La organización civil Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) lamentó el “profundo desprecio” que demuestra la jerarquía católica hacia las mexicanas, al cuestionar su capacidad para decidir libremente sobre la maternidad.
CDD reiteró que la cúpula de la Iglesia católica en México ignora el Código de Derecho Canónico, que establece atenuantes a la pena de excomunión para las mujeres que interrumpen un embarazo no deseado, y que respeta su libertad de conciencia para decidir al respecto.
María Consuelo Mejía, directora de CDD, señaló la improcedencia de la feligresía católica para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, ante la visión de la jerarquía eclesiástica que sólo permite la práctica sexual con fines de procreación.
En este sentido, la defensora de los derechos reproductivos de las mujeres detalló que si la Iglesia sólo aprueba las relaciones sexuales con fines de procreación, queda en entredicho el proceder del Vaticano “ante su encubrimiento de la pederastia de sacerdotes, al dejar estos actos sin efectos legales”.
En un comunicado, CDD precisó las atenuantes para la excomunión que establece el Derecho Canónico en materia de aborto. Entre ellas, que la mujer sea menor de 16 años de edad; si actuó presionada por miedo; si lo hizo por necesidad; si actuó para evitar un grave daño; si ignoraba que infringía una ley, o si actuó en legítima defensa, entre otras.
La organización civil también defendió el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) en el DF, medida que calificó como “humanitaria porque garantiza el derecho al ejercicio de la libertad de las mujeres y regula la objeción de conciencia del personal de Salud”.
Las reformas que permiten la ILE hasta las 12 semanas de gestación en la capital del país quedaron plasmadas en los artículos 144, 145, 146, 147 y 148 del Código Penal del Distrito Federal en abril de 2007, y fueron ratificadas como constitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en agosto de 2008.
De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), de abril de 2007 a marzo de 2013 se han practicado 97 mil 562 interrupciones del embarazo en la Ciudad de México.
13/LOA/RMB
mayo 2013
República Dominicana registró desde comienzos de 2013 hasta hoy 59 muertes maternas, de acuerdo con la organización Colectiva Mujer y Salud que mantiene críticas sobre la actual situación.
Al mismo tiempo, prosiguen las deficiencias en el trato a las embarazadas en los centros sanitarios, denunció la coordinadora de la referida entidad, Sergia Galván.
La cifra supera en 10 casos la cantidad de fallecidas durante el mismo periodo del año anterior.
El presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de este país caribeño, Ruddy Guerrero, precisó el mes pasado que la tasa nacional de mortalidad materna estaba en 102 fallecidas por cada 100 mil nacidos vivos.
Dicho indicador, compilado en hospitales y clínicas privadas, es similar a países de menor desarrollo como Bolivia y El Salvador, comentó el doctor.
Expuso que por cada mil pacientes dominicanas, 28 tienen cáncer de cuello uterino, el 92 por ciento relacionado con el virus del papiloma humano.
Nuestro compromiso con la reducción de la mortalidad materna e infantil también se ha plasmado en acciones concretas, expresó el presidente dominicano, Danilo Medina, el pasado 27 de febrero.
Tenemos la meta de que no muera una madre, ni un solo infante por falta de atención adecuada, recordó el mandatario durante la rendición de cuentas de su gestión ante el Congreso Nacional.
13/DS/RMB
Las consejeras del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) exhortaron a la Secretaría de Gobernación (Segob) a que publique ya el reglamento de la Ley de Trata de Personas y modifique el de la Alerta de Violencia de Género (AVG), ya que postergar la aplicación de estas leyes implica “un elevado costo humano”.
Las consejeras y la titular del Inmujeres, Lorena Cruz Sánchez, solicitaron lo anterior a la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, Lía Limón, durante una reunión de la Junta de Gobierno del instituto el pasado miércoles.
Las consejeras aprovecharon también para pedir a Lorena Cruz que coadyuve en el acceso a las estadísticas y los procesos judiciales que se llevan a cabo por feminicidio en el Estado de México.
Sobre la modificación del reglamento de la AVG, la consejera Claudia Cruz Santiago dijo a Cimacnoticias que tal medida es necesaria ante la “partidización” del tema y el impedimento de que se haga justicia a las mujeres en diversos estados donde se ha solicitado la alerta.
