Empleadas del ayuntamiento de esta ciudad pidieron al edil Javier Villacaña Jiménez poner atención en el Instituto Municipal de la Mujer (Inmmujer) porque denunciaron que la directora, Eva Patricia Bravo Espinoza, está violentando los derechos laborales y humanos de trabajadoras y de personas que acuden al Refugio de Atención a Víctimas.
En entrevista, las trabajadoras –que solicitaron el anonimato para evitar mayores represalias– acusaron que la funcionaria transgrede los protocolos de atención a víctimas de violencia intrafamiliar, con tal de conseguir firmas de las usuarias del refugio en contra de trabajadoras a las que busca despedir.
Refirieron que la directora pretende plazas laborales para colocar a sus incondicionales, pese a que sean varones, lo cual ya hizo en las oficinas administrativas, donde despidió a siete trabajadoras.
Las empleadas señalaron que desde hace varias semanas Bravo Espinoza ejerce hostigamiento contra ellas, pero lo más grave es que ha intentado “sobornar” a las usuarias del refugio, a quienes les promete apoyos económicos y regalos si firman actas denunciando presuntos maltratos por parte del personal.
A diario, un grupo de colaboradoras cercanas a la directora del Inmmujer, incluyendo algunos varones, llegan con dulces y regalos para las usuarias, violentando los protocolos de seguridad del Refugio de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, lo que pone en riesgo la identidad de las usuarias y a las propias trabajadoras.
Explicaron que hace unos días pudieron percatarse que personal del instituto y personas ajenas a éste se encerraron para manipular las cámaras de seguridad del refugio, con el riesgo de que se pierda información o se haga un uso indebido de ella.
Estas acciones dirigidas por Eva Patricia Bravo Espinoza, agregaron las entrevistadas, las realizaron hasta altas horas de la noche, en tanto que la directora del refugio, Nora Elizabeth García Cancino, estaba ausente por incapacidad. Se informó a las trabajadoras que serán vigiladas por las cámaras.
“Teníamos (un ambiente de armonía) pero con el hostigamiento laboral se ha venido abajo y todo ello hace que disminuya la calidad de los servicios”, dijeron las empleadas.
Nos sentimos vigiladas y amenazadas por la firma de actas por supuestos que desconocemos y en las que ni siquiera nos permiten saber de qué se tratan; eso genera tensión y fueron las propias usuarias quienes nos revelaron lo que está haciendo la directora del Inmmujer, añadieron.
En las acciones de acoso, Bravo Espinoza se hace acompañar de su prima Claudia Medina Espinoza, quien funge como su asesora en el instituto, por lo que las trabajadoras del refugio llamaron al alcalde Javier Villacaña y a los integrantes del Cabildo a que se den cuenta del mal desempeño de la funcionaria y que podría ocasionar un conflicto laboral serio en el gobierno de la capital del estado.
14/PR/RMB
marzo 2014
Urgen acciones contra violencia hacia mujeres con discapacidad
Ante la grave situación de violencia que afecta a la mitad de las mujeres con discapacidad en el estado de Puebla, defensoras de los Derechos Humanos llamaron a que se armonice la legislación local sobre discriminación con los tratados internacionales, además de incorporar indicadores y criterios con perspectiva de género.
En su estudio “Detrás de la cortina. Diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres con discapacidad en el estado de Puebla”, la Agrupación Juvenil Xonaca detectó que la mitad de las mujeres con discapacidad en la entidad sufrieron violencia durante 2013.
Más de la mitad de estas mujeres sufrió agresiones físicas; una cuarta parte violencia sexual; al 11 por ciento se le negaron “ayudas funcionales”, y a otro 22 por ciento no se le brindó algún cuidado.
De acuerdo con la investigación, los familiares son los principales agresores en el 45 por ciento de los casos, y en 22 por ciento fue la pareja.
Las mayores vulnerabilidades al momento de la agresión son la indefensión física, dificultades de comunicación, baja autoestima, dependencia física y/o económica, y entornos violentos.
Según el análisis, en Puebla habitan 224 mil 90 personas con discapacidad, lo que equivale a 4 por ciento de su población total; de ésta, 52.98 por ciento son mujeres.
Por tipo de discapacidad, las limitaciones más frecuentes que padecen las mujeres son dificultades para caminar o moverse (46 por ciento) y para ver (24 por ciento).
La discapacidad es un estado de salud que, para las mujeres, conforme se eleva la edad incrementa su incidencia, ya que 18 por ciento de las mujeres que la padecen tienen entre 70 a 79 años.
La escolaridad es uno de los indicadores que más claramente evidencia diferencias sociales para la población discapacitada, sobre todo en las mujeres, ya que 37 por ciento de ellas no cuentan con estudios.
Igualmente, en Puebla las personas con discapacidad son excluidas del mercado laboral, pues sólo 3 de cada 10 de este grupo poblacional tienen trabajo o están en busca de uno.
