El término “feminización de la migración” genera polémica entre las y los académicos al dividirlos en dos posturas, la cuantitativa, que afirma que la participación de la población femenina en los flujos migratorios no ha variado en las dos últimas décadas y aún es minoritaria, y la cualitativa que sostiene que el papel que juegan las mujeres es el más trascendente.
Los demógrafos consideran que “se ha abusado mucho del término” y que habría que matizarlo, porque lo que ellos observan es que cada flujo migratorio tiene sus variaciones en el tiempo y que a pesar de que hay nichos laborales en Estados Unidos, donde las mujeres sí son mayoría, siguen representando una minoría del volumen total de la población migrante, como para hablar de feminización.
Silvia Giorguli Saucedo, investigadora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales (Cedua), de El Colegio de México, agregó que en realidad la participación de las mujeres en el flujo migratorio se “ha movido poco” desde la década de los 80, por lo que no hay un cambio tan drástico que dé pie para hablar de una feminización.
La investigadora agregó que para ciertos países el flujo migratorio tiene un componente femenino mucho mayor, pero en el caso de México la participación de las mujeres en la permanencia y el cruce de la frontera ha tenido cambios bastante moderados, por lo que en su opinión, más que hablar de una feminización lo que hay es una mayor visibilidad de las mujeres en el fenómeno migratorio.
Lo anterior porque explica que todavía a finales de los años 70 y principios de los 80 las mujeres eran sujetos pasivos que vivían la migración a través de sus parejas, padres o hijos, realidad que cambió sobre todo en los últimos 10 años, pues las mujeres emigran solas y no necesariamente para reunificarse con la pareja o familiares, sino desde una decisión propia y jugando un papel fundamental.
Elaine Levine Leiter, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (Cisan) de la UNAM, explicó que debido a esta situación, muchos actores hablan de la feminización de la migración, lo que no significa que sean mayoría, sino más bien que se debe a la búsqueda de autonomía para mejorar su situación socioeconómica, o por huir de la violencia intrafamiliar en lugar de ser quienes acompañan o esperan el retorno de los migrantes varones.
Olivia Ruiz Marrugo, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), narró que es común que le cuestionen si hay más mujeres migrantes, cuántas son, cómo ha crecido este flujo y qué porcentaje representan en la población total, pero que más allá de los números, en los cuáles no pueden confiarse, lo que es evidente es que la carga más pesada de la migración la llevan ellas.
La académica argumentó que sí es posible hablar de feminización de la migración dado que el impacto de la violencia contra las y los migrantes, no sólo sexual o por la trata, y las políticas de EU en cuanto a las deportaciones y la separación familiar, recae sobre la población femenina en “forma excesiva”.
Olivia Ruiz, con su visión de antropología cultural, sostuvo que ella no hablaría de una feminización de la migración en términos cuantitativos, porque todavía cruzan más hombres, pero sí en términos del impacto social, económico, de salud y de violencia, porque no sólo cargan con su destino, sino también con el futuro de las y los hijos, más aún cuando pierden su custodia por la deportación.
13/AFR/RMB
junio 2013
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) –dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob)– lleva un año trabajando en una propuesta normativa, para garantizar que se pueda decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG) sin que hasta ahora tenga un resultado concreto.
El 29 de junio de 2012 la Conavim instaló un grupo de trabajo para elaborar una propuesta de reforma al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), y con ello fortalecer y garantizar el funcionamiento para decretar y aplicar la AVG.
Un año después, mientras organismos internacionales reportan que cada día mueren seis mujeres como consecuencia de la violencia, esta dependencia de la Segob no ha informado qué pasó con su propuesta de reforma.
El informe de actividades 2011-2012 de la Conavim expone que en 2011 esta instancia firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), para elaborar un estudio sobre el procedimiento para la declaratoria de AVG. Los resultados servirían para hacer las reformas normativas.
La Ley General establece que la AVG es un mecanismo que al decretarse activa un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia, para enfrentar y erradicar la violencia o la desigualdad extrema en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Sin embargo, grupos civiles han denunciado que es “inoperante”.
En el grupo de trabajo participaron, además de algunos mecanismos estatales para el adelanto de las mujeres, representantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio –una organización civil experta en violencia contra las mujeres–, y de la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados.