“A raíz de esta situación pareciera que la Alerta de Violencia de Género es algo negativo, cuando es todo lo contrario, dado que genera herramientas para la protección de los Derechos Humanos de las mujeres en alguna entidad, región o punto focalizado en donde se genere violencia contra ellas”, explicó la consejera.
“Es por ello que solicitamos la reunión con Lía Limón, quien nos dijo que están discutiendo el reglamento de la Alerta de Violencia de Género, y que para ello armaron una comisión, en la que hay senadoras y diputadas de todos los partidos, así como especialistas en el tema, para generar las modificaciones y que no sean los estados quienes califiquen a otro estado”, detalló.
El objetivo del nuevo reglamento, añadió Cruz Santiago, es que se conforme un comité especializado que establezca mecanismos técnicos y jurídicos para determinar si procede o no la AVG, con base en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belém Do Pará), y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), y evitar así que la decisión sirva a intereses partidistas.
Por otra parte, las consejeras del Inmujeres solicitaron una reunión con el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, para instarlo a que publique ya el reglamento de la Ley de Trata de Personas, aprobada en la pasada Legislatura federal, ya que mientras esto no suceda las mujeres siguen expuestas a ser víctimas de este delito.
A decir de Claudia Cruz, la subsecretaria Lía Limón informó que la propuesta de reglamento ya está en el área jurídica y que está en proceso de incorporar las observaciones de las instancias de gobierno involucradas en la norma. La consejera sin embargo criticó que no se incluyera a las organizaciones civiles en la conformación del reglamento.
Ante la posibilidad de que en el Senado se reforme la Ley de Trata, las consejeras del Inmujeres urgieron a la Segob a publicar el reglamento, dado que –explicaron– primero hay que probar la norma antes de modificarla si es necesario.
En un contexto de grave violencia generada por el crimen organizado, no se puede postergar más tiempo la ejecución de esta ley, sentenció Cruz Santiago.
Por último, la consejera dijo que previo a la reunión de la Junta de Gobierno, hubo una reunión con el procurador del Estado de México, Miguel Ángel Contreras Nieto, y otras instancias mexiquenses, para integrar una comisión de consejeras y funcionarios estatales que dé seguimiento al feminicidio en la entidad.
En el encuentro se solicitó el número de mujeres asesinadas y se informe cómo se están procesando los casos en el ámbito judicial.
“Nos interesa que no se vea como un asunto de homicidio, sino de feminicidio, y que se apliquen las reformas que se realizaron en el ámbito penal para tipificar el delito, de forma que le daremos seguimiento al tema y en la reunión así lo expusimos”, concluyó Claudia Cruz.
13/AFR/RMB
Pese a los compromisos asumidos por los gobiernos, la población femenina en el mundo aún enfrenta grandes obstáculos para ejercer plenamente su derecho a la salud.
Las principales limitantes están ligadas a la planificación familiar y los servicios de salud materna, advirtieron expertas durante la tercera Conferencia Mundial Women Deliver 2013 (WD2013).
El evento que concluyó ayer en Kuala Lumpur, Malasia, tuvo como objetivo asegurar que la salud y los derechos de niñas y mujeres sean las principales prioridades a nivel global ahora y en las próximas décadas.
Las y los asistentes a las sesiones, plenarias y mesas de trabajo denunciaron que aún se está lejos de alcanzar los objetivos adquiridos durante la IV Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994, entre los que se encuentran el acceso universal a los servicios de salud reproductiva y la disminución de las tasas de muerte materna.
Uno de los principales planteamientos durante la WD2013 es que la posibilidad de que las mujeres definan cuándo tener a sus hijos, es esencial para el progreso nacional en todas las áreas (desde la educación hasta la prosperidad económica).
Sin embargo, se advirtió que 222 millones de mujeres habitantes de países en desarrollo no tienen posibilidades de acceder a la planificación familiar.
Además cada año 287 mil mujeres y 3 millones de bebés mueren en el mundo en desarrollo debido a un mal cuidado durante el embarazo, de acuerdo con estimaciones del Instituto Guttmacher retomadas por las y los ponentes.
Solamente en 2012, 55 millones de mujeres que dan a luz en países en desarrollo no recibieron las cuatro mínimas sesiones de consulta previas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Representantes de la organización civil Banco Mundial de Datos consideraron que la falta de registros oficiales en la materia obstaculiza los avances en salud reproductiva.
