El domingo 28 de septiembre se conmemoró el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, fecha acordada por las feministas desde 1990.
Cientos de actividades se realizaron a lo largo y ancho del continente. En la Ciudad de México el punto de reunión fue el Hemiciclo a Benito Juárez, ex presidente mexicano que defendió el Estado laico y lo consagró en la Constitución.
Muchas de las acciones que se desarrollan se centran en la demostración de las terribles consecuencias de la criminalización del aborto en la vida de las mujeres, y los perfiles de quienes recurren a esta práctica.
Lejos de lo que se cree, diversos estudios y encuestas revelan que las mujeres que se practican un aborto son católicas, están casadas o viven en pareja, y tienen dos hijos en promedio. Nada que ver con la imagen que se ha propagado sobre la supuesta liviandad de quienes recurren a él.
También hoy se sabe que el aborto es la última alternativa a la que recurren las mujeres cuando se enfrentan a un embarazo no deseado. Lejos del mito que se suele difundir, las encuestas revelan que ninguna mujer se embaraza sólo para abortar.
Pero se preguntarán: si no se quieren embarazar, por qué lo hacen. Las respuestas son simples pero complejas. Muchas de ellas relacionadas con la violencia que enfrentan por parte de su pareja.
Violencia que les impide usar anticonceptivos de manera abierta; muchas lo hacen a escondidas de sus parejas porque sus esposos usan el embarazo como medida de control de fidelidad de las mujeres.
Otras porque aun cuando usaban un anticonceptivo, presentaron un embarazo, es decir el anticonceptivo falló. Cuarenta por ciento de los embarazos en el mundo no eran deseados; en América Latina (AL) esta proporción sube al 56 por ciento, de acuerdo con el Instituto Alan Guttmacher.
Sin embargo, la penalización del aborto sigue castigando a las mujeres, quienes ante la persecución y estigma tienen que recurrir a él en condiciones inseguras y aterradoras.
Sobre todo para las más pobres, quienes no pueden pagar un médico. Ellas recurren a las soluciones caseras y peligrosas, se introducen objetos en la vagina que suelen desgarrárselas, usan tampones de algodón impregnados de líquidos cáusticos, que les
quema o se dejan caer por escaleras e incluso de azoteas.
Y se arriesgan tanto porque no pueden continuar con el embarazo, porque no tienen condiciones para que ese producto se logre. Estas condiciones de riesgo y persecución provocan miles de muertes de mujeres cada año.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 47 mil mujeres mueren cada año producto de abortos inseguros. Es decir que cada día 129 mujeres mueren en algún lugar del mundo por esta causa, dejando en la orfandad a miles de niñas y niños.
En AL cada año se realizan 4.1 millones de abortos en condiciones inseguras y se estima que 11 por ciento de las muertes maternas de la región son por esta causa.
En muchos países, como en México, el aborto es permitido en ciertas situaciones, como en casos de violación o por graves riesgos a la vida o a la salud de la madre.
Sólo en la Ciudad de México está despenalizado hasta las 12 semanas de gestación, y en aquellos lugares donde se permite no se tienen los mecanismos claros y expeditos para acceder a él y existe una persecución criminal contra las mujeres.
Ninguna mujer desea abortar, pero si lo necesita debemos garantizarlo en condiciones seguras y dignas.
Hasta la próxima.
Twitter: @lagunes28
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC.
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septiembre 2014
El dictamen de la propuesta para resguardar a la niñez omite el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las menores de edad.
El pasado 1 de septiembre el Ejecutivo federal envió al Senado la iniciativa de Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual fue criticada por organizaciones civiles que advirtieron que la propuesta no atiende las prioridades de la niñez, además de carecer de perspectiva de género.
En opinión de especialistas, la iniciativa debió priorizar el respeto a los Derechos Humanos y atender problemáticas como el embarazo en adolescentes, los matrimonios infantiles, la violencia sexual, la trata de personas, el feminicidio, el trabajo infantil, y la niñez migrante y en situación de calle.
Las agrupaciones destacaron que la discusión del proyecto sería la oportunidad para desarrollar un instrumento legal que otorgara garantías a las niñas y las adolescentes.
