La revolución egipcia que comenzó en Tahrir el 25 de enero de 2011, y que alcanzó su clímax el 11 de febrero del mismo año con el derrocamiento de Hosni Mubarak, supuso un soplo de esperanza entre la población egipcia.
Conquistaron sus miedos acrecentados por décadas de estricta dictadura, tomando las calles y llevando a cabo una revolución sin precedentes en la historia del país.
La plaza Tahrir, que en español significa “liberación”, se convirtió entonces en símbolo de libertad y lucha, consiguiendo unir a toda la población egipcia bajo una misma voz, informa el portal Miradas de Internacional.
Durante los 18 días entre el comienzo del levantamiento y el final del gobierno de Mubarak, jóvenes y mayores, musulmanes y cristianos, mujeres y hombres, sin diferencia, estuvieron presentes en la plaza Tahrir.
Las mujeres desempeñaron un papel esencial antes, durante y después del levantamiento. La revolución forjó grandes expectativas de mejora en la vida de toda la población egipcia. La libertad se presentó ante ella, cercana, muy próxima, y por primera vez se sintió dueña de su destino.
Las Fuerzas Armadas, al frente del país desde la caída de Mubarak, dirigieron una complicada transición, marcada por abusos y juicios militares.
Antes les torturaba la policía, ahora el Ejército. Fueron muy numerosas las agresiones dirigidas concretamente a mujeres participantes en protestas.
Las Fuerzas Armadas sometieron en varias ocasiones a tortura y otros tratos inhumanos a estas mujeres, simplemente porque en su concepción de libertad y democracia, las mujeres no debían estar allí. Uno de los casos más sonados fue el de las “pruebas de virginidad”.
Miembros del Ejército obligaron a una veintena de mujeres que se manifestaban en Tahrir a someterse a un “examen”, para probar su virginidad. Tristemente, y a pesar de las numerosas demandas interpuestas, nadie ha sido juzgado hasta la fecha.
El 30 de junio de 2012, Mohamed Morsi se convirtió en el primer presidente democráticamente electo del país. Aunque agotados, los egipcios miraban de nuevo al futuro con la esperanza de que las exigencias básicas planteadas durante la revolución (“pan, libertad y justicia social”) se hiciesen realidad bajo esta nueva presidencia.
Nada más lejos de la realidad. Desde entonces los Derechos Humanos (DH) más básicos son ignorados por el gobierno y las reivindicaciones que hicieron tomar las calles a los egipcios, se han silenciado.
El país sufre un estado de desesperanza agudo. Qué decir que las mujeres no tienen más derechos ahora, sino menos. A pesar de que siguen desempeñando un papel fundamental en la lucha por los DH en Egipto, ellas han sido discriminadas desde un punto de vista social y político.
En las calles, las mujeres han seguido sufriendo acoso sexual, alcanzando cifras desorbitadas de agresiones; se considera que virtualmente todas las mujeres han sido acosadas sexualmente alguna vez.
Además, el número de violaciones durante las protestas es aterrador. Las autoridades ni protegen a las mujeres ni condenan a los responsables de acoso, impunidad que ha ayudado a que más hombres participen en este fenómeno sin parangón.
A nivel político, el gobierno ha ignorado las peticiones de igualdad planteadas activamente por los defensores de los derechos femeninos y por el contrario, ha perfilado un aparato político formado casi exclusivamente por hombres.
Esta discriminación se ha visto reflejada en todos los organismos de gobierno, así como en los órganos legislativos y el Poder Judicial.
El texto de la Constitución margina a las mujeres, no protege sus derechos ni prohíbe expresamente la discriminación por motivos de género. Por tanto, permite que las prácticas y actitudes discriminatorias se perpetúen.
El gobierno anunció reformas relativas a la legislación sobre el acoso sexual en octubre de 2012, pero aún no las han puesto en práctica. En marzo de 2011 una reforma del Código Penal había reforzado ya las penas para diferentes formas de acoso y agresión sexual.
Esas reformas se han quedado en el aire, y no han servido para eliminar ni siquiera reducir el problema, y la impunidad de la violencia sexual sigue siendo sistemática.
Las mujeres, al igual que los hombres, deberían tener pleno derecho a expresarse en público y a caminar sin miedo por la calle. Sin embargo, en Egipto hoy en día, los DH están en peligro, especialmente los derechos de las mujeres.
*María S. Muñoz es una arabista española con base en El Cairo y luchadora por los derechos de las mujeres en Egipto. Texto retomado del portal de noticias Amecopress.
13/MM/RMB
octubre 2013
En años recientes, el gobierno mexicano ha elaborado ocho programas en salud sexual y reproductiva, y equidad de género: Arranque Parejo en la Vida (salud materna e infantil hasta los dos años); Planificación Familiar y Anticoncepción; Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes; Cáncer de Mama; Cáncer Cérvico Uterino; Igualdad de Género en Salud; Prevención y Atención a la Violencia, y el Programa de VIH/Sida.
Para su implementación real es fundamental una asignación de recursos financieros suficientes para los diferentes componentes de la salud: promoción, prevención y atención.
Simultáneamente, para su fiscalización y evaluación, y como sería en cualquier país democrático, para asegurar mecanismos de participación de la población en general.
