“Las mujeres estamos acostumbradas a estar solas y a decir sí a todo”, dice doña Carmen a su hija en un reencuentro que en esta vida no pudo ser.
“¿Dónde estás mamá?” es la voz desesperada de una hija en el desierto, en un viaje en el que perdió todo, la esperanza, los sueños, su pasado, su presente y el futuro que nunca conoció.
Es la puesta en escena de Hilda Valencia –“Nueva York versus El Zapotito”–, obra que toca las vibras de mujeres migrantes y de no migrantes para voltear a ver lo que en el desierto muere.
La obra nace en 2009, año en que fallece Lucía López López, abuela materna de la dramaturga juchiteca Verónica Musalem Moreno, como un homenaje a su raíz indígena.
Es la historia del reencuentro de una hija, quien tras partir a Nueva York regresa a su pueblo natal y lo encuentra desolado, abandonado, más pobre y más oscuro que cuando partió.
“Las personas no emigran por que tengan muchas oportunidades y decidan emigrar, emigran porque no tienen nada y deben hacerlo”, refiere Musalem Moreno al relatar la andanada de mujeres oaxaqueñas hacia Estados Unidos.
El tema principal: un circo; ¿su dueña? Una anciana abandonada por un esposo que emigró y nunca pudo volver, “porque es poco probable que quien se va regrese, la gente se va para nunca más mirar atrás”.
Nicanor, un mago africano, ex trabajador de las fábricas de Chicago, concederá el más amoroso acto de magia: reencontrar a una madre y a su hija aunque sea una noche, un crepúsculo y un alma, “porque sólo a través de la magia podemos reconciliar a la humanidad”.
Entre los relatos míticos del imaginario oaxaqueño, mezcal, nahuales, mujeres que se transforman, una mujer serpiente y un hombre serruchado, la hija recuerda su infancia entre actos circenses y explotación laboral.
“En una noche nos daremos cuenta de qué paso con ella y el sueño americano que iba a buscar”. Musalem Moreno terminó en 2010 de escribir una historia de reencuentro con una misma y su historia personal, con su pasado, con sus ancestras, con la cultura mexicana y juchiteca.
El homenaje al linaje de mujeres aguerridas oaxaqueñas que hacen que la economía de los pueblos funcionen, encarnan en “la abuela”, de cuerpo fuerte, sensual y alegre, a la vez sola y vieja, decidida, alegre, cirquera y cineasta.
Con un mensaje universal, “porque las mujeres migrantes somos todas”, las que toman la difícil y dolorosa decisión de irse, las que se quedan y extrañan con toda su mente y corazón, las que miran la luna y la fiesta patronal deseando que la que se fue viera lo mismo.
“Nueva York versus El Zapotito” explora los riesgos del tránsito migratorio, que ante el abandono del “pollero” (traficante de personas) las mujeres son vulnerables ante la trata y la explotación sexual y laboral, son carne de cañón del crimen organizado y están en riesgo de morir por desolación y hambre: la muerte del olvido.
“Nueva York versus El Zapotito” es necesaria. “Aunque es una historia de ficción, refiere a una realidad dolorosa donde cada vez más mujeres se ven obligadas a migrar de un México que duele, por la violencia y la descomposición social, y rescata lo que fascina: la cultura, la gente, la magia, la generosidad, que reconcilian con este país”.
Las voces de la migración urgen de ser escuchadas, las y los “viajeros viajantes” como los nombra Musalem Moreno, integrante del Sistema Nacional de Creadores.
“¿Qué hacen los gobiernos por la población migrante? Es indignante que en la reciente visita de (Barack) Obama, presidente de EU, no se tocara el tema migratorio, contrario a ello se ignora”.
En la obra actúan Rosario Zúñiga, Duane Cochran, María Teresa Paulín y Ulíses Martínez, y Mónica Kubli está a cargo del diseño escenográfico e iluminación.
“Nueva York versus El Zapotito” tendrá una temporada corta en el Teatro El Milagro en la Ciudad de México.