La propuesta final dictaminada el jueves 25 de septiembre en las comisiones de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, Atención a Grupos Vulnerables, para la Igualdad de Género, Educación, Derechos Humanos, y de Estudios Legislativos, recogió observaciones de activistas respecto a la igualdad y derecho a la no discriminación, pero dejó fuera la atención a los embarazos tempranos.
Con la dictaminación, la iniciativa ahora se llama Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
SIN GÉNERO
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), entre otras agrupaciones, aseguraron que la propuesta inicial no reconocía los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, y además no hacía transversal el enfoque de género.
Rebeca Ramos, abogada de GIRE, señaló que la propuesta del Ejecutivo suponía que las niñas, niños y adolescentes están en las mismas condiciones. Además, los artículos correspondientes a la atención médica de las niñas no incluían servicios de salud reproductiva.
Asimismo, los artículos referentes al derecho a la libertad de expresión y acceso a la información no incluían la difusión de métodos anticonceptivos, y en los artículos sobre la deserción escolar no se establecían los embarazos prematuros como una de las causas principales del abandono de la escuela.
Juan Martín Pérez García, director de la Redim, criticó que la ley tenía un enfoque “paternalista” y no promovía la participación de las niñas en la toma de decisiones. Agregó que la creciente desaparición de adolescentes en el país y la violencia sexual en las escuelas son temas que quedaron “invisibles”.
No obstante, según la senadora por el PRI Lucero Saldaña, integrante de la Comisión para la Igualdad de Género, el dictamen aprobado ya cuenta con un enfoque de género e incluyó como principio rector la igualdad sustantiva con base en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y el derecho a una vida libre de violencia.
Además, destacó, se agregaron otras consideraciones, como mandatar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a adoptar medidas de protección especial a los derechos de las niñas en situación de vulnerabilidad.
Asimismo el dictamen establece que las autoridades deberán adoptar medidas para la eliminación de usos, costumbres, prácticas culturales, religiosas, estereotipos sexistas o prejuicios, y privilegia el uso de un lenguaje incluyente en los medios de comunicación.
También establece que se busca “prohibir, sancionar y erradicar la esterilización forzada de niñas, niños y adolescentes, y violencia obstétrica”.
De la iniciativa enviada originalmente por el Ejecutivo se rescató la propuesta de elevar a 18 años la edad mínima para el matrimonio en el Código Civil Federal (CCF), y la obligación de cumplir con la Ley General de Víctimas, que dice que las víctimas de violencia sexual pueden acceder a anticonceptivos de emergencia y a la interrupción del embarazo.
Si bien el dictamen rescató varias consideraciones de activistas y expertas, en lo que compete a las niñas dejó fuera algunas propuestas como la de homologar los códigos civiles estatales con el CCF para elevar la edad mínima del matrimonio a l8 años.
Asimismo, dejó fuera lo referente a los servicios de salud reproductiva para las niñas, tales como la interrupción legal del embarazo y atenciones postparto.
Además no se reforzaron temas que según las y los expertos, ya existen en algunas normas dentro de los códigos civiles y penales, pero que son débiles y no protegen los derechos de niñas, adolescentes y jóvenes.
Entre ellos, el delito de estupro que se define en el Código Penal Federal como una relación sexual consentida entre un adulto y una persona mayor de 15 años y menor de 18, y que a decir de activistas puede ocultar casos de violación sexual.
Otro tema que no se amplió es la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo que aumentó la edad mínima de empleo a 15 años; ya que esta modificación fue calificada por organizaciones como “insuficiente” por no combatir con acciones integrales la explotación laboral de menores de edad.
PROPUESTAS EXCLUIDAS
Con motivo de la conmemoración por el 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, con una sesión especial en la ONU este 29 de septiembre, la Redim presentó su informe que enumera los desafíos del gobierno y la sociedad en el tema de infancia, y en el que reconoce retos específicos para las niñas y las adolescentes, sobre todo en el tema de embarazos en adolescentes y feminicidio.
Tales propuestas no fueron plasmadas en el dictamen aprobado en comisiones, como la creación de un Sistema de Garantías para la Infancia que articule y coordine las acciones de los diferentes sectores de la administración pública federal, estatal y municipal en materia de protección y difusión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del país.