No obstante, esto que parece simple y básico, en México es impreciso y complejo.
Existen razones estructurales, como la fragmentación (entre instituciones y servicios estatales de salud), la descentralización (sobre todo entre la Secretaría de Salud federal (Ss) y las entidades federativas), y la desarticulación entre niveles de atención.
Todas profundizadas con la implementación del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), y de su brazo operativo el Seguro Popular (SP).
Mediante el SPSS se conforma una gran bolsa de presupuesto que se distribuye a las entidades federativas, y se vincula a un indicador general: porcentaje de avance en el cumplimiento de incorporación de personas al SP.
El modelo del SPSS se suma a la otra gran bolsa para los gobiernos estatales: el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). Tal diseño derivó en el debilitamiento financiero de los programas en salud sexual y reproductiva.
El aumento del presupuesto en el periodo 2004-2013, con 12.72 por ciento en al Ramo 12 “Salud” y 20.53 por ciento en el SPSS, no se refleja en el desarrollo efectivo de la política pública en salud sexual y reproductiva.
Para de cierta manera revertir la insuficiencia presupuestaria, el ámbito federal creó mecanismos de etiquetación: los programas presupuestarios contenidos en el Anexo 12 “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, y el convenio específico de subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades (AFASPE, firmado anualmente entre la Ss y las secretarías estatales).
En ambos se establecen insumos, poblaciones, indicadores y metas asociadas al presupuesto. Sin embargo, carecen de mecanismos sólidos de rendición de cuentas y fiscalización, más aún de evaluación y participación.
Por ejemplo, a la fecha no hay información pública sobre cómo se ejercieron en 2012, los mil 941.20 millones de pesos (mdp) para el programa Arranque Parejo en la Vida (APV) establecidos en el AFASPE para los 31 estados; ni por qué en ese año el DF no lo firmó y en 2013 le asigna 168.66 mdp.
Asimismo, cuáles fueron los motivos del Estado de México para reducir a la mitad el monto de APV, pasando de 370.43 mdp en 2012 a 189.75 mdp en 2013.
Actualmente, ni la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Ss, Censida o el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), ni otra instancia federal o estatal reporta el ejercicio de los recursos financieros del AFASPE, el desarrollo de sus metas y los indicadores.
Sólo la Auditoría Superior de la Federación rastreó en algunas entidades el comportamiento del AFASPE, concluyendo la ausencia reiterativa de comprobantes de gasto, la imposibilidad de determinar el cumplimiento de metas e indicadores, y la provisión de los insumos señalados.
Censida y el CNEGSR informan estrictamente la gestión financiera del gasto etiquetado en los programas presupuestarios del Anexo 12, mediante los mecanismos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para tal efecto, que son los Informes Trimestrales y la Cuenta Pública.
Es enorme el peso presupuestario del SPSS; para 2013 representa el 63.87 por ciento del Ramo 12 “Salud”. En contraste, todo lo del Ramo 12 etiquetado en el Anexo 12 es apenas el 1.29 por ciento. Para 2012 fue el mismo comportamiento, el SPSS representó el 67.39 por ciento, lo del Anexo 12 sólo el 1.29 por ciento.
Los recursos financieros del FASSA y del SPSS son la mayor fuente de financiamiento del AFASPE. Un caso claro es el programa APV.
Para 2013, al programa Reducción de Mortalidad Materna se le asignaron 500 mdp, de los cuales 435.29 mdp se distribuyeron entre los 32 estados.
Ahora bien, si a esa cantidad se le suma todo lo demás asignado a APV en AFASPE, da un total de 2 mil 245.36 mdp. Es decir, las fuentes de financiamiento de FASSA y SPPS representan 4.16 veces el gasto de Reducción de Mortalidad Materna. En cinco entidades representa más de 10 veces: Edomex, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León y Veracruz.
¿Cómo se verifica que el gasto se ejerció para lo asignado? ¿Qué se ejerció en los tiempos definidos? ¿La federación lo radicó según el calendario del AFASPE? ¿La dirección de finanzas estatal lo distribuyó a las áreas responsables de los programas?
Por tanto es inaplazable la incorporación de obligaciones de fiscalización y rendición de cuentas transparentes y públicas, de los recursos orientados a los programas en salud sexual y reproductiva.
En tal sentido, la Coalición por la Salud de las Mujeres presentó propuestas a la Cámara de Diputados para el decreto del PEF 2014, a fin de fortalecer o incorporar mecanismos de vigilancia y asignación del gasto articulado al cumplimiento de la política pública en salud sexual y reproductiva.
Más cuando dicha política se explicita en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el recientemente publicado Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres.
Se propone en el artículo relativo al presupuesto asignado a la ejecución y operación del SPSS, que el 20 por ciento para acciones de prevención, promoción y detención oportuna se etiqueten bajo el concepto de AFASPE, y sea obligatorio de publicar el ejercicio y resultados de las acciones comprometidas en los documentos del SPSS que las regulan (Anexos de Acuerdos de Coordinación).
Además se deben incorporar regulaciones de rendición de cuentas transparentes, públicas y periódicas para las instancias federales y estatales rectoras y responsables de los programas en la materia.