De acuerdo con la información divulgada por la Conavim, la propuesta de reforma al reglamento de la LGAMVLV ya está terminada y está en trámite el dictamen jurídico, para que posteriormente la Segob pueda publicarla en el Diario Oficial de la Federación. Pero hasta ahora no hay noticias de por qué se ha retrasado esta modificación normativa.
Para decretar la AVG la solicitud la tiene que hacer un organismo de Derechos Humanos, una agrupación civil o un organismo internacional, y la petición se tiene presentar por escrito al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia (SNPASEV), en el que participan dependencias federales y los 32 institutos estatales de las Mujeres.
Según la Conavim, una de las obligaciones más importantes del Sistema Nacional es recibir las solicitudes de declaratoria de AVG y determinar la procedencia o no de las mismas. En este sentido, desde su instalación y hasta 2012, el Sistema Nacional recibió tres solicitudes, pero todas fueron rechazadas.
La primera petición fue promovida para Guanajuato en julio de 2009 por el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez y rechazada el 20 de julio de 2009. La segunda la hizo la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos para el Estado de México en diciembre de 2010, pero fue negada en enero de 2011.
La más reciente solicitud –registrada en este informe de actividades– fue presentada por Arthemisas por la Equidad, en febrero de 2012 para el estado de Nuevo León, pero en febrero del mismo año se resolvió la no procedencia.
Mientras sigue en espera la reforma al reglamento de la LGAMVLV, un reporte de la Auditoría Superior de la Federación señala que, en términos generales, el desempeño de la Conavim no cumplió con las disposiciones normativas aplicables en el diseño y coordinación de la política de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres.
El informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 destaca que en ese año el Sistema Nacional analizó las solicitudes de declaratoria de AVG “sin contar con criterios o lineamientos que proporcionaran elementos objetivos, para que los integrantes del sistema emitan su voto razonado sobre su procedencia o negativa”.
Por ello recomendó que la Conavim, en conjunto con los integrantes del Sistema Nacional, establezca lineamientos que proporcionen elementos objetivos, claros y transparentes para determinar la procedencia o negativa de iniciar la investigación para la declaratoria de AVG.
En materia presupuestal, cabe resaltar que en 2012 la Conavim recibió recursos por 115.3 millones de pesos, y para este año se le aprobaron 121.6 millones de pesos. Los resultados de su gestión, no obstante, dejan mucho que desear, en opinión de activistas contra la violencia de género.
13/AGM/RMB
El Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio, integrado por padres y madres de las víctimas del incendio en la Guardería ABC en 2009, celebró la aprobación de la Ley para regular la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en el estado de Sonora.
Patricia Duarte Franco, madre de Andrés Alonso García Duarte, niño fallecido en el siniestro ocurrido en Hermosillo el 5 de junio de 2009, destacó que un 80 por ciento del contenido de la también llamada Ley estatal 5 de Junio es acorde con las propuestas del Movimiento Ciudadano, para mejorar la atención en lo que se conocía anteriormente como estancias infantiles.
La nueva normatividad establece responsabilidades claras para los prestadores de servicios, se crean un sistema y política estatal para estos centros de atención, se obliga a contar con un registro estatal, y se aprueban sanciones por incumplimiento de obligaciones, lo que a decir de la organización civil son logros importantes.
Con la Ley 5 de Junio, Sonora se convierte en el primer estado del país que armoniza su legislación con la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, aprobada por el Congreso de la Unión el 24 de octubre de 2011.
Además de eliminar el término de “guarderías”, sustituyéndolo por centros de desarrollo integral infantil, la nueva norma los define como establecimientos públicos, privados o mixtos, donde se presten servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, en un marco de ejercicio pleno de los derechos de niñas y niños desde los 43 días de nacidos.
Otra aportación de la Ley 5 de Junio es la creación del Consejo Estatal de los Centros de Desarrollo Integral Infantil, mismo que será el encargado de instrumentar la política estatal de los centros de desarrollo integral infantil para Sonora.
El consejo estará compuesto por diversas dependencias y organismos gubernamentales relacionados al cuidado infantil, y con representación de los sectores empresarial y social. Asimismo el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio formará parte del Consejo Estatal con voz y voto.
La Ley estatal 5 de Junio define el desarrollo integral infantil como el derecho que tienen niñas y niños a formarse física, mental, emocional y socialmente en condiciones de igualdad.