Igualmente, la Redim sugirió implementar acciones que brinden asistencia médica, psicológica y social para atender a las menores de edad víctimas de violencia sexual, y realizar un diagnóstico que indague las causas del feminicidio de niñas y adolescentes. Todo ello tampoco se integró al dictamen aprobado.
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Personal de la oficina de Atención Social y Ciudadana del Gobierno del Distrito Federal (GDF), que prometió ayudar a madres de mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua –quienes llevan siete días en plantón y huelga de hambre frente a la residencia oficial de Los Pinos–, incumplió su compromiso.
La activista y una de las fundadoras de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Malú García Andrade, junto con Silvia Banda Pedroza y Bertha Alicia García, acusaron que el pasado viernes 26 de septiembre tuvieron la visita de Cynthia Salinas y Ricardo Rosales, ambos funcionarios de Atención Social y Ciudadana del GDF, quienes prometieron enlazarlas con la Secretaría de Gobernación (Segob) y regresar con ellas al día siguiente (sábado 27 de septiembre).
Tal promesa consta en un video del que Cimacnoticias tiene copia. No obstante, al cierre de esta edición la comunicación entre personal de la Segob y las mujeres no se había reanudado y los funcionarios del GDF no se presentaron ni volvieron a llamar a las madres.
Además, tras siete días de plantón y una huelga de hambre afuera de Los Pinos, el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, sigue sin recibir a las activistas y Ricardo Martí, director de la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia, dejó de comunicarse con ellas.
Por otro lado, en entrevista Malú García Andrade advirtió que tanto ellas como sus familiares en la Ciudad de México son hostigadas por elementos de seguridad, entre ellos elementos del Estado Mayor Presidencial que toman fotografías, las vigilan y las siguen.
Cabe señalar que uno de los reclamos de García Andrade es la presunta amenaza de que se retirarán las medidas precautorias que desde 2008 tienen ella y su familia, para evitar ser víctimas de los agresores de su hermana desaparecida en 2001 en Chihuahua y luego encontrada muerta.
Las madres dijeron estar preocupadas por su salud y seguridad, ya que en dos ocasiones acudió una ambulancia para atender desmayos, mareos y malestares estomacales que ya están padeciendo.
Las manifestantes aseguraron que desde hoy intensificarán sus movilizaciones, como bloquear por breves minutos el tránsito sobre avenida Paseo de la Reforma, para enfatizar el llamado al Ejecutivo.
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Alto a la criminalización de las mexicanas por abortar: Andar
La libertad reproductiva de las mexicanas se enfrenta a severos obstáculos, por lo que el Estado mexicano debe garantizar servicios de aborto legal y seguro en todos los estados del país, y la clase política debe dejar de anteponer sus creencias religiosas e intereses particulares en el ejercicio de la función pública.
Así lo dijo la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (Andar) –integrada por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Ipas-México y Population Council– mediante un posicionamiento público en el que recuerdan que el aborto es un tema de salud pública en el país.
Con motivo del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina (28 de septiembre), Andar llamó al Estado mexicano a despenalizar el aborto en todo el país, garantizar la instrumentación de las causales legales, y erradicar el clima de persecución contra las mujeres que enfrentan emergencias obstétricas debido a abortos inseguros o partos espontáneos, y acuden a los servicios de salud.
La alianza denunció que en México los derechos reproductivos de las mujeres están sumamente limitados, especialmente en el tema de aborto, ya que aún en los casos permitidos por la ley el acceso a servicios seguros de aborto es restringido.
Expuso que estas limitaciones también son consecuencia de que “las mujeres desconocen sus derechos (debido a que no se les informa sobre ellos), a que los servidores públicos y personal de salud anteponen sus prejuicios a sus obligaciones éticas y profesionales, y a que los tomadores de decisiones, en todos los niveles, evaden su responsabilidad ante el ejercicio efectivo del derecho a un aborto legal”.
Lo que ocasiona que muchas mujeres, en especial en pobreza y marginalidad, tengan que recurrir a un aborto inseguro, poniendo en riesgo su salud, vida y libertad.