A la par, propuestas específicas de restablecimiento de programas presupuestarios para salud reproductiva en poblaciones indígenas, que se eliminaron sin explicación alguna.
Se debe asignar presupuesto y elaborar metas e indicadores a rubros estratégicos en programas presupuestarios del Anexo12. Son los casos de VIH en mujeres, salud sexual y reproductiva para las indígenas y las adolescentes, y prevención de violencia e igualdad de género.
Se deben especificar también las responsabilidades del Censida, el CNEGSR, el Consejo Nacional de Población y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
El PEF 2014 se aprueba a más tardar el próximo 14 de noviembre; es una oportunidad para afianzar una ruta real y seria de política pública en salud sexual y reproductiva en México.
*Daniela Díaz Echeverría es responsable del proyecto de Salud Reproductiva y Presupuesto Público en Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Correo electrónico: [email protected].
**Fundar, Centro de Análisis e Investigación, es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mexicanas.
13/DDE/RMB
Estamos a unos días de celebrar en México una de las tradiciones más típicas y únicas de nuestra cultura: el “Día de Muertos”.
En nuestro país es una celebración en la que se mezclan elementos de la cultura prehispánica y de la religión católica, y es una fecha en la que recordamos a las personas (familiares, amistades y/o personajes), que han fallecido.
La creencia asociada a esta festividad es que las almas de las personas que han muerto regresan de ultratumba durante el “Día de Muertos” y se les recibe con una ofrenda en la que colocamos su comida y bebida favoritas, frutas, calaveritas de dulce, pan de muerto, sin faltar las fotografías de las y los difuntos y las tradicionales flores de cempasúchil.
Los mercados y tianguis se llenan de colores y del rico aroma del copal y la mirra, creando una atmósfera muy especial que hace que subjetivamente nos contactemos con los diferentes sentimientos que experimentamos cuando recordamos a las y los seres queridos que ya no están.
La vida está llena de diferentes experiencias, emociones y necesidades ante las que nos adaptamos; por ejemplo: un cambio de escuela, un proceso de divorcio, un cambio de empleo, ser madre, ser padre, la muerte de una hija o un hijo, la ruptura de una amistad, la muerte una mascota especial en nuestras vidas, de la pareja, un cambio de casa o afrontar una enfermedad delicada o grave, son parte intrínseca del proceso de vivir y llevan implícita siempre una pérdida aun cuando algunos de esos cambios sean para bien.
Desafortunadamente no se nos enseña a afrontar los cambios y mucho menos a procesar las pérdidas, para aceptar que nada en esta vida está bajo nuestro control.
Por el contrario, en las sociedades occidentales se nos impulsa a buscar la “estabilidad” en nuestras vidas y a “garantizar” que todo permanecerá igual, lo que resulta absurdo porque no es algo que podamos manejar a nuestra conveniencia.
Si aceptamos nuestras limitaciones y damos un lugar de importancia a nuestros duelos, podemos comenzar aprovechando el ambiente que se genera en estas fechas próximas y durante el “Día de Muertos” haciendo un recuento de las pérdidas que hemos experimentado.
Sugiero crear una ofrenda a la que podemos llamar “ofrenda emocional”, para colocar en un lugar de importancia cada una de nuestras pérdidas, desde las que podamos considerar triviales hasta las más profundas, para liberar los sentimientos que se quedan encriptados en nuestro interior.
Ayudará también colocar en nuestra ofrenda emocional diferentes papeles o tarjetas en las que escribamos o expresemos a través del dibujo cada una de esas pérdidas (físicas, materiales, seres queridos, mascotas, trabajos, relaciones, etcétera); además de los elementos típicos que acompañan las ofrendas en estas fechas.
Lo que nos permite este tipo de rituales emocionales es transformar los sentimientos de dolor, sufrimiento, tristeza y enojo para aprender a vivir en este mundo sin aquello que perdimos, colocándolo en un lugar importante en nuestros corazones.
Acomodar los duelos implica un reaprendizaje del mundo y sobre todo de nosotras y nosotros mismos, sin embargo, existen diferentes tipos de pérdidas y por tanto diferentes tiempos para acomodarlos.
Sé bien que hay colegas que consideran que los duelos tienen un tiempo para ser “elaborados”; yo difiero de esta postura porque mi experiencia en la práctica terapéutica me ha mostrado dos cosas: por un lado, que no es posible determinar el tiempo que le llevará a una persona superar la pérdida, y por otro, que más que elaborar el duelo lo que hacemos es acomodar los sentimientos que esto genera.
Considero que es importante que cada persona respete su propio ritmo ante el duelo, sin quedarse anclada en la tristeza y el dolor que le produce, para adaptarse a la vida sin aquello que ha perdido.
Por nuestra condición de género, la mayoría de las mujeres nos permitimos –más que los hombres– llorar y abrir nuestros sentimientos ante las pérdidas, lo que repercute positivamente en nuestra salud mental y emocional.
En el caso de los hombres convendría que se permitieran identificar y expresar los sentimientos que sus duelos les han provocado.
La realidad es que todas las pérdidas afectivas, así como los duelos, son parte de la vida de todo ser humano y aunque son experiencias muy dolorosas nos permiten ver la vida desde otra perspectiva una vez reconocido el duelo.