Denunciaron que dos terceras partes de los países miembros de la ONU no cuentan con un sistema que permita registrar el número de mujeres beneficiarias de los servicios, o que establezca claramente que la falta de acceso a ellos derivó en alguna complicación médica “que pone en riesgo las mejoras alcanzadas en salud materna”.
Organizaciones civiles también hicieron un llamado a los países a combatir enfermedades ginecológicas y que pueden ser prevenidas desde edades tempranas.
La Coalición Libre del Cáncer Cervical (CCFC, por sus siglas en inglés) lanzó una campaña para la prevención del cáncer cérvico uterino mediante la aplicación temprana de vacunas contra el virus del papiloma humano, así como de revisiones cervicales periódicas.
Las y los expertos hicieron énfasis en el severo rezago de los países –principalmente en desarrollo– para brindar educación integral que incluya información sobre sexualidad libre e informada a niñas y adolescentes, que actualmente representan la población más extensa a nivel global.
En varias de las ponencias se exigió a los gobiernos que consideren y respeten los derechos a la salud reproductiva como Derechos Humanos, ya que “sin salud reproductiva efectiva las mujeres no tienen dignidad”.
Women Deliver es una organización global de defensa que reúne distintas voces que llaman a emprender acciones para mejorar la salud y bienestar de las mujeres y niñas.
Cada tres años lleva a cabo la Conferencia Internacional con el objetivo de visualizar los avances y retos que aún están pendientes para asegurar el pleno derecho de las mujeres a la salud.
En esta ocasión se buscó puntualizar en estrategias y metas que puedan ser retomadas en Cairo+20, cuando los países miembros de Naciones Unidas evalúen su desempeño con respecto al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
13/AZM/RMB
La organización internacional Women Deliver llamó a los países miembros de la ONU a que en el replanteamiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) –a definirse en 2015–, se incluyan la salud y el empoderamiento de niñas y mujeres para lograr un mundo justo y sustentable.
Después de tres días de trabajo de la Tercera Conferencia Internacional Women Deliver 2013 (WD2013), 4 mil 500 líderes mundiales –representantes de 2 mil 200 organizaciones de 149 países– coincidieron en que la salud y el bienestar de niñas y mujeres debe estar en el centro de las nuevas acciones que se emprendan para alcanzar el desarrollo global.
Celebrada en el Centro de Convenciones de Kuala Lumpur, Malasia del 28 al 30 de mayo, la WD2013 se centró en visualizar las necesidades críticas y obstáculos que continúan enfrentando niñas y mujeres en la salud sexual y reproductiva.
Así como en evidenciar los retos pendientes de los países en torno a los ODM, compromisos asumidos en 1994 durante la IV Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo.
En la clausura estuvieron presentes la administradora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Helen Clark; la ex presidenta de Filandia, Tarja Halonen; la directora de la Fundación para el Desarrollo de las Mujeres Africanas, Theo Sowa, entre otras y otros expertos.
Recalcaron la importancia de colocar a niñas y mujeres en el centro de la siguiente agenda de desarrollo, y en la discusión de estrategias nacionales e internacionales para atender sus necesidades específicas.
A decir de las especialistas, las propuestas emanadas de la conferencia deben ser retomadas por los dirigentes nacionales como un esbozo sobre las maneras en que tendrían que estar colocadas las necesidades de la población femenina.
También coincidieron en que al garantizar el derecho de mujeres y niñas a la salud se puede construir un mundo más justo y sustentable, toda vez que la planificación familiar contribuye a potenciar otros aspectos del desarrollo de la población.
Helen Clark llamó a los Estados a elaborar la nueva agenda global dando prioridad a la igualdad y equidad de género, donde se visualice el objetivo de empoderar a las mujeres para que sean capaces de tomar sus propias decisiones.
La ex presidenta de la Fundación Global de Mujeres, Kavita N. Ramdas, consideró que uno de los objetivos de los países a nivel mundial debe ser “dejar de hablar de muerte materna y hablar de elección de métodos anticonceptivos”.
Es decir, se debe conquistar la meta de reducir las tasas de mortalidad materna y asegurar que la preocupación de las mujeres en materia de sexualidad se centre en la elección de un método anticonceptivo.
Puntualizó que se debe atacar la violencia sexual y las relaciones forzadas, y asegurar la educación de niñas y adolescentes para “comenzar a hablar sobre el pleno goce de las mujeres a su sexualidad en libertad y con conciencia”.