Desde el 24 de octubre de 2012, las comisiones unidas de Desarrollo Social y Asistencia Pública, y de Salud del Congreso local habían intentado dictaminar esta iniciativa de ley, pero los integrantes del Movimiento 5 de Junio incidieron para que se incluyeran sus propuestas.
Durante meses las madres y padres celebraron reuniones de trabajo con ambas comisiones legislativas, e hicieron observaciones en coordinación con académicas y activistas.
Una importante precisión que preocupaba al Movimiento 5 de Junio, promotor también de la Ley General de la cual deriva la ley estatal, es que la rectoría de los centros de desarrollo infantil correspondiera en forma indeclinable al Estado y a los ayuntamientos, los cuales tendrán una responsabilidad en la autorización, funcionamiento, monitoreo, supervisión y evaluación de dichos servicios, en sus respectivos ámbitos de competencia.
Los principios que rigen la Ley 5 de Junio son: el desarrollo de niñas y niños en todos los aspectos de su vida, ya sean físicos, emocionales, psicológicos, cognitivos, sociales, educativos o culturales; el desarrollo libre de discriminación e igualdad de derechos; el interés superior de la niñez; la participación de niñas y niños en todos los asuntos que les atañen, y la equidad de género.
Todos los prestadores de servicios gubernamentales, privados y mixtos están obligados a adecuar sus instalaciones, mobiliario, planificación de actividades, plan de protección civil, entre otros aspectos, para lo cual tienen un plazo de un año.
El Consejo Estatal deberá estar instalado a más tardar en 180 días a partir de la publicación de la Ley 5 de Junio.
13/SN/RMB
Nicaragua: casos de feminicidio y violencia no se investigan
La Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV), integrada por 80 organizaciones y 50 mujeres a título individual, demandó al Estado nicaragüense la aplicación de la Ley 779 que penaliza todo tipo de violencia contra las mujeres.
Del 22 de junio de 2012, que entró en vigencia la ley, hasta el 22 de junio de 2013, 83 mujeres han sido asesinadas en el país centroamericano.
La RMCV denunció que del total de casos de feminicidio, 58 mujeres tenían antecedentes de violencia intrafamiliar y cinco de ellas habían denunciado, pero los juzgados les ordenaron mediar (conciliar) y ahora forman parte de las víctimas.
Es por eso que la RMCV, al igual que otros grupos del movimiento amplio de mujeres de Nicaragua, se opone a una reforma que pretenden enviar magistrados de la Corte Suprema de Justicia al Parlamento, para incluir la figura de “mediación” en la Ley 779.
La RMCV denunció que desde 2012 están prófugos 37 presuntos feminicidas; sólo siete han sido condenados; seis se quitaron la vida, y 27 están en espera de ser juzgados. Hay otro feminicida, a quien las autoridades dejaron en libertad y salió del país.
La RMCV demandó mayor cantidad de fiscales, debido a que en los 153 municipios nicaragüenses sólo hay 60 para atender los casos, pero además en el sistema judicial se notan pesquisas “débiles y con vicios”.
Es por eso que la RMCV demandó al Estado la asignación de presupuesto para que se aplique la Ley 779, y cumpla con los compromisos internacionales suscritos para proteger a las mujeres.
Amnistía Internacional también recomendó al Estado nicaragüense salvaguardar los derechos de la población femenina, para evitar los casos de violencia y feminicidio en el país.
La Red de Masculinidad también se sumó a la demanda de las organizaciones de mujeres y exigió que se aplique la Ley 779.
13/NR/RMB
La feminista mexicana y doctora en Antropología Mercedes Olivera recibió el pasado miércoles un homenaje por parte de organizaciones guatemaltecas de mujeres con las que ha mantenido vínculos por más de cuatro décadas.
Entre los argumentos enunciados para tal reconocimiento se mencionaron sus reflexiones teóricas feministas y aportes académicos, compromiso con organizaciones de mujeres, dedicación en procesos de enseñanza y formación política.
Lo anterior fue expuesto por Maya Alvarado, de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas; Flor Castañeda, de la Asociación de Mujeres para Estudios Feministas; Ana Silvia Monzón, de Voces de Mujeres, y Marta Godínez, de la Alianza Política Sector de Mujeres, entre otras.
