Evidencian autoridades que las mexicanas no les importan

En el mundo, México es considerado un país con leyes vanguardistas a favor de las mujeres y es reconocido por los acuerdos globales que signa y ratifica en la materia, pero el actuar de impartidores de justicia, funcionarias y legisladores reflejan que la protección, seguridad y respeto a la población femenina están sólo en el discurso.
 
Organizaciones civiles han manifestado su molestia por lo que consideran una actitud de simulación del Estado mexicano, para cumplir los acuerdos internacionales a favor de las mujeres.
 
Y es que hace dos semanas nuestro país fue sede de un Foro Hemisférico para plantear nuevas líneas de acción contra la violencia de género, con base en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará). 
 
Al mismo tiempo, las autoridades preparan un informe sobre el cumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing, emanada de la Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en 1995.
 
Pero justo el pasado miércoles 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, dos hechos dejaron en claro –a decir de activistas– el desinterés del Estado para asumir sus compromisos a favor de las mexicanas.
 
Ese día por la mañana, diputados federales y funcionarios dejaron “plantados” a especialistas, grupos civiles y médicos de todo el país que llegaron a la Cámara de Diputados, para proponer acciones contra la violencia obstétrica, una de las causas de muerte materna (MM) que más se ha denunciado públicamente en meses recientes.
 
Las y los expertos presentes en el foro “Violencia obstétrica: oportunidades y retos para la legislación y las políticas públicas en México”, dijeron que la solución a este flagelo va mas allá del despido del personal de salud, pues las agresiones contra mujeres durante sus embarazos y partos son un reflejo de la violencia institucional, las fallas estructurales del sistema sanitario y la falta de política pública con visión de género.
 
Por la tarde del 28 de mayo, el Congreso de Nuevo León (NL) aprobó en primera instancia y con mayoría de votos una iniciativa para instaurar el “derecho a la vida desde el momento de la fecundación”, lo que para organizaciones ciudadanas y activistas es una forma de criminalizar a las mujeres, aumentar el número de abortos inseguros y abonar al incremento de la MM.
 
La iniciativa para restringir el derecho al aborto legal se aprobó tan sólo en una semana. Fue presentada el 21 de mayo por el diputado del Partido Acción Nacional Francisco Luis Treviño y avalada por las comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales el día 23, para subir finalmente al pleno y ser aprobada el pasado miércoles.
 
En el avance de esa iniciativa evidenció que las voces de las organizaciones civiles y expertas en el tema no son tomadas en cuenta por el Poder Legislativo cuando se toman decisiones de alto impacto para las mujeres.
 
Desde que se supo de la propuesta panista, activistas nacionales y locales buscaron canales de comunicación con las y los legisladores (en redes sociales, cartas y protestas), pero fueron ignoradas. Al contrario, sí fueron escuchadas las posturas de los grupos Provida y la Iglesia católica.
 
Previo a la votación se hizo llegar al Congreso de NL un documento en el que el doctor en Derecho Héctor A. Mendoza Cárdenas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, exponía el sinsentido de dar personalidad jurídica a un embrión y cómo diversas normas internacionales refutaban este tipo de legislaciones, tales como la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 7 define que el menor de edad “tendrá derechos desde que nace”.
 
También se informó a las y los legisladores de los datos y cifras que evidencian que ese tipo de reformas derivan en la criminalización de las mujeres, como ha ocurrido en los estados de Guerrero o Guanajuato.
 
El mismo miércoles 28 de mayo el Congreso local ordenó que se impidiera la entrada al Palacio Legislativo de las organizaciones contrarias a la iniciativa para restringir el derecho al aborto.
 
Pero el bloqueo no aplicó para representantes de grupos Provida, pues según la prensa local, al menos 10 integrantes de este movimiento de ultraderecha entraron al Congreso estatal acompañadas de las diputadas panistas Blanca Lilia Sandoval y Carolina Garza.  
 
Ante la eventual ratificación de la iniciativa –que sería sometida a una segunda votación prevista para junio próximo–, funcionarias y legisladoras federales optaron por “lavarse las manos”.
 
Cimacnoticias reportó la víspera que en declaraciones a esta agencia, Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), dijo que no hará ningún llamado al Congreso de Nuevo León para intentar evitar la iniciativa con las que se violentan los derechos de las mexicanas.
 
Cruz comentó lo anterior durante un foro convocado por el Inmujeres y la Comisión de Igualdad de Género del Senado, encabezada por la priista Diva Hadamira Gastélum Bajo, quien también dirige el Organismo Nacional de Mujeres Priistas (Onmpri).
 
El evento tuvo como objetivo conocer el balance de las organizaciones civiles respecto al cumplimiento de la Convención de Belém do Pará.
 
En los discursos inaugurales se afirmó que todas las propuestas serían escuchadas y traducidas en propuestas de ley o política pública, pues México no podrá avanzar mientras se “siga violentando a las mujeres”.
 
En breve entrevista, Diva Gastélum, aclaró que el PRI no tiene ninguna postura radical sobre el tema del aborto. “La postura llega hasta donde se toma la decisión y las decisiones son personales” y de cada Legislatura local, atajó.  
 
Se tiene “mucho respeto a la autonomía del estado (de Nuevo León); nosotros como organismo hicimos lo propio, pero respetamos las decisiones que se toman; no podemos forzar más, pues finalmente quienes votan son los diputados locales”.
 
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