Persecución penal contra migrantes se incrementa “exponencialmente”

En el año 2000 “Alicia” ingresó sin autorización a Estados Unidos; en el país vecino conoció a su esposo (también inmigrante) y juntos procrearon dos hijas, en 2009 él fue deportado, un año después ella también por no haber pagado una multa que le habían asignado anteriormente.
 
Sus dos hijas quedaron al cuidado de una familia de acogida y desde hace dos años no las ha vuelto a ver. Trató en varias ocasiones de volver al país norteamericano pero en su último intento fue condenada a trece días de prisión por ingresar sin documentos, situación que la imposibilita para obtener la visa estadounidense y en caso de que intente reingresar, podría enfrentar un proceso penal por un delito federal grave.
 
Esta es la historia con la cual la organización internacional Human Rights Watch (HRW) presenta su informe “Convirtiendo a Migrantes en Delincuentes. El impacto adverso de procesos penales en la frontera estadounidense” que da cuenta del “alto costo humano y económico” que representa la criminalización de las y los migrantes.
 
El informe fue elaborado con datos del gobierno estadounidense,  entrevistas realizadas a más de 180 personas en las que se incluyeron a migrantes y a sus familias, así como a abogados y jueces que dan seguimiento a los casos.
 
Los datos recogidos por éste señalan que sólo en 2012 más de 80 mil inmigrantes recibieron una condena por ingreso o reingreso sin documentos a Estados Unidos o por delitos menores.  Cifra que supera a los procesos penales que se siguen por otros delitos federales.
 
Con esto “el gobierno estadounidense está convirtiendo a las y los migrantes en delincuentes al enjuiciarlos en vez de simplemente deportarlos” afirma la autora del informe, Grace Meng.
 
De acuerdo con HRW la persecución penal de estas personas se ha incrementado “exponencialmente durante la última década, toda vez que mientras en 2002 se impulsaron tres mil procesos penales por ingreso ilegal para 2012 la cifra ascendió a 48 mil procesos.
 
Esta persecución deriva en violaciones a los Derechos Humanos de las personas migrantes y de sus familias, ya que en la mayoría de los casos existe desintegración familiar y muchas de las que deciden reingresar a Estados Unidos, aún con la amenaza de estar en prisión, lo hacen con la idea de volver a reunirse con sus familias.
 
Además de “Alicia” otros testimonios de mujeres ilustran el informe. “Rosa” de 62 años fue deportada y posteriormente encarcelada por intentar reunirse con sus hijos y nietos quienes sí tienen la nacionalidad norteamericana toda vez que nacieron allá. Actualmente vive sola en Ciudad Juárez.
 
También están los testimonios de mujeres que migraron a edades tempranas a Estados Unidos y que igualmente fueron deportadas a México sin que conozcan o tengan algún vínculo en este país.
 
A través de su informe HRW advierte que esta “criminalización” también tiene costos económicos de aproximadamente mil millones de dólares anuales tan sólo en gastos de encarcelamiento, “además de los perjuicios duraderos que esto supone para la vida de numerosos inmigrantes y sus familiares, entre los cuales hay decenas de miles de personas que son ciudadanas estadounidenses o residentes permanentes”.
 
Ante este panorama la organización internacional recomendó al Congreso de EU reformar la legislación inmigratoria para proteger de manera más efectiva la unidad familiar, así como prever en la próxima reforma migratoria más elementos que permitan evaluar de manera más específica la situación de cada persona inmigrante antes de decidir su deportación e incluso antes de que sean juzgados como criminales.
 
13/AZM/LGL