Aprovechemos estas fechas para identificar nuestros duelos y los sentimientos que nos provocan, colocándolos en una ofrenda emocional imaginaria o tangible, que nos ayude a reconocer que las pérdidas son un ingrediente más de nuestro proceso de vida.
www.saludmentalygenero.com.mx
*Psicóloga clínica, psicoterapeuta humanista existencial, especialista en Estudios de Género, y directora del Centro de Salud Mental y Género.
13/ABL/RMB
Sin convencer sobre los supuestos avances en materia de garantías para las mexicanas, nuestro país reprueba la evaluación sobre Derechos Humanos realizada por Naciones Unidas.
Evidenciado ante Naciones Unidas, el Estado mexicano fue reprobado por la comunidad internacional ante su incapacidad para proteger a plenitud los derechos femeninos, así como las garantías individuales de las periodistas y las defensoras de Derechos Humanos (DH).
Durante el Examen Periódico Universal, realizado el 23 de octubre en Ginebra, Suiza, funcionarios de nuestro país no lograron convencer al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre los supuestos avances legales e institucionales, para resguardar los derechos de las mexicanas en rubros como salud, libertad de expresión, violencia de género o acceso a la justicia.
Ni siquiera un paquete de iniciativas en materia de DH enviado de última hora el 22 de octubre por Enrique Peña Nieto al Congreso –el cual no contempla medidas específicas para las mujeres, convenció a la comunidad internacional sobre las buenas intenciones del Estado mexicano.
Como resultado, 89 países formularon 180 recomendaciones a México –17 de ellas referentes en concreto a los derechos femeninos–, al constatarse la insuficiencia de las medidas de gobierno para proteger a defensoras de DH y periodistas, la persistencia del fuero militar para castigar violaciones contra civiles, y la falta de justicia que padecen las mujeres.
VOCES CIUDADANAS
Y es que el Consejo de DH hizo eco de los informes alternos que desde julio pasado más de 30 grupos civiles enviaron a Ginebra, para exponer la grave situación de las garantías fundamentales para las mexicanas.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) puso como muestra de la alarmante violencia de género, que de enero de 2011 a junio de 2012 se registraron 3 mil 976 desapariciones de mujeres en 15 estados.
Asimismo de 2007 a junio de 2012 se documentaron 4 mil 112 asesinatos por razones de género en 13 entidades. El OCNF advirtió que los jueces carecen de visión de género para castigar los crímenes, por lo que quedan impunes.
En respuesta, el Consejo de la ONU manifestó su preocupación por la situación y recomendó al Estado mexicano investigar y castigar esos delitos.
La agrupación Asociadas por lo Justo (Jass) informó por escrito que de 2009 a 2012 hubo 19 defensoras de DH asesinadas, mientras que Comunicación e Información de la Mujer evidenció que la violencia contra las periodistas se incrementó en 300 por ciento desde 2002.
Sobre los derechos sexuales y reproductivos, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) señaló en su reporte que en México hay una insuficiente cobertura de anticonceptivos y que entre 2009 y 2011, 679 mujeres fueron criminalizadas por abortar.
Gabriela Ramos, integrante de GIRE, informó que el Consejo de DH hizo recomendaciones para que el Estado mexicano garantice a las mujeres su derecho a interrumpir un embarazo no deseado de manera segura, si la ley lo permite.
SIN CONVENCER
Durante la sesión en Ginebra, el canciller José Antonio Meade afirmó que el compromiso del gobierno con los DH se refleja en la aprobación de leyes en diversos ámbitos.
Afirmó que bajaron las quejas por abusos cometidos por las fuerzas armadas, que hay un nuevo enfoque en la política de seguridad, y que se trabaja en una reforma al fuero militar y otra para lograr la paridad de género.
Lía Limón, subsecretaria de Gobernación, informó que se investigan los delitos cometidos contra periodistas y que de enero de 2009 a septiembre de 2013 se integraron 458 averiguaciones por delitos contra la libertad de expresión.
Destacó la creación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual hasta ahora ha recibido 98 solicitudes de protección, 37 de periodistas y 61 de defensoras y defensores de DH.
En contraste, a partir de una reciente respuesta oficial a una solicitud de información presentada por Jass, actualmente ese mecanismo sólo protege a 33 defensoras de DH y únicamente a 13 mujeres periodistas.
También la Segob reportó que en 2012 y 2013 rechazó las solicitudes de dos defensoras y dos mujeres periodistas, “por no encontrarse dentro del supuesto establecido para el otorgamiento de las medidas de protección”.
En tanto, Alejandro Ramos, general de la Sedena, dijo en Ginebra que los tribunales militares han dejado de conocer los presuntos casos de violaciones a los DH de civiles, por lo que de 2009 a octubre de 2013 las autoridades castrenses declinaron la investigación de 317 casos y 226 procesos penales.
Se espera que en marzo de 2014 México responda a las recomendaciones y diga si las acepta o rechaza, mientras que los grupos civiles aguardan que estos temas se incluyan en una agenda de DH que se implemente en los próximos años.
