Nohemí es una joven de 16 años que habita en una comunidad de alto riesgo por su alto índice de violencia en la zona metropolitana de la capital salvadoreña; hace tres meses su hermana de 26 años fue asesinada por supuestos miembros de pandillas.
Nohemí aguarda a que la próxima semana le llegue dinero para viajar a Estados Unidos, donde vive su tía, la única familia que le queda aparte de su abuela, quien le dijo que ya no la puede mantener.
La historia de Nohemí está rodeada por situaciones de pandillas y migración. Su hermana estudiaba noveno grado con muchas esperanzas de progresar, así fue cuando hace 10 años decidió viajar a EU en busca de un mejor futuro.
Sin embargo al llegar al país del norte se vio rodeada de influencias que la orientaron a unirse a las pandillas y a comercializar droga. Un par de años más tarde fue deportada a El Salvador donde formó su propio grupo y continuó en esos negocios hasta que hace tres meses la asesinaron, según cuenta Nohemí.
Ahora el temor a correr la misma suerte es lo que impulsa a la joven a dejar el país. De acuerdo con las autoridades migratorias locales, el temor a las pandillas es la tercera causa por la que las y los jóvenes salvadoreños emigran de forma masiva.
La Organización de las Naciones Unidas alerta que cada vez más es la población joven la que está emigrando desde sus países a naciones con mayores ofertas laborales. En el caso de El Salvador, el 85 por ciento de las y los migrantes son jóvenes de entre 18 y 35 años.
Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, el 13 por ciento de los migrantes jóvenes son mujeres.
El reciente informe “Violencia juvenil, maras y pandillas en El Salvador”, asienta que el surgimiento de estos grupos se vincula con la migración.
En los años 70 y 80 las familias migrantes y sus hijas e hijos se vieron expuestos a las pandillas en EU y formaron sus propios grupos. Al ser deportados, traen ese modelo de vida al territorio nacional.
A partir de 1996 el gobierno de EU inició una estrategia de deportaciones masivas de jóvenes por su presunta participación en pandillas juveniles o maras.
Las deportaciones continúan y han aumentado en 6 por ciento comparado con 2102, según confirman autoridades de Migración. Desde el 1 de enero al 4 de junio de este año, 14 mil 439 salvadoreños fueron deportados, mientras que el mismo periodo de 2012 sumaban 13 mil 578.
“Tengo miedo de lo que me pueda pasar aquí, pero también tengo miedo de lo que pueda encontrar en Estados Unidos”, comenta Nohemí. “Mi tía vive en una zona donde también hay pandillas y no sé cómo será mi vida en ese lugar, pero aquí ya no veo futuro y tengo miedo de quedarme”, añade.
El viaje de Nohemí a Los Ángeles será sin documentos; el costo será de 7 mil dólares (cerca de 93 mil pesos mexicanos). Aquí pagará la mitad y la otra al llegar al destino. Le dijeron que va con uno de los mejores “coyotes” (traficante de personas). El dinero se lo presta su tía, pero lo tendrá que pagar trabajando.
Nohemí estudiaba séptimo grado pero dejó la escuela hace un par de semanas cuando decidió su viaje a EU. “Ya ni en la escuela me sentía segura”, comenta Nohemí. “Lo que quiero es irme ya y ver qué pasa”, concluye.
13/MS/RMB
agosto 2013
Reclaman transparencia en casos de violencia en Colima
El Centro de Apoyo a la Mujer “Griselda Álvarez” (CAM) manifestó la necesidad de que la Procuraduría de Justicia de Colima emita un informe puntual y completo sobre la cantidad de denuncias que han interpuesto las mujeres por agresiones de cualquier tipo.
Lo anterior, porque a la fecha no se conocen las estadísticas oficiales basadas en números reales sobre las denuncias que esa dependencia ha recibido y, por tanto, no se pueden establecer parámetros fidedignos sobre la violencia de género en la entidad, ni poner en marcha programas y acciones que permitan atacar el problema de manera más efectiva.
De acuerdo con datos del CAM con base en notas periodísticas, en Colima han ocurrido 79 casos de feminicidio en los últimos 10 años (de 2003 al mes de agosto de 2013). En los ocho meses de este 2013 se han perpetrado 12 asesinatos de mujeres; en 2012 fueron 18 y en 2011 se contabilizaron 19.