14/CCO/RMB
febrero 2014
En la academia aún hay muchas resistencias para que se hagan investigaciones de género, ya que es común que las y los profesores rechacen las propuestas de estudios para reconstruir la historia de las mujeres, dijo la historiadora y feminista Patricia Galeana.
La directora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) y fundadora del Museo de la Mujer añadió que además de que las y los investigadores tienen poco interés por realizar estudios sobre la historia de las mujeres, se suma el problema de la falta de fuentes.
Durante la presentación en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, de “La historia comparada de las mujeres en las Américas” –obra editada por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM–, Galeana expuso que aún es difícil hacer una historia que no olvide a la población femenina.
La también integrante de la Federación Mexicana de Universitarias señaló que un ejemplo de ello es que en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM hay alumnas de la cátedra de “Historia de las mujeres” que quieren continuar los temas de género, pero al hacer las propuestas no les aceptan las investigaciones.
Galeana agregó que el compendio que coordinó fue parte de un proyecto de tres publicaciones sobre historia comparada, y destacó que los dos primeros libros se realizaron sin contratiempos, pero una vez que se expuso la idea de hacer un trabajo sobre las mujeres se encontró con algunos problemas.
Explicó que la primera publicación tenía una visión filosófica, política, económica y social de la diferencia entre las dos Américas: la latina y la sajona, y no hubo ningún problema porque las y los investigadores hicieron esta imagen general.
El segundo volumen –prosiguió– fue sobre las independencias de los países de la región, y en el cual se hizo un recorrido por los movimientos desde Haití, primer país independiente, hasta Canadá, que aún es parte de la monarquía británica.
Pero en el último libro destacó que son pocas las personas que en los países del continente trabajan la historia de las mujeres, pues todavía es un tema nuevo entre las y los historiadores.
Patricia Galeana mencionó que si bien en México se empezó a hacer historia de las mujeres desde los años 60, fue hasta la última década del siglo pasado cuando realmente se trabajó el tema y por ello aún hay “lagunas” y el problema de que las historiadoras o historiadores trabajen ciertas metodologías.
Por otra parte agregó que hay una gran carencia de fuentes para hacer la historia de las mujeres, ya que la población femenina siempre fue “invisible” y eso provocó que las y los investigadores que se remiten a los archivos a buscar datos de mujeres encuentren muy poca información.
Es decir, si bien hay historias de mujeres que lucharon en la insurgencia mexicana, a la hora de revisar sus biografías se encuentran que en realidad hay pocos datos, por lo que Galena sostuvo que escribir sobre ellas y en general sobre las mexicanas siempre es un reto porque aún hay mucho por descubrir.
14/AGM/RMB
Una delegación de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en México se reunió con autoridades judiciales, para investigar las agresiones cometidas por policías de Baja California (BC) contra la periodista y directora del portal web rosaritoenlanoticia.info, Carmen Olsen.
La organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19 y representantes de la ONU visitaron BC para dar seguimiento al caso de la periodista que en enero de 2013 denunció ser víctima de hostigamiento por parte de Francisco Castro Trenti, director de Seguridad Pública del Quinto Municipio, y por elementos de esta corporación policiaca.
Esta semana la delegación estuvo en Playas de Rosarito con la finalidad de documentar las agresiones contra la informadora. El caso fue retomado por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.
Durante la visita, los representantes de la ONU y de Artículo 19 se reunieron con diversas autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia a nivel local, para documentar el caso.
El 4 de enero de 2013 policías municipales de Playas de Rosarito agredieron a la periodista cuando intentó grabar el momento en que dos policías golpeaban a unos jóvenes. Los agentes le impidieron su labor y la golpearon; cuando quiso irse del lugar los policías remolcaron su auto.
Aunque ella presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia estatal por abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad y lesiones, hasta la fecha no ha tenido respuesta y enfrenta procesos penales que a decir de la delegación fueron interpuestos por la corporación de seguridad local.
Artículo 19 señaló que el caso de Olsen es emblemático porque representa claramente la criminalización de la libertad de expresión producto del ejercicio periodístico, y por ello hizo un llamado para el cese el hostigamiento y garantizar su labor e integridad física.