13/AGM/RMB
Ven como “burla” cuota de 30 por ciento para guatemaltecas
El Congreso guatemalteco aprobó en primera lectura las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, relacionadas con la participación de las mujeres y los pueblos indígenas; en las que a pesar de que organizaciones y dirigentes solicitaban una participación paritaria, se estableció una cuota 70-30, lo que consideraron un “revés y una burla”.
El pasado 24 de octubre 110 diputados aprobaron en primera lectura las reformas a tal normatividad, para establecer una cuota del 30 por ciento en postulaciones a cargos de elección popular para mujeres e indígenas en municipios y diputaciones.
Vilma Masaya, representante de Convergencia Cívico Política de Mujeres (CCPM), dijo a Cerigua que se trata de “un revés y una burla” para las mujeres, pues si fuera asumida por los partidos políticos como una medida afirmativa la participación femenina en las próximas elecciones podría elevarse, pero lo más probable es que la limitación se sitúe en el 30 por ciento.
Desde hace 20 años, CCPM planteó las reformas a esa normativa, de manera que se favoreciera la paridad, la alternabilidad y la inclusión de las mujeres; se han llevado a cabo movilizaciones, campañas, cabildeos en el Congreso y denuncias públicas.
Las organizaciones de mujeres habían propuesto que se reformara el artículo 212 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad electoral, promover la democracia plena y sancionar drásticamente las violaciones a la normativa electoral.
La propuesta contemplaba también que los partidos y comités cívicos incluyeran en su planilla, en espacio igualitario, a mujeres, hombres y personas indígenas, alternando a uno y otro sexo, y que las organizaciones políticas que no cumplieran con este requerimiento en sus planillas, fueran rechazadas.
Ahora, la ley establece que ninguno de los sexos podrá tener una representación menor al 30 por ciento, una cuota que refleja la mentalidad “androcéntrica y misógina” de la sociedad guatemalteca, afirmó Masaya.
Ese porcentaje regulará de ahora en adelante que, en los listados plurinominales de postulaciones a cargos públicos, no podrán proponerse dos personas del mismo sexo de manera consecutiva.
Según la entrevistada, lo más probable es que los partidos alternen dos casillas para los hombres y una para las mujeres y así de manera consecutiva.
Ese escenario no refleja la igualdad establecida en la Constitución Política de la República, tampoco en múltiples convenios internacionales firmados y ratificados por el Estado guatemalteco, que le obligan a tomar medidas legislativas para lograr la paridad, advirtió.
Es una burla por parte de los diputados que votaron a favor de las reformas, considerar que las mujeres tienen un porcentaje de derechos cuando esas garantías no deberían ser negociables, destacó Masaya.
La vocera de la campaña “Yo voto por ti, tu votas por mí” expresó que las diputadas deberán pronunciarse en relación a esos cambios, mientras que CCPM apelará ante la Corte de Constitucionalidad, a donde la iniciativa aprobada tiene que ir a consulta obligatoria.
13/RED/RMB
Activistas del estado de Hidalgo dijeron que ante la falta de atención para las mujeres indígenas en los centros de salud, se debe considerar a la medicina tradicional como un camino para hacer valer su derecho a la salud sexual y reproductiva.
Herlinda Licona, integrante de la organización Yankuiksitlali, dedicada a promover los Derechos Humanos de las mujeres en Hidalgo, explicó que debido a la carencia de medicamentos y atención que reciben las indígenas de la entidad, se realiza un proyecto de servicios de salud a través de una red de parteras, hueseras y médicas tradicionales.
Criticó que las autoridades estatales “les cierran las puertas” a las parteras para que brinden una atención alternativa en salud, por lo que exigió se reconozca esta labor a través de una certificación y puedan expedir constancias de nacimientos para las y los recién nacidos de las indígenas que viven en comunidades marginadas.
Lo anterior evitaría que las mujeres se desplacen a grandes distancias para la atención de sus partos, porque de no hacerlo, se quedan sin un registro oficial de sus hijas e hijos.
En entrevista con Cimacnoticias, la activista detalló que este proyecto también retoma la medicina alternativa para atender otras condiciones de salud por medio de plantas medicinales, las cuales se emplean en la atención de enfermedades como diabetes o infecciones vaginales.
Licona dijo que la edad promedio en que las hidalguenses presentan su primer embarazo es alrededor de los 17 años, y que muchas jóvenes no acceden a métodos anticonceptivos y a las campañas informativas y de prevención, ya que los centros de salud no cuentan con materiales traducidos en las diversas lenguas indígenas de la región.
Según datos del Inegi, en México en 2011 se registraron 472 mil 987 nacimientos de hijas e hijos de menores de 19 años, y para 2012 la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) destacó que entre 2005 y 2011 los embarazos en adolescentes aumentaron de 30 a 37 por cada mil mexicanas.
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) ha señalado que la razón de muerte materna (RMM) indígena supera los 80 decesos por cada 100 mil nacidos vivos, el doble que el promedio nacional, que es de 43 fallecimientos.
Herlinda Licona expuso que ante este panorama, la organización Yankuiksitlali va a las diversas comunidades del estado y con la ayuda de traductoras, se informa sobre derechos sexuales y reproductivos.
13/LOA/RMB
En situaciones de guerra o posguerra, los agentes del Estado son responsables (de manera directa, indirecta o por omisión) de muchas de las agresiones y violaciones a Derechos Humanos (DH) que se cometen contra niñas y mujeres.