Sin embargo, la directora del CAM, Carmen Nava Pérez, dijo que si bien ellas tienen catalogados como feminicidio estos casos de asesinatos de mujeres, no existe de parte de la autoridad una información que avale que, efectivamente, se trata de este delito, pues las notas periodísticas sólo quedan en el informe y no hay un seguimiento sobre cómo lo investigó y tipificó la procuraduría.
El próximo 10 de octubre el CAM cumplirá 30 años de ser la primera instancia de asistencia a las mujeres víctimas de violencia en el país.
Nava Pérez adelantó que se solicitará al gobernador Mario Anguiano Moreno que ordene a la procuraduría que abra sus expedientes e informe a los organismos civiles y a la sociedad sobre los casos de violencia denunciados por las colimenses.
La activista informó que según los datos del CAM, una de cada cuatro usuarias ha vivido violencia física, y una de cada tres refiere violencia sexual.
En la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2011, Colima se ubicó en el primer lugar nacional en violencia sexual contra las mujeres, registrando el 10.1 por ciento de incidencia, frente a la media nacional de 7.3 por ciento.
Sin embargo, la titular del CAM explicó que la violencia sexual es la menos denunciada por las mujeres, ya que muchas veces las víctimas no la identifican.
Próximo a sus 30 años de existencia, el CAM sostuvo que su principal logro fue hacer visible la violencia contra las mujeres a partir de conformarse como centro de atención en 1983, cuando el tema no existía en la agenda pública y prácticamente era un delito hablar de él.
13/GLM/RMB
Tres hechos en menos de 48 horas dan luz y abren la posibilidad de que la justicia sea justa para las mujeres: Hilda fue absuelta; se crea un protocolo para juzgar sin estereotipos y sin revictimizar a las mujeres, y la CNDH emite su recomendación número 32.
El común denominador es garantizar justicia para las mujeres, para las decenas de Hildas que siguen presas por aborto; las miles de Ana Marías que dan sus luchas cotidianas en juzgados civiles por una pensión y por dejar la violencia que ejercen sus parejas, y las cientos de Claras que esperan dejar de ser victimarias para ser reconocidas como víctimas.
Estos casos públicos son la punta del “iceberg” de cientos, miles de casos anónimos que en todos los rincones del país buscan el respeto a sus Derechos Humanos.
Los tres casos también tienen otro punto en común: son el reflejo de la condición desigual de poder que viven las mujeres respecto a los hombres y a un sistema de justicia que las criminaliza.
Cientos de estudios académicos han demostrado cómo el sistema de procuración y aplicación de justicia se ensaña con las mujeres, por romper el esquema de pasividad, abnegación y resignación.
Cómo quienes juzgan, sin importar el sexo, dan penas más altas a las mujeres que a los hombres por delitos cometidos en igualdad de condiciones.
Hasta la legítima defensa de las mujeres es condenada. Recordemos el caso de Claudia Rodríguez Ferrando, quien para defenderse de su agresor le disparó y la tardanza de los servicios médicos le provocaron la muerte.
En 1996 el juez Gustavo Aquiles Gasca, primero en tratar el caso de Claudia, consideró que el agresor “no pudo estar consciente de sus acciones, mientras que ella sí pudo haber evitado las suyas”.
El razonamiento de juez es claro: el agresor estaba alcoholizado, eso lo excusa, y ella no, se defendió y eso la incrimina.
Finalmente Claudia fue liberada de prisión, más no absuelta del delito, ya que el juez primero de lo penal de Texcoco, Carlos S. Cruz Preciado, consideró que la acción de Claudia era un “exceso de legítima defensa”.
Clara es hoy un ejemplo de cómo la justicia bajo la lupa de los estereotipos de género juzga a las mujeres, pues ella pese a vivir violencia física, psicológica, patrimonial y sexual, es acusada de corrupción de menores por que “permitió” –dice el juzgador– que su pareja, Jorge Antonio Iniestra, golpeara, violara y retuviera a sus dos hijas.
