Recurso de inconstitucionalidad contra reglamento de Ley 779

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) en Nicaragua presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto 42-2014, que reglamenta la Ley Integral Contra la Violencia hacia la Mujer (conocida como Ley 779), por considerar una serie de faltas a la Carta Magna del país centroamericano.
 
El recurso detalla la lucha de las mujeres para conseguir una serie de derechos y cómo han cambiado en los últimos años, explicó Virginia Meneses, representante de Cladem-Nicaragua.
 
Agregó que “esta aberración jurídica” con la que se pretende reglamentar la Ley 779 significaría un “gran retroceso” en el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.
 
El recurso de inconstitucionalidad establece que el reglamento de la Ley 779 violenta dos principios de la Constitución nicaragüense: uno es el de supremacía de la ley, porque ningún decreto puede oponerse a la Carta Magna, y el segundo tiene que ver con la falta de competencia del presidente de la República, Daniel Ortega, pues él no puede reformar una ley a su criterio, detalló Meneses.
 
En tanto, el líder de la fracción sandinista en el Congreso nicaragüense, Edwin Castro, dijo que en su momento se revisará la Ley 779 para perfeccionarla, y abogó por darle a la norma un  carácter preventivo para organizar a la sociedad en la lucha contra la violencia de género.
 
Castro defendió el Decreto 42-2014 porque –consideró– de lo que trata es de darle un sentido más preventivo a la ley y en esa línea es que se habla de las Consejerías Familiares, en la cual se establece la participación de diferentes sectores de forma voluntaria.
 
Activistas han advertido que tales Consejerías Familiares en los barrios serían las primeras instancias a las cuales tendrían que acudir las mujeres víctimas de violencia, y se encontrarían con “gente que no está preparada” en el tema.
 
En contraste, otra diputada sandinista, Martha Marina González, de la Comisión de la Mujer, dijo que no sería práctico reformar la Ley 779 porque se estaría invisibilizando el problema de la violencia contra las mujeres.
 
Es una ley preventiva y punitiva; no tendrían porque reformarla, fue ampliamente consultada “y no quisiera que se estuviera irrespetando la opinión del pueblo, definitivamente que no la toquen, demasiado ya se ha manoseado”, advirtió la legisladora oficialista.
 
Sería lamentable otra reforma a la Ley 779, ya que al introducirse la figura de la mediación (conciliación) sufre el primer revés y ahora una nueva reforma sería un retroceso, reiteró Mauro Ampie, director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
 
La violencia contra las mujeres en Nicaragua no da tregua: hasta el pasado 31 de agosto, el Observatorio de la Red de Mujeres Contra la Violencia registró 57 casos de feminicidio, mientras que ya se sumaron otros dos en estos cinco días de septiembre, según el monitoreo de medios de la organización civil Católicas por el Derecho a Decidir.
 
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