Ante el vacío de acciones, leyes y normas que permitan sancionar los actos de violencia cometidos por el Estado –y agentes individuales– durante conflictos armados, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) emitió una nueva recomendación a los países miembros de Naciones Unidas.
La Recomendación General número 30 “Mujeres en situaciones de conflicto” es un exhorto a los Estados para que impulsen o modifiquen una legislación que prevenga cualquier acto de violencia de género, y al mismo tiempo sancione aquellos que sean cometidos durante conflictos bélicos.
Señala que se debe considerar que las mujeres no son un grupo homogéneo, sino que tienen características y necesidades específicas dependiendo de su edad, situación geográfica o de etnia, además de que históricamente la población femenina ha sido discriminada y violentada, lo que las coloca en contextos sumamente vulnerables de padecer nuevas y constantes formas de violencia.
Los gobiernos –se advierte en el documento– tienen la obligación de actuar con la debida diligencia, para garantizar “la reparación del daño por los actos de los individuos, pero también del Estado”.
El Comité CEDAW recomendó prácticas desde la perspectiva de género para investigar, atender y sancionar los actos de violencia que padecen las mujeres durante y después de conflictos bélicos, incluso si hay agentes de gobierno involucrados.
Pone especial hincapié en la investigación y sanción de las violaciones sexuales cometidas por el Estado y particulares, pues se debe implementar la política de “cero tolerancia”.
También plantea la necesidad de asegurar el pleno acceso a servicios médicos adecuados que procuren la salud sexual y reproductiva de mujeres y niñas.
Igualmente exhorta a establecer sistemas de protección temprana y medidas de seguridad desde la visión de género, para prevenir el incremento de este tipo de violencia y otras violaciones a los DH de las mujeres.
Para el Comité CEDAW es de vital importancia prevenir y en un determinado momento castigar la trata y tráfico de mujeres y niñas, quienes suelen ser vistas como mercancías o utilizadas para fines comerciales en situaciones de guerra.
Del mismo modo el documento señala que tras un conflicto bélico la población femenina se enfrenta al desplazamiento forzado, pérdida de recursos económicos y de sobrevivencia, y falta de acceso al empleo y a la educación, situaciones que también deben de ser previstas por los gobiernos.
Finalmente apunta que es primordial que las mujeres accedan a la justicia de manera pronta, sin restricciones de ningún tipo, y que se garantice que los crímenes no quedarán en la impunidad independientemente de quiénes sean sus perpetradores.
13/AZM/RMB
Acuerdan agenda de movilizaciones y combate a violencia
Las feministas acordaron diversas movilizaciones para protestar y repudiar la violencia de género, y exigir políticas públicas que garanticen los derechos de las mujeres de todas las edades y condición social.
Al concluir hoy aquí el Noveno Encuentro Nacional Feminista que comenzó el pasado viernes, las participantes emitieron un pronunciamiento para condenar las agresiones contra las mexicanas.
En esta reunión que convocó a cerca de mil 500 mujeres de todo el país, cada colectivo hizo un pronunciamiento, por ello redactaron declaratorias respecto a los derechos de las mujeres jóvenes, lesbianas, indígenas y de los estados.
Asimismo opinaron sobre temas específicos como telecomunicaciones, Alerta de Violencia de Género (AVG) y las reformas laboral y energética.
En materia de telecomunicaciones, las mujeres destacaron que ahora que en el Congreso se debaten las leyes reglamentarias de la reforma constitucional en el rubro, es necesario incluir la perspectiva de género y abonar a la participación femenina en esta área.
Pidieron que las y los legisladores asignen espacios para la transmisión de contenidos que expresen la realidad de las mexicanas, y que los órganos reguladores estén compuestos por mujeres, e impulsar una contraloría ciudadana que vigile la programación de radio y televisión.
Las jóvenes señalaron que son víctimas de violencia feminicida, por lo que demandaron al Estado que atienda este problema y promueva una política de seguridad ciudadana, y acciones para evitar que la juventud caiga en las redes del narcotráfico.
En este tema, integrantes de organizaciones civiles también exigieron que se respete el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, su sexualidad, la maternidad libre y voluntaria, y que se garantice el abasto de métodos anticonceptivos.
Respecto a la violencia de género, las participantes demandaron esclarecer las desapariciones y asesinatos de mujeres y hacer lo necesario para que funcionen los mecanismos de protección, que en la actualidad no previenen, ni castigan este flagelo.
Señalaron que a pesar de que llevan cinco años pidiendo la declaratoria de AVG, esta herramienta no ha funcionado, por lo que el Estado incumple su responsabilidad de proteger a las mexicanas, un compromiso que además ha llevado a foros internacionales.
Al final las mujeres acordaron reunirse en el Estado de México, una de las entidades con más índices de violencia, donde es necesario que el gobierno estatal se dé cuenta de que las mujeres no están solas.
13/AGM/RMB
Condenan a México por permitir que mujeres sean violentadas
Académicas, feministas y activistas condenaron al Estado mexicano por permitir que las mujeres sean violadas, desaparecidas y asesinadas, y por no cumplir su responsabilidad de garantizar justicia y reparación del daño a las víctimas y sus familias.