Por ello la importancia del Protocolo que dio a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación para desalentar la revictimización y evitar que la creencia de quienes juzgan –de que si algo le pasa a las mujeres es porque ellas lo provocan– deje de ser la tónica en el proceso judicial. Y la justicia sea justa para ellas.
Reconocer que la violencia contra las mujeres es abuso de poder, cuyo propósito es ejercer el control, la dominación y la intimidación del otro, que atenta contra la dignidad, la integridad, la seguridad, la libertad y contra el derecho a la vida de las mujeres es fundamental, pues viniendo de una instancia cuyo deber es proteger los Derechos Humanos tiene resonancia.
Así lo dice la Recomendación 32/2013 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que al abordar el caso de Ana María Orozco, ex pareja del ministro Góngora Pimentel, advierte que el Ministerio Público no aplicó el principio “Pro Persona” ni la presunción de inocencia que marca nuestra Constitución.
La absolución de Hilda, quien fue condenada por el delito de aborto con la única confesión que el personal médico obtuvo bajo intimidación cuando la joven presentó una hemorragia, deja al descubierto la actitud persecutoria del personal médico contra las mujeres que acuden a los nosocomios en aquellas entidades donde se ha criminalizado la decisión de las mujeres.
Los tres hechos pasarán a la historia en el recuento de la búsqueda de justicia para las mujeres y abonan para acercar la justicia a una población que ha sido colocada al margen de ella, aunque su ícono sea femenino.
*Periodista y feminista, directora general de CIMAC.
13/LLH/RMB
Celebra senadora Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género. OIT presenta guía contra el trabajo infantil. Condena ONU muerte de niñas y niños en Siria. Repudian ola de asesinatos de periodistas en 3 países.
Celebra senadora Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género
México.- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, celebró la emisión del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La senadora por el PRD lo calificó como un avance significativo, ya que es un documento con asesoría especializada de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.
Resaltó que es importante acabar con la libre interpretación que autoridades de los tres órdenes de gobierno y el Poder Judicial llevan a cabo al aplicar la legislación que protege los Derechos Humanos.
OIT presenta guía contra el trabajo infantil
Suiza.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó el documento “Aplicación de la hoja de ruta para alcanzar la eliminación de las peores formas de trabajo infantil”.
El manual tiene como propósito eliminar para 2016 la explotación laboral infantil. Se trata de una guía de capacitación para los responsables de formulación de políticas, y presenta estrategias y recomendaciones dirigidas a gobiernos, empleadores, trabajadores y organizaciones civiles para combatir este flagelo.
Condena ONU muerte de niñas y niños en Siria
Siria.- La presidenta del Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño, Kirsten Sandberg, repudió la muerte de decenas de menores de edad en Siria tras el presunto ataque con armas químicas en las afueras de Damasco.
Sandberg dijo que “esa atrocidad es una violación horrible de la Convención sobre los Derechos del Niño”, y que los responsables de vulnerar sus derechos deben ser llevados ante la justicia.
Más de 7 mil niñas y niños han muerto y decenas de miles han sido heridos desde el inicio del conflicto armado en el país árabe.
Repudian ola de asesinatos de periodistas en 3 países
Francia.- La UNESCO expresó enérgicamente su repudio por los asesinatos de periodistas ocurridos recientemente en Guatemala, Egipto y Pakistán, por lo que urgió a las autoridades de los tres países a investigar los crímenes y enjuiciar a los responsables.
La agencia de la ONU denunció que el pasado 19 de agosto fue baleado Carlos Alberto Orellana, en el sur de Guatemala, tercer periodista asesinado en ese país en lo que va del año.
Por otra parte, el reportero Ahmed Abdel Gawad, el fotógrafo Mosab Al-Shami, y el periodista Tamer Abdel Raouf, se suman a los seis periodistas asesinados en Egipto. En tanto, el comunicador Haji Abdul Razzak desapareció en Pakistán el pasado 24 de marzo, y su cuerpo fue hallado mutilado el 21 de este mes.
13/JCUF/RMB
Corte debate primacía de Constitución o acuerdos internacionales
Ayer, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó de nuevo el análisis para determinar el lugar que ocupan los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos (DH) frente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer criterios en el tema.
