“Esta reforma no establece límites a los contenidos pero me parece que abre la puerta para que los medios promuevan medidas como las defensorías de las audiencias, los códigos de ética o criterios para una comunicación no sexista, es decir, medidas que garanticen una mejor calidad de contenidos”.
Regular los contenidos suena a imposición –afirma Vega Montiel– pero hay que buscar la forma de hacer estos señalamientos sin que parezca que el Estado invade esferas que no son de su competencia. “Hay que darle la vuelta para que los empresarios de los medios de comunicación se vean invitados a promover mecanismos de autorregulación”.
En 2008 cuando el Congreso revisaba hacer modificaciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, la Red de Investigadoras presentó una propuesta para se incluyera la perspectiva de género, es decir, la propuesta ya está.
Los avances (de la reforma) no pueden ser desestimados: Se crea el Ifetel como un instituto autónomo para regular el sector, se reconoce esta actividad como un “servicio público” y no como negocio, y se incentiva la inversión extranjera directa hasta en un 100 por ciento en telecomunicaciones y 49 por ciento en radio y televisión.
“En el caso de las telecomunicaciones permite la participación del capital extranjero en el 100 por ciento para que las empresas inversoras no sólo vengan a explotar las redes ya existentes sino que dejen infraestructura para que continúe el desarrollo. En el caso de la radiodifusión, el espectro ya está instalado y con el 49 se busca proteger el mercado”, explica.
“Me parece que es un buen principio. Definitivamente hay que trabajar en la ley reglamentaria porque sabemos que se trata de una reforma que está fijada principalmente bajo términos económicos y técnicos y una vez más, desde la academia y la sociedad civil debemos demandar que se le dé una visión de Derechos Humanos”.
Algunos analistas han señalado que esta reforma se concentró en la competitividad y no en la calidad; Vega Montiel explica que ahora hay que insistir en que los criterios para decidir a qué grupos o empresa se les otorga una concesión, que consideren los DH y que miren la calidad y diversidad.
Aunque la experta reconoció que muchos de estos temas se tocarán una vez que comience el análisis de la ley reglamentaria, por ahora afirma -como lo han expresado otros expertos en la materia- que en definitiva la reforma crea un nuevo modelo para las telecomunicaciones y la radiodifusión, y es imprescindible que en lo inmediato sea aprobada por el Senado.
13/AGM/LGL
marzo 2013
Reconocen trayectoria periodística de corresponsal de Cimacnoticias Silvia Núñez. Entregan a investigadoras premio “La mujer y la Ciencia”. Colombia será sede del Congreso sobre trata y tráfico de personas. Curso virtual “Feminismo para principiantes”…
Reconocen trayectoria periodística de corresponsal de Cimacnoticias Silvia Núñez
México.- La periodista sonorense y corresponsal de la agencia Cimacnoticias, Silvia Núñez Esquer, fue una de las 21 periodistas galardonadas con el reconocimiento “Mujeres al aire…21 trayectorias”, que otorga el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión (STIRT) sección Hermosillo.
Núñez Esquer tiene 35 años de trayectoria periodística. Fue la primera locutora en trabajar en Frecuencia Modulada en Hermosillo. Actualmente conduce el programa “El son de los niños” que se trasmite de lunes a viernes a las 6:00 horas por el 107.5 fm de Radio Universidad de Sonora. Dirige y fundó el blog mujersonora.com
Entregan a investigadoras premio “La mujer y la Ciencia”
Nueva York.- La brasileña Marcia Barbosa, la estadounidense, Deborah Jin y la nigeriana Francisca Nneka Okeke, son tres de las cinco científicas que recibieron ayer en una ceremonia en París, Francia, el Premio L’oréal-Unesco “La mujer y la Ciencia”, en su 15 edición.
El galardón otorgado a las investigadoras fue por sus estudios en ciencias físicas, los cuales permitirán una mejor comprensión del cambio climático y el descubrimiento de nuevas fuentes potenciales de energía.
Colombia será sede del Congreso sobre trata y tráfico de personas
Colombia.- La Universidad de los Andes y el Comité Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas convocaron al III Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas “Globalización, trata y acceso a justicia: articulación de diálogos regionales”, a celebrarse en julio de 2013.