Durante el evento, Mercedes Olivera afirmó que los movimientos sociales no pueden vivir separados de las reflexiones teóricas, se tienen que retroalimentar a fin de construir nuevos conceptos y categorías. “Eso es muy complicado y la realidad lo exige”, apuntó.
Como resultado de una de sus investigaciones, la feminista mexicana dio a conocer que en el estado de Chiapas el 76 por ciento de la población vive en condiciones de extrema marginación, y que en promedio gana 9 pesos al día.
Indicó que esa región se ha cubierto de palma africana para beneficiar a grandes empresas, mientras que la pobreza crece: “Las mujeres son las más dependientes, no sólo de los hombres, sino de las ayudas gubernamentales. Tenemos que ajustar nuestras propuestas para derribar las lápidas de conformismos y subordinaciones”.
Al reseñar su vida, la doctora dijo que empezó a dar clases desde los 18 años de edad, es decir, hace 60 años. “Otro de sus rasgos ha sido su visión crítica, con una fuerza tenaz que la ha llevado a nadar, casi toda su vida, contra la corriente”, explicaron las activistas que le rindieron el homenaje.
También resaltaron su militancia a favor de las mujeres, su solidaridad convertida en internacionalismo y su vocación transformadora.
“Nunca le ha bastado con investigar y comprender la realidad, desde joven ha sentido la necesidad de transformarla desde su propia vida y trabajo”, ello le ha costado renuncias, persecución y exilio, abundaron las feministas.
Mercedes Olivera dio un aporte estratégico en la formación del movimiento de mujeres rurales en Guatemala y al reconocimiento del derecho de las campesinas a la copropiedad, así como de los derechos de mujeres en los acuerdos para el retorno de la población refugiada en México (1992) y en los Acuerdos de Paz (1993-1996).
Además de las palabras de reconocimiento, se le regaló un cuadro de la pintora kaqchiquel Paula Nicho, no sólo por su valor estético sino por los rasgos simbólicos que tiene a favor de la lucha de las mujeres en Guatemala.
La obra de arte pertenece a la serie “Liberación femenina”, y describe a una mujer indígena sentada sobre un ave gigante, con el pelo suelto, una gran sonrisa, como si fuera cabalgando-volando muy alto con las piernas abiertas y descubiertas.
Amalia Mejía, una de las jóvenes que participó en el homenaje, es nieta de la líder campesina Adelina Caal, quien fue asesinada en la lucha por la tierra en 1978 y era conocida como “Mamá Maquín”, nombre que le dieron a la organización en la que Amalia participa.
La Organización de Mujeres Mamá Maquín nació en México en 1992 y hoy tiene afiliadas en cuatro departamentos de Guatemala; forma parte de la Alianza de Mujeres Rurales, misma que ha contado con el acompañamiento de Mercedes Olivera en varias ocasiones.
13/RH/RMB
A pesar de los avances en materia de participación política femenina, en la práctica no se ha logrado la igualdad y la paridad en la representación de las mujeres y del reconocimiento de sus derechos y demandas, sostiene un informe de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM).
El informe “La democracia de ciudadanía: Visiones y debates desde los derechos de las mujeres en las Américas” detalla que los sistemas democráticos actuales no ofrecen a las mujeres las mismas condiciones que a los hombres para la participación y la representación política.
El documento elaborado por la CIM, un órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), señala que en el continente los debates sobre la democracia carecen de una visión sobre la ciudadanía de las mujeres, y las contribuciones de los movimientos feministas en la politización del ámbito privado.
Este informe recoge la opinión de las académicas, ministras, parlamentarias y activistas que se reunieron en abril de 2011 en el Primer Foro Hemisférico sobre el Liderazgo de las Mujeres para una Democracia de Ciudadanía, realizado en Washington, para incidir en los debates sobre la construcción de democracias sustantivas.
En ese momento José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, afirmó que la baja representación política de las mujeres en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como en la dirección de los partidos políticos, es un indicador crítico del déficit de la democracia y el Estado de Derecho en la región.
Expuso que de 2010 a 2011 aumentó el número de mujeres ministras, pues el promedio regional pasó de 23 a 26 por ciento, y señaló que en cuatro países –Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Nicaragua– existían gabinetes paritarios, lo que indica un cierto optimismo aunque aún se está lejos de tendencias consolidadas.