Las y los ministros iniciaron la revisión de la contradicción de tesis 293/2011, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
En el debate del documento salió a colación la jerarquía de las normas, y es que el artículo primero constitucional establece que los tratados internacionales están a la par de la Carta Magna, pero el artículo 133 señala que la norma máxima es la Constitución.
El proyecto de resolución elaborado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea dice que los DH establecidos en la Carta Magna o en tratados internacionales forman un catálogo de garantías que deben relacionarse entre sí.
Hasta ahora el debate mostró posiciones divididas porque hay un grupo de ministros que está a favor de que se interprete que ambas normas están a la par, y otro que sostiene que ante todo debe prevalecer lo que marca la Constitución.
En la discusión del lunes el ministro Sergio Valls Hernández reconoció que la jerarquía normativa ha sido objeto de amplios e intensos debates en la SCJN, los cuales aumentaron tras la reforma en 2012 al artículo primero constitucional.
El ministro explicó que ese artículo permite usar la norma que más beneficie a las personas, sin importar su fuente, es decir, se puede recurrir a la Constitución o a los tratados internacionales signados por México.
Sin embargo, precisó que si hay una norma que se contraponga a la Constitución, siempre debe prevalecer la Carta Magna, pues de lo contrario esta ley sería letra muerta, y eso –dijo– no puede ser.
En este tema, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo consideró que existe supremacía constitucional porque el artículo primero señala que los derechos podrán restringirse y suspenderse sólo en los casos y bajo las condiciones que establece la Constitución.
Entonces aseguró que la Constitución es norma máxima porque se reservó el derecho de establecer cuáles son las restricciones que deben aplicarse al ejercicio de los DH, ya sea que estén garantizados en la Carta Magna o en los acuerdos internacionales.
En la discusión de hoy, el ministro Alberto Pérez Dayán expresó que todos los tratados deben adecuarse al texto constitucional como lo marca el artículo 133.
Dijo que el Poder Legislativo no reformó este artículo para salvaguardar el principio de supremacía constitucional. Y agregó que la Constitución es “la voluntad escrita y materializada de un pueblo organizado”.
Al respecto, la ministra Margarita Luna Ramos mencionó que la Constitución es el génesis de donde parte todo el aparato jurídico mexicano, por lo que el principio de supremacía constitucional sigue tan vigente como en 1917, advirtió.
A favor del proyecto del ministro Zaldívar Lelo de Larrea estuvieron la ministra Olga Sánchez Cordero y el ministro José Ramón Cosío Díaz. La discusión continuará esta semana.
13/AGM/RMB
Sin ingresos propios, hasta 70 por ciento de mujeres rurales
Pese a que en la mayoría de los países de América Latina (AL) y el Caribe las mujeres de las zonas rurales realizan gran parte del trabajo en la agricultura y en muchos casos son las encargadas de producir alimentos para el autoconsumo y consumo familiar, entre 40 y 70 por ciento de ellas no tiene ingresos propios.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicó la “Segunda Nota de Política sobre Mujeres Rurales” en la que alerta sobre el desamparo e invisibilidad en la que vive esta población en AL.
Según el documento, en la región el porcentaje total de mujeres rurales mayores de 15 años que desempeñan labores de agricultura y no reciben ninguna remuneración por su trabajo es de 40 por ciento. En países como Nicaragua la cifra de estas mujeres sin ingresos propios puede escalar hasta 70 por ciento.
De acuerdo con el informe, la invisibilidad del trabajo de las mujeres agricultoras se debe, entre otros factores, a la forma en que ellas están clasificadas en los registros oficiales a nivel nacional, pues comúnmente las trabajadoras rurales con más de 15 años de edad son registradas como inactivas, “pese a que efectivamente sí trabajan”.
No obstante, en la mayoría de los países las campesinas están clasificadas como “población inactiva” aunque son las principales productoras de alimentos para el consumo familiar, y generalmente tienen jornadas laborales más largas que las trabajadoras por cuenta propia.
Por ejemplo, en México y Guatemala el porcentaje de mujeres “inactivas” en sectores rurales que desarrollan trabajos de autoconsumo llega a más de 50 por ciento, mientras que en Ecuador la cifra asciende a 60 por ciento.