Los temas que tratarán son Globalización y Trata, Derechos y Justicia y Comunicación, Observatorios y Nuevas Tecnologías. El Congreso se efectuará del 16 al 18 de julio en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia.
Curso virtual “Feminismo para principiantes”
Argentina.- A partir del 15 de abril se llevará a cabo el curso “Feminismo para principiantes I, Historia Feminista” en modalidad virtual.
Entre los temas a abordar están la mirada feminista; el poder, la economía, globalización y cultura; el cuerpo de las mujeres: prejuicios y tópicos.
Será impartido por la doctora en estudios interdisciplinarios de Género y ex directora de Gabinete del Ministerio de Igualdad de España, Nuria Varela.
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Indultan a defensoras de DH en Omán
Irlanda.- La organización Front Line Defenders (FLD) informó que el pasado 21 de marzo, el Sultán Qaboos, de Omán, indultó a 50 personas, entre ellos, defensores y defensoras de derechos humanos.
Tal es el caso de las defensoras Basima Al Rahiji y Basma Al Kiyumi, presas desde noviembre de 2012, acusadas de “reunión ilegal”.
El indulto a los y las activistas pone fin a la campaña de difamación, acoso e intimidación por parte del gobierno, motivada por su labor legítima en defensa de los derechos humanos, apuntó FLD.
13/GMV/MMS/LGL
Mexicana de Aviación se comprometió la tarde de ayer a pagar las pensiones que adeuda desde hace 8 meses a 650 trabajadoras de la empresa actualmente en quiebra, luego de que Dulce María Mejía Pérez y Rogelio Martínez López, estuvieran 10 días en huelga de hambre.
Luego de sostener una mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación (Segob) donde estuvieron presentes funcionarios de las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS), Comunicaciones y Transportes (SCT); el secretario general de la Asociación Sindical de Sobrecargos y Aviación (ASSA) Ricardo del Valle Solares, y representantes de Mexicana de Aviación, se acordó que a más tardar el próximo 5 de abril la empresa pagará la primera parte de la deuda a sus trabajadoras, aunque no precisó montos.
Tras firmar un acuerdo para concluir la huelga de hambre, en la reunión también se acordó que en un plazo máximo de 48 horas deberá integrarse un Comité Técnico del Fideicomiso para el pago de las pensiones, el cual deberá incluir a dos personas sobrecargos jubiladas y una representación sindical designados por el ASSA.
El próximo lunes 1 de abril, sostendrán una reunión con el administrador de Mexicana para revisar las entradas de recursos de la base de mantenimiento de la empresa la cual continúa operando, para saber si de ahí pueden obtener el dinero para el pago de estas pensiones.
Por su parte, la Secretaría del Trabajo acordó que trabajará en coordinación con la SCT para establecer mecanismos de apoyo que permitan que continúen cotizando en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y esto les permita tener acceso a la seguridad social y a obtener una pensión que no dependa de la aerolínea.
Pese a la firma del acuerdo la situación aún no concluye ya que aunque Mejía Pérez y su compañero levantaron la huelga de hambre, las casas de campaña y pancartas continúan frente a los mostradores de la aerolínea en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ahora con la presencia de Rocío Guerra Peimbert, trabajadora de tierra de la aerolínea.
Ella se sumó en solidaridad con sus compañeros dos días antes de la reunión con la Sebog y decidió que continuará el ayuno hasta que el gobierno escuche también sus demandas.
La huelguista, que trabajó 25 años en la aerolínea como personal de tierra en el área contable de la base de mantenimiento, consideró que el acuerdo logrado sólo contempla a las sobrecargos jubiladas, por lo que ahora les toca a las y los trabajadores activos sumarse a la lucha para que el Gobierno Federal reactive a Mexicana de Aviación.
Guerra Peimbert acusó que ni sus compañeros jubilados ni el líder sindical del ASSA, Ricardo del Valles Solares, quisieron entregar un documento que ella elaboró para los funcionarios que participaron en la mesa de diálogo de la Segob, por lo que ahora esperará a que la historia se repita y la citen para exponer su situación y la del resto de sus compañeras, tanto de tierra como de aire que esperan recuperar sus empleos.