Si bien esta organización documentó 18 ataques a la prensa en BC en 2013, de acuerdo con el Informe Diagnóstico “Violencia contra mujeres periodistas 2010-2012” –elaborado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC)– de 2002 a 2011 la violencia contra las periodistas se incrementó en 300 por ciento.
Según esta investigación que señala que hay una diferencia entre las agresiones a las reporteras y aquellas que sufren los periodistas, en el mismo periodo se documentaron 94 casos de agresiones a comunicadoras, de los cuales 96 por ciento ocurrieron en los últimos seis años, con mayor incidencia en 2009 y 2011.
14/AGM/RMB
Critica De la Peña limitantes en Ley Federal de Consulta Popular
México.- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Senado, Angélica de la Peña Gómez, dijo que el dictamen aprobado ayer sobre la Ley Federal de Consulta Popular es insuficiente, al contener restricciones y “candados” que disminuyen el derecho de la ciudadanía para promover este tipo de participación.
En un comunicado, la senadora por el PRD dijo que limitaciones o requisitos para efectuar una consulta como el de recabar más de un millón 600 mil firmas, o la falta de presentación del formato denominado “aviso de intención”, entre otros, dificultarán la participación ciudadana.
Finalmente, señaló que las y los ciudadanos tienen el derecho de intervenir activamente en la dirección de los asuntos públicos del país mediante la consulta popular, sin más condicionantes que los establecidos en la propia Constitución.
Proyectarán filme “Justicia para mi hermana” en la CDHDF
México.- La organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), la Fundación Ford y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) convocaron a la proyección del documental “Justicia para mi hermana”, de la realizadora Kimberly Bautista, el próximo 5 de marzo a las 17:30 horas.
El filme narra la historia de Rebeca, mujer guatemalteca que busca justicia por el crimen de su hermana Adela, de 27 años, quien salió un día de su casa a trabajar y nunca regresó. Su ex novio la golpeó hasta asesinarla y la abandonó a un lado de una carretera.
El trabajo también cuenta todos los obstáculos a los que se tiene que enfrentar Rebeca para dar con el culpable. La cita es en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en la Sala Digna Ochoa.
Foro sobre infancia y adolescencia en Chiapas
México.- Con el fin de debatir y analizar sobre la situación de las niñas, niños y adolescentes en Chiapas, se realizará mañana el “Primer foro regional de ONG’S por el derecho de la infancia y adolescencia en el sureste mexicano”.
Entre los especialistas que participarán están María de Lourdes Rosas Aguilar, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; Jennifer Haza, de la organización Melel Xojobal, y Angélica Evangelista García, del Colegio de la Frontera Sur.
El foro se llevará a cabo en el Hotel Rincón del Arco, ubicado en Ejército Nacional número 66, Barrio del Cerrillo, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
14/GMV/RMB
Pese a que existen dos posibles inversionistas con la solvencia económica necesaria para el rescate de Mexicana de Aviación –empresa que cerró operaciones en 2010–, la juez rectora del concurso mercantil, Edith Alarcón, sigue retardando la posibilidad de que la aerolínea vuelva a volar.
En paralelo, aunque el Comité Técnico del Fideicomiso F/797 (integrado por trabajadoras de la aerolínea jubiladas y jubilados) obtuvo ya el control del fondo de ahorro de las y los empleados –que estaba en poder de Mexicana–, se denunció que el monto total apenas asciende a 75 millones de pesos.
En conferencia de prensa hoy en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), trabajadoras y jubiladas de la aerolínea acusaron la falta de interés por resolver el conflicto que derivó en que 8 mil 600 trabajadores se quedaran sin empleo.
Cabe recordar que del personal jubilado que asciende a 650 trabajadores, 90 por ciento son mujeres.
Begoña López Erausquin, representante del personal de tráfico, informó que recientemente se presentaron dos inversionistas más, quienes tienen la solvencia económica para que Mexicana retome el vuelo.