Sumado a ello, con la edad aumenta la proporción de horas semanales que las agricultoras dedican al autoconsumo, pues las labores de cuidado de menores de edad disminuyen.
El documento también destaca que el 82 por ciento de las mujeres rurales no remuneradas vive en hogares cuyos ingresos provienen exclusivamente de la actividad agrícola.
Ante este panorama, la FAO urgió a fortalecer la voz de estas mujeres para que los Estados construyan políticas de apoyo productivo y de protección social, “que respondan a sus necesidades como mujer productora y como integrante de una familia”.
Por lo que resaltó que en el ámbito productivo es necesario promover para las mujeres el acceso a la tierra, agua y otros recursos en igualdad de circunstancias con respecto a los hombres, y facilitar que obtengan apoyos del Estado.
También en el ámbito de su carga de trabajo doméstico y de cuidado, la FAO recomendó que se debe promover la responsabilidad compartida de todos los miembros del hogar en los trabajos domésticos; crear o aumentar los servicios de cuidado de niñas y niños, y adultos mayores bajo el cuidado de estas mujeres, así como asegurar que las políticas de protección social lleguen directamente a las agricultoras para reforzar su autonomía económica.
13/AZM/RMB
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó el “Protocolo para juzgar con perspectiva de género”, una herramienta que busca que los juzgadores erradiquen los estereotipos de género y en vez de revictimizar a las mujeres les garanticen justicia.
El protocolo prohíbe algunas de las actitudes más comunes en los juzgadores, como creer que las mujeres que son golpeadas por sus parejas son responsables de lo que les sucede, puesto que no denuncian la violencia y siguen viviendo con ellos.
Un ejemplo de ese estereotipo es el caso de Clara Tapia Herrera, acusada de corrupción de menores porque “permitió” que Jorge Antonio Iniestra Salas, conocido como el “Monstruo de Iztapalapa”, golpeara durante seis años a su hijo y violara y retuviera a sus dos hijas.
En este tema, la SCJN explica que un factor que provoca que las mujeres sigan con sus agresores es que la violencia se presenta en episodios intermitentes, y en muchas ocasiones ellas dependen económicamente de sus parejas y no tienen redes de apoyo.
El documento publicado por la Corte señala que la violencia contra las mujeres en las relaciones afectivas es un fenómeno complejo y multifactorial que no puede reducirse a culparlas.
En el protocolo se menciona que otro estereotipo de los juzgadores es creer que una mujer no debe trabajar si su actividad laboral implica descuidar su rol de madre y ama de casa.
En el caso de Clara, de acuerdo con sus abogados, a ella se le imputa un delito penal, pero en realidad se le acusa de no haber denunciado a tiempo la violencia de la que era víctima y de desatender a sus hijos por ir a trabajar; en resumen, por ser “mala madre”.
En estos casos, el protocolo de la SCJN dice que quienes imparten justicia deben ser capaces de detectar estas actitudes y determinar si esos prejuicios niegan un derecho o beneficio, imponen una carga, marginan a la persona, o vulneran su dignidad.
“La violencia genera en la víctima y en las y los hijos (si los hay) una serie de desórdenes médicos, emocionales y psicológicos”, establece el protocolo.
En el caso de Clara, el agresor separó a los integrantes de la familia cuando les prohibió que hablaran entre sí, le llamaran madre a la mujer, y creó un “sistema de puntos” para permitir que ella se comunicara con sus hijos.
Además de los estereotipos, la SCJN afirma que en los casos de violencia intrafamiliar se debe tener presente que la situación de vulnerabilidad de las víctimas con frecuencia se desprende de su dependencia económica y emocional del agresor.
En este sentido, el documento asienta que la argumentación jurídica con perspectiva de género requiere de un ejercicio que va más allá de la aplicación de una norma a un caso concreto, pues implica cuestionar la supuesta neutralidad de las normas.
Asimismo –advierte– juzgar desde esta mirada significa revisar la legitimidad de un trato diferenciado y esgrimir las razones por las que es necesario aplicar cierta norma a ciertos hechos, y además implica el compromiso de luchar contra la impunidad y reivindicar los derechos de las víctimas.