Sobre otras formas de discriminación, el 45.6 por ciento de las personas encuestadas afirmó que en la zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala no se respetan los derechos de las personas con alguna discapacidad, y 14 por ciento dijo que no estaría dispuesta a que viviera alguna de estas personas en su casa.
Asimismo, se detectó que son las madres, con el 20 por ciento, quienes dedican más tiempo a cuidar a las y los discapacitados.
PROPUESTAS
Con este panorama, la Agrupación Juvenil Xonaca hizo recomendaciones sobre tres ejes fundamentales: protección, atención y sanción.
Con base en ellas, la organización solicitó a las autoridades estatales adoptar medidas legislativas, administrativas y sociales para prevenir dentro de los hogares la violencia contra las mujeres con discapacidad, además de asignarles asistencia y apoyo adecuados.
También –propuso– se debe garantizar que los casos de explotación, violencia y abuso contra ellas sean detectados, investigados y juzgados
Esta investigación de carácter exploratoria es la única que trata la temática a nivel estatal en México, y constituye un esfuerzo por visibilizar la violencia contra las mujeres con discapacidad que habitan el estado de Puebla.
Gran parte de los datos contenidos en el diagnóstico provienen en mayor medida del Censo de Población y Vivienda, la Encuesta Nacional sobre Discriminación, y la Encuesta Estatal sobre Dinámicas de las Familias en Puebla 2010, elaborada por el Inegi.
14/AJSE/RMB
El Centro de Estudios para la Integración Social y la Formación de Inmigrantes de Valencia, España, (CeiMigra) publicó una serie de cuadernos para que personal de salud pueda detectar y atender casos de violencia de género entre las mujeres migrantes.
Para contribuir en la capacitación y formación del personal sanitario que brinda atención inicial a mujeres migrantes, el CeiMigra elaboró una colección de cuadernos para detectar problemas de violencia de género en mujeres provenientes de otros países que se establecieron en España.
Los siete cuadernos de la serie “Claves contextuales para la detección de la violencia de género en mujeres inmigradas”, pretende ser una herramienta de formación, consulta y apoyo en la práctica cotidiana de estos servidores de salud.
Según cifras oficiales, 30 por ciento de las denuncias en España por violencia de género corresponden a mujeres migrantes, y 10 por ciento de las víctimas son menores de edad.
La organización destaca que para la detección precoz de la violencia de género en mujeres migrantes no pueden utilizarse los mismos protocolos para detectar la violencia de género entre las españolas.
CeiMigra considera el problema de la violencia de género como un hecho transcultural, por lo que los profesionales de salud deberán conocer mínimamente la realidad cultural de las mujeres a quienes atiende, el significado de la salud y la enfermedad, o los roles de género en sus contextos de origen.
Se trata así de un cuaderno general que expone la condición de las mujeres migrantes, las afectaciones a su salud física y psicológica que trae consigo el proceso migratorio, así como todos los procesos sociales que intervienen en el traslado e instalación de una mujer en un país distinto al suyo,
CeiMigra también elaboró otras seis publicaciones que aportan algunas claves de comprensión y comunicación en la atención a mujeres procedentes de América Latina, norte de África, África Subsahariana, Europa del Este, China, India y Pakistán. Todos los documentos están disponibles de manera digital.
14/AZM/RMB
Con tres meses de retraso, el Ejecutivo federal envió al Senado una iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión y una propuesta de Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México, que ignoró las propuestas de grupos civiles como la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar y a la Información.
Ayer, el Senado recibió la iniciativa para expedir un ordenamiento legal que regule de manera convergente el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.
Pese a que desde octubre de 2013 un grupo de comunicadoras, académicas, activistas y legisladoras se unieron para pedir que las leyes secundarias en telecomunicaciones tuvieran perspectiva de género, en la iniciativa de Enrique Peña Nieto no se consideran lineamientos en este sentido.
La propuesta gubernamental –que forma parte de la reforma constitucional de junio de 2013 en la materia– fortalece a la Secretaría de Gobernación (Segob), establece reglas para los medios públicos, comunitarios e indígenas, y enlista principios generales de los derechos de las audiencias.
Asimismo el objetivo de la iniciativa es regular las concesiones, las facultades del recién creado Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), la explotación del espectro radioeléctrico, y la competencia y libre concurrencia.
PROPUESTAS CIUDADANAS
La directora del Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género en los Medios, Lurdes Barbosa; la directora de Comunicación e Información de la Mujer, Lucía Lagunes; la investigadora de la UNAM Aimeé Vega; la coordinadora de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, María Eugenia Chávez; la politóloga Martha Tagle, y la periodista Cristina Renaud, presentaron en octubre de 2013 una propuesta.
El año pasado este grupo entregó a las diputadas del PRD, Purificación Carpinteyro y Martha Lucía Mícher, y del PAN Lucía Pérez Camarena, entre otras, una propuesta que elaboraron junto con la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, a propósito de la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión que se discutió en 2008 en el Senado.
Las activistas retomaron 13 puntos de estos lineamientos luego de que en 2008 no fueron incluidos. La idea era que las y los legisladores incluyeran en las leyes reglamentarias que los medios deberían tener medidas de autorregulación para evitar contenidos que fomentaran la violencia de género, y estrategias que promovieran la participación femenina en la planta laboral.