13/AFR/ LGL
Marcha nacional en Nicaragua a favor de Ley sobre violencia
Organizaciones feministas de Nicaragua anunciaron una marcha nacional para manifestarse en contra de 4 recursos de inconstitucionalidad presentados ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779) y exigirle que los declare inadmisibles.
Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), dijo que la Ley 779 es constitucional y está en el marco de las normas establecidas para garantizar la integridad física y moral de las mujeres y es consecuente con los compromisos internacionales asumidos por el Estado nicaragüense, por lo que la CSJ debe rechazar esos recursos de inconstitucionalidad.
Jiménez indicó que los recursos en contra de dicha Ley se tramitaron en menos de 45 días cuando los que presentaron las organizaciones feministas contra la penalización del aborto terapéutico llevan 7 años en trámite.
El MAM es uno de los 28 espacios de coordinación de 148 organizaciones de mujeres que se coordinaron en Managua para exigir a los Magistrados de la CSJ que rechacen cualquier intención de echar atrás la Ley 779.
La Ley 779 fue aprobada en febrero de 2012 y establece sanciones para los delitos que se cometan en agravio de las mujeres, entre ellos el feminicidio. Incluye la creación de políticas públicas para prevenir y sancionar todas las formas de violencia de género y establece medidas de protección para las mujeres víctimas de algún tipo de violencia.
Luz Marina Torres, de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV) dijo que sería una gran contradicción “que los magistrados de la CSJ le den trámite a esos recursos porque muchos de ellos incluso colaboraron con la realización de esta ley”.
Para la RMCV sería grave que los magistrados se pronunciaran a favor de la inconstitucionalidad ya que ello afectaría a las 150 mil mujeres que han presentado denuncia por violencia.
Cabe recordar que desde la aprobación de esta Ley grupos conservadores han intentando revertirla argumentando que “contradice lo contenido en la Constitución y violenta los DH de la población masculina”.
Los últimos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley fueron presentados por dos abogados litigantes y un comerciante al considerar que impide la mediación entre la víctima y el agresor en los casos de violencia familiar.
13/NR/LGL
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Centro Frayba) denunció que en los seis años del gobierno de Felipe Calderón se usó el tema de la seguridad y del desarrollo para despojar a las comunidades indígenas de sus tierras y avalar las violaciones a Derechos Humanos (DH) en Chiapas.
En su informe 2006-2012 “Entre la política sistémica y las alternativas de vida” sobre la situación de los DH en aquella entidad, el Centro Frayba señaló que en el sexenio pasado los proyectos trasnacionales permitieron que las empresas explotadoras de recursos naturales despojaran a indígenas y campesinos de sus tierras.
Aunado a lo anterior estos defensores afirman que aunque hay proyectos que las comunidades indígenas rechazan en la actualidad son avalados por el gobierno de Enrique Peña Nieto quien ensalzó como compromiso de campaña la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque, un proyecto que piden, sea cancelado.
El Centro Frayba afirmó que los proyectos para crear complejos turísticos, construir nuevas autopistas, carreteras y caminos así como fomentar el uso de biocombustibles o crear viviendas de carácter social han estado acompañados de amenazas y hostigamiento contra las comunidades indígenas que se oponen a estas obras.
Por ejemplo, habitantes tzotziles de la localidad de Mitzitón, en Chiapas, han sido amenazados y víctimas de agresiones físicas, enfrentamientos que han llegado al grado de dejar una persona muerta y varias heridas; pero además las personas defensoras también viven hostigamiento judicial y detenciones arbitrarias.
La comunidad Mitzitón junto con otras comunidades de los municipios de Tumbalá, Salto de Agua, Ocosingo y Chilón, han manifestado su rechazo a la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque por considerar que esta obra viola el derecho al territorio de los pueblos choles, tzeltales y tzotziles.
En este contexto el Centro Frayba señaló que el ex gobernador de la entidad Juan Sabines utilizó el hostigamiento judicial para crear divisiones internas en las agrupaciones indígenas y la procuración de justicia y los medios de comunicación para criminalizar la resistencia de los pueblos.