Y aunque han cumplido con todos los procedimientos legales y han presentado toda la documentación solicitada, Alarcón no ha dado respuesta, lo que demuestra que el proceso no se realiza con la transparencia necesaria.
“Existen dos personas cuyos nombres se reservan por razones de seguridad, que han demostrado que cuentan con los 500 millones de dólares requeridos para invertir en la empresa; aún así es evidente que no hay un plan de arranque para Mexicana, pues no han dado respuesta a estos inversionistas”, añadió.
Por su parte, Rocío Guerra Peimbert, trabajadora de tierra de Mexicana, dio a conocer que la juez ha dicho que “quiere la contundencia del dinero”, es decir que los inversionistas comprueben que cuentan con los fondos.
Ante ello se presentaron a la juez varias alternativas para solventar la contundencia, pero ella sigue sin pronunciarse, pese a que uno de los inversionistas incluso ya tiene bloqueado en su banco el monto de la inversión. “Mexicana no vuela porque ellos lo impiden, no porque esté en la quiebra o no se puedan tener las inversiones necesarias”, denunció.
En tanto, María Alejandra González Zepeda, sobrecargo jubilada, informó que tras siete meses de plantón frente a los mostradores de la aerolínea en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la toma de uno de los edificios de la empresa, trabajadores en retiro lograron “arrebatar” a los representantes jurídicos de Mexicana los fondos del Fideicomiso 797.
Y aunque los fondos ya están en manos del Comité Técnico, antes de pagar los montos de las pensiones adeudadas se deberá realizar una auditoría de los fondos, ya que se estima que los 75 millones de pesos entregados no corresponden al total de las cotizaciones de las y los trabajadores.
14/AZM/RMB
Logran reinstalación de trabajadora despedida por embarazo
La fuerza de las integrantes de la Red para Prevenir la Violencia Contra las Mujeres en Santo Domingo, Coyoacán, logró que la empresa siderúrgica tlaxcalteca Simec International 6 reinstalara laboralmente a Selene Nalleli Ordóñez Aguirre, despedida el pasado 14 de febrero por estar embarazada.
Ayer, mujeres y hombres que conforman la Red –creada a raíz de la problemática de violencia de género en ese barrio de la Ciudad de México– se trasladaron desde la capital del país hasta el central estado de Tlaxcala para clausurar simbólicamente la empresa, y exigir que la joven con siete meses de embarazo recuperara su empleo.
Alrededor de las 11:30 horas, integrantes de la Red partieron al municipio de Apizaco con el objetivo de solidarizarse con Selene, de 24 años y despedida con el argumento de un “recorte de personal”.
A las 14:00 horas las y los activistas se reunieron con Selene, para luego dirigirse a la carretera federal México-Texcoco-Veracruz, vía donde se ubica la empresa siderúrgica que violentó los derechos laborales de la joven al despedirla durante su gestación.
La fracción XV del artículo 133 de la Ley Federal de Trabajo establece la prohibición de “despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de hijos menores”.
Mientras que el artículo 10 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia laboral como aquella que “se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad”.
Con consignas como “Selene escucha, la Red está en tu lucha” o “Simec Metales no quiere los pañales”, activistas de la Red caminaron 20 minutos para sortear la distancia entre el paraje carretero y la entrada a la fundidora de metales.
Así, en punto de las 15:00 horas –justo a la salida de los trabajadores– integrantes de la Red bloquearon con mantas la entrada de la empresa, e impidieron el acceso y salida de los camiones y tráileres de carga.
Durante la manifestación –que culminó con la reincorporación de la trabajadora–, Selene contó a Cimacnoticias su historia.
DISCRIMINACIÓN
Egresada de la licenciatura de Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a principios de 2013 Selene pidió trabajo a Simec International S.A. de C.V.; buscaba trabajar dentro del área de compras, ya que había adquirido experiencia como practicante en la refresquera Coca-Cola.
Después de una serie de entrevistas y filtros, representantes de la empresa le dijeron a Selene que sería contratada y sin explicarle la razón le pidieron llevar todos los documentos a las oficinas de la “outsourcing” (empresa de subcontratación) Serlimp S.A. de C.V. (ubicadas a un costado de la misma planta de Simec).