De acuerdo con estos puntos –que se pueden consultar en la página www.change.org–, la idea era que en la ley se promoviera el pleno ejercicio y participación de las mujeres y las niñas a la comunicación, la información y la libertad de expresión, y la producción de contenidos con perspectiva de género.
Asimismo las ciudadanas pedían que se estableciera el deber de promover la perspectiva de género en la producción audiovisual, impulsar que las mujeres accedieran a la propiedad de los medios de comunicación y a la propiedad intelectual, y la creación de observatorios de género que vigilaran la industria de las telecomunicaciones y radiodifusión.
REGULACIÓN ES DE SEGOB
Pese a estas propuestas, el documento de 244 hojas que envió el Ejecutivo al Senado señala que la Segob seguirá siendo la dependencia que vigilará que los contenidos audiovisuales se apeguen a lo establecido en la ley, y será la entidad encargada se sancionar a quienes incumplan la normatividad vigente.
De acuerdo con la iniciativa, las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Salud (Ss) conservan sus facultades actuales: la primera para promover el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector educativo, y promover la transmisión de programas culturales, civismo, educativos y recreativos.
En tanto que la Ss conservará sus facultades de autorizar la transmisión de propaganda comercial relativa al ejercicio de la medicina, comestibles, bebidas, medicamentos, entre otras, pero no hace referencia a los derechos de las mujeres ni hace mención del combate a la violencia de género en los medios de comunicación.
Así, al Ifetel le corresponden los asuntos de competencia económica.
Asimismo la Procuraduría Federal del Consumidor tendrá entre sus tareas el promover, proteger y vigilar los derechos de los usuarios previstos en las leyes secundarias de telecomunicaciones y radiodifusión y en la Ley Federal de Protección al Consumidor, debiendo sancionar su incumplimiento.
CONTENIDOS Y AUDIENCIAS
La propuesta incluye un capítulo de los “contenidos audiovisuales” y acota que atendiendo la libertad de expresión e información como pilares fundamentales de una democracia moderna, se busca “que los medios de comunicación y las audiencias puedan ejercer estos derechos en los términos que lo establece la Constitución”.
En este sentido reconoce que lo que se transmite en radio y TV es de interés público y por lo tanto afirma que le corresponde al Estado proteger y vigilar el cumplimiento de sus funciones sociales a fin de proteger los valores y principios constitucionales, pero no dice cómo se cumplirá esta tarea.
La iniciativa incluye también un capítulo sobre los derechos de las audiencias, entre los que destacan el derecho a recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico de la nación, y recibir programación que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y la pluralidad.
Atendiendo este tema, la iniciativa reconoce y fundamenta la figura de “defensoría de la audiencia” como el responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de la audiencia.
La propuesta del Ejecutivo aún debe ser analizada por el Senado, que hoy turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, Comunicaciones y Puntos Constitucionales, que esta semana definirán una ruta de análisis para dictaminar la iniciativa.
14/AGM/RMB
Celebran que México rechace recomendaciones del Vaticano
México.- La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Martha Lucía Mícher Camarena, aplaudió que el Ejecutivo federal rechazara las recomendaciones 48 y 114 emitidas por el Estado Vaticano durante el pasado Examen Periódico Universal (EPU), por ir en contra de los Derechos Humanos (DH) en México.
En un comunicado, la legisladora dijo que ambas recomendaciones, la 48 relacionada a restringir el derecho al aborto y la 114 que tiene que ver con los matrimonios entre personas del mismo sexo, eran opuestas al marco jurídico en el país y a los instrumentos internacionales asumidos en materia de DH.
Paso positivo instaurar Día Nacional contra la Homofobia
México.- Es un paso importante para el cambio cultural en México que el Ejecutivo federal haya instaurado que cada 17 de mayo sea considerado “Día Nacional de Lucha contra la Homofobia”, dijo la senadora del PRD Angélica de la Peña.
La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara alta explicó que con ello nuestro país da importantes pasos para erradicar todo tipo de discriminación, especialmente en lo referente a la orientación sexual y la identidad de género.
Por lo que no se debe permitir que por su orientación sexual una persona sea discriminada del trabajo, de la seguridad social, del estudio o de las actividades que desea realizar, puntualizó.
Piden equidad de género en integración del INE
México.- La Red Nacional de Periodistas y Católicas por el Derecho a Decidir, entre otras organizaciones civiles, pidieron a la Cámara de Diputados que garantice una plena equidad de género en la conformación del Consejo General del nuevo Instituto Nacional Electoral (INE).
En un boletín de prensa, las activistas señalaron que la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja debe impulsar la construcción de acuerdos entre los grupos parlamentarios, para seleccionar a quienes integrarán el Consejo General del INE, por lo que debe asegurar que sea electo el mayor número posible de mujeres.
