En el marco de la conmemoración del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser) denunció rezagos importantes de nuestro país en la materia, ya que se han criminalizado entre 2009 y 2011 a 679 mexicanas por el delito de aborto, lo que incumple acuerdos internacionales de Derechos Humanos (DH).
Según datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en su informe “Aborto legal y seguro”, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que “la prohibición total del aborto viola los Derechos Humanos de las mujeres y que debería estar permitido y ser accesible al menos en los casos de embarazos producto de una violación sexual, malformaciones incompatibles con la vida, y cuando la vida y la salud de la mujer estén en riesgo”.
Durante una caravana informativa que realizó Ddeser del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, se recordó que en México hay 17 estados que ya aprobaron reformas a sus legislaciones locales para “proteger la vida desde la concepción”.
Según Ddeser, estas acciones legislativas criminalizan a las mujeres y reflejan un desprecio por la vida, provocando que muchas de ellas sean acusadas, juzgadas e incluso encarceladas, aunque su vida esté en peligro.
También indicó que otras siete entidades ya presentaron ante sus congresos locales la solicitud para proteger la vida desde la concepción, entre ellas Tabasco (2007); Aguascalientes y Estado de México (2008); Baja California Sur y Sinaloa (2009), e Hidalgo y Zacatecas (2011).
En el mismo informe de GIRE también se detalla que en México sólo una de cada seis mujeres que se realiza un aborto inseguro busca u obtiene atención hospitalaria, por lo que las demás carecen de atención sanitaria de calidad.
Según datos de la Secretaría de Salud federal, en 2010 el aborto significó 11 por ciento de las muertes maternas prevenibles, las cuales pudieron evitarse con el acceso a un aborto legal y seguro.
Ddeser recordó como casos emblemáticos que en 2010, en Guanajuato, siete mujeres indígenas fueron liberadas después de recibir una condena de prisión tras haber sufrido abortos espontáneos, los cuales les fueron imputados como homicidios en grado de parentesco a seis de ellas y como infanticidio a otra de las mujeres.
Adriana Jiménez Patlán, coordinadora nacional de Ddeser, entrevistada durante la movilización, reconoció que en el DF se permita la Interrupción Legal del Embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
Sin embargo, dijo que en la región hay países con deficiencias en protección de las mujeres en esta materia, como es el caso de Haití, que tiene el índice con mayor mortalidad materna del continente.
Detalló que otros países también han endurecido sus legislaciones para criminalizar a las mujeres, como Nicaragua, que considera entre uno y dos años de prisión a las mujeres que aborten, o El Salvador, que desde 1997 aprobó la ley que lo prohíbe, y casos extremos como el de Chile donde está penado totalmente.
Las activistas exigieron la despenalización inmediata del aborto en México para eliminar la criminalización contra las mujeres.
La conmemoración fue establecida el 28 de septiembre de 1990 durante el Quinto Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe, celebrado en Argentina.
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