“Cuando pregunté porque tenía que firmar el contrato con Serlimp y no con Simec, sólo me respondieron que porque ellos eran los encargados de los contratos y de la nómina; que no me preocupara, que mis jefes directos serían los de la empresa grande, con ellos tenía que reportarme y pedirles permisos, incapacidades y demás necesidades; con Serlimp sólo tendría que ver lo de mis pagos”.
Así, Selene empezó a trabajar el 25 de febrero de 2013. De lunes a viernes en un horario de 8:30 a 18:00 horas se presentaba a trabajar en un ambiente que ella describe como hostil, pues sus superiores no tenían reparo en exigirle de mala forma las cosas.
“Un día yo le pedí a un ingeniero que no me hablara mal y que me pidiera por favor las cosas, no le pareció y se quejó con mi jefa directa; desde ese día ella empezó a tener una rencilla personal conmigo, no le gustaban mis propuestas y me regresaba el trabajo por cualquier detalle.
“Cuando me embaracé ella me dijo que le daba gusto, aunque en realidad me seguía tratando igual; en esos meses falleció mi tío y aunque me dio permiso de ausentarme unos días me exigió pagar las horas”.
El pasado lunes 10 de febrero su jefa inmediata le informó que había recorte de personal y “que desgraciadamente le había tocado a ella”. Su último día laboral sería el viernes 14 de febrero.
“Me presentó a un supuesto practicante que la apoyaría en mi puesto; después me enteré que a él lo habían contratado el mismo día que me pidieron abandonar mi puesto; fue cuando comprendí que el recorte de personal era sólo un pretexto”.
El viernes 14 de febrero Selene se presentó a trabajar de manera normal. Al mediodía fue llamada por Serlimp para calcular el monto de su liquidación y para que signara los papeles del despido; ella se negó a hacerlo.
Al enterarse de su negativa, el gerente de Recursos Humanos de Simec, Josué Sánchez Cortés, le ofreció además de los 45 días de indemnización que le correspondían, darle el monto de un mes más de sueldo para que aceptara su despido; la joven nuevamente se negó.
A las 17:00 horas fue llamada nuevamente a las oficinas de Serlimp; en esa ocasión habló con Verónica Téllez Ponce, representante legal de la “outsourcing”, quien le pidió nuevamente firmar los papeles y aceptar la indemnización, pues aunque comprendía que necesitaba los ingresos ellos “no tenían la obligación de mantener a su bebe”.
Selene nuevamente se negó y contacto a la abogada y coordinadora de la Red, Edith Ramírez Ramirez, quien intentó dialogar con Verónica Téllez para pedirle que repensara la situación, pues lo que estaba sucediendo era un acto de discriminación por embarazo.
Luego al salir, el reloj checador de la empresa no reconoció a Selene como empleada, por lo que se consumó el despido injustificado de la joven.
VIOLENCIA LABORAL
La abogada feminista explicó a Cimacnoticias: “(Simec) argumentó que era por recorte de personal, pero en realidad se trataba de un acto de discriminación contra Selene y un acto de violencia laboral, pues la empresa no quería hacerse responsable de los gastos médicos del parto y puerperio, como es su obligación”.
A raíz de la reforma laboral –abundó– las “outsourcing” se legitimaron y permitieron que las empresas que realmente se benefician del trabajo de las empleadas evadieran sus responsabilidades.
Ante la carencia de legislación que proteja los derechos de las trabajadoras, la Red se solidarizó con Selene pues su situación “representa sólo uno de los muchos casos que existen en el país”.
Durante la manifestación de ayer tres patrullas llegaron al lugar y los policías pidieron a las y los activistas que protestaran en “otro lado”.
Tras dos horas de gritar “sólo los metales no tienen derechos laborales”, entre otras consignas, finalmente personal de Recursos Humanos accedió a dialogar con Selene y su representante legal.