Ayunarán mujeres a favor de reforma migratoria en EU
México.- El Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) convocó a grupos civiles a unirse a la campaña “¡Ayuno de mujeres en apoyo a familias migrantes!”, impulsada por la organización WeBelongTogether para este 27 de marzo, para exigir una reforma migratoria justa para niñas, niños, mujeres y adolescentes migrantes en Estados Unidos.
Para sumarse a la iniciativa, las organizaciones deberán compartir audios, fotografías o videos con carteles a favor de una reforma migratoria o diciendo alto a las deportaciones y a la separación familiar, a través de @imumidf y IMUMI, AC (Facebook).
14/GMV/RMB
En un intento de echar atrás los logros de las mujeres en materia de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), así como la decisión del Estado mexicano de rechazar la recomendación del Vaticano para “proteger la vida desde la concepción”, grupos Provida exigieron se reforme la Constitución para impedir el aborto.
En un desplegado publicado hoy en un diario de circulación nacional y difundido en redes sociales, grupos antiaborto, representantes de la Iglesia católica, empresarios de la comunicación e incluso personajes de la farándula, exhortaron a Enrique Peña Nieto y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a proteger en la Carta Magna la vida “desde el primer instante de su concepción hasta su término natural”.
También dirigido al senador Raúl Cervantes Andrade, presidente del Senado, y al diputado José González Morfin, presidente de la Cámara baja, en el desplegado se llama a las autoridades federales a “no dejarse presionar por intereses extranjeros que dañan a nuestra sociedad”. Igualmente se sostiene que el derecho al aborto es una “aberración jurídica”.
Cabe recordar que en 2013 el Estado mexicano presentó un informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para someterse al Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo a través del cual los Estados son evaluados en materia humanitaria.
De esa evaluación resultaron 176 recomendaciones, dentro de las cuales se encontraban dos planteamientos del Vaticano, que a decir de organizaciones como la Federación Mexicana de Universitarias (Femu), atentaban contra la vida y el desarrollo pleno de la población femenina.
La Santa Sede exhortó a México a “respetar y defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, sobre la base de las enmiendas de las constituciones estatales, y promover una protección similar a nivel federal y local”.
Para las activistas, lo anterior significaba ir contra del derecho a la maternidad libre y voluntaria, y a que se criminalice el aborto.
El pasado 20 de marzo México aceptó 166 recomendaciones y rechazó la emitida por el Estado Vaticano. No obstante el gobierno aclaró que reafirmaba su respeto al “derecho a la vida”, tal y como lo marca la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
La delegación oficial añadió que no podía asegurar que las legislaciones estatales en materia del derecho a la vida fueran uniformes.
En ese contexto, en el desplegado de hoy los grupos ultraconservadores solicitan no hacer caso a “presiones extranjeras” y atender los artículos primero y 22 de la Constitución, para “proscribir absolutamente la pena de muerte, sobre todo para los inocentes que no tienen capacidad de defenderse en el vientre materno”.
En contraste, organizaciones nacionales e internacionales de defensoras de los Derechos Humanos de las mujeres han insistido y comprobado que proteger la vida desde la concepción y prohibir el aborto bajo cualquier circunstancia, viola las garantías mínimas de la población femenina y la expone a prácticas inseguras, riesgos a su salud y a la criminalización ante abortos espontáneos.
Por ejemplo, la ONU señala que “la prohibición total del aborto viola los Derechos Humanos de las mujeres y que debería estar permitido y ser accesible al menos en los casos de embarazos producto de una violación sexual, malformaciones incompatibles con la vida, y cuando la vida y la salud de la mujer estén en riesgo”.
ANDANADA CONSERVADORA
A partir de 2007, cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación, fueron modificadas 17 constituciones locales para “proteger la vida desde la concepción o fecundación”, lo que derivó en persecución, encarcelamiento y criminalización de las mujeres que interrumpían su embarazo de manera voluntaria o involuntaria.
Según el informe “Omisión e indiferencia. Derechos sexuales y reproductivos en México”, elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), del 1 de abril de 2007 al 31 de julio de 2012, en 19 entidades federativas hubo 127 sentencias contra mujeres por el delito de aborto.
Ese mismo informe reveló que de 2009 a 2011, 679 mujeres han sido denunciadas por el delito de aborto en todo el país, y que de 2007 a 2012 se emitieron tan sólo 39 autorizaciones de ILE en siete entidades bajo las causales permitidas.
Además de la persecución del delito de aborto a raíz de la protección a la vida desde la concepción, se ha condenado a las mujeres por el delito de “homicidio en razón de parentesco”, con el cual no alcanzan fianza.
Muestra de ello es el caso de Adriana, indígena tlapaneca que a sus 19 años presentó un aborto espontáneo, pero fue acusada de ese delito con base en pruebas periciales que carecían de rigor científico y por lo tanto fue sentenciada a 22 años de prisión.
Aunque en enero pasado la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) ordenó su liberación inmediata, se tiene conocimiento de que a nivel nacional hay otras 157 mujeres presas bajo las mismas circunstancias.
