La relatora sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rosa María Ortiz, llamó al Estado mexicano a garantizar que niñas, niños y adolescentes accedan a la información sobre salud sexual y reproductiva para frenar el aumento de embarazos tempranos en el país.
En conferencia de prensa con motivo del cierre de su visita a México, realizada del 6 al 14 de octubre, Ortiz observó que actualmente el sistema para proteger a la infancia en México no tiene coordinación interinstitucional ni intergubernamental, además de que carece de un enfoque de derechos.
La relatora señaló que uno de los principales problemas que el Estado debe combatir con urgencia es el embarazo prematuro, ya que 17.6 por ciento de las gestaciones en el país corresponden a niñas y adolescentes entre 10 y 19 años de edad, quienes experimentan efectos en su salud y desarrollo, y discriminación en el acceso a la información, educación y protección de la salud.
En su informe divulgado en febrero pasado, “Derecho del Niño y la Niña a la Familia. Cuidado Alternativo. Poniendo fin a la institucionalización en las Américas”, la CIDH establece que las y los menores de edad tienen derecho, de acuerdo con sus capacidades y edad, a acceder a la información en materia de salud sexual y reproductiva, incluso de manera confidencial y sin la presencia o consentimiento de un adulto.
La relatora Rosa María Ortiz agregó que las niñas, niños y adolescentes deben participar en las decisiones que afectan su salud, por lo que es vital el acceso a todos los programas, servicios e información que promuevan la prevención del embarazo prematuro.
Cimacnoticias informó en su momento que el director general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR), Ricardo Iván García Cavazos, anunció que a propósito del “Día Nacional de la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes”, actualmente se cuenta con mil 187 “servicios amigables” para adolescentes en Centros de Salud del país, y que se destinaron mil 12 millones de pesos para la compra de métodos anticonceptivos de “vanguardia”.
No obstante, como ha reportado esta agencia, los “servicios amigables” sólo cubren el 8.47 por ciento de los 14 mil Centros de Salud del país, y con la compra de los anticonceptivos apenas se estaría atendiendo al 60 por ciento de la necesidad insatisfecha de las y los jóvenes.
MÁS FALLAS
La relatora destacó que el derecho a la alimentación –un Objetivo de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas (ODM) a alcanzar en 2015– tampoco está garantizado en México, ya que 7.25 por ciento de las y los niños en zonas urbanas sufre desnutrición crónica, y en las comunidades rurales la cifra se duplica.
Ortiz también observó que persiste una ausencia “alarmante” de reglamentación, coordinación y supervisión por parte del Estado de las instituciones que proveen cuidados a menores de edad, lo que ha permitido que cientos de niñas y niños vivan en condiciones insalubres y de explotación sexual y laboral.
Hizo un llamado para otorgar garantías a la niñez migrante, ya que, según reconoció, padecen circunstancias de particular vulnerabilidad como secuestro, trata de personas, explotación sexual y laboral, robos, reclutamiento, feminicidio, y otras formas de violencia durante su tránsito por el país.
Criticó que el único contacto de las y los menores de edad con las autoridades mexicanas sea a través de su detención en las estancias del Sistema Nacional de Desarrollo Integral para la Familia (DIF) o las Estaciones Migratorias del Instituto Nacional de Migración.
Rosa María Ortiz también observó un aumento de los niveles de violencia contra las niñas y la falta de registros estatales en la materia. A propósito, cabe recordar que la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) informó en el Día Internacional de la Niña (que se conmemoró el pasado 11 de octubre) que en 2012, 372 menores de edad (la cifra más alta en la última década) fueron asesinadas en el país.
La relatora aplaudió la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes aprobada el pasado 30 de septiembre en el Senado y que actualmente discute la Cámara de Diputados, ya que –desde su punto de vista– garantiza una atención integral y coordinada, establece bases de datos y el uso de recursos públicos, y además integra la participación de todos los niveles de gobierno con la sociedad civil.
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