En este contexto esta agrupación civil sostuvo que las nuevas políticas que tienden a mercantilizar los recursos naturales de los territorios donde viven los pueblos indígenas en Chiapas, forman parte de una lógica en la que el Estado no quiere reconocer los derechos de las comunidades originarias.
Además señalaron que la estrategia de seguridad nacional y de combate a la delincuencia organizada implementada en el sexenio anterior fue el argumento del Estado para no respetar los DH y evadir sus responsabilidades en la materia, lo que limitó el trabajo de las y los activistas, que además fueron blanco de múltiples amenazas.
Ante esto el Centro Frayba afirmó que el Estado debería garantizar la defensa del territorio de los pueblos indígenas, así como de los recursos naturales toda vez que su obligación es promover, respetar y garantizar los DH y del medio ambiente.
13/AGM/LGL
Concluye ciclo “Crónicas de nuestros días: conversaciones con sus autores”
Cronistas mexicanas consideran que la visión individual es la que influye en la forma en la que interpretan y narran el mundo desde el lugar que les tocó observar, aunque reconocieron que las fuentes y los ángulos periodísticos que cubren aún son los temas sociales y no las estructuras de poder.
El ciclo “Crónicas de nuestros días: conversaciones con sus autores”, organizado por la red Periodistas de a Pie, concluyó ayer en el Museo Memoria y Tolerancia con la mesa “La visión de las mujeres”, donde participaron la periodista Thelma Gómez Durán, la cronista cultural Magali Tercero y la directora de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Lucía Lagunes Huerta.
La socióloga española Isabel Vericat Nuñez, moderó el panel e inició el debate al señalar que debido a que el plural es siempre masculino en el imaginario colectivo desaparecen las mujeres, como en el fenómeno de la migración, donde la prensa suele hablar de “los migrantes”, con lo que invisibiliza al sexo femenino pese a que representa por lo menos la mitad de esta población.
La directora general de CIMAC, Lucía Lagunes Huerta explicó durante su participación en el panel que no hay un gen que provoque tener una mirada femenina o masculina, sino que los seres humanos aprenden una serie de cosas desde el lugar que ocupan en el mundo y desde ahí lo interpretan.
Sin embargo, abundó, las mujeres tuvieron que conquistar el derecho a la escritura y la educación, que en un principio les fue negado, y es en ese hecho -más histórico que natural- donde radica la diferencia entre la escritura femenina y la masculina.
“Para entender a las generaciones que hoy hacemos periodismo es necesario recordar que hasta finales de los años setenta las mujeres no cubríamos la información general y estábamos destinadas a la sección de sociales, es decir a las crónicas de los bautizos y las bodas, como si tuviéramos un gen que nos limitara”, refirió la directora de CIMAC.
Narró que en una investigación sobre cómo llegaron las mujeres a la sección de información general, se relata la historia de una periodista que pedía que la llamaran reportero, vestía traje sastre al estilo masculino y a sus colegas de la redacción les aconsejaba que “evitaran que las trataran como a unas damas si querían tener un lugar en el mundo del periodismo”.
Y concluyó que esta situación explica la lucha que han vivido las mujeres por destacar en el periodismo, que a pesar de representar en la actualidad el 60 por ciento de las redacciones, apenas ascienden al 3 por ciento en los cargos directivos de los medios, en México y el mundo.
Además de que las mujeres, apuntó, todavía son mayoría en las fuentes sociales, y es porque los jefes –mujeres y hombres – consideran que son más sensibles para entender el sufrimiento humano, por lo que pueden retratar el dolor de una manera muy distinta a la de los hombres.
En sentido contrario, las cronistas Thelma Gómez Durán y Magali Tercero, citaron una frase de la escritora británica Virginia Woolf, quien sostiene que cuando “ escribe no es hombre o mujer y se dirige a esa amplia zona del alma que carece de sexo”, con lo que dijeron coincidir.