En tanto, el informe “Embarazo no planeado y aborto inducido en México”, realizado por la especialista Fátima Juárez y publicado por El Colegio de México y el Instituto Guttmacher, sostiene que “restringir el aborto no evita que suceda”, y que detrás de la mayoría de interrupciones hay un embarazo no planeado como consecuencia de la falta de acceso a anticonceptivos.
Agrega que la alta tasa de aborto en el país (38 abortos por cada mil mujeres de 15 a 44 años para 2009) indica que el deseo de las mujeres de limitar y espaciar los nacimientos de sus hijos ha aumentado a un ritmo más rápido que su uso efectivo de métodos de control natal.
Por ejemplo en 2009, el 86 por ciento de las mujeres casadas reportaron que no querían más hijos, pero el 12 por ciento tenía necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos, es decir, 2 millones de mujeres deseaban evitar un embarazo pero carecían de planificación familiar.
Sumado a ello, las jóvenes de 15 a 24 años tienen una especial desventaja para acceder a los servicios de anticoncepción, ya que 27 por ciento de ellas tienen necesidades insatisfechas de anticonceptivos aunque cabe mencionar que los porcentajes se incrementan para las jóvenes de sectores rurales o indígenas.
14/AZM/RMB
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que revisará la situación de los mecanismos de protección para defensores de los países de América, a fin de verificar si cumplen su tarea de dar seguridad a las personas amenazadas u hostigadas por su activismo.
A petición de 37 organizaciones civiles del continente, el relator sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la CIDH, José de Jesús Orozco Henríquez, dijo que la Comisión revisará la situación de estos mecanismos y adelantó que los comisionados estudiarán la posibilidad de organizar un foro regional al respecto.
Así lo señaló el pasado 24 de marzo durante una audiencia para hablar de la situación de las y los defensores en América, y a la que se dieron cita agrupaciones como Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem).
También estuvieron presentes grupos de México, como los centros de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y de las Mujeres de Chihuahua, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Las organizaciones civiles dijeron que es deber de los Estados poner fin a los ataques contra activistas y adoptar las medidas necesarias para que ellos puedan ejercer libremente sus derechos, además de que deben establecer mecanismos de seguimiento a las recomendaciones emitidas por el organismo continental.
Indicaron que en algunos países de América Latina, como México, que cuenta con su Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se han creado instancias nacionales de protección, pero afirmaron que éstas aún tienen “vacíos” que impiden su real funcionamiento.
En este sentido, pidieron a la CIDH que haga un seguimiento del funcionamiento de estos mecanismos para identificar sus fallas y hacer recomendaciones para que se adhieran a los estándares internacionales en la materia, y dejen de ser “los vehículos para aislar a los defensores que están en peligro”.
Según los grupos civiles, los mecanismos deberían coadyuvar a que cada ataque sea investigado de manera integral, pues esto es indispensable para acabar con la impunidad, por ello también pidieron que el organismo autónomo de la OEA desarrolle lineamientos sobre cómo realizar una indagación de esta naturaleza.
Ante estas denuncias, el relator José de Jesús Orozco dijo que la CIDH ve con grave preocupación el aumento de las agresiones, los ataques y estigma hacia personas defensoras, que según las organizaciones cobró la vida de 96 activistas en 2013 sólo en Colombia y Guatemala.
Señaló que reconocen que estas personas viven obstáculos diversos en cada Estado de la región que impiden que puedan realizar sus actividades, y por ello abundó que trabajan en un informe sobre la criminalización de las y los activistas, y en estrategias para fortalecer los mecanismos de protección que ya operan en algunos países.
14/AGM/RMB
A Enrique Peña Nieto no le tembló la mano para nombrar el 17 de mayo como el “Día Nacional de Lucha contra la Homofobia”, como sí le sucedió a su antecesor, Felipe Calderón (Fecal), quien presionado por la sociedad civil organizada, instancias internacionales y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), decretó en mayo de 2010 el “Día de la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias”.
En este sentido, el presidente Peña le enmienda la plana a Fecal al nombrar ese día con todas sus letras, sin ceder al conservadurismo que cegó a Calderón en el momento de firmar aquel “decreto que no se atrevió a decir su nombre”, como lo dijo en su momento el activista Francisco Lagunes.
El desliz homofóbico de Fecal, que evadió a toda costa mencionar la palabra “homofobia”, lo describe de cuerpo entero: temeroso a las palabras, inseguro, conservador a ultranza, y por si fuera poco: traicionero.
De acuerdo con información recabada por quien esto escribe, en aquel mayo de 2010 se había acordado desde la Secretaría de Gobernación y el Conapred responder a la petición de la sociedad civil, en este caso, de un amplio sector del activismo lésbico, gay, bisexual y transgénero (LGBT), para que el gobierno mexicano instituyera el 17 de mayo como el “Día Nacional contra la Homofobia”.
Pero de último momento, Fecal le metió mano al texto acordado y omitió la palabra que le hacía ruido en el título del decreto, por lo que usó términos, que de hecho, reflejaban la homofobia de la que hablaba el texto a decretar.