13/AZM/RMB
El Estado salvadoreño informó que dará cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), para realizar de inmediato la interrupción del embarazo de alto riesgo a la joven Beatriz, quien padece “lupus eritematosos discoidea” y cuya vida peligra al llevar 26 semanas de gestación de un feto anencefálico (sin cerebro).
El Ministerio de Salud salvadoreño dijo en un comunicado que el equipo médico que atiende a Beatriz, de 22 años de edad, “podrá actuar en consonancia con la resolución” de la CoIDH, para salvaguardar la vida de la mujer.
En entrevista telefónica con Cimacnoticias, Ana Marcia Aguiluz Soto, directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) –con sede en Costa Rica–, destacó que a pesar de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador negó un amparo a Beatriz, hay “voluntad política” del Estado para acatar la orden de la CoIDH.
Sin embargo, la abogada refirió que todavía no se tiene claridad por parte del Ministerio de Salud para conocer cuándo realizará la intervención, y qué método quirúrgico utilizará para proteger la vida de Beatriz.
La integrante de la organización que litiga el caso de Beatriz ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se le permita el aborto terapéutico, recordó que a más tardar el próximo 7 de junio El Salvador deberá informar a la CoIDH sobre el cumplimiento del fallo, por lo que espera que antes de esa fecha se realice la interrupción del embarazo.
Aguiluz Soto relató que ayer habló con funcionarios del Ministerio de Salud, quienes le informaron que todavía no podían declarar cuándo y cómo se llevaría a cabo la intervención, porque el Comité Médico está reunido para analizar y determinar la opción más viable.
Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador –que colabora en el caso con Cejil–, expresó que la negativa de la CSJ a otorgar el amparo “era ambigua”, ya que reconocía que el equipo médico que atiende a Beatriz es el único facultado para determinar el procedimiento, pero no le ofrecía certeza jurídica para que actuara sin temor a sanciones penales.
En El Salvador el aborto está tipificado como delito bajo cualquier circunstancia desde 1998. La sanción penal es de hasta 50 años de prisión y actualmente hay 22 mujeres salvadoreñas detenidas por esta razón.
“La resolución (de la CoIDH) es tan trascendente para las mujeres de este país e incluso de la región, que ayer la ONU emitió un comunicado en el que manifiesta su apoyo a Beatriz, con base en las recomendaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, y para que se abra el diálogo nacional sobre la despenalización del aborto”, resaltó Morena Herrera.
La activista explicó que ayer se puso en contacto con Beatriz, quien se encuentra hospitalizada para que se pueda monitorear su embarazo, para informarle que el Ministerio de Salud había autorizado que le realizaran una cesárea la próxima semana, aunque hasta ahora no hay confirmación oficial al respecto.
Rebeca Ramos Duarte, investigadora jurídica del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), consideró positivo que el Ministerio de Salud salvadoreño manifestara que se cumplirá con la resolución de la CoIDH, aunque todavía no se tenga la certeza del procedimiento quirúrgico que se realizará.
Visita nuestra Galería Fotográfica aquí
13/AFR/RMB
Impartirán en Chiapas seminario sobre género y violencia. Bilbao será la sede del “Tribunal de Derechos de las Mujeres”. En línea manual de género y agroecología.
Impartirán en Chiapas seminario sobre género y violencia
México.- La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y el Centro de Estudios sobre México y Centroamérica, invitan al Seminario Especializado “Roles de género y construcción del cuerpo” y “Transgresión y delito” impartido por la Doctora Dolores Juliano de la Universidad de Barcelona.
El seminario se llevará a cabo del 10 al 14 de junio de 9:00 a 14:00 horas en las instalaciones de la Universidad de Chiapas (UNICH). Para mayores informes escribir a [email protected]
Bilbao será la sede del “Tribunal de Derechos de las Mujeres”
España.- Colectivos y asociaciones de Bilbao, realizarán el “Tribunal de Derechos de las Mujeres Euskal Herria 2013” los días 7 y 8 de junio, con el propósito de visibilizar la violencia contra las mujeres como una realidad mundial.
Se centrará en los temas “Derecho a una vida libre de violencia”; “Derecho al aborto” y “Derecho a un nivel de vida digno para las mujeres”.
Los Tribunales Simbólicos son una estrategia de las organizaciones de la sociedad civil para denunciar la impunidad y contrarrestar los efectos de la invisibilidad que caracteriza a algunas violaciones de derechos humanos.