Para Andar, las barreras de acceso al aborto legal y seguro son un tema de justicia social, “puesto que en México los derechos más vulnerados suelen ser los de las mujeres de bajos recursos”.
Por ello enfatizó que la penalización del aborto y la criminalización de las mujeres generan estigma y discriminación que se traducen en consecuencias adversas en el entorno social, laboral y familiar de las mujeres.
En 2012 –recordó Andar– el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) recomendó a México armonizar las leyes de modo que no sean discriminatorias y que se garantice el acceso al aborto legal como un servicio de salud.
Desde 2011 los derechos contenidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano son parte integral de nuestra Constitución. Pero tanto el llamado internacional como la reforma nacional son incumplidas por las y los funcionarios.
En ese contexto, Andar pidió que se garanticen servicios de aborto legal y seguro en todos los estados del país, y las instituciones públicas respeten el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad en los casos permitidos por la ley.
Así como que se detenga la persecución y encarcelamiento arbitrario de las mujeres que abortan, y sobre todo que la clase política deje de anteponer sus creencias religiosas e intereses particulares a su función pública, poniendo en riesgo la salud y la vida de las mujeres.
Según datos de la Secretaría de Salud (Ss), entre 1990 y 2012 murieron 2 mil 109 mujeres por causas de aborto, de un total de 28 mil 961 muertes maternas (MM); en particular, en 2010 el aborto significó 11 por ciento de las MM.
Asimismo, las hospitalizaciones por aborto han ido en constante aumento entre 2000 y 2012, tanto en números absolutos como en tasas, totalizando un millón 339 mil 330 mujeres atendidas en hospitales de la Ss en el país, lo que representa el 10 por ciento de las mujeres en edad reproductiva atendidas.
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En el Estado de México las mujeres viven en un ambiente de violencia, discriminación, falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, carecen del derecho a un trabajo digno, y en caso de que sean víctimas de algún delito o violación a sus Derechos Humanos (DH) no obtienen justicia.
Para posicionar como prioritarios esos temas en la actual y futura agenda feminista, se realizó este sábado 27 de septiembre en el municipio de Texcoco el Segundo Encuentro Estatal Feminista Mexiquense 2014.
Con la asistencia de 150 mujeres, entre académicas, activistas, representantes de grupos civiles y estudiantes, la Red de Mujeres Feministas del Estado de México (Remufem) celebró el encuentro en el que se abordaron las problemáticas que más afectan a las mexiquenses.
En entrevista telefónica, Viviana Muciño Márquez, activista e integrante de la Red, contó que una de las mayores preocupaciones de quienes asistieron al encuentro es la violencia que enfrentan las mexiquenses, pues las cifras que se han dado a conocer demuestran que las habitantes de la entidad viven ante el riesgo constante de ser agredidas.
Adelantó que se harán llegar las demandas de la Remufem a Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Edomex, especialmente la exigencia de que se declare la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad, demanda que data desde 2010.
Muciño Márquez agregó que las conclusiones y planteamientos del Segundo Encuentro –que se divulgarán en breve– serán discutidas en el próximo Encuentro Nacional Feminista, a celebrarse en esa entidad en 2015.
Entre las asistentes se encontraban habitantes de los municipios de Tecámac, Ecatepec, Tepotzotlán, Tultepec, Ixtapaluca, Tlalnepantla, Zumpango, Valle de Chalco, Texcoco, Atizapán de Zaragoza, Nextlalpan, Tonanitla y Nezahualcóyotl, entre otros.
De cara el Décimo Encuentro Nacional, el 18 y 19 de octubre próximo tendrá lugar la Primera Reunión Nacional Preparatoria en el Centro de Convenciones Ixmail, en el municipio de Ixtapan de la Sal. La convocatoria para asistir a esta reunión puede ser consultada en la página web de la Remufem.
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La migración femenina podría ser consecuencia de la iniciativa de miles de mujeres por poner fin a la pobreza y discriminación en sus lugares de origen; no obstante, los países de destino, como México, no les garantizan condiciones dignas de asilo ni de movilidad humana que refuercen su empoderamiento, señalaron especialistas.