En todo caso, Calderón, como todos sus secuaces conservadores, fueron congruentes con sus preceptos religiosos en el momento de tomar decisiones políticas sobre temas referentes a la diversidad sexual.
El gobierno que encabezó el panista intentó mediante un juicio de inconstitucionalidad, promovido por la Procuraduría General de República (PGR) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), echar abajo los avances en el DF en torno al “matrimonio universal”, que desde marzo de 2010 da la posibilidad a parejas del mismo sexo para unirse ante el Registro Civil y adoptar a menores de edad de manera conjunta.
En su afán por justificar sus acciones, el ex presidente declaró el 2 de febrero de 2010 en una gira por Tokio, Japón, que “la Constitución de la República habla explícitamente del matrimonio entre el hombre y la mujer”, por lo que consideró que se debería dar un debate legal que tendría que ser resuelto por la SCJN.
Sus dichos resonaron en México y no pocos líderes de opinión los usaron, para una vez más, señalar la ignorancia del Presidente sobre la realidad del país que gobernaba. El texto constitucional de ninguna manera señala lo que dijo Fecal. Sus detractores lo hicieron trizas.
EL RETO DE PEÑA
Ahora lo importante será ver si el gobierno de Enrique Peña Nieto realmente pasará de los dichos y las buenas intenciones plasmadas en el Diario Oficial de la Federación del pasado 21 de marzo, a la implementación de políticas públicas antidiscriminatorias hacia el sector LGBT.
También será muy importante ver si los gobernadores y las bancadas de su partidos en el Congreso de la Unión y los congresos estatales, actuarán en consecuencia; no sólo en el tema del “matrimonio universal”, sino en adopción, acceso a la justicia y no discriminación hacia la población LGBT, pues hay estados donde los grados de homofobia institucional y social rebasan los límites de la imaginación.
No se puede olvidar que el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México fue particularmente hostil a manifestaciones públicas de la diversidad sexual.
Un caso muy sonado en México tuvo que ver con la represión que sufrió el profesor Humberto Estrada, quien siendo docente en una institución educativa en aquella entidad, participó en un desfile gay travestido, lo que le costó su cargo, el encarcelamiento y finalmente su huida de México por ver que su vida corría peligro en el país.
El docente siempre adujo su destierro a la homofobia del gobernador, que se reflejaba en todos los niveles de gobierno en el Edomex.
De ser congruente Enrique Peña Nieto, su gobierno debería de empezar por aceptar que las y los militares LGBT que prestan sus servicios en el Ejército, la Marina o las Fuerzas Armadas, puedan ejercer sus cargos sin ningún tipo de discriminación, como ha sucedido con los militares que viven con VIH/Sida, a quienes hasta hace muy poco se les corría de esas instituciones por “ser inútiles para el servicio de las armas”.
Sería deseable, como ha sucedido de manera contundente en Estados Unidos, Francia, España y otros países, que todo militar que asuma públicamente una orientación sexual diferente a la heterosexualidad, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) les reconociera el derecho a la seguridad social de sus parejas.
Otro gran reto que emprende al gobierno federal al firmar el decreto es que las políticas públicas tengan el componente de diversidad sexual y que en ámbitos de justicia, educación, salud y Derechos Humanos, se plasme el sentir del artículo primero de nuestra Constitución.
En todo caso, el habitante de Los Pinos tiene en este momento un voto de confianza de algunos activistas que siempre han dudado de él y su partido, de hecho, en las redes sociales se comenta que tiene una responsabilidad histórica.
Es preciso que se reivindiquen derechos negados por los gobiernos del PRI y del PAN al sector LGBT, pues la historia que tenemos hasta hace muy poco tiempo requiere ser revertida con la inclusión, el respeto y el reconocimiento del Estado mexicano en todas sus acciones, programas y presupuestos.
De lo contrario, como siempre sucede, los buenos deseos quedarán en el papel, mientras que en la realidad la gente seguirá sufriendo los estragos de las incongruencias de sus gobernantes.
www.antoniomedina.com.mx/@antoniomedina41
*Profesor de periodismo en la carrera de Comunicación y Cultura en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
14/AM/RMB
El caso de Emma Gabriela (Gaby) Molina Canto no ha recibido la difusión que en su momento tuvo el de Yakiri por varias razones. Entre ellas que ocurrió en una entidad –lejos del centro del país– donde las cosas se silencian hasta naturalizarlas.
Otra de las razones posibles es que a diferencia de Yakiri, el agresor está vivo y hasta ahora se ha salido con la suya, eso sí, ayudado por la justicia mexicana.
Sí, la misma justicia a cuyo nombre la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió un reconocimiento en materia de Derechos Humanos otorgado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Además del escenario de injusticia, hay otras cosas en común con el caso de Yakiri. La más importante: el juez que lleva el proceso. Sí, sorprendentemente y aunque el hecho corresponde a un proceso que inició por un litigio de custodia, el caso derivó magistralmente en una denuncia presentada contra Emma Gabriela ante el Juzgado 68 de lo Penal a cargo de Santiago Ávila Negrón, el mismo que encarceló a Yakiri por el homicidio de su agresor sexual.