Insulza aseveró que la participación y la incidencia de las mujeres en los espacios de poder político “está aún fuertemente limitada por la persistente exclusión de las mujeres en la dirección de los partidos políticos, y de las posiciones prioritarias en la listas de candidaturas electorales”.
Por su parte, José Antonio Ocampo, docente en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos, dijo que un estudio de la OEA y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo resalta la baja confianza en los partidos en la región, donde cerca de 80 por ciento de la ciudadanía se declara inconforme con sus institutos políticos.
Aquel estudio menciona también el valor de contar con múltiples formas de participación que han enriquecido la democracia latinoamericana, entre ellas los movimientos de mujeres, indígenas y de Derechos Humanos, que fueron esenciales en el retorno a la democracia en varios países del hemisferio.
En tanto, Luz Patricia Mejía, ex relatora especial por los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirmó que es necesario trascender las leyes de cuotas para que ahora sean leyes o sistemas electorales paritarios que permitan incidir en la cultura política de los partidos.
Con estas consideraciones, las y los expertos coincidieron en que el logro de la igualdad de género en la participación política requiere de normas legislativas incluyentes, y de la anuencia de partidos que garanticen espacios para las mujeres y acceso a recursos financieros para campañas que las lleven a ganar un cargo de elección.
13/AGM/RMB
Recaudan fondos para apoyar a mujeres mazahuas. Bahréin: dan más meses de prisión a defensora de DH.
Recaudan fondos para apoyar a mujeres mazahuas
México.- La Asociación Mujeres, Lucha y Derechos para Todas invitó a la sociedad en general a participar en la primera recaudación de fondos anual, para apoyar proyectos en pro de los Derechos Humanos de las mujeres mazahuas en el Estado de México.
Las personas interesadas en ayudar pueden llevar a la Cerrada de San Juan número 27, colonia San Martín, Atlacomulco, Edomex, ropa, zapatos, libros y juguetes en buen estado, los cuales se venderán a un precio simbólico en varias comunidades de la entidad.
O bien pueden hacer donativos en efectivo al número de cuenta 70024414793 sucursal Banamex, con clave interbancaria 002426700244147931, hasta el próximo 20 de julio.
Bahréin: dan más meses de prisión a defensora de DH
Berlín.- La bloguera y defensora de los Derechos Humanos (DH) en Bahréin, Zainab Al-Khawaja fue condenada el martes a otros dos meses de prisión al ser acusada de atacar a dos mujeres policías en la cárcel donde se encuentra, al intentar defender a una interna, informó el portal Front Line Defenders.
La activista, quien está en el Centro de Detención Hoora cumpliendo tres sentencias por haber participado en una reunión “ilegal”, ha participado en protestas a favor de una reforma política y la democracia en su país. Las sentencias se cumplían a fines de 2013, pero con la nueva condena seguirá presa hasta febrero de 2014.
Front Line Defenders expresó su preocupación por el encarcelamiento de la defensora debido a su labor legítima y pacífica en defensa de los DH en su país.
Premiarán sentencias con enfoque de género
México.- La Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) y ONU-Mujeres México convocó a las y los impartidores de justicia y al público interesado a postular sentencias que se hayan destacado por su argumentación y resolución con perspectiva de género.
Podrán participar en el concurso las sentencias de carácter público emitidas por cualquier órgano judicial nacional, desde 2011 hasta el 30 de agosto de 2013. Mayores informes en www.amij.org.mx.
13/GMV/RMB
Las mujeres jornaleras emigran, desde la infancia y por el resto de sus vidas, de los municipios de más alta marginación para trabajar en condiciones inhumanas en los campos del norte del país, principalmente Sinaloa (67 por ciento), Baja California, Sonora y Chihuahua.
Así lo informó Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en la presentación del informe “Migrantes somos y en el camino andamos”, que se llevó a cabo hoy durante el foro “La situación de los Derechos Humanos de las y los jornaleros indígenas”, en el Senado de la República.
Barrera Hernández señaló que las jornaleras representan 47 por ciento de la población indígena que se dedica a esta actividad en los campos agrícolas, y que en los últimos años ha crecido el número de mujeres que emigran como jefas de familia, quienes viajan con sus hijas e hijos, porque no tienen con quien dejarlos.