Genoveva Roldán Dávila, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, dijo que 48 por ciento de la población migrante en el mundo son mujeres, y que el mayor porcentaje de este flujo se dirige hacia los países de occidente.
Al participar en el foro “Movilidad humana y trato igualitario en la Ciudad de México. Retos, experiencias y buenas prácticas”, expuso que también existe un incremento en el número de mujeres que emigran de los países del sur de América Latina al sur de México, quienes padecen situaciones críticas de discriminación y violencia.
Es muy probable, destacó Roldan Dávila, que la migración femenina sea un efecto del empoderamiento de las mujeres frente a las condiciones críticas de pobreza, discriminación y violencia que viven en sus comunidades, ya que muchas de ellas emigran en busca de empleo.
No obstante, la situación que encuentran en los países de destino, de los que México ostenta uno de los principales lugares, no garantiza la protección de sus derechos y en lugar de fortalecer su autonomía las somete a una mayor vulnerabilidad que la que padecían en sus países, abundó.
La especialista enfatizó que las migrantes enfrentan una situación distinta a la de sus pares varones, ya que a la violencia y la discriminación que padecen por no tener documentos de estancia legal o no ser connacionales, se suma su condición de mujer, indígena o la pobreza, lo que las sitúa en una vulnerabilidad más extrema.
Así, consideró Genoveva Roldán, la población femenina en contextos de movilidad humana en México experimenta graves índices de violencia sexual, secuestros, trata de personas y otros flagelos.
No obstante, criticó la investigadora, en la mayoría de los casos estas mujeres son culpabilizadas por los funcionarios, incluso por quienes elaboran las políticas públicas en México, de las problemáticas que enfrentan, lo que hace invisible su condición e inhibe la generación de programas y acciones que fomenten el respeto a sus Derechos Humanos (DH) desde un enfoque de género.
Roldán Dávila señaló que la mayoría de la migración femenina tiene su origen en la demanda de empleo; no obstante, la oferta que encuentran por ejemplo en el sur de México se ciñe (como consecuencia de los roles tradicionales de género) al sector servicios, como trabajadoras del hogar remuneradas o enfermeras.
La experta detalló que esta segregación laboral está vinculada con una discriminación por género que se expresa en condiciones indignas e inhumanas del trabajo, ya que a muchas de ellas se les retienen los documentos, se les hace trabajar jornadas extenuantes, no tienen un salario justo y no cuentan con protección social.
También criticó que la Ley de Migración y la Ley de Movilidad, Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal aún carecen de un enfoque de género efectivo que reconozca la situación actual de las mujeres, sobre todo en el tema del trabajo y la salud.
Por ello urgió a las autoridades mexicanas a imitar buenas prácticas que han desarrollado otros países, para disminuir no sólo la discriminación contra la población migrante, sino también la desigualdad de género que aún impera.
Como ejemplo, Genoveva Roldán recordó que Costa Rica sindicalizó a las trabajadoras del hogar migrantes para que defendieran sus derechos laborales y tramitaran su estancia legal.
Nancy Pérez García, directora de la organización civil Sin Fronteras, apuntó que es necesario que las autoridades mexicanas generen mecanismos de exigibilidad y denuncia accesibles para las y los migrantes, y se instaure un régimen respetuoso de los DH de esta población.
Asimismo, detalló, es importante reconocer el tema migratorio como una prioridad de la agenda pública para que se desarrollen políticas de inclusión que combatan la discriminación y la xenofobia recurrentes en México.
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A 20 años de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), celebrada en 1994 en El Cairo, Egipto, y que por primera vez reconoció los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sólo 30 países (de 179) permiten el aborto en sus leyes y garantizan a las mujeres servicios seguros y legales.
En el marco del 20 aniversario de la CIPD y en la conmemoración este 28 de septiembre del Día de Acción Global por el Aborto Libre y Seguro, el Centro de Derechos Reproductivos (CDR) –organización civil con sede en Nueva York– lanzó la publicación “El aborto mundialmente. 20 años de reformas”, que da cuenta de las reformas legales que las naciones han realizado en estos 20 años para garantizar el derecho de las mujeres a los servicios seguros y legales de aborto.