En el Tribunal de los Derechos de las Mujeres, que se realizó durante el Noveno Encuentro Nacional Feminista en la capital de Jalisco, las participantes encontraron culpables a las autoridades y funcionarios que por acción u omisión se convirtieron en cómplices de la violencia de género.
Este acto de carácter simbólico consistió en tres sesiones públicas que se realizaron los días 25, 26 y 27 de octubre en Guadalajara, a fin de recrear un juicio ético y moral contra un Estado que en opinión de las feministas avala o desestima los crímenes contra las mujeres y las periodistas.
Los casos analizados en el tribunal ciudadano fueron la violación sexual de la indígena nahua Ernestina Ascencio, quien presuntamente fue agredida por militares en la sierra de Zongolica, Veracruz, en 2007, ataque que le provocó la muerte.
El segundo caso juzgado fue el de Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado, una joven estudiante que desapareció en 2004 en el Estado de México cuando se dirigía a la universidad. A pesar de que este caso llegó a instancias judiciales hasta ahora nada se sabe de ella.
También se presentó el asesinato de Nadia Muciño Márquez, quien fue ultimada por su pareja y su cuñado frente a sus tres hijos en Villa Nicolás Romero, Edomex, en 2004. En este caso de feminicidio uno de los culpables fue condenado a 40 años de prisión y luego absuelto por un tribunal de justicia.
Por último se analizó el asesinato de la periodista y corresponsal de la revista Proceso, Regina Martínez Pérez, asesinada en su domicilio en Xalapa, Veracruz, en abril de 2012, y cuyo caso no termina de ser esclarecido por las autoridades.
El tribunal –integrado por la nicaragüense Nadia Femli, la guatemalteca Carmen Tacam, y las mexicanas Leonor Aída Concha y Montserrat Díaz– condenó al Estado mexicano por permitir la violencia sexual, las desapariciones de mujeres, el feminicidio y las agresiones contra periodistas.
VIOLENCIA SEXUAL
A decir de Montserrat Díaz, integrante del Colectivo Feminista de
Xalapa, y Montserrat Zepahua, de la agrupación Cal y Luz Marina, la violación sexual de Ernestina fue tergiversada porque el entonces presidente Felipe Calderón y la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervinieron para que quedara en la impunidad.
Las activistas que documentaron el hecho para presentarlo en este tribunal afirmaron que este crimen estuvo plagado de irregularidades, porque si bien en un principio se acreditó la violación sexual, en el transcurso de la investigación se perdieron pruebas y hubo una contradicción entre peritajes.
Al final se concluyó que la indígena murió por una gastritis; por ello Nadia Femli, coordinadora del Observatorio de Mujeres Indígenas contra la Violencia, y Carmen Tacam, ex alcaldesa de los 48 Cantones Indígenas en Guatemala, condenaron al Estado mexicano.
Entre las recomendaciones, las mujeres dijeron que se deben establecer mecanismos de prevención de la violencia contra las indígenas, hacer peritajes antropológicos si la víctima es de algún grupo étnico, y cumplir con los tratados internacionales en materia de acceso a la justicia.
FEMINICIDIO Y DESAPARICIONES
Para hablar de las desapariciones y asesinatos de mujeres, la Asociación de Mujeres Abrazando México (AMAM) presentó los casos de Mónica Alejandrina Hernández Alvarado y Nadia Muciño Márquez, cuyas familias han realizado sus propias pesquisas y siguen sin obtener justicia.
En estos casos se pronunció la activista Leonor Aída Concha, quien fungió como jueza y que criticó que en el país haya una violencia exacerbada contra las mujeres, por lo que llamó a defender los derechos femeninos y demandó al Estado investigar y castigar a los funcionarios negligentes en estos casos.
Las participantes señalaron que en los últimos tres gobiernos en el Edomex se ha dado pie a la impunidad en la violencia de género y al incremento del feminicidio, las desapariciones y la trata.
Las juezas recomendaron al Estado aplicar los lineamientos marcados en los tratados internacionales y en las leyes nacionales encaminadas a proteger a las mujeres, erradicar la discriminación y fomentar la igualdad.
AGRESIONES A PERIODISTAS
En el tema de periodistas, las comunicadoras Daniela Pastrana, Jade Ramírez y Norma Trujillo expusieron el asesinato de la reportera Regina Martínez, y aseguraron que el Estado mexicano se basó en prejuicios de género para eludir su obligación de procurar justicia a la víctima.
Recordaron que las autoridades de Veracruz desestimaron que la periodista fuera asesinada por su labor informativa, y desde el primer momento sostuvieron que el crimen fue consecuencia de un robo y de una relación personal con su presunto victimario.
En opinión de las informadoras, este caso es ejemplo de que las periodistas reciben un trato diferente en la investigación y procuración de justicia, pues mencionaron que alrededor de 150 diligencias realizadas para esclarecer el crimen se centraron en el entorno personal y emocional de Regina.
Asimismo citaron el “Informe Diagnóstico de Violencia contra Mujeres Periodistas en México”, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), que indica que la violencia contra mujeres periodistas va en aumento y que la violencia sexual, la difamación personal y profesional son poco denunciadas.