Clara está en prisión –sin sentencia de por medio– desde septiembre de 2011. Este 28 de agosto habrá una audiencia de peritos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en la que presentarán sus consideraciones sobre por qué ella debe ser condenada.
Según la Corte, una sociedad democrática demanda impartidores de justicia comprometidos con el derecho a la igualdad, y por tanto, sentencias apegadas al nuevo orden constitucional mexicano.
13/AGM/RMB
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de San Luis Potosí (SLP) revocó la sentencia de un año de prisión que recibió Hilda, mujer que fue criminalizada por abortar en ese estado.
Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) –instancia que asumió la defensa legal de la joven de 22 años–, celebró la sentencia absolutoria por parte de los magistrados estatales al no encontrar pruebas que demostraran la responsabilidad de Hilda en los hechos.
En conferencia de prensa, la activista advirtió que la criminalización de Hilda no es la única en el país, ya que de 2009 a 2011 se tiene registro de 679 mujeres que han sido denunciadas por abortar ante las autoridades judiciales.
Tamés mencionó que GIRE tiene 25 casos similares a los de la joven potosina en los estados de Puebla, México, Baja California, Hidalgo y Chihuahua.
Por ello, la directora de la organización civil llamó a los congresos locales a que modifiquen sus legislaciones para despenalizar el aborto, ya que la criminalización provoca que en caso de una emergencia obstétrica las mujeres sean denunciadas y procesadas ante el Ministerio Público (MP).
Dijo que en SLP el 15 por ciento de las muertes maternas corresponde a mujeres que fallecen en la vía pública, por lo que se deduce que muchas de ellas prefieren no llegar a un hospital para evitar llegar a la cárcel al ser sospechosas del delito de aborto.
Regina Tamés dijo que las mujeres que han sido criminalizadas tienen pocos recursos económicos e informativos, fueron denunciadas por el mismo personal médico que las atendió, son presionadas para incriminarse, maltratadas física y verbalmente en las procuradurías, y no se respeta el debido proceso, tal y como ocurrió en el caso de Hilda, apuntó.
Itzel Silva, abogada de Hilda, adelantó en entrevista que se demandará al Estado mexicano para que repare el daño a la joven, y aunque ya la absolvió el TSJ, la defensora advirtió que tiene ese derecho al haber sido injustamente condenada por el juez Miguel Ramio Díaz de Ciudad Valles.
Presente en la rueda de prensa, Hilda contó que en 2009 acudió a los servicios médicos de SLP por una molestia en el vientre durante su embarazo y el personal sanitario condicionó la atención para que contestara algunas preguntas, las cuales eran encaminadas a criminalizarla.
La joven agregó que en la sexta semana de embarazo tuvo una hemorragia, por lo que acudió al Hospital Básico Comunitario del municipio de Tamuín, donde fue denunciada ante el MP por el mismo personal médico que la había atendido previamente. Fue trasladada a los separos semidesnuda, ya que sólo llevaba la bata con la que había sido ingresada al nosocomio.
Y aunque sólo estuvo detenida 24 horas, al salir de prisión tras pagar una fianza de 3 mil pesos para enfrentar su proceso en libertad, recibió los señalamientos de los medios de comunicación que la tacharon de “mala madre”, lo que contribuyó a que la joven cayera en depresión.
SLP es uno de los 17 estados del país que desde 2008 aprobaron reformas a sus constituciones locales, para “proteger la vida desde la concepción-fecundación”, lo que en los hechos derivó en la criminalización de las mujeres por interrumpir sus embarazos.
13/LOA/RMB
Luego de sobrevivir a intentos de asesinato y sufrir amenazas, Fawzia Koofi es la primera mujer que ocupa el puesto de vicepresidenta del Parlamento de Afganistán y candidata a las elecciones presidenciales de 2014.
“En 2005 decidí presentarme al Parlamento, creí que esa era la mejor forma de ayudar a la gente y a las afganas”, aseguró Koofi en una conversación difundida por la cadena BBC Mundo.
Vengo de una familia muy tradicional, de la zona rural de Badakhchan, en el noroeste del país, donde los derechos de las mujeres no son una prioridad familiar, contó la joven desde Kabul, la capital afgana.
