Asesinato de jueza en Honduras desata condena internacional

Mireya Mendoza Peña, jueza del Tribunal de Sentencia de la ciudad de El Progreso, en Honduras, fue asesinada el pasado 24 de julio por dos hombres que le dispararon mientras conducía su auto; el crimen ha causado indignación internacional.
 
En un comunicado, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) condenó el asesinato de la jueza, quien además era secretaria de la Junta Directiva de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) en el país centroamericano.
 
A decir de esta agrupación, el asesinato de la jueza no ha sido el único contra operadores de justicia en Honduras. En 2010 fue asesinada la jueza Olga Mariné Laguna y el 27 de mayo de 2011 fue asesinado Raúl Enrique Reyes Carbajal, coordinador en Honduras de la Fiscalía en Puerto Cortés.
 
En el Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se hace mención de la preocupación por los 22 jueces hondureños amenazados de muerte, por conocer casos relacionados con el crimen organizado o pandillas.
 
Entre los operadores de justicia amenazados estaba Mireya Mendoza Peña, quien llevó casos de crimen organizado y pandillas.
 
Cejil señaló que resulta preocupante el contexto de impunidad que prevalece en Honduras. Según el ex fiscal general Luis Rubí, el 80 por ciento de los homicidios quedan en la impunidad por la falta de capacidad de los órganos de investigación.
 
Para Cejil, Honduras tiene el deber jurídico de investigar las afectaciones al derecho a la vida e iniciar una investigación seria, imparcial y efectiva, por todos los medios disponibles, y orientada a la determinación de la verdad y a la investigación, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables de los hechos.
 
Consideró que el asesinato de la jueza Mendoza es de suma preocupación por el inevitable efecto amedrentador en todas aquellas personas comprometidas con la búsqueda de la justicia, por lo que si no se investiga y sanciona, el Estado dará señal de tolerar estos actos.
 
Cejil llamó a las autoridades hondureñas a que asignen todos los recursos necesarios para investigar el asesinato de la jueza Mireya Mendoza y sancionar a los responsables, así como ofrecer seguridad a operadores de justicia amenazados o en riesgo.
 
Por otra parte, organizaciones como el Centro de Derechos de Mujeres, el Centro de Estudios de la Mujer Honduras, Feministas Universitarias, el Foro de Mujeres por la Vida, y el Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, condenaron el crimen.
 
Asimismo denunciaron el incremento de la impunidad como resultado de la incapacidad del Estado de garantizar el acceso a la justicia a la población, y la colusión de muchos de sus funcionarios con los delincuentes, imposibilitando la investigación, sanción a los culpables y la reparación a las víctimas.
 
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos Honduras también repudió el hecho y el atropello contra activistas que son hostigadas por defender los bienes comunes y promover la justicia.
 
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