Las mujeres fallaron contra el Estado y dijeron que desde el gobierno se debe respetar el derecho a la libertad de expresión y el derecho de toda la sociedad a estar informada, y que los mecanismos de análisis de riesgo deben identificar la discriminación y la violencia de género para ofrecer atención adecuada.
La conclusión de todas las juezas que participaron en las audiencias fue que en el país hay diversas expresiones de violencia de género, y que las autoridades deben emprender acciones para erradicar este flagelo. En tanto, dijeron, ellas seguirán haciendo estas denuncias ciudadanas.
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Si usted piensa que la frase “el pueblo unido jamás será vencido” es una tontería, vuelva a revisar la historia, porque cuando de erradicar ciertos vicios sociales se trata, nada es más poderoso que la unión detrás de un propósito claro de la mano de una estrategia transparente y puntual.
Hace ocho años mientras estaba en Canadá tuve un encuentro con una organización civil de jornaleros migrantes temporales de América Latina que trabajan en la agricultura.
En aquella ocasión se organizaban con una estructura horizontal, estratégicamente impecable para lograr su objetivo: mejor paga, trato respetuoso o boicot a las empresas.
La semana pasada las y los trabajadores de la agricultura reunidos en una coalición fueron premiados por la efectividad de su estrategia con la que lograron doblegar a las empresas alimentarias de ese país, para evitar que compren jitomate sembrado y cosechado por manos esclavas.
Tal y como lo documentó Laura Castellanos en El Universal, las y los jornaleros de origen mexicano, guatemalteco y haitiano crearon, desde 1995 en Estados Unidos, la Coalición de Trabajadores de Immokalee (CIW, por sus siglas en inglés).
Su coalición, sin líderes corruptos de por medio, estableció el programa “Comida Justa”, que plantea cero tolerancia a empresas esclavistas que explotan laboralmente a quienes trabajan en la pizca.
Crearon un código de ética para impedir ataques sexuales contra mujeres que laboran en la agricultura. Esta práctica ha sido una constante en los dos países del norte del continente, donde las mujeres migrantes además de hacer el trabajo de pizca de frutas y verduras, son forzadas a preparar los alimentos de los trabajadores y explotadas sexualmente por los capataces.
A lo largo de los años cientos de casos de este tipo han sido documentados por organizaciones que defienden los derechos de las migrantes, quienes son contratadas por los propietarios de sembradíos que proveen materia prima para grandes productoras de comida rápida, o supermercados que presumen su calidad orgánica, como Whole Foods.
Immokalee es un pueblo en la región de Florida, donde se produce el 90 por ciento del jitomate para todo Estados Unidos, y fue históricamente el centro de esclavitud laboral en que las y los trabajadores han sido heridos, e incluso algunos perdieron la vida en manos de capataces violentos y despiadados.
Durante 12 años la coalición educó a la comunidad, recibió apoyo de diversas organizaciones y de estudiantes, para finalmente lograr que los gigantes Taco Bell, McDonald’s, Burger King y Subway, entre otros, fuercen a sus proveedores a firmar el convenio de buenas prácticas libres de esclavitud y trata de personas.
Deben demostrar que dan un trato digno a las y los trabajadores del campo, sean o no migrantes temporales.
La CIW ha demostrado que las y los jornaleros son capaces de transformar las prácticas empresariales esclavistas que avalan la trata laboral, y lo han logrado porque supieron incidir y comunicar su mensaje.
Su constancia y perseverancia, así como la incidencia en todos los eslabones involucrados en la perpetuación de las malas prácticas hicieron historia.
El boicot a las empresas duró mucho tiempo ciertamente; paralelamente esta organización comenzó un trabajo arduo de educación en las universidades, para que sus estudiantes entendieran cómo es la vida de una o un jornalero, cuyo trabajo arduo pone en manos del consumidor final salsa, una hamburguesa o una ensalada. Ahora el boicot es contra Wendy’s, que se niega a evitar la esclavitud.
La efectividad de esta coalición nos recuerda cuál debería de ser el verdadero papel de los sindicatos laborales, cómo avanzar en los derechos para toda la sociedad, fomentar buenas prácticas y educar a la comunidad (y no ganar cotos de poder para una pequeña élite sindical que a su vez reproduce la explotación y fortalece la corrupción). Su ejemplo es inspirador por donde se le vea.
Es importante reconocer este esfuerzo porque nos recuerda la utilidad del boicot empresarial cuando se sustenta en una estrategia integral de largo plazo.
Y vaya que rompieron con falsos preceptos, para comenzar con aquél de que las y los trabajadores de México y Centroamérica carecen de cultura y por ello pueden ser esclavizados; o que quienes emigran por trabajo están dispuestos a cualquier cosa con tal de trabajar.
Su ejemplo de inteligencia, honestidad y dignidad revela la importancia de la defensa de los Derechos Humanos en las luchas laborales; pone sobre la mesa el vital tema de la fuerza laboral migratoria con derechos inalienables, y evoca el valor real de una comunidad unida que no fue vencida.
Twitter: @lydiacachosi
*Plan b es una columna publicada lunes y jueves en CIMAC, El Universal y varios diarios de México. Su nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
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