Para salud femenina, apenas 0.4 por ciento del PEF

Pese a los avances nacionales e internacionales para que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres sean reconocidos como Derechos Humanos (DH), éstos siguen sin ser prioritarios para el Estado mexicano.
 
La maestra en Salud Angélica Ivonne Cisneros Luján resaltó que en los últimos años se logró la asignación de un presupuesto con perspectiva de género, pero es aún relativamente bajo con respecto al total del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), lo que refleja que la salud de las mujeres no es una prioridad para las autoridades.
 
Ayer, durante la mesa “El presupuesto destinado a la salud reproductiva y la igualdad de género: Logros y desafíos”, la investigadora de la Universidad Veracruzana (UV) presentó un análisis del presupuesto asignado a la eliminación de las brechas de género en materia de salud en México.
 
Con relación al total del PEF 2013, el monto destinado a incrementar la atención a la salud y disminuir las brechas de género es relativamente poco, toda vez que de los casi 4 billones de pesos en total, sólo 18 mil millones fueron para salud de las mujeres, es decir, únicamente el 0.47 por ciento.
 
En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, el presupuesto es inclusive inferior, pues asciende a sólo mil 200 millones de pesos, lo que corresponde al 0.03 por ciento del presupuesto global.
 
Lo que refleja, a decir de la investigadora, que para el Estado mexicano lograr el avance de las mujeres en temas de salud no es primordial, ya que recordó que las prioridades de un gobierno “se miden de acuerdo a la cantidad de presupuesto que se le asigna a determinada problemática”.
 
Sin embargo –consideró– el conflicto no es el monto asignado, si no que no existe una identificación clara de las problemáticas que enfrentan las mexicanas para acceder plenamente a sus derechos.
 
Dio a conocer que una investigación realizada por el Instituto de Salud Pública de la UV identificó que no existe un diagnóstico previo de las problemáticas, lo que impide la creación de políticas públicas, acciones y asignación de un presupuesto adecuado.
 
“No determinan qué específicamente se quiere atender, por lo que las estrategias que se emprenden no son claras y por lo tanto el presupuesto tampoco; al final su ejercicio termina no siendo tan coherente y consistente”, puntualizó.
 
Por su parte, la maestra Daniela Díaz, integrante de Fundar Centro de Análisis e Investigación, advirtió que los derechos sexuales y reproductivos son además un derecho político.
 
Ante ello consideró que la rendición de cuentas en materia presupuestal debería no sólo estar enfocada en la manera en la que se ejercieron los recursos, sino que debería informar sobre el avance en la garantía de los DH de las mujeres, pues recordó que todas las instancias federales y locales están obligadas constitucionalmente a procurar y garantizar estos derechos.
 
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