La nueva publicación –disponible en inglés– identifica que al mismo tiempo que más de 30 países han liberalizado su legislación respecto al aborto, existe una tendencia a restringir que las mujeres puedan interrumpir su embarazo, como el hecho de solicitar que acudan a consejería por determinado tiempo o cumplir con periodos de espera antes de acceder al procedimiento.
Por ejemplo, América Latina (AL) y el Caribe es la única región del mundo en la que más de un país ha modificado su Código Penal para restringir aún más el acceso al aborto, y donde se han dado reformas para reconocer “la vida desde el momento de la concepción”, como es el caso de México.
En su estudio, el CDR recuerda que en 1994, 179 países adoptaron el Programa de Acción de la CIPD, con el que reconocieron que los derechos reproductivos son Derechos Humanos e hicieron un llamado internacional a comprometerse con la salud de las mujeres.
Asienta también que hace dos décadas se reconoció que el aborto inseguro es una de las causas de muerte materna, por lo que el compromiso con la salud femenina también implica tomar las medidas necesarias para disminuir el aborto inseguro, y fortalecer el poder de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y su capacidad reproductiva.
El CDR agrega que el indicador clave de la capacidad de las mujeres para ejercer sus derechos reproductivos lo constituye su acceso a servicios de aborto seguro en cualquier país.
Destaca que en AL a partir de 1994, países como Argentina, Brasil, Colombia y Guyana modificaron sus leyes para permitir el aborto en algunas circunstancias, y en Uruguay es permitido sin restricciones; la región es la única en el mundo donde varios países restringieron aún más el aborto. Es el caso de El Salvador, República Dominicana y Nicaragua.
El CDR menciona en especial el caso de México, y destaca que mientras en el DF se permite interrumpir el embarazo hasta la semana 12 de gestación, en 16 estados se enmendaron las constituciones locales para “proteger la vida desde la concepción o fecundación”.
Por su parte, Europa avanzó considerablemente en reformas legislativas y es la región donde más países permiten el aborto sin restricciones, y donde hay normas para garantizar que los prestadores de servicios no nieguen la atención.
Por ejemplo, en estos 20 años Francia, Dinamarca, Suiza e Irlanda adoptaron medidas para garantizar el acceso al aborto seguro.
Sin embargo “ha surgido una tendencia hacia la adopción de legislación o de otras regulaciones que busca restringir el acceso al aborto”, ya que muchas naciones han colocado barreras en los procedimientos para acceder al aborto, como mandatar un periodo de espera, asistir a consejería, contar con autorización médica o permiso de los padres en caso de las menores de edad.
Es el caso de Hungría, Letonia, Eslovaquia, Alemania, Macedonia y Bielorrusia. Llama la atención que en Polonia no hay cambios legales a las leyes de aborto desde 1993.
En tanto, la tendencia en África es que más de una docena de países establecieron en sus leyes causales para que las mujeres accedan al aborto, e incluso algunos han consagrado sus leyes de aborto en sus constituciones, que no es común en otras regiones y ninguno ha ampliado las restricciones.
Finalmente en Asia también se han dado cambios positivos; por ejemplo en Camboya el aborto es permitido sin restricciones las primeras 14 semanas de gestación, mientras que India, Tailandia Nepal e Israel adoptaron reformas para proteger la vida de la madre o permitir el aborto en casos de violación sexual.
Japón interpuso restricciones legales en la materia, toda vez que eliminó la posibilidad de acceder al aborto para prevenir enfermedades hereditarias.
La publicación del CDR sólo menciona los países donde se han modificado las leyes a favor o en contra del aborto, y no aquellos donde no se ha dado ninguna modificación en la materia y que por lo tanto podrían prohibir el aborto en todas las circunstancias.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 22 millones de abortos inseguros son practicados cada año en el mundo, dejando como consecuencia aproximadamente 47 mil muertes y 5 millones de secuelas médicas; 98 por ciento de ellos ocurren en países en desarrollo y con leyes restrictivas.
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Integrantes de la organización Redefine Morelos y el Colectivo Pactos Violeta exigieron al gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez Abreu, y al secretario de Gobierno, Jorge Messeguer, retomen el tema de la despenalización de aborto en la entidad, tal y como lo prometieron en campaña.