Thelma Gómez aseveró que la sensibilidad y la calidad periodística son independientes del género, ya que son parte de la visión individual que poseen las y los cronistas como seres humanos que miran el mundo desde un lugar determinado, sin importar si es hombre, mujer.
Cuestionó el sesgo de las jefaturas de información en las redacciones quienes creen que sólo las mujeres pueden cubrir temas de su género o de Derechos Humanos, ya que, en realidad, se trata de un tema de ética y calidad periodística.
“Un hombre puede escribir un reportaje sobre la leche materna aunque su naturaleza no le permita amamantar a un hijo, lo mismo que yo puedo narrar la historia de un asesinato sin tener que ser asesina”, señaló la periodista.
Y terminó su participación al asegurar que si las mujeres logran ser más empáticas con las víctimas no es por su genética sino porque las periodistas participan más en talleres de sensibilización y técnicas de investigación, pese a que estos espacios están abiertos también a sus pares varones.
Por su parte, Magali Tercero leyó fragmentos de crónicas sin revelar el sexo del autor, para que el público dedujera si era un hombre o una mujer quien lo había escrito.
La cronista sostuvo que no encuentra diferencias entre un texto femenino y uno masculino, pero reconoció que si todavía causa tanta polémica este tema -a nivel personal y colectivo- es porque aún no se define socialmente si la escritura tiene género o no.
Cabe destacar que el Manual “Hacia la Construcción de un periodismo no sexista” señala que los estudios sobre lingüística y género concluyen que la lengua está sexistamente estructurada y que debido al no paralelismo de los géneros gramaticales (lo que se llama asimetría lingüística) se le quita existencia y menosprecia a las mujeres en el lenguaje.
“No obstante este reconocimiento, señala el Manual, las feministas contemporáneas han llamado la atención respecto al verdadero problema que la ideología sexista impone por medio del lenguaje: la forma y el contexto en que se muestra la condición social de las mujeres. De ahí que la cuestión de fondo no sea, tan sólo el uso del género gramatical masculino o femenino y el ocultamiento de las mujeres en éste, sino que en este uso en apariencia inocente, se presenta una noticia y su contexto”.
Para finalizar dijo que así como hay más mujeres que escriben sobre temas que antes eran exclusivos de los hombres, como el erotismo, deberían ser más las periodistas que publiquen crónicas e investigaciones sobre el poder.
13/AFR/ LGL
La investigadora y experta en telecomunicaciones, Clara Luz Álvarez, sostiene que aunque la reforma constitucional en la materia –aprobada por la Cámara de Diputados la semana pasada– significa un avance en el sector, en los hechos ignoró los derechos de las audiencias al enfocarse en controlar intereses corporativos.
Aplaudida por unos y vituperada por otros, la reforma busca fomentar la competencia y regular los mercados convergentes de telefonía fija y móvil, televisión abierta y restringida e internet, sin embargo, en opinión de la experta esta iniciativa fue omisa al no incluir los derechos de las audiencias.
En entrevista con Cimacnoticias, Clara Luz Álvarez, ex comisionada de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y ex relatora de la Unión Internacional de Telecomunicaciones explica que la minuta enviada al Senado para su ratificación tiene aspectos positivos pero aún no se puede decir que significa un cambio real para la ciudadanía.
La reforma “de claroscuros”, como ella la califica, modifica los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, plantea la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), reconoce como un derecho el acceso a internet y establece el término de concesiones de uso social, entre otras bondades.
“Se espera que todos estos cambios traigan una mayor calidad para las telecomunicaciones, que mejoren los procesos, pero eso es algo que, si bien nos va, veremos en el mediano plazo. No es algo que vaya a cambiar de la noche a la mañana”, destaca.
La investigadora explica que la reforma se enfocó en aspectos institucionales al hacer énfasis en las facultades de los órganos del Estado que van a revisar las telecomunicaciones y enfocarse en controlar los intereses corporativos, pero olvidó que la ciudadanía es la audiencia que históricamente ha sido desdeñada e ignorada.
Si bien durante la discusión de la iniciativa, durante la noche del 21 de marzo y la madrugada del 22, en la Cámara de Diputados hubo legisladores que promovieron reservas para incluir temas como los derechos de las audiencias, en la realidad –dice Álvarez– la sesión se convirtió en un monólogo porque ninguna reserva pasó.