Mi madre casi muere al darme a luz, y la tradición familiar predijo que mi destino no iba a estar muy lejos del cuidado hogareño, recordó.
Koofi enjugó sus ojos y rememoró que fue la primera mujer de la familia en ir a la escuela, aunque al principio sus hermanos varones se opusieron.
Mi padre –dijo la funcionaria– ya estaba metido en política por ese entonces e impulsó la construcción de una escuela, sin embargo no permitió asistir a su propia hija.
Cuando terminó el colegio acudió a la Facultad de Medicina y ahí –señaló– fue que sus hermanos cambiaron de opinión. Primero porque era muy difícil entrar a la Facultad y yo lo conseguí, y segundo porque falleció mi madre y su principal sueño era que yo asistiera a la universidad, aclaró.
Cuando los talibanes fueron expulsados del poder tras la intervención militar liderada por Estados Unidos en 2001, explicó Koofi, comenzó un periodo de inestabilidad mezclada con cambio social para las mujeres en el país.
“Tuve que dejar de estudiar y encerrarme en casa. Veía la vida a través de la ventana del salón y lo único que podía hacer era ir visitar la tumba de mi madre”.
“SIEMPRE CREÍ EN MÍ”
Al hacer un recuento de su vida, la dirigente afgana enfatizó en cómo retomó sus estudios al pasar el tiempo, y se involucró en proyectos sociales de enseñanza de idiomas, y de alguna forma su inmersión en la política fue algo natural, declaró.
En 2005, Koofi consiguió una silla en el Parlamento afgano por la circunscripción de Badakhchan. “Uno de mis hermanos también se quiso presentar, así que hubo un debate familiar ganado al final por mí, pues creyeron que por ser mujer iba a tener un mayor apoyo popular”.
Sobre la candidatura a las elecciones presidenciales de 2014, Koofi aseguró que mucha gente ve a una mujer en el Legislativo como algo positivo, y más ahora cuando existe un 27 por ciento de presencia femenina en el Parlamento de Afganistán.
A pesar de las dificultades, mi secreto ha sido no desmoralizarme nunca, insistió. “Siempre creí en mí y en mis posibilidades de cambiar las cosas y abrir el camino para otras mujeres que vienen detrás”, resaltó.
La búsqueda del próximo presidente o presidenta de Afganistán está en marcha, ratificó, y ya la Comisión Electoral Independiente programó las justas para el 5 de abril de 2014.
El registro de electores comenzó a fines de mayo último y continuará hasta dos semanas antes del día de las elecciones. Aunque todavía no ha finalizado la lista de candidaturas, algunos de los nombres que se espera estén en la cédula ya son fuente de discusión.
Las elecciones son significativas pues serán el final de la actual década del presidente Hamid Karzai a cargo del país, un periodo complicado con acusaciones de corrupción y colusión del régimen con comercio de heroína, así como un notorio fracaso en avanzar en las negociaciones con el movimiento Talibán.
El próximo presidente del país deberá lidiar con amenazas a la seguridad sin la presencia de las fuerzas internacionales desplegadas en el país desde 2001.
Entre los candidatos que atraen la atención nacional e internacional están por supuesto la activista por los derechos femeninos Fawzia Koofi; el hermano mayor del actual presidente Hamid Karzai, Qayyum, y el ex titular de Exteriores Abdullah Abdullah, principal rival de Karzai en las presidenciales de 2009.
Koofi ya empezó su campaña a través de su sitio web, facebook y twitter, en tanto los medios dan seguimiento a su candidatura y elogian su recién publicado libro “La hija favorita: La lucha de una mujer para dirigir Afganistán hacia el futuro”.
Cuando Koofi apareció ataviada de negro en el Daily Show con Jon Stewart en febrero de 2013, la activista feminista habló de las luchas en su vida y de su candidatura electoral; dijo que deseaba representar la esperanza de las y los afganos frente a un futuro incierto.
Es una elección, yo podía ir a Europa o Estados Unidos y tener una vida de lujos como hacen muchas otras personas en este mundo, o podría quedarme en mi país y tratar de contribuir con un pequeño cambio, si puedo. Y he decidido ir por la segunda opción, aunque no es fácil, opinó.