En línea manual de género y agroecología
Perú.- El Programa de Desarrollo Rural del Centro de la mujer peruana, Flora Tristán, presentó un manual de género y agroecología que integra diez módulos técnicos y sociales que se desarrollarán en la Escuela Agroecológica de Productos Rurales.
El primer módulo del manual, titulado “Género, cambio climático y agroecología” está disponible en su versión digital en la página del Centro Flora Tristán http://www.flora.org.pe/
13/MMS/LGL
Aborto legal por violación, derecho nulo para las oaxaqueñas
Para las oaxaqueñas que resultaron embarazadas debido a una violación sexual, el acceso al aborto legal por esa causal ha fracasado. Si quieren ejercer este derecho, ellas tienen que ir al DF, donde la interrupción del embarazo se permite hasta las 12 semanas de gestación.
Cifras de la Subprocuraduría de Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género divulgadas en su sitio web, revelan que sólo entre enero y febrero de 2013 se presentaron 102 denuncias por delitos sexuales, aunque no se precisa el tipo de agresiones.
En contraparte, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), instancia autorizada para realizar abortos en caso de violación, refiere que en lo que va del año se han practicado sólo dos procedimientos: uno en la región de la Mixteca y otro en Valles Centrales.
Oaxaca es una de las 17 entidades federativas que a partir de 2008 reformaron sus constituciones locales, para “proteger la vida desde la concepción-fecundación”, lo que ha derivado en la criminalización del derecho al aborto legal.
Julia Escalante, coordinadora de política y abogacía de Ipas-México, organización defensora de los derechos sexuales y reproductivos, explica que al menos 10 por ciento de las violaciones culminan en un embarazo, por lo que la cifra de dos abortos legales practicados en Oaxaca revela que hay un número importante de mujeres que no acceden a la interrupción de la gestación.
Según Jorge Iván Galindo Santiago, coordinador del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de los SSO, el procedimiento para acceder al aborto legal es “pronto y expedito”.
“Es obligación de los médicos y psicólogos de la unidad ante una situación de violencia. Se da aviso al Ministerio Público (MP), se va a la Subprocuraduría de Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, se envía a las víctimas al Hospital Civil, y a través de la dirección de Asuntos Jurídicos se da la instrucción para que realice el procedimiento”, detalla.
DESIGUALDAD
Sin embargo, de acuerdo con la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser-Oaxaca), ante lo difícil que resulta el acceso al aborto legal en el estado, las mujeres embarazadas víctimas de una violación han tenido que viajar a la Ciudad de México para ejercer su derecho a decidir.
En tanto que otras más, principalmente las que viven en zonas marginadas e indígenas, tuvieron que llevar a término su embarazo.
La cifra es más alta de lo que se registra en la Procuraduría si se toman en cuenta los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (Endireh), que reporta que de las mujeres víctimas de delitos sólo denuncia una de cada 10.
Una investigación de Ipas-México, con base en cifras de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca (PGJE), arroja que esta instancia no registra cuántas de esas violaciones derivaron en un embarazo.
El estudio asienta que no todas las violaciones son denunciadas, ya sea por la lejanía de las comunidades con el MP, o porque el personal de procuración de justicia “está cargado de estigmas que desalientan la denuncia”.
Mayra Morales, coordinadora de Ddeser-Oaxaca, apunta que una de las prácticas más comunes de los MP es cuestionar a las mujeres víctimas de violación sobre la manera en la que vestían al momento de ser agredidas.
DESINTERÉS OFICIAL
Julia Escalante dice que recientemente con apoyo del Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO), Ipas capacitó en materia de aborto por violación a directores de hospitales en el estado, pero sólo asistió el 50 por ciento.
En los talleres se abordó que los mismos médicos representan una barrera para el acceso al aborto por violación, toda vez que no lo facilitan, no capacitan a su personal, y no adquieren tecnología segura para sustituir el uso del legrado y evitar así riesgos para la salud de las mujeres.
A partir del caso de María –una niña sordomuda embarazada tras ser víctima de violación–, el 28 de septiembre de 2004 el Colectivo Huaxyacac propuso una reforma al Código de Procedimientos Penales del estado, para definir un procedimiento que hiciera efectivo el derecho al aborto por violación.