Sí, aunque parezca insólito, la justicia en México es pronta y expedita cuando de juzgar a las mujeres se trata. Más si quienes las acusan son los esposos, mucho más si está de por medio la custodia y muchísimo más si se atreven a defenderse.
El caso de Emma, que inició con un proceso por la custodia de sus hijos emprendida ante una juez de lo familiar en Yucatán, fue la gota que derramó el vaso de la violencia que ya venía recibiendo por parte de su esposo.
Quienes trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres y la prevención y atención de la violencia saben muy bien que nunca está más en riesgo una mujer que justo cuando decide romper el ciclo de la violencia, y este caso lo evidencia.
Cuando Emma dejó Tabasco atrás, donde vivía con su esposo, y retornó a Yucatán y obtuvo la custodia de sus hijas e hijo, los cuales tuvo hasta el momento en el que en un operativo por demás ilegal la sorprenden y se los quitan, pero eso no fue suficiente, fue acusada del robo de la camioneta que era propiedad de una empresa del esposo.
Lamentablemente el hecho es algo común también; así operan cuando sienten que han perdido el control y las acusan de robo, les quitan a los hijos para chantajearlas, les quitan propiedades y las denuncian para que en complicidad con “la autoridad” las terminen por quebrar emocionalmente.
Pero en el caso de Emma no les bastó y la retuvieron cuatro meses en la cárcel en un proceso plagado de irregularidades que sólo podía ocurrir en un estado cuyo gobernador (Andrés Granier) fue acusado de fraudes millonarios con todo su equipo de colaboradores, entre los que se encontraba el esposo de Emma Gabriela.
Pero no fue suficiente; ella logró su libertad con el pago de una fianza, mientras que su ex pareja ya había obtenido en un proceso “exprés” la custodia de las dos niñas y el niño. El resto fue una pesadilla: a ella le fabricaron en el DF el delito de “fraude equiparado”.
Ligia, la madre de Emma Gabriela, no ha dejado de luchar un solo día para probar la inocencia de su hija que hoy permanece escondida ante la orden de aprehensión, bajo el terror de no regresar a la cárcel, y con el anhelo de buscar y recuperar a sus hijos que hasta ahora nadie sabe dónde están y dónde los tiene su padre.
La madre, una mujer jubilada, acudió ante todas las instancias. Aprendió a usar redes sociales apoyada por la defensora de derechos de las mujeres Adelayda Salas, en Yucatán. Ella ha emprendido una campaña por los derechos de Emma Gabriela, que ha buscado hacerse escuchar en medio de otros casos que reciben más atención mediática.
Doña Ligia, cansada y desesperada, cuenta la historia, habla y pide ayuda, clama por la justicia para su hija cuyo único delito ha sido amar a sus hijos y pelear por ellos, y haberse casado con un hombre que en medio de hechos ilícitos en Tabasco, encontró el escenario ideal para poner la justicia de su lado –nada nuevo cuando se trata de controversias entre esposos y esposas–.
Ella narra: “Dijeron que mi hija –el mismo día que aún estaba en la cárcel en Tabasco– contactó gente y robó dinero. Que ella y otra persona robaron dinero, que se encontraron en un café en el DF y que mi hija vive en la capital. ¿Y qué juez cree que es? El mismo que encarceló a Yakiri Rubí Rubio Aupart. El expediente de mi hija es el 96/2013”.
El miedo está latente en Emma Gabriela; ella permanece aislada por temor a volver a la cárcel, sin contacto con su familia ni amigos y bajo la tortura de no saber dónde están sus hijos, porque él, su esposo, tenía de su lado todo el poder y el apoyo de un Estado para mover la justicia a su voluntad, lo suficiente para mandarla cuatro meses a la cárcel y promover una denuncia ante un juez –hoy polémico– que garantizaba lo que caracteriza al sistema de justicia en México: efectividad contra las mujeres en la violación de sus Derechos Humanos.
La causa está en Avaaz.org y la información es difundida en twitter por la cuenta @adelitadecholul, que administra la propia madre de EmmaGabriela.
*Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
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Discriminadas y con severos obstáculos en su acceso a los derechos básicos, las mujeres indígenas constituyen el rostro olvidado de la pobreza, un panorama que esperan superar con la voluntad política de los gobiernos.
Si las mujeres en general representan –según datos de Naciones Unidas– el 70 por ciento de los mil 200 millones de seres humanos en la pobreza y 6 de cada 10 de las personas con hambre en el planeta, la situación específica de las indígenas es aún peor.
Asimismo, las mujeres de grupos étnicos sufren la usurpación de sus tierras por las trasnacionales y el crimen organizado, y la represión cuando alzan sus voces ante ese escenario.
Por otra parte, son víctimas de la explotación laboral y sexual, y la violencia, esta última expresada en flagelos como la mutilación genital y los matrimonios forzados.