Pero los partidarios de Koofi temen que Afganistán podría no estar lista para una mandataria, y aunque antes hubo alguna que otra candidata a la Presidencia, ninguna llegó a estar entre los cinco primeros.
*Periodista de la redacción Asia y Oceanía de Prensa Latina.
13/YDG/RMB
La imagen que le quedó grabada a más de una de las personas que asistieron a la reunión del Consejo Estatal para Prevenir la Violencia hacía las Mujeres, hace unos días, fue la del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco; el presidente del Congreso local, Fernando Castellanos, y la secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, Sasil de León Villard, ocupados con sus teléfonos o platicando entre ellos.
Era difícil obtener la atención de alguno de los tres, estaban ensimismados tecleando, revisando el celular o hablando entre sí.
“Así es difícil creerles que realmente lo de la prevención de la violencia va en serio, si más de una propuesta o preocupación ni la alcanzaron a escuchar”, dijo una de las personas asistentes.
El gobernador Manuel Velasco Coello ha insistido en que su gestión se dedicará a “esas mujeres luchonas”, ya que fueron ellas quienes le permitieron llegar al puesto donde se encuentra, y porque son mayoría en el padrón electoral. Lo dice en sus discursos, en cada acto al que va, pero sus palabras no se han convertido en políticas públicas reales y eficientes.
En Chiapas se han invertido más recursos públicos en promover la imagen del gobernador que en una campaña en medios para sensibilizar sobre la prevención de la violencia. Hasta ahora el mandatario estatal no ha enviado una sola iniciativa al Congreso local que tenga que ver con el empoderamiento y el respeto a los derechos de las mujeres.
Los programas para las mujeres continúan siendo los mismos y algunos de ellos trabajan sin presupuesto, con la pura voluntad de otras mujeres que no han querido dejar su empleo a pesar de que les ha dejado de pagar. Saben que su trabajo es valioso y necesario en una entidad donde muchas chiapanecas ni siquiera reconocen la violencia de género como tal.
Es difícil creer que la política pública en cuanto a la prevención de la violencia va en serio cuando desde enero pasado las 21 mujeres, del mismo número de unidades del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), que atienden a víctimas de violencia y trabajan para prevenirla, no han podido cobrar su salario.
“Nosotras mismas damos talleres para hablar de la violencia y resulta que a nosotras nos están violentando. Nos tratan mal y no hemos cobrado nuestro sueldo desde enero”, dijo una de las afectadas que por temor a represalias prefirió omitir su nombre.
Y es que una de sus compañeras fue despedida después de denunciar en un medio de comunicación la falta de pago.
Manuel Velasco colocó a Sasil de León Villard como secretaria del Empoderamiento de la Mujer más por amistad, que por la experiencia o capacidad de la funcionaria.
En los pocos meses que fue diputada local, la titular de la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem) nunca propuso una iniciativa de ley que beneficiara a las chiapanecas, hizo algún pronunciamiento o acción que hiciera pensar que fuera sensible al tema. A Sasil no se le conoce más carrera que su paso por el Congreso del estado.
Desde que llegó a la Sedem sus declaraciones a la prensa sobre el tema de derechos de las mujeres han sido desafortunadas, se nota que poco sabe al respecto y que no tiene claras sus funciones como titular de esa dependencia.
El número de casos de feminicidio en Chiapas ha crecido en 50 por ciento en comparación con 2012. Es cierto que esto se debe a una cuestión multifactorial y estructural y que sería absurdo responsabilizar de ello a la administración actual, pero de lo que sí se le puede responsabilizar es de no hacer algo para cambiar la situación.
Con todas sus limitaciones, las organizaciones de la sociedad civil y activistas han hecho más para prevenir y atender la violencia hacia las mujeres que la propia Sedem, y no sólo en esta administración.
Cuando Sasil de León Villard llegó hace unos meses a la Sedem más de una persona le dimos el beneficio de la duda, pero sus propias acciones han confirmado lo que se temía: no sabe y no le interesa atender a las mujeres. Lo mismo ha demostrado el gobernador.
*Periodista chiapaneca, integrante de la Red de Periodistas y fundadora del portal de noticias Chiapas Paralelo.
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