En 2009 se modificó la NOM 046 para establecer que en caso de violación, las instituciones de salud deberán ofrecer la anticoncepción de emergencia, así como el servicio de aborto legal.
En 2010 el IMO presentó por vía del Ejecutivo estatal una propuesta de protocolo para el aborto legal por violación, la cual fue aprobada por el Congreso local el 12 de agosto de ese año.
13/CL/RMB
A nivel global, las mujeres migrantes son cada vez más jóvenes: niñas y adolescentes a partir de los 10 años abandonan su lugar de origen en busca de trabajo u oportunidades de estudio, y en algunos países representan el 30 por ciento del total de la población femenina migrante.
El informe “Las jóvenes en movimiento: Mujeres adolescentes y migración en el mundo en desarrollo”, publicado recientemente por la organización internacional Consejo de Población, presenta un esbozo de las condiciones y obstáculos que enfrenta la población femenina que decide –o se ve obligada– a emigrar a temprana edad.
Realizado por Miriam Temin, Mark R. Montgomery, Sarah Engebretsen y Kathryn M. Barker, el estudio expone que hoy más mujeres adolescentes emigran por la falta de oportunidades en sus lugares de origen –comúnmente rurales–, ya que “quieren trabajar, aprender, adquirir habilidades y recursos”, mientras que otras huyen de la pobreza, la guerra o los matrimonios tempranos.
De las niñas entre 10 y 14 años, el 40 por ciento emigra por razones relacionadas con la educación, y el 22 por ciento para buscar empleo o por cuestiones laborales de su familia.
De las adolescentes entre 15 y 19 años de edad, 30 por ciento emigra para estudiar; 33 por ciento por trabajo, y 25 por ciento por la muerte de un familiar que las cuidaba.
En el estudio se advierte que muchas adolescentes que emigran combinan sus aspiraciones educacionales con sus planes de trabajo. En Ghana, por ejemplo, 20 por ciento de ellas dijeron aceptar un empleo como trabajadoras del hogar porque sus patrones les prometieron ayudarlas a estudiar.
Otra de las metas de las adolescentes es conseguir su independencia económica y “empoderamiento”, o abandonar su lugar de origen con el fin de “madurar”.
Sobre los riesgos que corren las adolescentes en los trayectos, el informe destaca que las que emigran para escapar de circunstancias difíciles están más expuestas a sufrir algún tipo de agresión, ya que viajan sin el apoyo de sus familias y se ven forzadas a tratar con personas desconocidas durante sus traslados.
Sin embargo, también las adolescentes migrantes que viajan acompañadas son vulnerables a robos, maltratos, violaciones sexuales, y a caer en redes de trata de personas.
Al llegar al país de destino, las adolescentes enfrentan condiciones laborales restrictivas, es decir, las migrantes entran al mercado laboral a edades más jóvenes y con menos educación en comparación con las jóvenes locales.
Esta circunstancia las ubica en condiciones de trabajo más precarias. Por ejemplo, en Uganda, el 60 por ciento de las niñas en el sector informal son migrantes.
Según el estudio, las jóvenes migrantes trabajan regularmente en bares, restaurantes, en labores domésticas, así como en maquiladoras, aunque también son sexualmente explotadas.
El reporte concluye que urgen políticas públicas y acciones a niveles nacionales e internacionales, enfocadas en las necesidades de las niñas y las adolescentes migrantes.
Entre estas acciones se propone informar a las menores de edad sobre los riesgos e implicaciones de la migración, y crear estancias con redes de apoyo para las jóvenes migrantes, y servicios de migración “amigables” para ellas.
13/AZM/RMB
Activistas lanzaron una campaña en redes sociales para solicitar que el Gobierno del Distrito Federal, la Procuraduría capitalina y el Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF) reconozcan que Clara Tapia Herrera fue víctima y no cómplice del presunto violador y corruptor de menores Jorge Antonio Iniestra Salas, el “Monstruo de Iztapalapa”.
En la campaña se denuncia (como lo documentó Cimacnoticias) que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) –cuyo titular en su momento era el hoy jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera–, incurrió en anomalías al detener y presentar a Clara ante los medios de comunicación sin orden de aprehensión ni aviso previo, como lo comprobó la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF).
Clara es una mujer que vivió violencia desde la infancia. En octubre de 2004 conoció a Jorge Antonio, quien se hizo su amigo y a finales de enero de 2005 se fue a vivir a la conserjería de la escuela primaria donde ella vivía; ahí aprovechó para alejarla de sus tres hijos y su familia.