Después de disculparse por la “confusión”, pues Simec supuestamente ya había pedido que no se despidiera a la joven, Josué Sánchez Cortés ofreció la reinstalación del puesto a Selene.
Finalmente firmaron un convenio en el que se estableció que aunque Simec no la contrataría de planta y de nueva cuenta Serlimp sería la responsable de la contratación, la joven se reintegraría a su empleo, gozaría del mismo salario y se le respetaría su antigüedad, sin que existiera alguna represalia.
Para Selene sigue hacer frente a su próxima jefatura de familia e intentar apoyar a las compañeras en el reconocimiento y exigencia de sus derechos laborales.
14/AZM/RMB
Los estereotipos de género son problemas serios porque a partir de ellos las autoridades planean políticas públicas, hacen leyes y deciden casos judiciales en los que se niegan los derechos y la dignidad de las mujeres, afirmó Adriana Ortega Ortiz, directora de la Unidad de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con la abogada, los estereotipos se usan para justificar la negación de derechos, imponer cargas o marginar a las personas, y cobran especial relevancia en el acceso a la justicia porque los agentes del Ministerio Público (MP) y los jueces usan estos argumentos, para negarse a investigar o sancionar los casos relacionados con las mujeres.
Al participar en el foro “La igualdad de género: Eje fundamental de los Derechos Humanos”, organizado por la Asamblea Legislativa (ALDF) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la experta destacó que con las modificaciones constitucionales en materia de Derechos Humanos (DH) se debieran garantizar los derechos femeninos.
Adriana Ortega mencionó que se han constatado casos en los que se niega la justicia por estereotipos de género, tales como los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y donde el MP se negó a investigar las desapariciones de jóvenes, pese a que ya había un contexto de feminicidio.
La maestra en Derecho aseguró que los prejuicios prevalecieron en las respuestas de los funcionarios, no obstante había un cúmulo de desapariciones de mujeres que después eran encontradas muertas y con signos de violencia sexual.
En las denuncias de Ciudad Juárez se volvió común que cada vez que una familia acudía a las autoridades a reportar que sus hijas no aparecían, los servidores dijeran que las jóvenes “andaban de voladas”, es decir, que eran “coquetas o provocadoras”, como si esa afirmación fuera suficiente para justificar la negación de buscarlas y localizarlas con vida.
Esta idea, criticó Ortega Ortiz, significaba que ellas se merecían lo que les pasara, así fuera ser asesinadas, toda vez que “no se comportaron”.
Otra respuesta de los MP era que las mujeres que desaparecían en realidad se iban con su novio, sin considerar las estadísticas que muestran que las mujeres también son asesinadas por sus parejas, y que por tanto para una familia no puede haber tranquilidad cuando recibe esa respuesta de parte de un funcionario.
En este sentido, la representante de la SCJN destacó que la reforma de 2011 al artículo primero constitucional garantiza todas las normas sobre los derechos de las mujeres, incluyendo las estipuladas en tratados internacionales firmados por México.
14/AGM/RMB
La institucionalización del feminismo o de la teoría de género a través de la creación de los institutos de las mujeres y de las unidades de género en las dependencias federales o estatales, significó un retroceso en la lucha por los derechos de las mexicanas, afirmó Ana Lau Jaiven, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)-Xochimilco.
En entrevista, la académica abundó que el hecho de que el Estado adoptara un discurso de género y creara oficinas “de las mujeres”, ha hecho que el feminismo no avance y que el movimiento se quedará estancado.
Al presentar “Un fantasma recorre el siglo. Luchas feministas en México 1910-2010” –obra de editorial Itaca–, durante la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, la también historiadora criticó que la institucionalización del género no ha logrado grandes avances, pero sirvió para poner en la palestra las diferencias de oportunidades entre mujeres y hombres.
Al reflexionar sobre las demandas del movimiento feminista, Ana Lau destacó que pese a la creación de los mecanismos para el adelanto de las mexicanas aún persisten problemas como el feminicidio, la violencia de género, la brecha salarial y la negación al derecho al aborto.