Esto implica que las y los niños que viajan con sus madres pierdan la oportunidad de estudiar debido a que en los campos en los que trabajan por temporadas no hay escuelas, y en las comunidades de origen los dan de baja si dejan de asistir o se niegan a inscribirlos si ya inició el año escolar.
Por tanto, al negarles el derecho a la educación, se les condena al trabajo infantil y a perpetuar las condiciones de pobreza extrema en las que viven durante generaciones, explicó el activista.
Como le sucedió a Hermelinda Santiago, integrante del Consejo de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas de la Montaña, quien a sus 28 años tiene dos décadas de experiencia en el campo, ya que inició cuando apenas tenía ocho años de edad.
Hermelinda narró que las trabajadoras agrícolas no tienen derecho a la salud, aunque las condiciones laborales del campo les causen severos daños por trabajar bajo la inclemencia del sol y en jornadas extenuantes, llevar pesadas cargas de hasta 60 kilos, exponerse a químicos peligrosos y a condiciones insalubres y de hacinamiento.
Al respecto, el director de Tlachinollan comentó que una de las principales carencias que tienen las mujeres jornaleras es el acceso a la salud, pero principalmente a la sexual y reproductiva, toda vez que muchas de ellas están embarazadas y trabajan igual que sus pares varones, por lo que aunado a la falta de seguridad social, se mantienen los altos índices de muerte materna.
Barrera Hernández denunció que los programas sociales que anuncia el gobierno federal no son suficientes ni efectivos para atender a esta población, por lo que pidió que no sólo se centre el debate migratorio en las violaciones a la población centroamericana o los connacionales en Estados Unidos, ya que 9 de cada 10 personas que emigran lo hacen dentro de México.
En respuesta a ese señalamiento, la senadora del PAN Luisa María Calderón, secretaria de la Comisión de Asuntos Indígenas, sostuvo que sí hay programas sociales específicos para las y los jornaleros, en materia de salud y estancias infantiles, y aseveró que estos tendrían que adaptarse a la realidad migrante y no viceversa.
Hermelinda le respondió que las trabajadoras indígenas sí conocen sus derechos laborales y saben que estos programas existen, pero denunció que a sus comunidades no les llegan y que cuando los han exigido las autoridades les dicen que no tienen derecho a ellos.
La senadora del PRD Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, hizo un llamado a dejar de fingir que se ignora en qué condiciones viven quienes laboran en este sector.
La legisladora instó a pasar de la conmoción que provocó el testimonio de Hermelinda y un video elaborado por Tlachinollan, a tomar acciones y medidas urgentes para regular esta situación.
Asimismo propuso un equipo de trabajo en el que no sólo participe la comisión que preside, sino que también se sumen las comisiones de Trata de Personas, Asuntos Indígenas, Trabajo e Igualdad de Género, para que vayan a los campos agrícolas a ver lo que denunció el director de Tlachinollan, y legislar a favor de mejorar sus condiciones laborales y el respeto a sus Derechos Humanos.
La senadora panista Adriana Dávila Fernández, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, refirió que no sólo se trata de modificar las leyes sino de vigilar su correcta aplicación mediante la asignación presupuestal y el seguimiento de los programas.
13/AFR/RMB/LGL
La diputada federal y presidenta de la Comisión Especial de Feminicidio, Guadalupe Flores Salazar, adelantó que se prepara una propuesta de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para hacer efectivo el cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género (AVG).
Ante la negativa del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) de decretar la AVG en el Estado de México y otras entidades, la legisladora del PRD señaló que de ser necesario se reformará la ley a fin de implementar acciones para prevenir y evitar los asesinatos de mujeres en todo el país.
Flores Salazar dijo a Cimacnoticias que con el objetivo de conocer las razones por las que se desechan las solicitudes de AVG, la Comisión Especial de Feminicidio ya solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) que la integre como parte del Sistema Nacional.
Actualmente el SNPASEVM, el cual decide si procede o no la AVG, está integrado por el Instituto Nacional de las Mujeres, los institutos estatales de las Mujeres, y secretarías de Estado y dependencias federales como la Procuraduría General de la República, entre otras.
Organizaciones civiles como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), han señalado que la ley y su respectivo reglamento presentan limitantes a la declaratoria de AVG.