El sujeto comenzó a abusar sexualmente de las dos niñas y amenazarlas con no decir nada a su mamá, mientras que a Clara le pedía dinero para no dañar a sus hijas. La violencia psicológica y emocional que vivió Clara no fue suficiente, pues una vez que denunció enfrentó la revictimización por parte de las autoridades.
Tras más de siete años de maltrato y humillaciones, en 2011 Clara decidió poner fin a los abusos y denunciar a Jorge Antonio ante la PGJDF por diversos delitos contra sus dos hijas e hijo y de ella misma; una denuncia que fue recibida en la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Iztapalapa.
El 1 de julio de 2011 las autoridades capitalinas abrieron una averiguación previa en contra de Jorge Antonio y sus cómplices por los delitos de corrupción de menores, explotación laboral infantil, violación equiparada, retención y sustracción de menores, amenazas, extorsión, robo y abuso de confianza.
El 6 de septiembre de 2011 Clara recibió una llamada de la PGJDF para pedirle que se presentara en el bunker de la Procuraduría, para reconocer a las personas detenidas por su denuncia.
Sin perder tiempo, Clara acudió con la esperanza de reencontrar a sus dos hijas, a quienes no veía desde 2009 cuando fueron secuestradas por Jorge Antonio, quien supuestamente se las llevó para protegerlas porque en ese año entraron a robar a la conserjería.
Cuando acudió a reconocer a los detenidos, en el lugar había mucha gente, fotógrafos y camarógrafos. Una mujer le dijo que pasara para que le hicieran un examen médico, pero minutos después, Clara apareció sentada junto a Jorge Antonio y sus supuestos cómplices. Era su presentación ante los medios.
En marzo de 2012, gracias a esa escena, el caso de Clara –entre otros similares– dio origen a la recomendación 3/2012 de la CDHDF, para solicitar a la PGJDF elimine la práctica de exhibir ante los medios a presuntos delincuentes.
La recomendación enfatizó que tal exhibición es violatoria del derecho a la presunción de inocencia, a una defensa adecuada, a los derechos de igualdad ante la ley y los tribunales, a la honra, la reputación, la vida privada y la intimidad, además de ser un trato cruel, inhumano y degradante.
Con esa resolución, la CDHDF determinó que además de la violencia que padeció a manos de Jorge Antonio, Clara fue estigmatizada por un juicio mediático que la sentenció mientras el proceso judicial apenas empezaba.
Y peor aún, sin ninguna consideración por parte de la PGJDF, Clara se enteró que una de sus hijas murió presuntamente asesinada por Jorge Antonio cuando las y los reporteros comenzaron a interrogar a los detenidos sobre el cautiverio de las dos adolescentes y la muerte de una de ellas.
Incluso la CDHDF pidió la reparación del daño para las personas afectadas por la actuación de la autoridad capitalina, algunas de las cuales ya habían sido liberadas al no comprobarse que cometieron algún delito, sin embargo Clara está por cumplir dos años en prisión acusada de corrupción de menores contra sus tres hijos.
No obstante y pese a las evidencias mostradas por el organismo, la PGJDF rechazó la recomendación al argumentar que la exhibición de presuntos delincuentes como Clara tiene una función social, pues sirve para que la ciudadanía reconozca y denuncie a los posibles responsables del delito.
El pasado martes, activistas lanzaron la campaña “LibertadClara” a través de Facebook, Twitter y WordPress, y crearon una petición web para que las y los interesados envíen cartas al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y al presidente del TSJDF, Edgar Elías Azar, para que la mujer quede en libertad.
Asimismo se pueden dirigir misivas al procurador de Justicia capitalino, Rodolfo Fernando Ríos Garza.
Cabe recodar que el caso está en manos del Juzgado 64 Penal, que analiza los alegatos, y en la Sala Octava del TSJDF, la cual debe determinar si se desvanecieron las pruebas que la acusaban y la deja en libertad.
En tanto y mientras se suman más muestras de solidaridad, Clara envió -a través de su hermana Cruz- una carta de agradecimiento a quienes la han apoyado. “Gracias les doy por ser personas tan sensibles y nobles desde que supieron toda la violencia-tortura que vivimos mis hijos y yo. Gracias”, dice la nota que circula en la página web de la campaña.
13/AGM/RMB/LGL