En el texto aprobado se incluyó el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones, internet y banda ancha, pero la experta critica que no se consideró que hay regiones del país donde las empresas no invierten porque no son rentables y por tanto esa población no accederá a ese derecho.
“Hay zonas que no van a ser interesantes para que se lleven esos servicios de internet y banda ancha por lo que esta reforma debió establecer que en aquellas zonas donde la competencia y el sector privado no lleven servicios de internet y telecomunicaciones, el Estado se encargará de ver qué se necesita para que estos servicios se presten”.
Sobre la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones destaca que no queda claro si este organismo tendrá la facultad de revisar los contenidos de los medios de comunicación y determinar si son discriminatorios o fomentan la violencia de género.
Y es que el artículo 6 constitucional dice que la ley establecerá un organismo público encargado de asegurar el acceso a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica y la igualdad entre mujeres y hombres.
Este organismo también deberá asegurar la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.
Al respecto la investigadora destaca: “Hay dos puntos, esta iniciativa habla de que se establecerán las condiciones que regirán contenidos y eso desde el punto de vista de la libertad de expresión es terrible porque lo que menos quieres es que alguien determine si algo está bien o está mal”.
“Por otra parte este instituto aparentemente tendrá facultades de verificar que se cumpla con los criterios que señala el artículo tercero de educación y de identidad nacional como lo marca el artículo primero. Entonces va a ser un órgano todo poderoso: verá quiénes tienen la infraestructura, verá contenidos y sancionará a quienes sean dominantes y cometan prácticas monopólicas”.
La autora de libros como Internet y Derechos Fundamentales (2011) y Derecho de las Telecomunicaciones (2008) acota que en países como Estados Unidos el regulador de telecomunicaciones revisa contenidos “a posteriori”, es decir, no hay censura, porque se estudian ciertos casos donde hay un dilema.
Cuando se presenta esta disyuntiva el órgano regulador revisa si los contenidos están protegidos por la libertad de expresión o determina si, por ejemplo, se trata de algo que invade la privacidad de una persona. “Pero son casos muy concretos, no se le pide que verifique que los contenidos difundan la identidad nacional”.
El argumento de la experta es claro, la función de revisar contenidos debe ser de otro órgano. “No me parece que sea la función del regulador de las telecomunicaciones el tema de contenidos. No tendrían por qué estar (en esta reforma), lo que se acostumbra en otros países es que los reguladores vean temas de concesiones, de infraestructura, de prestaciones de servicios, pero no tienen facultades en cuanto al contenido mismo”.
Aunque Clara Luz Álvarez afirma que los contenidos que difunden los medios es un tema que se maneja por separado señala que debe ser materia de análisis. Aún falta que el Senado apruebe la reforma constitucional para después ver cómo quedará la ley secundaria y revisar si en esta última se incluyen las audiencias o los derechos de las mujeres.
Porque hasta ahora hay temas que simplemente se quedaron fuera, como la propuesta de la diputada del PRD Martha Lucía Micher Camarena –recuerda Álvarez– quien pugnó porque se estableciera la prohibición de que los medios difundieran estereotipos de género y que incitarán al odio y la violencia.
Otro pendiente fue la propuesta de la diputada del PRD, Roxana Luna, quien pidió que las telecomunicaciones fueran accesibles a las personas con discapacidad y quien destacó que si bien la ley crea la figura de “medios de uso social” no queda claro si en este concepto entran las radios comunitarias, las televisoras universitarias y los canales creados por colonos u organizaciones.
La reforma establece que habrá medios de uso comercial, público, social y privado pero no hace una definición detallada de cuáles son los medios de uso social y cuáles serán los requisitos para que obtengan una concesión del espacio radioeléctrico ni si explica si les prohibirá obtener ingresos por los servicios que ofrecen.
“En esos temas creo que fue omisa la reforma. Para la ciudadanía esto sí hubiera representado un cambio verdadero e inmediato”, finaliza Clara Luz Álvarez.
13/AGM/LGL