“Nosotros estamos solicitando ser parte del sistema donde se define la AVG y por supuesto que estaremos trabajando para las reformas que se requieran en el Congreso”, dijo Guadalupe Flores.
El OCNF y la CMDPDH han reportado que de 2005 a 2010 en el Estado de México ocurrieron 922 asesinatos de mujeres, por lo que en diciembre de 2010 ambas agrupaciones solicitaron al Sistema Nacional emitir la declaratoria de AVG debido a la ola de asesinatos, muchos de ellos sin resolver.
Sin embargo el 11 de enero de 2011, en sesión extraordinaria, el SNPASEVM rechazó la solicitud de AVG. Ante ello, las agrupaciones se ampararon. En febrero pasado el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativo en el Distrito Federal otorgó el amparo y declaró que la solicitud tendría que volverse a votar.
Hasta ahora no hay una respuesta firme sobre si se declarará o no la AVG en el Estado de México, por lo que la diputada Flores Salazar afirmó que mientras esperan la respuesta de la Segob, ya se organiza una reunión con el gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, y el procurador estatal, Miguel Ángel Contreras Nieto, para analizar esta situación.
La reunión con autoridades estatales es parte de la agenda de trabajo de la Comisión Especial de Feminicidio, para instar a los congresos, gobernadores y procuradores locales a atender la violencia feminicida.
13/AGM/RMB/LGL
La Organización de Naciones Unidas (ONU) perfila una ambiciosa agenda universal para erradicar la pobreza y generar prosperidad económica sustentable, un proyecto en el que las mujeres, la niñez y la juventud sean los ejes de las transformaciones futuras.
Ante la inminente conclusión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) –compromisos adoptados a nivel global que vencen en 2015–, la ONU ya esboza lo que será la Agenda Internacional de Desarrollo Post 2015.
Ayer el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez-Robledo, y la ex canciller y actual embajadora emérita Patricia Espinosa Cantellano dieron a conocer que la nueva agenda tiene como premisa “no excluir a nadie del desarrollo”.
En el encuentro que convocó a representantes diplomáticos y organizaciones civiles se presentó el informe “Una nueva alianza global: erradicar la pobreza y transformar las economías a través de un desarrollo sostenible”, sobre el que se basará la próxima agenda.
El informe fue elaborado por un Panel de Alto Nivel integrado por 27 expertos, entre los que se encuentra la embajadora Espinosa, quien precisó que en septiembre próximo se presentará este documento ante Naciones Unidas para su posterior discusión.
El subsecretario Gómez-Robledo dijo que la nueva agenda integra las demandas ambientales, sociales y económicas, y al mismo tiempo acentúa temas que no estaban tan visibles en los ODM, por ejemplo los Derechos Humanos (DH), la equidad social y la igualdad entre mujeres y hombres.
Espinosa Cantellano expuso que en el informe se establecen cambios transformadores: colocar al desarrollo sostenible en el centro de toda política pública; transformar las economías para lograr un crecimiento inclusivo, y construir paz e instituciones eficaces y forjar una nueva alianza mundial.
Como parte de la Agenda de Desarrollo Post 2015 se presentaron 12 objetivos. Entre ellos: erradicar la pobreza; empoderar a las mujeres; proveer educación de calidad, y garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición.
A decir de la ex secretaria de Relaciones Exteriores, ésta es la agenda del futuro en la medida en que el sistema multilateral logre desarrollar un marco para atender los objetivos planteados, mismos que cada país podrá adoptar a su realidad.
La premisa del informe es sacar a la gente de la pobreza extrema y lograr que no vuelvan a caer en esta situación, es decir que tengan opciones de desarrollo. En este proceso se planteó el respeto a los DH y la erradicación de la desigualdad.
Patricia Espinosa señaló que en esta ocasión los expertos reconocieron que las tareas no las puede realizar sólo el gobierno, y que es necesario el apoyo de la sociedad civil, la academia y las empresas, por lo que llamó a estar pendientes de la conformación de esta agenda.
En las próximas discusiones internacionales se debatirán la situación demográfica (mujeres con menos hijos, mayor número de personas adultas mayores); la expansión de las nuevas tecnologías, y la disponibilidad de recursos financieros.
13/AGM/RMB