Al realizar una manifestación en el zócalo de Cuernavaca, capital del estado, a propósito del Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe –que se conmemora cada 28 de septiembre–, las activistas también demandaron al Congreso local legislar sobre el tema desde una postura laica y alejada de moralismos.
En un comunicado, además de exigir que se despenalice el aborto, Redefine Morelos y el Colectivo Pactos Violeta expusieron que la cobertura anticonceptiva en México apenas alcanza al 58 por ciento de las mujeres indígenas, y el 44 por ciento en adolescentes.
Aseguraron que el aborto inseguro pone en riesgo la vida y la salud de las mujeres, y que según datos de la organización civil Ipas-México, en 2010 causó el 9.3 por ciento de las muertes en México.
También argumentaron que es urgente legislar la interrupción del embarazo como un derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo; así como el libre ejercicio de la maternidad voluntaria bajo los lineamientos de justicia y respeto a los Derechos Humanos, porque significa poder decidir si quieren o no tener descendencia.
Además insistieron que el tema es de justicia social porque son las mujeres pobres las que mueren por abortos inseguros y son ellas quienes están en las cárceles.
“No existe un solo caso donde una mujer con solvencia económica esté presa. Tener legislaciones pocos flexibles es castigar a las mujeres más pobres y sin recursos”, subrayaron.
A las 6:30 de la tarde del sábado las y los activistas iniciaron una jornada informativa con argumentos “científicos y laicos” sobre el aborto.
Realizaron también una caminata alrededor de la plaza pública y escenificaron un performance con las cinco causales establecidas en el Código Penal de Morelos para la interrupción legal de un embarazo que –dijeron– son normas ignoradas por las autoridades.
14/AGM/RMB
Un informe de Inteligencia Militar revela la situación en que verdaderamente se encuentra el estado de Quintana Roo (QR), el que más recursos aporta al Producto Interno Bruto (PIB) gracias al turismo.
El cártel de Los Zetas se dividió cuando Heriberto Lazcano, “El Lazca”, y Miguel Ángel Treviño, “El Zeta 40”, rompieron lanzas y comenzaron la batalla por Cancún y la Riviera Maya, sede de uno de los aeropuertos más porosos del país.
El informe integra más de 38 nombres de quienes a partir de las muertes o aprehensiones de sus jefes, ascendieron hasta convertirse en las cabezas de grupos del crimen organizado dedicados al trasiego y venta de drogas, trata de personas y explotación sexual comercial; así como extorsión de empresas grandes y pequeñas.
Claramente esto no avanzaría sin el aval del gobierno estatal. Dos grupos antagónicos de zetas se disputan la plaza y hay gran inseguridad.
La autoridad local, según el informe, cobra cuotas a los grupos generando más inestabilidad social. Por su parte, los miembros del cártel del Golfo controlan la mayor parte de Cancún y Los Zetas mantienen el control total de Playa del Carmen, Tulum y Majahual.
Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) revelaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que el nuevo delegado del INM cobra cuotas a los cárteles, esto, según la secretaría, le arrebató el monopolio de la zona norte al cártel del Golfo.
En julio pasado llegó desde Argentina un grupo de hombres chinos; dos de ellos están en la lista de “NO FLY” (sin derecho a tomar vuelos) de Estados Unidos, relacionados con poderosas mafias.
Las autoridades no han podido dar con estos sujetos que se internaron a QR gracias a la corrupción de agentes del INM y la Policía Federal.
El informe revela que los órganos de Inteligencia temen que, debido a la incapacidad e inestabilidad del gobierno estatal, QR entre en una espiral que conduzca a la violencia e inseguridad que hoy tiene Acapulco. También dejan ver que el gobierno estatal se niega a colaborar con las autoridades federales para detener el empoderamiento de los grupos delictivos.
Por otro lado, la marginación y la pobreza de la zona maya (los municipios de Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco) se incrementan peligrosamente.
Doscientos 40 mil mujeres, hombres, niñas y niños pertenecen a la población maya de QR, que ha sido empujada al aislamiento por discriminación y manipulación política. En la última década, en el contexto del “boom” económico del estado, se agudizaron la pobreza y explotación en casi 700 comunidades de la zona maya.