Por otro lado, la especialista mencionó que las mujeres ganaron mayor presencia en los medios de comunicación, pero ironizó al señalar que el próximo 8 de Marzo Día Internacional de la Mujer “todos van estar felices” aunque no haya muchos avances y la relación Estado-feminismo no sea la mejor.
Lau Jaiven explicó que con el libro que coordinó junto con la antropóloga e investigadora de la UAM Gisela Espinosa Damián, se hace un recorrido por el feminismo, es decir por la lucha de las mujeres que buscan mejorar sus condiciones de vida, el ejercicio de la ciudadanía y los Derechos Humanos.
Por ello señaló que la institucionalización del tema sólo hizo que las estudiosas en esta área se profesionalizaran, pero advirtió que organismos como el Instituto Nacional de las Mujeres y los institutos estatales, “que llegan a ser el cuarto de escobas”, no hacen políticas públicas.
En este sentido, llamó a que el próximo 8 de marzo debe servir para reflexionar acerca de lo que les hace falta a las mujeres y de esas demandas que siguen pendientes, como combatir la violencia, el feminicidio, los salarios desiguales, la trata de personas, y fomentar el acceso a la educación, entre otras.
14/AGM/RMB
Dueñas ahora de la tierra, mujeres se aprestan a mejorar cosechas
La reja se abre y decenas de mujeres, algunas con sus bebés a las espaldas, entran a un pequeño terreno dispuestas a trabajar en los cultivos.
Algunas se agachan a arrancar con los dedos las hierbas, otras sacan agua del pozo para regar… La escena tiene lugar en Sissaucunda, un pueblo de Guinea Bissau, y podría ser una estampa más de la realidad africana, sin más trascendencia, si no fuese porque estas mujeres han protagonizado recientemente un hecho histórico.
Por primera vez en la historia de este país fronterizo con Senegal, estas agricultoras han logrado ser propietarias de la tierra.
En Guinea Bissau, como en otras naciones africanas, las mujeres labran las tierras, las siembran, participan en la recolección… Pero los terrenos pertenecen a los hombres, a sus maridos o padres. Así ocurre también en Tanzania, por ejemplo, donde sólo el uno por ciento de las mujeres tiene títulos de tierra legales.
Ahora, las mujeres de Sissaucunda también tienen la documentación que las acredita como dueñas de unos pequeños campos de cultivo, un papel por el que han sudado y luchado en contra de la burocracia.
“Hay unas 320 mujeres beneficiadas con cuatro hectáreas en total. Cultivan para consumo propio productos como cebollas, zanahorias, tomates, berenjenas… y también los venden en el mercado”, explica Aua Keita, responsable de la organización civil local Aprodel, que en colaboración con Alianza por la Solidaridad ha impulsado este proyecto.
Todos estos cultivos son de época de secas, temporada en las que las agricultoras no estaban acostumbradas a trabajar y en la que, tras las lluvias, solían no laborar.
“El proceso no fue fácil. Las mujeres tuvieron que convencer a muchas autoridades, tocar puertas, conseguir papeles; pero han sido persistentes en sus intenciones”, agrega Keita.
La intención de Aprodel es extender esta práctica a otras comunidades.
Estamos en Sissaucunda una mañana y las mujeres entonan cánticos y tocan los tambores. En el grupo está Djenabu Djamanca, una de las luchadoras que ha conseguido su trozo de terreno para cultivar.
“Ahora voy a ser propietaria de la tierra por 30 años. Voy a poder trabajar yo, y mis hijas, y mis nietas. Eso es un motivo de orgullo”, explica esta mujer, que no recuerda la edad que tiene, pero ahora se ha convertido en una de las alumnas de las clases de alfabetización para adultos que se imparten en el poblado.
Djenabu destaca cómo gracias a los nuevos cultivos, la alimentación es más variada y no se basa sólo en el arroz. “Yo y el resto de las mujeres nos sentimos más fuertes, tenemos más vitalidad”, cuenta, para resaltar a continuación que lo que ha ocurrido es histórico y un paso más hacia la igualdad en el poblado.