De acuerdo con Otilia Lux de Coti, activista guatemalteca del pueblo maya quiché, para dejar atrás siglos de marginación y desigualdad, deben ser escuchadas las voces hasta ahora ignoradas de decenas de miles de mujeres de pueblos originarios.
“Queremos ser visibles, que nuestros derechos estén incluidos en la agenda post 2015 de desarrollo sostenible, porque para los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) no fuimos consultadas”, señaló a PL la directora ejecutiva del Foro Internacional de Mujeres Indígenas.
Lux de Coti participó en el 58 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés), foro celebrado entre el 10 y el 21 de marzo en la ONU, donde se debatieron los avances y desafíos en materia de igualdad de género y empoderamiento femenino, dentro del progreso político y socioeconómico mundial.
Para la ex parlamentaria y ministra guatemalteca de Cultura y Deportes, el nuevo marco de desarrollo sostenible, el cual sustituirá en 2015 a los ODM, significa una oportunidad histórica para abordar prioridades particulares de las indígenas.
No fuimos escuchadas para establecer los anteriores objetivos, pero eso debe cambiar, a partir de la creación de espacios en Naciones Unidas para que tengamos representantes consideradas interlocutoras en igualdad de condiciones, advirtió Otilia Lux.
Se trata –dijo– de la posibilidad de que nos consulten decisiones que nos afectan, además de ubicarnos en mejores condiciones para impulsar el cumplimiento de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en 2007 por la Asamblea General.
VOLUNTAD POLITICA
Durante la CSW-58, delegadas indígenas de diversos continentes reclamaron un compromiso de los gobiernos con medidas verificables que las ayuden a superar siglos de exclusión política, social y económica.
Falta voluntad política en los Estados para atender una población especialmente vulnerable a las crisis, el impacto del cambio climático, la discriminación y la violencia de género, subrayó Lux de Coti.
La activista lamentó que a tan adverso panorama se sume la criminalización cuando protestan y exigen sus derechos.
Vemos en algunos lugares de América Latina y el mundo complicidad con empresarios vinculados a la minería y otras esferas agresivas para el entorno. La respuesta a quienes rechazan tales prácticas a veces es la detención, y hasta la tortura y la muerte, denunció.
Las industrias extractivas llevan a los territorios indígenas militarización, pesticidas, abusos y desplazamientos, una situación que para estas mujeres además significa violaciones sexuales y explotación.
Para borrar este escenario necesitamos voluntad política gubernamental y apoyo de Naciones Unidas, sobre todo incluyendo la solución a nuestros problemas en la agenda de desarrollo sostenible post 2015, con indicadores medibles y verificables, estimó.
Lux de Coti recordó que los pueblos originarios enfrentan en el planeta severas dificultades para acceder a los alimentos, el agua potable y las fuentes de energía, cuestiones complicadas por la crisis económica y el cambio climático.
Son situaciones que afectan sobre todo a las mujeres, tal vez la población más vulnerable ante la extrema pobreza, expuso.
Por su parte, la nepalesa Chanda Thapa Magar coincidió que la voluntad política es la clave para cambiar el adverso panorama de las indígenas.
A estas alturas hay Estados que dudan en reconocernos como ciudadanos, porque nos consideran personas de segunda categoría, un problema particularmente duro para las mujeres, explicó a PL la coordinadora del Pacto de Asia para los Pueblos Indígenas.
Thapa Magar sentenció que las mujeres de grupos étnicos sufren doble el tema de la exclusión “por ser indígenas y por ser mujeres”.
La joven nepalesa también demandó una nueva agenda de desarrollo sostenible comprometida con las causas de esta población femenina.
OBJETIVOS DEL MILENIO Y POST 2015
En su 58 periodo de sesiones, la Comisión creada en 1946 para impulsar en el planeta la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres se centró en el cumplimiento de los ODM, y las prioridades para el marco del desarrollo sostenible que los remplazarán en 2015.
Si bien se reconocieron progresos, el documento final del foro de dos semanas dejó claro lo mucho que resta por avanzar en materia de igualdad y del fin de la discriminación.
Nosotras tenemos una situación más grave porque los beneficios de los ODM no han sido significativos para las indígenas, alertó Thapa Magar.
En ese sentido, la activista nepalesa insistió en la necesidad de aprovechar la agenda post 2015 de desarrollo para hacer justicia.
Las conclusiones adoptadas por la CSW-58 demandan el cumplimiento de la declaración y el plan de acción aprobado en la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, celebrada en 1995.
Dichas iniciativas dedicaron entonces espacios a los derechos de las indígenas y el respeto a su identidad, cultura, tradiciones y acceso a los servicios y la participación activa en la sociedad.
A casi dos décadas del encuentro de Beijing, las indígenas siguen sufriendo de una forma particular la exclusión.
Al respecto, la CSW-58 mostró preocupaciones por los pocos avances en los grupos más marginados de la sociedad. Compromiso y voluntad política son las únicas respuestas posibles para superar la inequidad y su brutal impacto en las indígenas, coincidieron sus representantes.
*Corresponsal jefe de Prensa Latina en Naciones Unidas.
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