Ochenta mil 829 indígenas mayas mayores de 15 años no saben leer ni escribir: Felipe Carrillo Puerto es la zona que concentra el mayor número de analfabetas. En 15 localidades mayas persiste la desnutrición severa y ninguno de sus habitantes está afiliado a un instituto de seguridad social, mientras que cerca de 60 poblaciones no tienen servicios de salud efectivos.
El gobierno del estado ha perseguido y encarcelado al periodista maya Pedro Canché, dedicado a evidenciar esta grave situación, mientras los narcos operan libremente de la mano de las policías estatales y municipales.
La persecución de quienes denuncian todos estos flagelos es innegable; fue el vocero del gobernador quien interpuso la demanda penal por “sabotaje” contra Canché para que esté hoy preso.
Un experto en Inteligencia a quien entrevisté para elaborar esta columna me asegura que QR y su frontera entre Chetumal y Belice son hoy por hoy el punto de mayor preocupación para expertos en delincuencia organizada.
La economía de la zona podría entrar en picada si se desatan las violencias que los expertos prevén. El norte ya nos dio una dolorosa lección con un costo monumental para toda la sociedad.
Enrique Peña Nieto perdió la elección en QR a pesar del acarreo y compra de votos; Borge sigue acumulando mayor oposición contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y todo lo que éste representa a partir de cómo gobierna.
No sólo son la prensa y la sociedad civil quienes denuncian la crisis del sureste, Sedena y la Secretaría de Gobernación también lo tienen claro. Sobre advertencia no hay engaño, dicen por allí.
*Plan b es una columna publicada lunes y jueves en CIMAC, El Universal y varios diarios de México. Su nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
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AL tiene las leyes más restrictivas en materia de aborto
Madrid.- Amnistía Internacional (AI) informó que los países de América Latina (AL) y el Caribe tienen las legislaciones más restrictivas en materia de aborto, por lo que llamó a los Estados de la región a derogar estas leyes o despenalizar el aborto.
AI afirmó que en El Salvador existe la ley más restrictiva de aborto en el mundo, ya que las niñas y las mujeres no pueden acceder a la interrupción del embarazo aunque su vida esté en riesgo ni mucho menos en los casos de violación sexual.
Además en Nicaragua no se reconoce el aborto en caso de violación, y Perú no ha regulado los casos de aborto por violación sexual o por riesgos a la salud psicológica de la mujer.
ONU premia a Red Mariposas por ayudar a mujeres desplazadas
Ginebra.- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) otorgó hoy el Premio Nansen a la organización colombiana Red Mariposas de las Alas Nuevas, por su ayuda a mujeres desplazadas y víctimas de violencia sexual.
En una ceremonia en Ginebra, Suiza, Gloria Amparo Arboleda, una de las coordinadoras de la Red Mariposas, explicó que el colectivo ayuda a las mujeres más vulnerables a acceder a servicios médicos y a denunciar los abusos de los que fueron víctimas.
La Red fue fundada en 2011y está integrada por 120 voluntarias; opera en la costa del Pacífico colombiano y ha apoyado a más de mil mujeres.
Exigen respeto a derechos reproductivos en Chiapas
México.- Con motivo del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, que se celebra el 28 de septiembre, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser) realizó una protesta en Chiapas para pedir a los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado implementen políticas públicas con acciones efectivas de educación sexual.
Ddeser denunció que el estado tolera y contribuye a la discriminación y la violencia de género, y que las instituciones violentan los derechos sexuales y reproductivos de las chiapanecas. Urgió a romper con la “normalización y justificación” del abuso sexual y del matrimonio infantil.
Solicitarán Alerta de Violencia de Género para Veracruz
México.- Debido al incremento de desapariciones de niñas y mujeres en el estado de Veracruz, la regidora titular de la Comisión de Equidad y Género del ayuntamiento de Xalapa, Ana Karina Platas Córdoba, informó que solicitará a la Secretaría de Gobernación la activación de la Alerta de Violencia de Género en la entidad.
La regidora aseguró en un comunicado que desconoce el número de mujeres desparecidas, sin embargo dijo que se encuentra trabajando con asociaciones civiles que han documentado los casos.
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