Las mujeres trabajan la tierra de manera tradicional, pero el proyecto en el que colaboran Aprodel y Alianza por la Solidaridad incluye avances como unos paneles solares para poner en marcha un sistema de riego y evitar así que tengan que acarrear de un lado a otro con los cubos de agua.
“Queremos que este proyecto sea sostenible. Hemos incluido también otras mejoras como la fabricación de abono orgánico”, señala Keita.
Todo el proyecto tiene un hilo conductor que le une con otras acciones de las organizaciones implicadas, que es evitar el acaparamiento de tierras en Guinea Bissau.
Esta práctica afecta sobre todo a las mujeres, que son las que finalmente trabajan las tierras y las que se ven expulsadas cuando llega una empresa extranjera y, sin consulta previa, se apropia de los campos de cultivo.
Así ha ocurrido por ejemplo con la empresa española Agrogeba, que ha desplazado de sus terrenos a 600 agricultores, en su mayoría mujeres.
Por eso, hechos históricos como el de Sissaucunda pretenden reforzar el empoderamiento femenino para que puedan defenderse en el caso de que sus derechos sean vulnerados.
14/SH/RMB
La ex consejera del Instituto Federal Electoral (IFE) Macarita Elizondo Gasperín, afirmó que luego de que se promulgó la reforma político-electoral sería deseable que el Congreso de la Unión establezca que los partidos políticos reciban financiamiento para fomentar liderazgos femeninos según el número de mujeres electas que logren.
En opinión de Elizondo Gasperín, hay que transitar a un nuevo modelo de gasto para el liderazgo femenino y por ello propuso que ahora la autoridad electoral otorgue recursos económicos para este fin en proporción a la cifra de candidatas electas, pues desde su punto de vista este dinero no puede ser sólo para las aspirantes.
En la actualidad, según el artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), los partidos tienen la obligación de destinar al año el 2 por ciento de su financiamiento público ordinario a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las militantes.
A decir de la experta, luego de que en enero pasado Enrique Peña Nieto promulgó la reforma político-electoral que obliga a los institutos políticos a postular 50 por ciento de mujeres y 50 por ciento de hombres a los congresos federal y estatales, hay que reflexionar si el 2 por ciento es suficiente para el liderazgo femenino.
En entrevista, la ahora profesora de Posgrado en la UNAM mencionó que el Congreso y los involucrados en la elaboración de las leyes reglamentarias de la reforma constitucional deben analizar si es hora de pasar a una nueva fiscalización del gasto dirigido a las militantes.
En 2012, PRI, PAN, PRD, PT, PVEM, Panal y Movimiento Ciudadano recibieron en conjunto 67 millones 222 mil 416 pesos sólo para capacitar a las mujeres. Para 2013 el monto ascendió a 71 millones 278 mil 519 pesos y para este año la cifra es de 76 millones 215 mil 721 pesos.
Macarita Elizondo explicó que en un primer momento la ley estableció la obligación de que cada partido destinara un porcentaje para capacitar a sus militantes, después se avanzó y el IFE –a través de su Unidad de Fiscalización– obligó a los partidos a tener un plan anual de trabajo para que los recursos se utilicen a favor de las mujeres y no en gasto corriente.
La ex consejera señaló que es hora de ir por más y reflexionar si es factible que se modifique el Cofipe, para que ahora quede en la norma que el financiamiento se otorgará según los escaños femeninos obtenidos, y así al instituto que no logre el triunfo para sus candidatas se le reduzca al año siguiente el monto para capacitación.
Y es que destacó que no es posible que pese a contar con esta medida afirmativa que implica millones de pesos invertidos en las militantes y con 52 por ciento del padrón electoral conformado por mexicanas, sólo el 3 por ciento de las mujeres tengan un cargo público y que a la fecha no haya alguna gobernadora.
Elizondo Gasperín participó en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería para presentar “El compromiso de ejercer el gasto para el liderazgo político de las mujeres”, obra editada por el IFE y la UNAM que reúne ensayos de diversos autores sobre fiscalización y género.
14/AGM/RMB